BOGOTÁ

SEGURIDAD ALIMENTARIA CON INCLUSIÓN SOCIAL BENEFICIA A UN MILLÓN DE PERSONAS EN BOGOTÁ

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La inclusión social mediante atención integral a personas en situación de inseguridad alimenticia, garantizando diariamente el derecho nutricional a alrededor de un millón de ciudadanos, es uno de los programas bandera del Gobierno de Bogotá en cabeza del Polo Democrático Alternativo, que lidera la alcaldesa, Clara López Obregón.

Este programa que además de repartir suplementos alimenticios en 316 comedores comunitarios, localizados con un enfoque territorial, así como en los colegios distritales y en centros de protección tanto de infantes como de tercera edad, se enmarca dentro de la concepción de Ciudad de Derechos, eje político principal del Plan de Desarrollo “Bogotá Positiva, para vivir mejor” que ejecuta la administración distrital del Polo Democrático.

Se trata, en síntesis, de no quedarse solo en una política asistencialista sino de posibilitar oportunidades de mejoramiento de vida mediante políticas de inclusión para que la población vulnerable deje de serlo.

Este es uno de los programas con los cuales el Gobierno del Polo en Bogotá trabaja para hacer de esta capital un espacio incluyente y equitativo. Es decir, se propende por garantizar en forma efectiva el Derecho a la Ciudad del que habla el geógrafo inglés David Harvey, habida cuenta que como bien afirma, “vivimos, después de todo, en un mundo en el que los derechos a la propiedad privada y el benefició aplastan todas las demás nociones de derechos”.

Dignificando la vida humana

Los problemas socioeconómicos de Bogotá son muy complejos debido en buena medida a que, por un lado, es receptora diariamente de miles de desplazados de la violencia por el inveterado conflicto armado colombiano que llegan a esta capital en condiciones de pobreza y desprotección; y de otro, por los efectos perversos del modelo neoliberal que sigue profundizándose y el cual ha sumido en el desempleo y desesperanza a millones de personas.

En contraste con las políticas mercantilistas del esquema neoliberal, el Gobierno del Polo en Bogotá ha trabajado para que la ciudad no sea simplemente un bastión rentista para el gran capital especulativo sino una oportunidad para que a los sectores marginados se les garanticen sus derechos.

Se busca, en consecuencia, cuando se habla de consolidar a Bogotá como la Capital de los Derechos de dignificar la vida humana mediante la garantía real de los mismos, protegiendo, restableciendo y promoviendo su ejercicio para la integración social de las personas, las familias y las comunidades en los territorios.

Seguridad alimentaria dentro de gestión social integral

La política pública de seguridad alimentaria y nutricional para Bogotá está diseñada dentro de una concepción de gestión integral con enfoque territorial, explica Pedro Agustín Valencia Laserna, director Territorial de la Secretaría Distrital de Integración Social.

Es decir, se trata de territorializar la política pública para atender las necesidades de las veinte localidades en las que se encuentra organizado el Distrito Capital de Bogotá para atender de manera expedita las necesidades de sus comunidades, privilegiando la participación ciudadana en la definición de las soluciones, explica Valencia Laserna.

Con base en ese criterio están distribuidos los 316 comedores comunitarios que diariamente atienden a más de cien mil usuarios, los cuales además cuentan con profesionales en trabajo social, sicólogos o sociólogos que se denominan inclusores sociales y quienes tienen la responsabilidad de promover entre estos comensales una diversidad de actividades educativas, culturales, deportivas, artísticas y productivas para que logren superar su estado de vulnerabilidad socioeconómica.

El programa, como se ve, no se queda solamente en la asistencia social sino que avanza en la consecución de soluciones efectivas para los usuarios de los comedores, dependiendo obviamente de sus características (edad, género, procedencia étnica, condición socioeconómica).

En los 316 comedores comunitarios que operan en Bogotá se les da atención social integral a desplazados por la violencia, pobres extremos, pobres vergonzantes, desempleados, mujeres cabeza de familia, niños vulnerables, ancianos y población étnica.

Además, los comedores se han convertido en punto de encuentro de la comunidad y a partir de ellos se han logrado generar condiciones para impulsar proyectos productivos y de capacitación que permiten nuevas perspectivas de vida.

Alto componente calórico en raciones alimentarias

Las raciones alimentarias que diariamente se distribuyen en Bogotá en los comedores comunitarios, colegios distritales y centros de atención a niños y ancianos tienen un equilibrio nutricional, dependiendo las características poblacionales.

A ello se agrega el estricto control y supervisión en el almacenamiento, manejo procesamiento y distribución de los alimentos para garantizar los estándares de higiene y calidad.

Los comedores comunitarios atienden de lunes a sábado entre las once de la mañana y las tres de la tarde y cuentan con 18 ciclos de menú. Es decir, cada 18 días de atención a los usuarios se repiten los menús.

Canasta complementaria de alimentos y Agricultura urbana

Simultáneamente esta política pública impulsa otros dos programas de alto impacto social como son la Canasta complementaria de alimentos para familias en condición de inseguridad alimentaria y el proyecto de Agricultura Urbana.

El primero consiste en la entrega a cada familia de una canasta básica de alimentos que complemente los requerimientos de calorías, proteínas, vitamina A, calcio y hierro. Se brindan cuatro tipos de canastas: 1) para familias pertenecientes a cabildos indígenas reconocidos; 2) para familias residentes en el área rural de Bogotá lo que permite atender a población campesina; 3) para familias que habitan zonas que no reúnen las condiciones higiénico-sanitarias establecidas en la normatividad para el funcionamiento de un comedor; y 4) para familias de comunidad gitana o rom.

Actualmente se atienden alrededor de 22 mil familias a través de 16 subdirecciones de integración social en todas las localidades de Bogotá.

El proyecto de agricultura urbana promueve entornos saludables a través del aprovechamiento de espacios urbanos para la producción de alimentos, plantas aromáticas y medicinales, así como la promoción de tecnologías limpias que fomentan el uso de buenas prácticas agrícolas como el aprovechamiento de recursos como el agua lluvia, la energía solar y los residuos sólidos orgánicos para la producción de sustratos seguros.

A través del Jardín Botánico se han capacitado 3.108 personas en técnicas de agricultura urbana para autoconsumo, generación de ingresos, mejoramiento de hábitos alimenticios y cualificación de la canasta básica familiar.

Democratización de la contratación y generación de empleo

En el plano laboral, la política de seguridad alimentaria y nutricional de Bogota ha democratizado la contratación ocasionando un alto impacto en la generación de empleo.

En efecto, de los 316 comedores comunitarios, 74 son operados por 45 organizaciones sociales; 195 por 85 organizaciones no gubernamentales; 41 por 10 uniones temporales; y apenas seis por instancias gubernamentales, todas las cuales generan alrededor de 2100 empleos directos.

Bogotá revierte el enfoque neoliberal

Con esta política pública, Bogotá gracias a la concepción de equidad social del Gobierno del Polo Democrático Alternativo ha logrado superar el enfoque perverso de las políticas neoliberales cuyos objetivos rentísticos y mercantiles han hundido en la pobreza a la mayor parte de la población colombiana.

En efecto, la reducción de la producción agropecuaria en Colombia a partir de los años 90 por efectos de la apertura económica al igual que el abandono estatal en que se encuentra la economía campesina del país y la irracional y especulativa comercialización de los alimentos, hicieron que el Gobierno del Polo en Bogotá desarrollara una política pública sustentable y de profundo calado social en el tema alimentario de la ciudad. De esta manera, se garantiza que los bogotanos puedan acceder en forma efectiva a los alimentos, participando al mismo tiempo en igualdad de condiciones en los progresos económicos, sociales, culturales y políticos de la ciudad.

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

EL LIBRO DE DANIEL ESTULIN SOBRE CONTROL MENTAL Y POLÍTICO

¿WIKILEAKS, UN APARATO MEDIÁTICO DE LA CIA?

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

“Wikeleaks es una estafa grande y peligrosa de la inteligencia estadounidense que probablemente se utilizará para controlar Internet…Se trata de una historia muy real de espionaje, control mental y política”. Esta es la hipótesis que plantea en su último libro el escritor ruso-candiense Daniel Estulin, conocido por sus investigaciones bibliográficas sobre el Club Bilderberg, una especie de gobierno soterrado a nivel global integrado por las personas más potentadas y los más destacados traficantes de influencias del planeta como David Rockefeller, Henry Kissinger, inescrupulosos banqueros y especuladores financieros norteamericanos, judíos y europeos que deciden la suerte del mundo a puerta cerrada.

Estulin estuvo en Bogotá el pasado 27 de julio presentado su libro “Desmontando Wikileaks” (Editorial Planeta, febrero de 2011), y en desarrollo de su charla señaló que esta herramienta interactiva en cabeza del misterioso hacker australiano Julian Assange, no es más que una estrategia de operación sicológica diseñada por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) con dos propósitos definidos: 1) controlar el acceso libre a Internet, y 2) preparar el terreno para mentalizar al mundo del cambio de paradigma de la sociedad capitalista ante la crisis por la que atraviesa.

Ante los últimos coletazos de la crisis del capitalismo mundial se busca, arguye Estulin, que el desplome sea “organizado” y que los amos del mundo reunidos en el Club Bilderberg, sigan manteniendo los hilos del poder planetario. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta que las crisis financieras y las guerras son los mecanismos con que cuenta el capitalismo para reproducirse.

En el mundo del espionaje y el contraespionaje un proyecto de las características de Wikileaks constituye un “chiste” y un “engañó” por las múltiples falencias y rendijas que deja entrever y las cuales Estulin en un análisis bien documentado se permite analizar y develar en su último libro.

CASO SIMILAR AL DE LOS PAPELES DEL PENTÁGONO

Para este periodista, exagente de contraespionaje de la KGB, Wikileaks se asimila a “los papeles del Pentágono”, un estudio que mandó a elaborar en 1967 el secretario de Defensa, Robert McNamara sobre el rol desempeñado por Estados Unidos en Indochina. Según la versión oficial, un funcionario del Pentrágon, Daniel Ellsberg, filtró la investigación de alto secreto contenida en más de tres mil páginas y otro tanto de apéndices documentales a The New York Times que comenzó a publicar una serie de artículos a partir de junio de 1971.

“La verdadera historia de los papeles del Pentágono fue bastante diferente. El quid fundamental del proyecto –cuenta Estulin- era el ensamblaje de documentos auténticos seleccionados, muchos creados inicialmente por la CIA o basados en los informes de dicha Agencia, y de materiales adicionales, con el objetivo de exonerar a la CIA de las responsabilidades de una gran variedad de acontecimientos impopulares, militares y similares que la propia CIA había autorizado”.

“En este momento –agrega el periodista ruso-canadiense- nos hallamos ante una repetición de los papeles del Pentágono, pero en la era cibernética… Assange bien podría ser el Daniel Ellsberg de hoy en día”.

Una operación encubierta, como pudiera ser Wikileaks, “siempre finge ser algo que no es, y nunca afirma ser lo que es. En otras palabras, no puede presentarse como un proyecto oficial de la CIA, así que tienen que ocultarlo de alguna manera. Por tanto, en el mundo de la inteligencia, para que una operación de bandera falsa sea eficaz, el 90 por ciento de lo que publica tiene que ser información legítima”.

Estulin parte de la hipótesis de que Wikileaks busca denunciar las mentiras del gobierno estadounidense. Ha revelado información importante en torno a los crímenes de guerra de Estados Unidos. Pero una vez que el proyecto se introduce en el molde del monopolio de la prensa del establecimiento internacional, se emplea como instrumento de desinformación mediática. Filtró el manual de operaciones de la prisión de Guantánamo, así como un informe de la CIA sobre cómo manipular la opinión pública de Francia y Alemania para que mantengan sus tropas en Afganistán.

UN MEDIO “ALTERNATIVO” AL SERVICIO DEL MONOPOLIO DE LA PRENSA MUNDIAL

Aunque Assange insiste en que su proyecto Wikileaks es un medio “alternativo” que busca develar los secretos de los gobiernos y de las corporaciones que dominan el mundo, lo cierto como lo hace ver Estulin en su trabajo investigativo, es que los miles de archivos que ha filtrado se han publicado, previo acuerdo, en los medios más conservadores que están controlados por los sectores oligopólicos del mundo.

Además, no es un secreto que de la junta directiva de Wikileaks hace parte el cuestionado magnate de medios de comunicación Rupert Murdoch y que uno de los financiadores de este proyecto es el especulador financiero internacional George Soros.

Por eso no es gratuito que Assange haya suscrito acuerdos para que sus documentos digitales, previamente seleccionados, sean publicados en periódicos como The New York Times (controlado por el Club Bilderberg y el Consejo de Relaciones Exteriores); Der Spiegel (la mayor revista semanal de Europa de origen alemán, controlada por el Club Bilderberg); The Guardian (periódico de izquierda de las agencias de inteligencia británicas como el MI6); la revista inglesa The Economist (la biblia neoliberal de propiedad de la dinastía de banqueros Rothschild financiadora del Club Bilderberg desde su fundación en 1954). En el caso de Colombia, el periódico que suscribió convenio con Assange para publicar sus filtraciones es El Espectador de Bogotá, de propiedad del magnate Julio Mario Santo Domingo.

Lo anterior demuestra que el “latifundio mediático” internacional y Wikileaks son socios, de ahí que Assange haya recibido el Premio al Nuevo Medio de Comunicación de The Economist en 2008.

CAMPAÑA DE DESINFORMACIÓN MEDIÁTICA

Estulin no duda en señalar que Wikileaks cumple “con todos los requisitos para ser una operación encubierta de propaganda llevada a cabo por las propias agencias de inteligencia en un sentido amplio, cuando se incluye entre ellas a organismos como el Proyecto Democracia por parte de Estados Unidos, o el grupo de fundaciones Soros, que forma parte de la comunidad de inteligencia y que es una campaña de desinformación mediática muy bien organizada que tiene por objeto demonizar a un poderoso enemigo regional, Irán”, al que han acusado de ser una amenaza para Occidente por un supuesto programa de armas nucleares.

Las filtraciones de Assange, en ese sentido, una vez editadas y reescritas por los grandes medios de manipulación mediática al servicio de Estados Unidos y el gran capital financiero especulativo internacional sirven exclusivamente a sus intereses, entre ellos a los preparativos de ataque bélico que Washington, Israel y la OTAN dirigen contra Irán. Adicionalmente, los documentos de Wikileaks se concentran también en fabricar la idea de que Pakistán es peligroso y satanizan al servicio de inteligencia pakistaní, ISI, haciéndolo ver como instrumento terrorista ya que apoya a los muyahidines, los que en la década de los años 80, Estados Unidos entrenó y armó para que colaboraran en los ataques a las tropas soviéticas que ocupaban Afganistán.

SOBRE EL TRÁFICO DE DROGAS, NI UNA SOLA PALABRA

En consonancia con los intereses de Estados Unidos, Wikileaks en el casi un millón de documentos que posee no toca absolutamente nada respecto de temas que son comprometedores para el decadente imperio. Sobre el papel del ejército norteamericano en el pujante comercio de la droga en Afganistán no existe ninguna referencia.

“Lo que es indudable es que el ejército norteamericano está en el punto de mira por ayudar a los señores de la guerra afganos a transportar el opio y la heroína. Además, la CIA y el Pentágono están envueltos en una guerra dialéctica que los enfrenta el uno al otro. Ambos organismos se acusan de llevar las riendas del tráfico de drogas en Afganistán”, actualmente ocupado por Washington, señala Estulin en su libro.

Cabe anotar que durante la ocupación estadounidense, “el negocio del opio afgano se disparó hasta el punto que, desde 2007, Afganistán ha producido el 95 por ciento del opio y la heroína del mundo. El silencio de Wikileaks se debe a que la “droga es el lubricante de la economía mundial que proporciona al mercado financiero más de novecientos mil millones de dólares en dinero líquido. Las tropas de la OTAN se niegan a erradicar la droga porque esta se lava a través de Wall Street y proporciona grandes ganancias a las principales empresas internacionales”.

Según una investigación del Congreso de Estados Unidos realizada en el año 2001, “los bancos estadounidenses y europeos blanquean al año entre quinientos mil y un billón de dólares del crimen internacional, la mitad de los cuales los lavan en solitario bancos norteamericanos. Ello significa que durante la década de los 90 las entidades bancarias estadounidenses lavaron entre dos billones y medio y cinco billones de dólares a través de circuitos financieros”, lo cual quiere decir, colige Estulin, que sin este “dinero ilegal, la economía estadounidenses se hundiría”.

Llegados a este punto, cabe preguntarse qué representa Wikileaks: ¿periodismo o política? Estulin responde que Wikileaks representa un cambio en el statu quo, una interferencia internacional y no corporativa en el negocio de la información. Se trata, sostiene, de “una conspiración que hurga profundamente en el sanctasanctórum de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) y la CIA. Una operación encubierta oficialmente autorizada que nos induce a un tenebroso mundo de intrigas, compartimentación, operaciones secretas y ficticias”.

COLOMBIA

LA VIL COPIA DEL GOBIERNO DE SANTOS DEL PLAN BOLONIA PARA IMPONER MODELO DE ÁNIMO DE LUCRO A UNIVERSIDAD PÚBLICA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Desde hace más de 20 años cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo (1990-94) abrió de par en par las puertas de Colombia para imponer el criminal modelo neoliberal, buena parte de sus nefastas políticas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, han sido impuestas por las instituciones multilaterales de crédito (léase Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), los intereses corporativistas de las poderosas transnacionales o por el gran capital financiero especulativo internacional.

Los gobiernos colombianos de las últimas dos décadas se han caracterizado por ser obsecuentes y aplicados en la puesta en marcha de las recetas del Consenso de Washington. Mandatarios de la catadura de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón se han distinguido en América Latina por promover y aplicar al pie de la letra las malhadadas medidas que impone el neoliberalismo y han profundizado el modelo.

Por eso no hay que sorprenderse que el gobierno de Santos esté impulsando con vehemencia una reforma universitaria para imponer a cómo dé lugar que las instituciones públicas de educación superior trabajen con ánimo de lucro.

Según el torcido argumento de la ministra de Educación, María Fernando Campo, quien viene de representar el sector mercachifle de Bogotá, el ánimo de lucro posibilitará a la educación pública colombiana ampliar la cobertura.

Para el gobierno neoliberal de Santos, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento en la educación universitaria requiere de una adecuada financiación mediante el aporte de la inversión privada, por cuanto que, según su criterio, el Estado colombiano no está en capacidad de hacerlo, pues debe preocuparse por sostener la guerra interna, para lo cual el Estado invierte la escandalosa cifra del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB).

En su afán por favorecer los intereses del gran capital, el gobierno pretende adoptar en la reforma universitaria figuras como las instituciones con ánimo de lucro, las sociedades por acciones y los contratos de asociación con el propósito de distribuir dividendos, al tiempo que prevé mecanismos para proteger los intereses de los inversionistas como la insolvencia empresarial.

De esta manera, en Colombia como ha ocurrido con el derecho a la salud, la educación es considerada como una mercancía transable. Es criterio de la elite gobernante de este país que solo tenga acceso a la universidad quien pueda pagársela. Por eso es que el aporte de la nación a las universidades públicas se ha mantenido congelado desde la década de los años 90 en 0.4% del PIB con tendencia a decrecer en los próximos años.

Vil copia del Plan Bolonia

La propuesta neoliberal infame, por decir lo menos, del gobierno de Santos de convertir a la educación en un negocio para los grandes capitalistas, no es más que una vil copia del Plan Bolonia que fue impulsado en la Unión Europea en 1998 y que constituye la antítesis del saber.

En efecto, dicho Plan tiene como antecedente el informe elaborado por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos que agrupa a representantes de transnacionales como British Telecom, Siemens, Nestlé, L`oreal, Renault, entre muchas otras, y cuya visión es adaptar la educación superior a los intereses de la empresa privada, satisfaciendo las demandas del mercado.

En su interesante libro El dominio mediático (2010), la sicóloga clínica mexicana y maestra en literatura Blanca Montoya, se detiene a explicar los alcances de este Plan Bolonia de corte neoliberal al señalar que su objetivo es el de desmantelar la universidad pública para privatizarla y mercantilizarla:

“Dentro de la lógica de reducir los presupuestos dedicados a la educación porque el capitalismo ha adelgazado a los Estados, se plantea que la educación sea financiada por las cuotas que los alumnos tendrán que pagar y la ‘inversión’ de las empresas privadas, con lo cual la educación deja de ser un derecho para convertirse en un negocio y deja de ser libre para sujetarse a la visión empresarial. Esta inversión de las empresas se da por dos vías: a) se adueña de espacios universitarios simplemente porque ellas son quienes los pagan, y, b) se adueñan de los estudiantes mediante becas-préstamo, las cuales son pagadas por el alumno una vez que termina su carrera convirtiéndose en su esclavo por veinte años o más”.

Las argumentaciones de sus promotores –añade Blanca Montoya- tienen la visión empresarial capitalista:

• Se reduce el porcentaje de financiación pública pues se pretende que sean las propias universidades y no el Estado las que se encarguen cada vez más de su propia financiación.

• Se produce una homogenización y reducción del número de titulaciones actualmente existentes, así como las maestrías y un encarecimiento del crédito de matrícula (subida de cuotas). Los grados serán más generales, mientras que las maestrías serán más específicas y están enfocadas al mercado.

• Se pondera el título universitario por su relevancia dentro del mercado laboral.

• Se pretende ir más allá de las necesidades del mercado de trabajo y estimular una mentalidad “emprendedora”.

• La universidad se vuelve productora de trabajadores al servicio del mercado. Ya no se trata de desarrollar y transmitir conocimientos de aplicación social sino para incrementar el negocio de los capitalistas.

De esta manera, el gobierno de Santos profundiza las desigualdades en Colombia. La educación que debe ser un factor de equidad y de acceso a las oportunidades no tendrá connotación de derecho ciudadano sino simplemente un rentable negocio para unos pocos. Pero además, se fomenta la discriminación social habida cuenta que solo podrán gozar de educación de calidad los sectores más pudientes porque las grandes mayorías no podrán pagarla.

Así las cosas, lo cierto es que esta reforma universitaria que impulsa el gobierno en Colombia no tiene otro fin que adecuar este sector del conocimiento a los leoninos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Colombia y entregárselo a los pulpos financieros. Algo muy similar a lo que ocurre en Chile, donde las fuerzas pinochestistas encabezadas por el presidente Sebastian Piñera han privilegiado que las transnacionales de la educación se queden con las universidades.

La gestión de Santos en materia educativa tiene la impronta de la oligarquía colombiana y de los sectores más retardatarios en el sentido de privilegiar la educación para unos pocos “elegidos” con el fin único de mantener su supremacía y, de esta forma, poder controlar y subyugar a las grandes mayorías del pueblo, a las que buscan por todos los medios someter a la ignorancia.

Al fin y al cabo, el establecimiento colombiano y su actual representante en el poder político, Juan Manuel Santos, saben que el acceso al conocimiento posibilita a los pueblos su emancipación. Su propósito, en consecuencia, es el de detener el progreso y avance de la población para seguir detentando su hegemonía decadente, corrupta y criminal.

NEOLIBERALISMO

ENTREVISTA CON LA CONSULTORA EN DERECHOS ANCESTRALES, GLADYS JIMENO SANTOYO

“EN COLOMBIA CON LOS PROYECTOS EXTRACTIVISTAS MINERO-ENERGÉTICOS, LOS HORRORES APENAS ESTÁN COMENZANDO”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La tragedia humanitaria en Colombia se puede agravar si no se le pone límites a las ambiciones económicas de las transnacionales de la megaminería y los proyectos de explotación de recursos energéticos que no solamente van arrasar con el medio ambiente sino que atentan contra la vida misma. La advertencia es de la consultora en derechos de comunidades y territorios ancestrales, Gladys Jimeno Santoyo.

No obstante el propósito del capital financiero especulativo internacional para desplazar a buena parte de las comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanas y adueñarse de sus respectivos territorios, la Constitución colombiana dispone de instrumentos jurídicos para enfrentar esta seria amenaza.

En efecto, la figura constitucional del derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado que tienen las minorías étnicas respecto de los megaproyectos, constituye hoy en día un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo neoliberal impulsado desde hace más de 20 años se centra fundamentalmente en la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía.

La consulta previa, explica Jimeno Santoyo, está dirigida “a proteger el derecho ancestral sobre el territorio y las costumbres de las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y gitanos. Muchos de los territorios de estas comunidades en Colombia buscan ser controlados por transnacionales para aprovecharse de su riqueza y pretenden con la complicidad del Estado de que los derechos de usufructo les sean cedidos. Esta es la encrucijada”. Por ello, agrega en forma categórica: “o el país permite un desarrollo libre a los proyectos minero-energéticos o les coloca unos límites para garantizar la supervivencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios y con su cultura”.

Sicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y consultora en la elaboración de análisis de política sobre megaproyectos mineros en territorios indígenas, Gladys Jimeno ha asesorado a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, entre otras entidades públicas. Es autora de diversos ensayos y artículos de prensa.

Dada la magnitud del impacto negativo que empieza a tener el modelo extractivista que han impulsado con ahínco los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y que de seguro afectará aún más la tragedia humanitaria que vive Colombia, el OBSERVATORIO SOCIOPOLÍTICO LATINOAMERICANO WWW.CRONICON.NET, dialogó con esta experta en el tema.

TRANSNACIONALES USAN CONFLICTO ARMADO PARA BENEFICIO DE SUS INTERESES

- ¿En Colombia se ha cumplido con rigurosidad la consulta previa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y rom en el caso de los megaproyectos como lo exige la Constitución?

- Con rigurosidad en ningún caso, o en muy pocos. Las consultas que han tenido alguna rigurosidad se han debido básicamente al esfuerzo de funcionarios de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente que tienen un conocimiento, una responsabilidad y una visión, pero no han respondido a una política pública. Yo diría que la política pública silenciosa después de cuatro años de expedida la Constitución cuando se inició la primera consulta previa oficialmente bajo el Convenio 169 de la OIT fue la de los Uwa en 1994. Entre ese año y 1999 se hizo un primer esquema con muchas discusiones, signado por muchísimos conflictos, mediados por las primeras sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y por fallos de algunos jueces sobre tutelas que ponían los grupos étnicos contra el Estado. A partir del año 2000 la posición de los diferentes gobiernos ha sido que la consulta hay que minimizarla, hay que dejarla que sea manipulable por la institucionalidad y por los intereses empresariales.

- ¿Ha habido mucha manipulación por la parte institucional y empresarial?

- Muchísima y sobre todo, lo más grave, han sido las prácticas de mala fe.

- ¿Cómo por ejemplo?

- Hay prácticas que configuran mala fe, u otras como por ejemplo, usar el conflicto armado a favor de intereses privados. Hay casos comprobados como los de la Drummond y Chiquita Brands que utilizaron grupos armados ilegales, pero no son las únicas empresas que optan por estoas prácticas, se puede hablar también de lo que ocurre en el sur de Bolívar con el uso de la minería. Hay una cultura oculta de las empresas de utilizar el contexto de violencia local para presionar a las comunidades a fin de que no se opongan a los proyectos extractivos en los territorios. Por eso amenazan, acorralan, aterrorizan a comunidades, líderes y organizaciones sociales. Esa es la historia en el Congo y está siendo la historia en Colombia.

- Es una forma de violentar los derechos humanos…

- Claro, porque la consulta previa es un mecanismo que también es un derecho, además es un espacio y un proceso de diálogo interétnico e intercultural entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, gitanas o rom, y el consentimiento del que se empieza a hablar ahora es otro derecho. Esos derechos apuntan a garantizar la integridad étnica, cultural, territorial, y la pervivencia de esas comunidades, lo cual es de interés nacional.

- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla del consentimiento libre e informado por parte de las comunidades cuando van a ser afectadas con la ejecución de megaobras de gran impacto. ¿En Colombia esa figura está incorporada en la legislación?

- El consentimiento libre previo e informado si está en la Constitución colombiana, lo que ocurre es que está dicho de otra manera. Cuando la Carta Política habla de que los grupos étnicos tienen el derecho a autodeterminarse y autogobernarse se está asimilando esta figura de la que habla la OIT que está ganando terreno en el sentido de ser respetada en medio de los múltiples conflictos.

- ¿El modelo extractivista que en el caso colombiano es una imposición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está atentando contra la pervivencia de estas comunidades ancestrales?

- Sí, atenta en la medida en que no sean reconocidos los derechos que tienen estas comunidades a pervivir. Para pervivir hay unos mecanismos que estableció el Convenio 169 de la OIT que ratificó y avanzó.

- Si bien existen los mecanismos jurídicos, el modelo neoliberal los está violando y eso se ve con la locomotora minera y de agronegocio del gobierno de Santos, por ejemplo…

- Sí, pretende desconocerlos, pero creo que la resistencia que hay es más fuerte de lo que se espera y se quiere. Yo considero que va a haber muchos procesos en los que se hará respetar la pervivencia de las comunidades.

- ¿Qué le hace pensar eso?

- Cómo veo yo la situación. El Estado colombiano ha sido históricamente patrimonial, es decir está acostumbrado a depender de familias, de empresas, en definitiva, de intereses privados nacionales e internacionales. Las políticas y el modelo económico se enmarcan dentro de una hegemonía global de creer que la sociedad de mercado y el sistema capitalista son los únicos posibles y que hacia allá hay que dirigirse y someterse. La realidad es que la diversidad nuestra nos indica otra cosa. Aquí subsisten modelos de economía de premercado y de mercado no capitalista. Sin embargo, el poder económico tanto nacional como internacional está ligado al poder político del Estado, y yo diría algo más, la mayoría de los Estados hoy en día se pliegan a ese poder económico y determinan las políticas de acuerdo a las visiones e intereses empresariales. En consecuencia, la relación Estado-empresa frente a las comunidades es de por sí asimétrica y desequilibrada. Entonces, el diálogo por el respeto a los derechos es inequitativo y ello constituye un problema para la aplicación de los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Esa prepotencia del poder da lugar a malas prácticas como la cooptación de sectores de las comunidades y la desinformación a las mismas en el momento de poner en marcha un proyecto.

- La puesta en marcha de estos proyectos como los de megaminería, por ejemplo, no solamente causan depredación del medio ambiente sino desplazamiento humano, lo cual atenta también contra la pervivencia de las comunidades y sus territorios…

- Sí, claro, es una violación a los derechos humanos concretamente a vivir en un ambiente sano o al derecho al agua. Pero no solamente eso, es que un proyecto extractivista de recursos atenta contra las fuentes de trabajo, aunque la empresa que desarrolla el proyecto dice que genera miles de empleos. Pero es una verdad a medias: genera por ejemplo, mil empleos pésimamente mal remunerados, pero desplaza nueve mil.

- ¿A las comunidades en Colombia les queda el derecho a la resistencia y a la desobediencia civil frente a los embates de este modelo criminal del neoliberalismo?

- Yo creo que sí, a las comunidades étnicas les queda el derecho a la resistencia y también a optar por formas más activas de consolidación de sus vidas. Por sentencias internacionales un megaproyecto que desplace a comunidades enteras ya no es posible a menos que se cuente con el consentimiento de éstas. Ese ya es un estándar que sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo acogió la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, y lo ha señalado en tres sentencias nuestra Corte Constitucional al precisar que el modelo capitalista tiene unos límites.

- Pero si no se pone límites al modelo extractivista en Colombia se puede agravar la emergencia humanitaria que está padeciendo el país…

- Sí se puede agravar, más aún cuando el gobierno de Álvaro Uribe entregó al país, lo regaló, y si a eso se añade el fenómeno de la corrupción en distintos niveles, nacional y regional, Colombia está es ante un campanazo que debe sacudir la conciencia.

- ¿El Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos atenta contra los derechos humanos?

- Completamente porque atenta contra la vida, y porque no tiene límites en lo ambiental y en los derechos de las comunidades campesinas agrarias. Las comunidades tienen derecho a escoger un modelo agrario diferente a la inserción del modelo del libre mercado. En el gobierno de Uribe se ferió el país; en los gobiernos anteriores se lo adecuó legislativamente para el modelo extractivo, y al gobierno de Santos le corresponde echar a andar la maquinaria. Aquí apenas los horrores están empezando.

COLOMBIA

DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA: MÚLTIPLE, CONTINUA E IGNORADA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Dentro de los múltiples horrores de la tragedia humanitaria y laviolación de derechos humanos que soporta Colombia desde hace ya varias décadas, el de la desaparición forzada constituye uno de los delitos que sigue azotando este país. Un país cuya dirigencia tradicional, en su miopía y en su egoísmo, no ha sido capaz de poner fin a un inveterado conflicto interno.

Los crímenes de Estado a este nivel han rebasado con creces las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas. Sin embargo, son minimizadas desde el Estado, ya que son agentes suyos, con la complicidad de bandas narcoparamilitares, los responsables de esta tragedia humanitaria.

En Colombia ha alcanzado “dimensiones escalofriantes”, ha denunciado el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, pues las cifras hablan por sí mismas.

Según el último informe de Naciones Unidas, 15.600 personas han sido desaparecidas presuntamente de manera forzada, de un total de más de 57.200 que figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos.

Esas desapariciones forzadas - entre las que se cuentan más de 3.000 mujeres e igual número de menores de 20 años - fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboran con ellos”, ha dicho Salazar.

“Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas”, agregó el delegado de la ONU en un foro reciente sobre búsqueda de la paz en Colombia.

Características

Este delito de lesa humanidad persiste en varios países del mundo, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del Siglo XX, cuando empezó a ser cometido a gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941.

Según el derecho internacional, se trata de un delito, pero muy a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.

Amnistía Internacional explica que la desaparición forzada se da cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentra detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.

Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. En muchos casos sus familias y amistades jamás llegan a saber qué les sucedió.

Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable.

País récord

Son los inicios del Siglo XXI y Colombia es prácticamente el único país de América Latina donde se practica esta gravísima violación de los derechos humanos, sin que el gobierno y el Estado hayan hecho algo para reducir dicho flagelo que carcome el tejido social del país. Al fin y al cabo el Estado colombiano es cómplice de la perpetración de este delito.

"La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen", ha señalado el comisionado de la ONU, al responsabilizar de esa situación a “décadas de conflicto armado interno”.

Naciones Unidas se ha quejado de manera reiterada por la poca receptividad de parte del Ministerio de la Defensa y del Ejército a las recomendaciones que ha hecho su Oficina de Derechos Humanos para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia.

El delegado de la ONU ha dejado en claro “la labor incansable de los familiares de los desaparecidos” para lograr avances en la lucha contra la desaparición forzada, pero igualmente ha advertido que “aún queda mucho camino por recorrer”.

Actualmente la Fiscalía General de la Nación conoce más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. Adicionalmente existen otros 300 casos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A estos casos se suman más de 4.000 casos conocidos por las Fiscalías Seccionales.

Entre tanto la justicia penal militar tenía en diciembre de 2010 más de 500 casos de personas sin identificar presentadas como muertas en combate con queja por una posible ejecución extrajudicial. Naciones Unidas ha recomendado al Ministerio de Defensa transferir inmediatamente todos estos casos a la justicia ordinaria para que sean investigados y aclarados debidamente.

Dentro de las pocas decisiones que ha tomado la justicia colombiana respecto a la desaparición forzada sobresale la condena de un general del Ejército. Se trata, en efecto, del general Jesús Armando Arias Cabrales, acusado de la desaparición forzada de doce personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Una juez penal de Bogotá lo sentenció recientemente a 35 años de prisión y lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos como máximo responsable de la operación militar para recuperar ese edificio de las altas cortes entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

No obstante, mientras subsista el conflicto armado y la visión mezquina de una clase dirigente que solo ve al Estado como un botín para su propio beneficio, muy difícilmente Colombia podrá avanzar en el respeto de los derechos humanos. Ni tampoco podrá terminar una tragedia humanitaria donde uno de sus múltiples flagelos, la desaparición forzada, es un delito que hiere en lo más profundo, no solo a las víctimas, sino que también carcome los cimientos de la sociedad.

Revista La Mosca, julio de 2011.

http://www.mosca.alternativnode.org/index.php/colombia/34-colombia/47-desaparicion