COLOMBIA

MAGNITUD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA

DESASTRE HUMANITARIO

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

En Colombia se ha configurado un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur, durante las dictaduras militares de ingrata recordación en el periodo de la Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. Nadie en el gobierno responde por la responsabilidad política de esta tragedia de inmensas proporciones.

La magnitud de las desapariciones de los jóvenes del municipio colombiano Soacha por parte de las Fuerzas Armadas, denunciadas en su momento por la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, que desencadenó días después la histórica purga castrense al ser llamados a calificar servicios 27 militares y provocó la renuncia del comandante del Ejército, apenas es la punta del Iceberg, pues las consecuencias de todo orden se darán a corto, mediano y largo plazos.

El primer coletazo fue el informe preliminar que emitió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien estuvo en Colombia durante ocho días enterándose de la tragedia humanitaria que vive este país, al señalar que existen indicios graves y contundentes que demuestran “la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en esta nación latinoamericana por parte de las fuerzas de seguridad”. Este reporte es de suma gravedad por cuanto se sindica a las Fuerzas Militares colombianas no de “hechos aislados” sino de una estratégica “sistemática” en la comisión de delitos de lesa humanidad. De esta manera, queda en entredicho la legitimidad de la denominada política de “Seguridad Democrática”, del presidente Uribe.

Así mismo, Colombia se encuentra ahora en la mira de la comunidad internacional, más aún cuando el nuevo gobierno de Obama en Estados Unidos pondrá énfasis en la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales. Las repercusiones internacionales apenas se empiezan a sentir. Al pronunciamiento de la señora Pillay, se suma el anuncio de Washington a través de su embajador en Bogotá, William Brownfield, en el sentido de retirar la asistencia táctica y económica a tres unidades militares.

Pero seguirán habiendo más efectos: en el curso de los próximos meses la Fiscalía comenzará a emitir órdenes de captura contra oficiales y suboficiales en retiro o en servicio activo, involucrados directa o indirectamente en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, la Procuraduría procederá en materia disciplinaria. Y las denuncias de las organizaciones de víctimas y de derechos humanas se harán escuchar tanto en Europa como en Estados Unidos.

Y es que las cifras de investigaciones penales y disciplinarias son verdaderamente aterradoras. A octubre de 2008, la friolera de 2878 miembros de la fuerza pública están siendo procesados disciplinariamente por homicidio y otros 763 están vinculados penalmente por “falsos positivos”, eufemismo utilizado para no aludir directamente a los términos asesinato o desaparición.

Todos los informes de las ONG de derechos humanos tan estigmatizadas por el gobierno de Uribe, coinciden en señalar que las ejecuciones extrajudiciales no han sido de civiles dados de baja en combate sino que, por el contrario, son crímenes deliberados, fuera de combate y con una estrategia sistemática: jóvenes reclutados en su mayoría por ex paramilitares que habrían recibido recompensa del Ejército por colaboración para exhibirlos como bajas en combate, por los cuales, tanto oficiales como suboficiales han obtenido beneficios.

A lo anterior hay que agregar que según el paramilitar alias H.H., las fosas comunes fueron ideadas por miembros del Ejército para no dejar tanto muerto desperdigado.

De esta manera se ha configurado en Colombia un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur durante las dictaduras militares de ingrata recordación en plena Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. No obstante, nadie en el gobierno de Uribe responde por la responsabilidad política de esta tragedia humanitaria de inmensas proporciones.

GENOCIDIO COLOMBIANO

Las cifras que muestran los informes tanto de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, (CCEEU) como de la Misión Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones colombianas, permiten colegir que estamos en presencia de un genocidio de tamañas proporciones. Dichos análisis cuantitativos dan cuenta de que “desde julio de 2002 hasta diciembre de 2007, se habían registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”. Así mismo, estos informes señalan que en “los últimos 18 meses trascurridos entre enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 han sido más graves en materia de ejecuciones extrajudiciales, según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU. En este período hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual Gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002”.

Los departamentos en donde se registra el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el último semestre son: Norte de Santander (67 víctimas, 12.4% de los casos) y Antioquia (65 víctimas, 12% de los casos) lo que representa la cuarta parte de los casos denunciados y es también muy elevada en los departamentos del Meta (46 casos, 8.5%), Huila (42 casos, 7.8%), Putumayo (38 casos, 7%), Cauca (35 casos, 6.5%). La mayoría de las víctimas son varones jóvenes, durante este período el 58.1% de las víctimas fueron menores de 30 años y dentro de este grupo el 8.1% eran niños.

Por lo regular, registra el estudio, las víctimas fueron hombres y mujeres pertenecientes a sectores populares, la mayor parte de ellos campesinos (56.7/% de las víctimas), seguido de líderes sociales, que durante estos últimos 18 meses, aumentaron de manera preocupante pasando de 3.8% a 14% de todos los casos y también se incrementaron la desaparición de indígenas que pasaron del 3.5% al 5.3%.

CARTEL DE LAS RECOMPENSAS

Un componente central de la “Seguridad Democrática” es el pago de recompensas a los informantes, así como el poner precio a todo resultado positivo en la guerra que el gobierno libra contra la guerrilla. Esta práctica se elevó a política de Estado a través de la directiva 029 de noviembre 17 de 2005, expedida por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, en la cual se estableció una tabla de estímulos económicos por todo logro en los operativos militares.

La directriz contempla el pago desde $3´815.000 hasta cinco mil millones de pesos por los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, de acuerdo con su importancia y de los hechos que hayan planeado y ejecutado. A todo se le puso precio desde un computador recuperado en acción militar y que este en buen estado hasta un avión pasando por armas, hombres dados de baja, etc.Gracias a esta controvertida directiva ministerial, se creó al interior de las Fuerzas Militares un cartel de las recompensas y es en buena medida, según coinciden varios analistas, la causante de muchos de los crímenes reportados en los últimos dos años. La plata sale de una partida secreta que maneja el Ministerio de Defensa y cuenta con aportes del gobierno norteamericano.