sábado, 28 de marzo de 2009

NEOLIBERALISMO



ENTREVISTA CON EL ANALISTA COLOMBIANO DANIEL LIBREROS

COLOMBIA REQUIERE DE UNIDAD DE ACCIÓN ENTRE MOVIMIENTOS SOCIALES Y SECTORES DE IZQUIERDA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ Y HERNÁN ONATRA

La grave situación colombiana debe encontrar respuesta en las alternativas políticas que sectores de izquierda aglutinados en el Polo Democrático Alternativo (PDA), planteen para salir del esquema neoliberal en que el gobierno de Uribe Vélez lo tiene encasillado al país. Para ello, afirma el investigador y docente universitario colombiano Daniel Libreros Caicedo, “el Polo debe volcar en este momento toda su propuesta política a tratar de proponer un plan económico de emergencia alternativa frente a la crisis”, al tiempo que debe hacer un esfuerzo para concentrar los esfuerzos de los sectores sociales y progresistas con miras a que su accionar se centralice y no se desperdigue para que su lucha tenga efectos contundentes.

Libreros Caicedo, abogado, economista, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional e integrante en representación de Colombia del Comité para la Anulación de la Deuda Externa del Tercer Mundo (CADTM) participó de las deliberaciones llevadas a cabo durante la Jornada de los Pueblos en Medellín y sostuvo el siguiente diálogo con www.cronicon.net.

- ¿Qué significado tiene para América Latina la celebración de los 50 años del BID, habida cuenta de que la deuda social en el hemisferio es muy grande?

- En el Foro Alternativo de los Pueblos hemos llegado a la conclusión de que estos 50 años han significado la prolongación de una política imperial que actualmente está en crisis. El BID ha dirigido todo el componente de financiamiento de lo que se conoce como la parte social del Plan Colombia. O sea directamente se ha vinculado a la política del Plan Colombia en todo lo concerniente a la parte de reingeniería militar y a la política de dominación territorial norteamericana en la región. A parte de eso, el BID en la actualidad financia proyectos de agro combustibles, que significan la liquidación de la economía campesina. Además, este banco es un referente de la deuda en América Latina, la cual está afectando bastante a los pueblos y gracias a la cual se están ejecutando unas políticas de ajuste fiscal muy severas. Un ejemplo de esto es Colombia. Aquí se hizo una reforma tributaria por decreto para mantener el precio de la gasolina a pesar de la caída tan brutal en el comercio internacional del petróleo y se quedaron con 2.4 billones de pesos al año en subsidios.

- ¿Esta crisis económica mundial, previamente el colapso del modelo neoliberal, para usted es una crisis sistémica o cíclica?

- Para mí es una crisis sistémica, es una crisis del capitalismo en conjunto. Es una crisis que viene incluso arrastrándose desde finales de los años sesenta cuando se empezó a constatar a nivel internacional una caída en la tasa de ganancias en las grandes empresas transnacionales que comenzaron a aplicar una política de sacar parte de sus inversiones hacia el sector financiero, creando una masa gigantesca de capital ficticio que aparece ahora como explosión de una burbuja financiera descomunal en la cual la economía norteamericana es un ejemplo. Hasta ahora van dos planes de recuperación de los gobiernos: la famosa recuperación de los activos tóxicos, el primero de Bush, el segundo ahora de Obama, con 1.5 billones de dólares y sin embargo no se ha resuelto todavía esa crisis, siguen creciendo esos tóxicos, sigue creciendo el endeudamiento privado, con la gravedad particular de que ahora esos costos los está asumiendo el Estado norteamericano. Ese es un mecanismo consistente en desplazar dinero hacia el sector financiero. En cuanto al ámbito laboral, si miramos la curva de salarios en el mundo la caída es descomunal. En el caso colombiano la Ley 189 del año 2003 terminó acabando con el salario triple dominical, las reivindicaciones mínimas de los trabajadores, prolongó el salario diurno hasta las diez de la noche, y además creó las cooperativas de trabajo asociado, con lo cual nos devolvieron a un régimen primitivo donde los trabajadores ni si quiera hacen parte de las empresas. Es decir, lo que ha ocurrido es una baja del salario para tratar de mantener la actual situación del capitalismo en un momento de crisis sistémica.

- ¿Considera que en América Latina se está generando un nuevo sujeto político capaz de presionar los cambios de modelo económico que requiere el hemisferio?

- Yo creo que lo que va a producir toda esta crisis es un aumento de la explosión social muy fuerte. Al hacer un seguimiento a los datos en los últimos meses se puede observar que el desempleo aumentó en México, que tiene la tasa de desocupación más alta en los últimos ocho años; en Brasil hay un millón mas de desempleados, y eso va a significar una explosión social con grandes manifestaciones populares. Obviamente que eso va a colocar nuevamente en primer plano el tema de las resistencias y los congresos alternativos. Los gobiernos, particularmente el de Ecuador y Venezuela, han avanzado en un concepto democrático hacia un nuevo tipo de Estado con referentes democrático territoriales, con inclusión de nuevos sujetos como los indígenas como unidades populares que son muy importantes. Pero creo que aquí se va a plantear un dilema a estos gobiernos alternativos y en general en toda la región, y es si salimos del esquema de las organizaciones financieras internacionales y tratamos de crear un modelo económico alternativo, o si seguimos con pequeñas reformas y de esta manera continuamos administrando esta crisis neoliberal. Respecto al tema del sujeto yo creo que falta recuperar mucho la unidad popular entre el movimiento sindical y los movimientos populares que están interviniendo activamente en la región.

- ¿Cuál cree que es el reto de un partido como el Polo Democrático Alternativo (PDA) para consolidarse como alternativa viable de poder ante la opinión pública nacional con miras a logar los cambios estructurales que requiere Colombia?

- Yo creo que el Polo tiene una enorme oportunidad y un enorme reto. El Polo debe volcar en este momento toda su propuesta política a tratar de proponer un plan económico de emergencia alternativa frente a la crisis, el cual tiene que tener en cuenta temas cruciales como el empleo, la reducción de la calidad de vida de los colombianos, la forma dramática como se están viendo afectados derechos fundamentales como la salud, la educación. Luego es muy importante empezar a promover la idea de que la crisis no debe ser pagada por lo pobres, por los sectores populares, dado que esta crisis no fue creada por ellos. Es muy importante empezar a plantear temas en el terreno político como el desconocimiento de la deuda pública, el gobierno del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y las instituciones financieras internacionales y buscar formas de asociación regional tipo Banco del Sur, formas de soberanía regional como la llaman los compañeros de Ecuador, la posibilidad de articular en la región formas de coordinación económica entre los pueblos. Creo que esa plataforma tiene que ser en este momento decisiva en la propuesta del Polo. Al mismo tiempo este partido debe ser el promotor de un gran encuentro entre los trabajadores y los sectores populares que permita empezar a plantear jornadas unificadas en todo el país en contra de todo lo que es la política neoliberal. Lo que vemos es que la gente pelea en la Costa, en el Occidente del país, en Bogotá hay marchas con mucha frecuencia, pero eso no tiene centralidad ni unificación. Luego, además de la propuesta económica alternativa necesitamos también incidir en la organización popular con más fuerza, sin atropellarlas, sin imponerles, colaborando con un proceso de centralización mucho más fuerte.

jueves, 12 de marzo de 2009

DERECHOS HUMANOS


ENTREVISTA CON JAVIER GIRALDO, SACERDOTE PERSEGUIDO Y ESTIGMATIZADO EN COLOMBIA

“GOBIERNO DE URIBE DIO ESTATUS POLÍTICO AL NARCOTRÁFICO Y AL PARAMILITARISMO”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Su voz de denuncia y sus acciones categóricas en defensa de los derechos humanos y de los sectores marginados de la población le han valido la persecución de los sectores de derecha en Colombia. Sus afirmaciones son contundentes. En esta entrevista con http://www.cronicón.net/, es enfático en señalar que el gobierno de Álvaro Uribe Vélez ha sido condescendiente con el narcoparamilitarismo, hasta el punto que le dio “estatus político”, habida cuenta que la gran mayoría de los congresistas que hacen parte de su bancada parlamentaria se encuentran en la cárcel o son procesados judicialmente por el fenómeno que se conoce como la “parapolítica”.

Las represalias por atreverse a opinar abiertamente no se han hecho esperar. Los sectores militaristas y el propio gobierno de Uribe han desplegado una serie de acciones políticas y de persecución judicial en contra del sacerdote jesuita y sociólogo Javier Giraldo Moreno. En la actualidad cursan en su contra tres procesos judiciales que buscan, por una parte, vincularlo con grupos armados al margen de la ley, y por otra, silenciar sus denuncias acusándolo de cometer injuria, calumnia y falsa denuncia, y de esta manera, estigmatizarlo ante la opinión pública nacional e internacional.

En uno de los procesos judiciales se ha ordenado vincular a este sacerdote a la investigación penal mediante indagatoria por parte de la Fiscalía 216 seccional. Giraldo Moreno es vicepresidente de la Liga Internacional por los Derechos y la Liberación de los Pueblos, una organización con estatuto consultivo ante Naciones Unidas; además, es coordinador del Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).

Con una trayectoria como activista de derechos humanos de más de 30 años, acompaña varias comunidades víctimas del terrorismo de Estado y es reconocido a nivel nacional e internacional por sus denuncias, reflexiones e inquietudes.

INQUIETANTE DENUNCIA

Es inquietante y a la vez sorprendente que el proceso penal que se ha iniciado en su contra se sustente en una denuncia presentada por el teniente coronel del Ejército Néstor Iván Duque, oficial que ejercía el mando operacional de las tropas que ejecutaron el 21 de febrero de 2005, la masacre en contra de ocho personas de la Comunidad de Paz de en la población San José de Apartado, en el departamento de Antioquia.

Duque en múltiples oportunidades ha sido señalado por el padre Giraldo como uno de los responsables de ese atroz delito. Por eso es que las organizaciones de derechos humanos han señalado que es más que preocupante que la Fiscalía otorgue credibilidad al citado oficial, quien solicito permiso de los paramilitares, según relato de Hebert Veloza, alias “H.H.”, uno de los líderes de las autodefensas, para asesinar a uno de los testigos de la masacre.

La denuncia del teniente coronel se presentó coincidentemente, 40 días después de ejecutado este crimen en contra de la comunidad.

MASACRE PLANIFICADA

El padre Giraldo en diálogo con este Observatorio Latinoamericano, señala en forma enfática que esta fue una masacre del Ejército perpetrada conjuntamente con paramilitares que estaban comandados por alias don Berna. Además, agrega, “fue planificada y obedecía a la Operación Táctica Feroz, dentro de un operativo más amplio que se denominaba Fénix, comandado por el coronel Néstor Iván Duque, acusado por torturas contra miembros de la comunidad”.

“Dentro de esa masacre se descuartizó a un niño de 18 meses, y a sus dos hermanitos: de de cinco y diez años de edad”, denuncia Giraldo, pero lo más grave es que “la línea de investigación estaba trazada por el Ejército” para tapar los móviles de tamaño delito y acusar de su autoría a la guerrilla de las Farc.

“Gracias a la Procuraduría y la presión internacional se logró esclarecer el caso. Esa presión llevó a la Fiscalía a actuar como debía actuar porque durante dos años no quiso hacerlo”, afirma el sacerdote jesuita.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PARAMILITARISMO

- ¿El paramilitarismo se ha acabado en Colombia como afirma el gobierno del presidente Álvaro Uribe?

- De ninguna manera. El paramilitarismo hay que analizarlo a lo largo de toda su trayectoria que tiene diversas fases y etapas, para resumir considero que la etapa en que nos encontramos ahora es la de su legalización e institucionalización porque todas las desmovilizaciones que ha habido de paramilitares son ficticias. Los paramilitares han regresado a su accionar, no han sido tocados por la justicia. La Ley de Justicia y Paz aún no da frutos y se ha quedado muy corta frente a las confesiones que muchos de ellos han hecho, pero lo peor es que la gente que fue indultada por la Ley 782, alrededor de 20 mil que nunca utilizaron su propio nombre porque ese era una de las condiciones, acudieron a nombres ficticios, por lo tanto nunca van a ser investigados por la justicia.

- Usted ha manifestado que en el gobierno de Uribe se le ha dado estatus político al narcotráfico. ¿En qué sustenta esta afirmación?

- Es muy conocido el hecho de que la inmensa mayoría de los líderes paramilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz están ligados con el narcotráfico. El mismo Carlos Castaño dice que esa fue su principal contradicción con el resto de los jefes paramilitares y por eso seguramente lo mataron. Es que la mayoría de los comandantes eran capos del narcotráfico y muchos de ellos compraron las comandancias por miles de millones de dólares para poder aprovechar los beneficios de la Ley de Justicia y Paz. Además, una de las fuentes de su financiación más importantes fue el narcotráfico y todos sabemos que Castaño y varios de sus compañeros lucharon mucho porque se le diera estatus político al paramilitarismo y Uribe se lo concedió, por eso yo afirmo eso.

- También ha señalado usted que Colombia vive un “proceso de neofascismo” ¿A qué atribuye ese fenómeno?

- El modelo que estamos viviendo actualmente en el de un excesivo gasto militar que ha permitido que el pie de fuerza se haya multiplicado como lo demuestran algunos estudios como el del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza. Más del 80% de los puestos públicos es para fuerza armada y si a eso le sumamos la fuerza del paramilitarismo y una fuerza que ha creado el gobierno del presidente Uribe que es un paramilitarismo ‘más decente’, por llamarlo de alguna manera, como las redes de informantes y de cooperantes, y el nuevo estatuto para las compañías de seguridad privada que agrupan centenares de miles de personas, podemos decir que todo este componente hoy día controla a la población civil en Colombia. Al mismo tiempo no se permite el accionar de los movimientos sociales sino que sutilmente se los está deslegitimando, estigmatizando y exterminando ya sea por la vía del asesinato o por otras vías. Yo he seguido muy de cerca la historia de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó a la que le han asesinado cerca de 200 líderes y ahora el Estado quiere destruirla por otras vías: por la vía jurídica o la económica, sobornando a cantidad de campesinos con el propósito de que se salgan de la Comunidad para lo cual el Gobierno les da millones de pesos para que reactiven sus fincas; en fin, son muchas las maneras que tiene para el control de la población civil.

- ¿Y a qué atribuye el alto nivel de popularidad de Álvaro Uribe?

- El Presidente ha sabido manejar bien al hombre-masa, las masas y la sicología de las masas. Pero, además, ha tenido una buena relación con poderes mundiales, como por ejemplo haber logrado una importante interlocución con el anterior gobierno norteamericano; y uno de los factores más importante de su popularidad es el manejo que ha tenido de los medios masivos de comunicación. Realmente el problema tanto de la información como de la comunicación se ha vuelto neurálgico para una democracia y en el caso colombiano existe una democratización mínima de los medios, los cuales son muy controlados.

- ¿Usted se siente estigmatizado por la labor de defensa de los derechos humanos que realiza en Colombia?

- He sido tan estigmatizado que en más de una oportunidad me he visto obligado a salir del país.

lunes, 9 de marzo de 2009

AGRESIÓN REGIONAL


GOBIERNO DE URIBE BUSCA GOLPEAR DE NUEVO A PRESIDENTE ECUATORIANO RAFAEL CORREA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Los sectores más retardatarios de la derecha colombiana se han confabulado con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez con el fin de desprestigiar al presidente del Ecuador, Rafael Correa Delgado, haciéndolo ver como auxiliador y simpatizante de las Farc.

El gobierno de Uribe consiguió estigmatizar al presidente venezolano Hugo Chávez y ahora ha montado una estrategia para hacer lo mismo contra el mandatario ecuatoriano.

En Colombia, el uribismo con el ministro de Defensa, el sinuoso Juan Manuel Santos Calderón y la precandidata presidencial, neoliberal a ultranza, Martha Lucía Ramírez a la cabeza, trata de engatusar a la opinión pública propalando el infundio según el cual internacionalmente se están abriendo paso las descabelladas tesis de la “legítima defensa” y la “defensa preventiva” que hacen parte de la malhadada doctrina Bush.

Lo que busca el uribismo con todo el aparato mediático a su favor, que manipula a la opinión colombiana, es justificar una nueva incursión militar a Ecuador y no descartar tampoco la persecución en caliente de guerrilleros en Venezuela.

Aspirantes presidenciales de la cuerda del mandatario colombiano como el ministro Santos; la senadora Ramírez; el ex ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias; y el director del partido Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, no solo aplaudieron la violación a la soberanía ecuatoriana para atacar el campamento del comandante guerrillero Raúl Reyes en marzo de 2008, sino que, al mismo tiempo, no han tenido empacho en señalar que si se presentara una circunstancia similar, habría que volver a hacer lo mismo para dar de baja a guerrilleros que se encuentren en países vecinos.

El uribismo con sus más conspicuos exponentes se está atreviendo a “crear” Derecho Internacional y con argumentos baladíes trata de justificar la tesis de la “legítima defensa”, ante el fracaso de su política mal denominada de “Seguridad Democrática” que si bien ha golpeado a la subversión no ha logrado derrotarla y, por el contrario, ha terminado por replegar a la guerrilla hacia las márgenes fronterizas de Colombia que se caracterizan por ser porosas y selváticas.

Enemigos externos

Para el presidente Uribe Vélez y sus corifeos, los gobiernos progresistas de Chávez en Venezuela; Correa en Ecuador y de Evo Morales en Bolivia, constituyen enemigos externos de Colombia, hasta tal punto que estos mandatarios han sido estigmatizados y la gran prensa colombiana, amplifica ese mensaje y los hace ver como tales.

La propaganda sistemática de desprestigio contra los gobiernos progresistas de América Latina no es de ahora sino que se viene orquestando desde hace más de siete años por parte de la ultraderecha colombiana que le dio asilo a Pedro Carmona Estanga, el ridículo e ingenuo presidente de Fedecámaras que osó darle golpe de Estado en abril de 2002 al mandatario venezolano Hugo Chávez. Una de las organizaciones que apoyó desde Colombia ese golpe fue la Fundación Buen Gobierno que dirigía el hoy ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, la cual se convirtió en una organización detractora del gobierno de Chávez y desplegaba una acuciosa actividad en ese sentido, por lo que recibía apoyo internacional.

Santos se ha declarado públicamente enemigo del gobierno de Venezuela y adversa al presidente Correa de Ecuador. Su característica es el oportunismo, su cinismo y su falta de coherencia. Frases suyas han hecho carrera: a comienzos de la década de los 90 dijo que “Colombia requería de un Fujimori” y durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) precisó que era necesario impulsar un “Frente Nacional con las Farc”. En el cuatrienio del presidente Ernesto Samper (1994-98) buscó apoyo de la dirigencia de esa guerrilla para derrocarlo; y para completar, utilizó las columnas de su periódico familiar El Tiempo, con el fin de atacar la reelección de Uribe en 2006, pero no tuvo problema alguno en terminar liderando el partido de garaje del mandatario y haciendo parte de su gabinete ministerial.

Ahora, antes de culminar su gestión como titular de la cartera de Defensa para asumir su rol como aspirante presidencial, Santos se ha empeñado a fondo en la concreción de un acuerdo con el gobierno norteamericano para que la base militar ecuatoriana de Manta que se cerrará el 12 de noviembre de 2009, sea trasladada a un punto en el Pacífico colombiano.

A finales del pasado mes de febrero, Santos realizó una ofensiva diplomática en Washington ante el Pentágono, al término de la cual anunció que Colombia permitirá el aterrizaje de aviones estadounidenses en bases de este país. En esta oportunidad el ministro fue categórico: “estamos ampliando la cooperación con Estados Unidos en todo sentido y parte de eso es el acceso a nuestras bases y eso es lo que estamos negociando”.

Amenaza regional

De lo que se trata, en definitiva, es de ir ambientando el tema tanto en el ámbito colombiano como internacional, pues de antemano se sabe que la base de Manta será trasladada a un punto geográfico de Colombia y de esta manera ampliar la presencia de mercenarios norteamericanos para monitorear conjuntamente con las Fuerzas Militares colombianas a los gobiernos de Ecuador y Venezuela.

El interés tanto de Washington como del gobierno colombiano es involucrar activamente a Quito y Caracas en el conflicto colombiano, desestabilizando a la región y generando zozobra y desconfianza entre los gobiernos de Suramérica.

Uribe en forma sibilina alienta a través de Santos la concreción de un gran centro de operaciones militares en Colombia que sirva de plataforma de inteligencia para dinamizar los controles y el espionaje sobre gobiernos que considera adversos como los de sus vecinos Correa y Chávez.

Y Santos complacido con ejecutar esa tarea, convencido como está, de que ello le traerá réditos políticos en su carrera por la Presidencia de la República.

Las advertencias tanto de Chávez como de Correa en el sentido de que no permitirán de ninguna manera que el gobierno colombiano se meta con sus respectivos países, constituyen una alerta para Uribe que con el apoyo de Washington quiere crear Derecho Internacional “de facto” al tratar de imponer a como dé lugar en la región su descabellada tesis de la “defensa preventiva” que aprendió muy bien de su amigo el funesto ex presidente norteamericano George W. Bush.


ECUADOR


ENTREVISTA CON RICARDO PATIÑO, MINISTRO DE COORDINACIÓN POLÍTICA

“LA GRAN PRENSA, ES HOY EL MAYOR PARTIDO POLÍTICO DE OPOSICIÓN EN ECUADOR”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ


Ante el desprestigio y la pérdida de credibilidad de los dirigentes tradicionales de la denominada “partidocracia” en el Ecuador, la “gran prensa” que está en manos de los banqueros y grupos dominantes en este país andino que han privilegiado las políticas neoliberales y la dolarización, se ha consolidado como el principal partido de oposición al gobierno del presidente Rafael Correa Delgado. Así lo manifestó en diálogo con http://www.cronicon.net/, el ministro de Coordinación Política, Ricardo Patiño Aroca, quien estuvo en Bogotá como invitado internacional al Segundo Congreso Nacional del Polo Democrático Alternativo, el principal partido de izquierda de Colombia, que se realizó entre el 26 y el 28 de febrero de 2009.

Patiño Aroca destacó en la capital colombiano el trabajo político que viene realizando la administración del presidente Correa en Ecuador, mediante la implementación de reformas sociales y constitucionales para enterrar en forma definitiva “la negra noche neoliberal”.

En dos años de gestión, dijo, el actual gobierno ecuatoriano ha reducido la pobreza; ha ampliado las coberturas tanto de salud como de educación; está llevando alimentación nutricional a más de un millón 400 mil niños en sus sitios de estudio y 725 mil recibieron uniforme escolar gratuito durante el año pasado. Se han construido 80 mil soluciones habitacionales y la inversión social pasó de 1.500 millones a siete mil millones de dólares. Por eso el presidente Correa habla que el Ecuador no se encuentra en una época de cambio sino en un cambio de época que se consolidará con su reelección el próximo 26 de abril.

SE ESTÁN DANDO CAMBIOS PROFUNDOS

- ¿Cuál es el balance que puede hacer de los dos primeros años del gobierno del presidente Rafael Correa Delgado?

- Hay una importante consolidación de la aprobación del pueblo del Ecuador con respecto a la acción del gobierno. Todas las encuestas reconocen que desde hace dos años se mantiene un nivel casi inamovible de la aprobación de la acción gubernamental en el 70 por ciento, esto no significa intención del voto, pues ésta no siempre es tan alta. Las informaciones que tenemos de los últimos sondeos nos indican que el presidente Correa tiene una intención de voto del 50% o algo más de eso. En este proceso electoral del próximo mes de abril aspiramos a que con los asambleístas nacionales, alcaldes y prefectos que elijamos con nuestro movimiento y sectores aliados, podamos aterrizar hacia lo local lo que estamos haciendo en el nivel nacional.

- ¿Ha sido muy fuerte el embate de los sectores de la ultraderecha y del aparato mediático durante estos primeros dos años?

- Del aparato mediático sí. Nuestra mayor oposición ha sido la gran prensa, que se ha convertido en el mayor partido político de la oposición, porque realmente los partidos de la derecha están en el piso, no han logrado levantar cabeza; hemos tenido cinco elecciones en estos dos últimos años y sus resultados electorales cada vez son más insignificantes. Es más, en algunos casos ya ni siquiera se presentan con la bandería de sus partidos sino que buscan otros nombres u otros movimientos. Realmente la derecha no ha podido tener protagonismo, los resultados electorales en su contra han sido contundentes.

- ¿Cómo se van a seguir profundizando las reformas sociales y económicas que impulsa su gobierno dentro del ideario del Socialismo del siglo XXI?

- La nueva Constitución tiene algunos principios importantes establecidos que cambian la historia política de nuestro país, como por ejemplo quitarle el control partidista, que generalmente ha sido un control corrupto, a los organismos de justicia, de fiscalización y electoral, y hemos introducido un nuevo poder que es el ciudadano. Se trata del Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Control Social y hemos establecido las normas constitucionales para integrar los organismos de control a través de concursos de méritos y de esta forma evitar que sean integrados por el gobierno central o los partidos políticos. Hemos establecido también la obligatoriedad de la rendición de cuentas y de la posibilidad real de la revocatoria del mandato. Introdujimos igualmente procesos profundos de descentralización y desconcentración de las funciones del Estado, e incluso, una reconfiguración regional del país. Actualmente nuestro sistema político-administrativo es muy centralista, ahora con la nueva Constitución se da la posibilidad de que las 24 provincias en que está dividido territorialmente el Ecuador se agrupen y se constituyan en siete grandes regiones para gobernar con mayores niveles de equidad. Por eso los gobernadores regionales y los alcaldes van a tener más fuerza y la obligación de hacer presupuestos participativos.

- ¿Con estas reformas estructurales, en el Ecuador se podría decir que a lo largo de su historia ha habido dos cambios de época: el primero con Eloy Alfaro y el segundo con Rafael Correa Delgado?

- Me es un poco difícil responderle esa pregunta porque actualmente somos protagonistas y en mi caso particular yo soy ministro desde el inicio de la gestión del presidente Correa, pero si creo que se están dando cambios profundos que hace algunos decenios no se producían en nuestro país. Pero esa reflexión yo quisiera dejársela a otras personas y talvez a los historiadores que vengan después. Ojalá seamos capaces de llegar a ese punto de quiebre. Ojalá seamos capaces de lograr que el Ecuador tenga un cambio tan profundo como históricamente y guardando las diferencias se tuvo con la revolución liberal de Eloy Alfaro.

- Un tema que se ha vuelto recurrente es el de la dolarización en la economía ecuatoriana. ¿Se va a continuar con este experimento?

- Nosotros hemos dicho con mucha claridad desde siempre y desde antes de estar en el gobierno que creemos que la dolarización fue una medida de política económica aventurera, irresponsable y perjudicial. Sin embargo también dijimos en la campaña electoral que el gobierno del presidente Correa no terminaría la dolarización, porque así como fue irresponsable meterse en ella, en las condiciones actuales también sería irresponsable salirse. Hemos dicho que si hay un proceso de unificación de políticas económicas internacionales de los países de América Latina y avanzamos hacia la constitución de una nueva moneda, nosotros por supuestos apoyaremos el desarrollo de un sistema unitario que conduzca a que nuestros países tengan una moneda distinta.

- ¿Cuál ha sido la reacción de los organismos financieros internacionales y de los sectores económicos ecuatorianos después del informe sobre la auditoría interna de la deuda externa de su país?

- Internamente los responsables de los procesos de renegociación y negociación de la deuda han reaccionado con argumentos triviales, infantiles, saliendo a decir que los compromisos hay que cumplirlos. Se había hecho una investigación en el gobierno anterior, ahora hicimos una auditoría de cada tramo, de cada contrato de la deuda, y encontramos cosas terribles e ignominiosas, como por ejemplo, que el representante de un bufete extranjero de abogados era al mismo ministro de Finanzas del Ecuador y tenedor de deuda. Otra irregularidad es que durante 14 años todos los informes sobre los contratos de deuda externa de los distintos procuradores generales del Estado eran idénticamente copiados, poniendo en absoluta indefensión jurídica a nuestro país, por eso es que estamos ante una situación compleja y difícil, porque a pesar de que estos contratos son ilegales, están condicionados sin embargo a la legislación norteamericana y a los tribunales de Nueva York, lo que hace que la acción judicial es muy complicada. A pesar de lo ilegítimo, lo ilegal y lo perjudicial para nuestro país hay representantes de la derecha como la Unión Demócrata Cristiana ecuatoriana que nos reclaman airados por haber tenido la valentía por primera vez en la historia de negarnos a cancelar el servicio de la deuda, desde la época de Eloy Alfaro, quien también tuvo una posición firme frente a la deuda externa y evitó que se entregaran las Islas Galápagos a Estados Unidos por 99 años.

- Ecuador se ha mostrado muy interesado en los procesos de integración de Latinoamérica. ¿En que va el proceso de creación del Banco del Sur en el que su país está comprometido?

- Venimos trabajando en eso. Hace un par de meses nos reunimos con los países miembros del ALBA, aunque el Ecuador es simplemente un observador, para estudiar alternativas que nos permitan establecer mecanismos de funcionamiento de nuestras relaciones comerciales que vayan posibilitando realizar transacciones sin la utilización de la moneda norteamericana, de tal manera que establezcamos un sistema de comercio intrarregional, que se vaya convirtiendo en unidad de cuenta y posteriormente podamos tener una moneda única regional. En cuanto al Banco del Sur estamos muy contrarios por el hecho de que hace un año y tres meses los Presidentes hayan resuelto conformar esta entidad financiera y que no se hayan dado aún los pasos determinantes para lograrlo. Ojalá esta crisis internacional nos obligue a caminar más rápido y a contar con un banco de desarrollo y junto a él tengamos también un Fondo Monetario del Sur, que sería especialmente para crisis de balanza de pagos, para crisis fiscales y de coyuntura, para lo cual tenemos los recursos suficientes y las capacidades como América Latina. De esta manera dejaremos de depender del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y especialmente de sus condicionamientos que nos han hecho tanto daño.

jueves, 1 de enero de 2009

MEDIOS


LOS MEDIOS COMO FINES POLÍTICOS EN EL PROCESO DEMOCRÁTICO DE AMÉRICA LATINA


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ*


I. MARCO DE REFERENCIA


En la era digital y en el proceso de globalización tanto económica como tecnológica los medios de comunicación no solo se limitan a transportar información. Por el contrario, actúan, deciden, orientan y discriminan. En ese sentido juegan un rol determinante en los procesos políticos de las democracias y más aún en un hemisferio como el de América Latina en que con dificultades se avanza en participación ciudadana para que las Constituciones de los países no sean letra muerta sino posibilidades ciertas de Estados Sociales de Derecho.

Dentro de este contexto, la comunicación se encuentra referida a unos espacios sociales específicos: cada territorio nos revela la existencia de diversos campos de conflicto que son estructurados por múltiples actores sociales. No hay campos de conflicto social exentos de lógica de control, manipulación, ocultamiento, visibilización, y en esa medida la comunicación asume formas distintas que cambian conforme las estrategias que los actores viabilizan frente a los conflictos que enfrentan y las posiciones que asumen.

En ese sentido, la democracia en América Latina está en mora de abrir un debate a fondo para repensar las relaciones entre capital, poder, audiencias y medios de comunicación, habida cuenta que éstos últimos se han consolidado como actores políticos que defienden los fines e intereses de los conglomerados a los que pertenecen y representan.

“La ‘plaza pública’ donde se debatían los asuntos públicos fue sustituida por los medios de comunicación electrónica que – si bien propician el debate – lo hacen a través de sus propias agendas, contextos y prioridades. En tanto discusión ‘mediatizada’, la que surge de los medios de comunicación es – por definición – parcial”. (1)

De esta manera, la información, como coinciden en señalar varios autores, se ha convertido en un arma de guerra que propende en muchos casos de Latinoamérica por “horadar proyectos políticos que resisten a los planteos hegemónicos” (Stella Calloni, 2008).

La realidad muestra que los medios masivos de comunicación como las grandes cadenas de radio y televisión son dispositivos de control social que controlan, restringen y clasifican los flujos de información.

Por ello Noam Chomsky ha señalado que “la propaganda es para la democracia lo que es un fusil para un Estado totalitario”.

La poliarquía (2) en el sentido del gobierno de élites que es el caso que ha dominado el devenir político de América Latina “emplea la comunicación como su arma principal para reprimir y controlar los pueblos…En este modelo el pueblo está excluido del poder y su acceso al conocimiento y a la información está rígidamente limitado por una minoría elitesca que mantiene acaparado el poder económico mediático y político”. (3)


II. CONGLOMERADOS DE LA COMUNICACIÓN VS. GOBIERNOS PROGRESISTAS

El influjo y la capacidad de manipulación de los grandes medios de comunicación en los procesos políticos de América Latina se ha evidenciado en la forma militante en como han intervenido en las coyunturas electorales de países como Venezuela, Ecuador, Bolivia y recientemente en Paraguay con la escogencia de Fernando Lugo, como Presidente de la República, a quien en plena campaña electoral buscaron vincularlo con el grupo guerrillero colombiano de las Farc.

En Venezuela y Ecuador se hace un periodismo político militante, lo cual resta credibilidad en muchos casos. Si bien la noticia es sagrada y la opinión es libre, se ha caído en la práctica de que se editorializa la información, acudiendo al insulto, la tergiversación y la estigmatización.

Ello ha contribuido a generar un clima de mayor pugnacidad política y ha deslegitimar la institucionalidad y la democracia.

Respecto del caso venezolano, los medios de comunicación auparon el golpe de estado contra el presidente Hugo Chávez en abril de 2002; en Bolivia se ha tratado de deslegitimar al presidente Evo Morales; y en Ecuador periodistas de reconocidas y tradicionales cadenas de televisión han insultado y desprestigiado al presidente Rafael Correa.

Dentro de esta realidad, “la consabida libertad de los medios de comunicación es un mito”. (4) Y es un mito porque la “concentración empresarial en el sector de la comunicación y la progresiva transformación de la información en mercancía implica una negación” de los derechos ciudadanos, a “la libertad de expresión, a la diversidad y pluralidad mediática”. (5)

Por eso la decisión del presidente venezolano Hugo Chávez de no renovar la concesión de la frecuencia RCTV que venció en 2007 fue presentada por los conglomerados mediáticos como una medida dictatorial que suprimía el “derecho a la libre expresión” y amenazaba la libertad de prensa.

Igualmente ha ocurrido en Ecuador con el gobierno del presidente Rafael Correa que ha incautado bienes, entre ellos canales de televisión, de banqueros corruptos que timaron a la población ecuatoriana.

La disputa de Chávez y Correa con los conglomerados mediáticos “en realidad, nada tienen que ver con las demandas de ‘libertad de expresión’, o de ‘libertad de prensa’, con las cuales el poder quiere mantener su control y hegemonía sobre la semiótica de los discursos, sino con la vigencia del modelo neoliberal, entendiendo a éste en su sentido más amplio y epistemológico, es decir, como un modelo hecho, de una parte, para alterar de manera profunda y radical las relaciones de poder en beneficio del capital financiero; y, de otra, para clausurar de manera definitiva los horizontes emancipatorios y posicionar al liberalismo como única perspectiva de las posibilidades humanas”. (6)

El caso de manipulación mediática en Bolivia se asemeja a los de Venezuela y Ecuador. Si a Chávez varios medios lo tildan de dictador”, al de Evo Morales lo califican de “gobierno terrorista”.

Para desarrollar su campaña de desinformación, la denominada “gran prensa” que hoy es multimedia utiliza uno de tantos métodos malintencionados consistente en seleccionar imágenes, palabras y videos, sacarlos de su contexto y ponerlos en otro totalmente diferente, de tal manera que se distorsiona total o parcialmente la información.
Caso concreto la manera como “informa” el diario El País de España sobre el acontecer político de Bolivia. Este diario madrileño promueve en forma sistemática una “versión de los hechos” que busca hacer ver que el consorcio Repsol viene siendo atropellado por el gobierno boliviano en sus actividades empresariales en ese país.


La razón es que del consejo directivo del citado periódico hacen parte varios inversionistas del mencionado consorcio de capital español, multinacional de petróleo y gas, que hace parte de las diez mayores petroleras privadas a nivel mundial. A raíz de la nacionalización del petróleo y el gas en Bolivia, los intereses de esta empresa fueron afectados al tener que ceder la mayoría de sus acciones al gobierno. Por lo que se ha vuelto costumbre que sus accionistas manifiesten su descontento a través de uno de sus canales de manipulación de la opinión pública, el periódico El País, del Grupo Prisa.

Los denominados mass media han fabricado una “matriz” informática para calificar de “populistas” y “caudillistas” a los gobiernos de izquierda que vienen irrumpiendo en América Latina y de esta manera descalificarlos y deslegitimarlos de plano, pues buena parte de ellos están contra el pernicioso modelo neoliberal que defienden a capa y espada los grandes empresarios de los medios de comunicación.

III. CUANDO LOS MEDIOS COHONESTAN CON EL GOBIERNO (CASO COLOMBIANO)

Contrario sensu a los casos reseñados anteriormente, en Colombia la situación es la de alianza de los grandes conglomerados de la comunicación con el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez para respaldar en forma contundente un proyecto neoliberal y ultraconservador, alineado a Washington, dado que el mismo permite defender sus intereses económicos y corporativos.

En efecto, gracias a la complicidad de los grandes medios de comunicación de propiedad de los oligopolios y de los sectores de la más recalcitrante ultraderecha como son los canales privados de radio y televisión RCN y Caracol, los diarios El Tiempo de Bogotá (del grupo neofranquista Planeta de España y de la familia Santos que está incrustada en el gobierno), El Colombiano de Medellín y El País de Cali, entre otros, el presidente Uribe ha logrado consolidar todo un aparato sistemático que, a través de operaciones psicológicas mediáticas que cuentan con asesoría norteamericana, no solo ha conseguido demonizar a sus adversarios sino que políticamente le ha permitido el aprovechamiento social, político y militar en su afán de estigmatizar y condenar a las Farc, cerrando toda posibilidad de una aproximación, así sea para lograr un acuerdo humanitario que permita la liberación de decenas de secuestrados.

En esta guerra psicológica el colombiano del común es víctima de los titulares sueltos, los cuales constituyen simples consignas propagandísticas. Se deja a un lado el análisis, no hay contexto y en contrate, se disparan titulares e imágenes con demoledora precisión que deforman los hechos de acuerdo con los intereses rentísticos de los dueños de los medios de comunicación.

Es evidente que esta estrategia de imposición en Colombia del “Pensamiento Único”, como diría Ignacio Ramonet, responde a los intereses hegemónicos norteamericanos en estrecha conexión con los de la más recalcitrante ultraderecha que en este país andino representan el gobierno del presidente Uribe Vélez, los terratenientes, los especuladores financieros, los grandes empresarios, lo más retardatario del bipartidismo tradicional, corrupto y deslegitimado, y los sectores emergentes vinculados al paramilitarismo, el narcotráfico y el contrabando.

Para el eje Washington-Bogotá, o mejor Bush-Uribe, la Estrategia Psicológica Mediática constituye el arma dominante de la guerra de cuarta generación, en su variante "contraterrorista", para lo cual los medios de comunicación se han convertido en los nuevos ejércitos de conquista con el propósito fundamental de direccionar conductas y opiniones en la búsqueda de objetivos de control social, político o militar. Así como la religión católica sirvió de elemento ideológico en la conquista española de América Latina para disculpar y dar vía libre a todas las atrocidades y saqueos que cometieron los ibéricos en estos territorios, hoy los medios cumplen el mismo rol en beneficio del gran hegemón y sus áulicos y cipayos en los países tercermundistas.

En este contexto, los ejércitos militares, son sustituidos por especialistas en insurgencia y contrainsurgencia, y por expertos en comunicación y psicología de masas. Los blancos ya no son físicos sino psicológicos y sociales. El objetivo ya no apunta a la destrucción de elementos materiales (bases militares, soldados, infraestructuras civiles, etc.), sino al control del cerebro humano. Las grandes unidades militares (barcos, aviones, tanques, submarinos, etc.) son sustituidas por un gran aparato mediático compuesto por las sofisticadas redacciones y estudios de radio y televisión. El objetivo estratégico ya no es el apoderamiento y control de áreas físicas, sino el dominio y control de la conducta social masiva.

Cuando en Colombia el gobierno y los medios de comunicación se refieren a las Farc buscan que los ciudadanos asocien en su mente consignas de miedo vinculadas con "terrorismo", sin analizar los qué, los por qué y los para qué. Al mismo tiempo estigmatizan y descalifican a mandatarios latinoamericanos como Hugo Chávez, Rafael Correa y Evo Morales, señalándolos como “adversarios” del gobierno colombiano. De esta manera, Washington y su ejecutor, el gobierno de Uribe Vélez, han logrado que los colombianos estén inmersos en la Guerra de Cuarta Generación.
Simultáneamente, la Casa Blanca, el Pentágono, el Comando Sur, el Departamento de Estado, el Congreso norteamericano y agencias de cooperación estadounidenses, son presentados en los mass media colombianos como instancias políticas que contribuyen eficazmente al desarrollo sociopolítico y económico de este país suramericano. No hay semana que un funcionario o militar norteamericano deje de visitar Bogotá y su presencia constituye titular de primera plana en periódicos, telediarios y radionoticieros, puesto que para los "gurús" del periodismo colombiano, "Washington locuta, causa finita".

Tanto la administración Uribe como la “gran prensa” buscan generar en el imaginario colectivo el convencimiento de que el gobierno estadounidense es pieza clave y determinante para buena parte de la solución de los problemas de Colombia. De esta manera, disimulan su verdadera política consistente en beneficiar a los inversionistas estadounidenses vía TLC para abrir las puertas de este país a los capitales golondrina, a la especulación financiera, el lavado de activos y a las exportaciones norteamericanas que terminarán por hundir el campo, a los agricultores y a los pequeños industriales colombianos.

IV. EFECTOS PERVERSOS PARA LA DEMOCRACIA

La gran carga ideológica de los monopólicos conglomerados de la comunicación y la falta de un ejercicio dialéctico para entender, analizar e interpretar los fenómenos sociales, políticos, económicos y culturales afectan la transparencia y el derecho a la información en los procesos democráticos de América Latina.

Sobre todo los “rasgos básicos de la democracia”, es decir: “pluralismo, competencia, elecciones, principio de mayoría y constitucionalismo”. (7)

Al tratar de imponer un “pensamiento único” con el propósito de defender intereses privados es evidente que se atenta contra el principio de pluralidad, generando pugnacidad al interior de las sociedades.

La competencia y los procesos electorales se cargan de animosidad y los gobernantes se ven obligados a tornar sus discursos en pronunciamientos agresivos y a enfrentarse y a polemizar con los medios de comunicación.

Esta situación de confrontación entre el poder político y el poder mediático no solamente polariza a la sociedad sino que resta posibilidades de participación ciudadana en la discusión de las agendas nacionales, pues la voz del ciudadano queda ahogada frente a la de los principales contendientes.

Ante este fenómeno de enfrentamiento y manipulación, pues tanto los medios como los gobernantes buscan atraer audiencias, se hace prioritario que en América Latina se comience a dar el debate sobre la necesidad de abrir posibilidades de construcción de nuevos referentes éticos y políticos en los procesos comunicacionales, así como en posibilitar mayores canales de participación.

En concepto del sociólogo brasileño, Emir Sader, actual secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la democracia puede mejorar sus niveles de participación ciudadana si logra abrir espacios de pluralidad que permitan disputarle audiencia a la "gran prensa" que en este continente tiene condición de monopolio, “frecuentemente familiar y con estrechos vínculos tanto con el partido político hegemónico como con el establecimiento”.Para ello plantea como alternativa abrir paso a “una prensa pública que permita revertir la hegemonía neoliberal”. En esta lucha por el “posneoliberalismo” que se viene dando en diversos países del hemisferio, señala Sader, "un rol central es la construcción de una prensa pública que no debe ser solo de debate sino también de consolidación de nuevos valores, porque no hay otra forma de vida hoy día que dispute la hegemonía capitalista de la vida norteamericana. Ella penetra en el mundo prácticamente sin defensa, sin resistencia fuerte, no hay otra forma de sociabilidad que se le oponga con fuerza a nivel global y bastante también a nivel local. La esencia entonces de generar una prensa pública es la de abrir espacios de construcción, de identidades diversificadas, de identidades autónomas, y consensos alternativos”. (8)

Coincide en ese sentido con Sader, el filósofo español Carlos Fernández Liria, para quien “la libertad de expresión y la prensa privada son incompatibles”, por lo cual se hace indispensable que el Estado cuente con medios de comunicación pero a partir de un proceso de enseñanza pública.

En concepto de Fernández Liria, “la enseñanza estatal es, en realidad, el único reducto institucional de libertad que todavía queda para el uso público de la palabra, el único recinto de autonomía que todavía resiste a las presiones del mercado. Y eso ocurre, simplemente, porque sus profesores no pueden ser cesados de su cargo por lo que enseñan en sus clases”. (9)

No obstante el gran monopolio de las comunicaciones, el fin del siglo XX marca un hito en el proceso de las tecnologías de la información con el uso masivo del Internet, que al decir del escritor uruguayo Eduardo Galeano, “ha abierto espacios de comunicación alternativa muy importantes y es una paradoja al revés, por fin una paradoja linda, una paradoja buena, porque Internet es un sistema mundial de comunicación organizado por el Pentágono al servicio de fines militares, o sea, nace al servicio de la cultura de la muerte, de la programación universal de la muerte y, sin embargo, se ha convertido en un centro de resonancia, de voces alternativas que antes resonaban en campanas de palo y hoy en día a través de este sistema encuentran un espacio muchísimo más amplio y esto permite también articular movimientos inspirados en la lindísima idea de que el planeta tierra puede ser salvado todavía, de que la condición humana no es tan jodida como creemos, de que la solidaridad es todavía posible, todos estos movimientos por miles que hay: ecologistas, feministas, de derechos humanos, de defensa de la diversidad sexual, de la recuperación cultural, de las radios comunitarias, de montones de cosas que existen, han encontrado espacios de comunicación como para tejer una red”.

Lo importante, agrega Galeano, es que “es un medio no un fin, aunque se enredan muchos los medios y los fines, sobre todo en el mundo de hoy en el que los medios han ocupado el lugar de los fines”. (10)

Aunque es notable este avance, hay que señalar que entre más novedosa sea la tecnología se piensa por lo general que igualmente mayores son las posibilidades de un ejercicio democrático a través de ella, cuando en realidad la cualificación de la participación social y política depende de la transformación de las relaciones de poder en las que estamos insertos.

Siendo la comunicación una dimensión fundamental en la construcción de lo público, en la medida en que haya iniciativas de origen local, cuyas dinámicas por el proceso de globalización son ocultadas, adquieren una gran relevancia dado que son capaces de permear a partir de los territorios y regiones a la sociedad en su conjunto.

Estos experimentos si bien incipientes ya se están dando en varios países latinoamericanos mediante lo que se ha denominado la comunicación comunitaria.

Para cualificar los procesos de construcción de la comunicación pública se hace necesario hacer un mapa de la pluralidad de escenarios, formas y lenguajes con los cuales las comunidades visibilizan sus prácticas y discursos sobre determinados conflictos y debates.

De esta manera se posibilita una comunicación más pluralista y democrática, evitando los efectos perversos que el actual esquema de los mass media está causando en el proceso sociopolítico de América Latina.


V. CONCLUSIONES

Luego de este somero ejercicio de aproximación al fenómeno de la comunicación en los países de América Latina, se puede colegir en primer término que los medios masivos de prensa se han consolidado como instrumentos de formación de opinión cuyo propósito fundamental es defender sus intereses económicos y por eso apoyan sin ambages el esquema político que más les es favorable.

Como lo bien señala Galeano, “los medios han ocupado el lugar de los fines”. Se podría agregar que hoy los grandes medios de comunicación son al mismo tiempo fines, y son fines particulares, fines privados, a los que poco importa el bien común y los derechos de los ciudadanos. Compiten por el mercado y en consecuencia por una buena participación de la pauta publicitaria nacional o global.

De esta manera, la prensa deja de ser un servicio social responsable y en vez de contribuir a construir ciudadanía y democracia participativa y pluralista, su fin es el de conquistar amplias audiencias de consumidores para dinamizar sus mercados.

En ese sentido, la comunicación es utilizada como estrategia de guerra y de propaganda. De guerra entre modelos económicos y sociales. De ahí que el ascenso de líderes progresistas al poder político en varios países de América Latina haya traído como consecuencia la confrontación entre medios y gobiernos, generando fuertes contradicciones que terminan horadando los procesos democráticos e institucionales en no pocas naciones del continente.

Este proceso de manipulación mediática y confrontación que vive América Latina ha generado sin embargo que amplios sectores sociales y populares busquen múltiples caminos de resistencia como los medios alternativos, la utilización de Internet y las nuevas tecnologías de información, porque existe la necesidad de democratizar el acceso a la comunicación y ello se logrará si se comienza por recuperar el derecho a la palabra, al disentimiento, al pluralismo, a las formas auténticas de expresión y a las culturas adormecidas.

El pluralismo informativo y el acceso de diversos puntos de vista a los canales masivos de comunicación contribuirán en forma definitiva a construir una “democracia de ciudadanas y ciudadanos”, dado que “la falta de información y de debate constituye una carencia grave, porque la democracia –que se basa en la reflexión y el debate de los ciudadanos y sus líderes- es la única forma de organización política que tiene capacidad para rectificarse a sí misma. Ésa es la principal ventaja para hacer de la democracia un sistema justo y eficaz”. (11)


NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

1.- Beltrán Yuri Gabriel, comentario-aporte a trabajo avance de Fernando Arellano Ortiz en el curso Democracia en América Latina, Escuela PNUD, diciembre 7 de 2008.

2.- Dahl Robert, La Poliarquía, Tecnos Madrid, 1989.

3.- Golinger, Eva, El terrorismo mediático, las operaciones psicológicas, la SIP y la necesidad de un movimiento internacional de comunicación revolucionaria, febrero 2 de 2008, http://www.rebelion.org/noticia.php?id=65444

4.- Del Valle, Amaury, entrevista a Pascual Serrano, La información es una guerra, mayo 3 de 2005, http://laventana.casa.cult.cu/modules.php?name=News&file=article&sid=2526.
5.- Otra comunicación es posible, julio 24 de 2004, http://choike.org/nuevo/informes/2051html.

6.- Dávalos, Pablo, Ecuador y Venezuela. Semiótica y Poder, abril de 2007, http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/UltimaEd/15.htm

7.- Gómez Buendía, Hernando; Arciniegas Elizabeth; Hernández Andrés; Definición inicial de democracia, Escuela Virtual PNUD, 2008.

8.- Arellano Ortiz, Fernando, entrevista con Emir Sader, mayo de 2008, http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones24/nota2.htm.

9.- Fernández Liria, Carlos, Periodismo: vergüenza y crimen, mayo 28 de 2002, http://www.analitica.com/bitblio/liria/periodismo.asp

10.- Arellano Ortiz, Fernando, entrevista con Eduardo Galeano en Las fronteras no existen. Por la integración latinoamericana, Editorial Abya-Yala, Quito, Ecuador, 2005.

11.- PNUD, La Democracia en América Latina: Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, Alfaguara, 2004.


Bogotá, Diciembre 10 de 2008.

fsarelleano_co@yahoo.es

*Trabajo final presentado por el periodista colombiano Fernando Arellano Ortiz para aprobar el Curso Democracia en América Latina realizado por la Escuela Virtual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), entre agosto 25 y diciembre 18 de 2008, bajo la conducción de los docentes José Natanson y Ana Cabria Mellace.


martes, 18 de noviembre de 2008

COLOMBIA


MAGNITUD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA

DESASTRE HUMANITARIO


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

En Colombia se ha configurado un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur, durante las dictaduras militares de ingrata recordación en el periodo de la Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. Nadie en el gobierno responde por la responsabilidad política de esta tragedia de inmensas proporciones.


La magnitud de las desapariciones de los jóvenes del municipio colombiano Soacha por parte de las Fuerzas Armadas, denunciadas en su momento por la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, que desencadenó días después la histórica purga castrense al ser llamados a calificar servicios 27 militares y provocó la renuncia del comandante del Ejército, apenas es la punta del Iceberg, pues las consecuencias de todo orden se darán a corto, mediano y largo plazos.

El primer coletazo fue el informe preliminar que emitió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien estuvo en Colombia durante ocho días enterándose de la tragedia humanitaria que vive este país, al señalar que existen indicios graves y contundentes que demuestran “la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en esta nación latinoamericana por parte de las fuerzas de seguridad”. Este reporte es de suma gravedad por cuanto se sindica a las Fuerzas Militares colombianas no de “hechos aislados” sino de una estratégica “sistemática” en la comisión de delitos de lesa humanidad. De esta manera, queda en entredicho la legitimidad de la denominada política de “Seguridad Democrática”, del presidente Uribe.


Así mismo, Colombia se encuentra ahora en la mira de la comunidad internacional, más aún cuando el nuevo gobierno de Obama en Estados Unidos pondrá énfasis en la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales. Las repercusiones internacionales apenas se empiezan a sentir. Al pronunciamiento de la señora Pillay, se suma el anuncio de Washington a través de su embajador en Bogotá, William Brownfield, en el sentido de retirar la asistencia táctica y económica a tres unidades militares.


Pero seguirán habiendo más efectos: en el curso de los próximos meses la Fiscalía comenzará a emitir órdenes de captura contra oficiales y suboficiales en retiro o en servicio activo, involucrados directa o indirectamente en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, la Procuraduría procederá en materia disciplinaria. Y las denuncias de las organizaciones de víctimas y de derechos humanas se harán escuchar tanto en Europa como en Estados Unidos.


Y es que las cifras de investigaciones penales y disciplinarias son verdaderamente aterradoras. A octubre de 2008, la friolera de 2878 miembros de la fuerza pública están siendo procesados disciplinariamente por homicidio y otros 763 están vinculados penalmente por “falsos positivos”, eufemismo utilizado para no aludir directamente a los términos asesinato o desaparición.

Todos los informes de las ONG de derechos humanos tan estigmatizadas por el gobierno de Uribe, coinciden en señalar que las ejecuciones extrajudiciales no han sido de civiles dados de baja en combate sino que, por el contrario, son crímenes deliberados, fuera de combate y con una estrategia sistemática: jóvenes reclutados en su mayoría por ex paramilitares que habrían recibido recompensa del Ejército por colaboración para exhibirlos como bajas en combate, por los cuales, tanto oficiales como suboficiales han obtenido beneficios.


A lo anterior hay que agregar que según el paramilitar alias H.H., las fosas comunes fueron ideadas por miembros del Ejército para no dejar tanto muerto desperdigado.

De esta manera se ha configurado en Colombia un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur durante las dictaduras militares de ingrata recordación en plena Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. No obstante, nadie en el gobierno de Uribe responde por la responsabilidad política de esta tragedia humanitaria de inmensas proporciones.


GENOCIDIO COLOMBIANO


Las cifras que muestran los informes tanto de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, (CCEEU) como de la Misión Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones colombianas, permiten colegir que estamos en presencia de un genocidio de tamañas proporciones. Dichos análisis cuantitativos dan cuenta de que “desde julio de 2002 hasta diciembre de 2007, se habían registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”. Así mismo, estos informes señalan que en “los últimos 18 meses trascurridos entre enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 han sido más graves en materia de ejecuciones extrajudiciales, según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU. En este período hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual Gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002”.


Los departamentos en donde se registra el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el último semestre son: Norte de Santander (67 víctimas, 12.4% de los casos) y Antioquia (65 víctimas, 12% de los casos) lo que representa la cuarta parte de los casos denunciados y es también muy elevada en los departamentos del Meta (46 casos, 8.5%), Huila (42 casos, 7.8%), Putumayo (38 casos, 7%), Cauca (35 casos, 6.5%). La mayoría de las víctimas son varones jóvenes, durante este período el 58.1% de las víctimas fueron menores de 30 años y dentro de este grupo el 8.1% eran niños.


Por lo regular, registra el estudio, las víctimas fueron hombres y mujeres pertenecientes a sectores populares, la mayor parte de ellos campesinos (56.7/% de las víctimas), seguido de líderes sociales, que durante estos últimos 18 meses, aumentaron de manera preocupante pasando de 3.8% a 14% de todos los casos y también se incrementaron la desaparición de indígenas que pasaron del 3.5% al 5.3%.


CARTEL DE LAS RECOMPENSAS

Un componente central de la “Seguridad Democrática” es el pago de recompensas a los informantes, así como el poner precio a todo resultado positivo en la guerra que el gobierno libra contra la guerrilla. Esta práctica se elevó a política de Estado a través de la directiva 029 de noviembre 17 de 2005, expedida por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, en la cual se estableció una tabla de estímulos económicos por todo logro en los operativos militares.


La directriz contempla el pago desde $3´815.000 hasta cinco mil millones de pesos por los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, de acuerdo con su importancia y de los hechos que hayan planeado y ejecutado. A todo se le puso precio desde un computador recuperado en acción militar y que este en buen estado hasta un avión pasando por armas, hombres dados de baja, etc.Gracias a esta controvertida directiva ministerial, se creó al interior de las Fuerzas Militares un cartel de las recompensas y es en buena medida, según coinciden varios analistas, la causante de muchos de los crímenes reportados en los últimos dos años. La plata sale de una partida secreta que maneja el Ministerio de Defensa y cuenta con aportes del gobierno norteamericano.


domingo, 5 de octubre de 2008

COLOMBIA



EXCELENTE NEGOCIO PARA LOS ESPECULADORES EXTRANJEROS

EN COLOMBIA SE BUSCA SEGUIR PRIVATIZANDO PARA FINANCIAR LA GUERRA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

- Todo gasto de guerra es insostenible y Colombia está destinando casi el 7% de su producto interno bruto en el conflicto, con unos impactos muy grandes en inversión social e infraestructura.

El proceso de privatización de los principales activos públicos en los países de América Latina impuesto por el FMI, el Banco Mundial y Washington, ha constituido un excelente negocio para los grandes especuladores financieros internacionales, pero una gran pérdida para los pueblos de este hemisferio, dado que no obtuvieron ningún beneficio.

La conclusión es del ex viceministro de Minas y Energía y actual director del Departamento de Economía de la Universidad Central, Diego Otero Prada, quien ha realizado en el último año una pormenorizada investigación sobre los efectos de las privatizaciones en Latinoamérica, Colombia y Bogotá, en lo relacionado con la Empresa de Energía de la capital de la República.

Este ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes con doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania en diálogo con Tela para Cortar sostuvo que en el caso colombiano, el gobierno de Álvaro Uribe quiere terminar de privatizar lo poco que queda del patrimonio público “porque necesita más plata para financiar la guerra y poder cubrir el déficit presupuestal”.

Sin embargo, añadió, “todo gasto de guerra es insostenible y Colombia está destinando casi el 7% de su producto interno bruto en el conflicto, tenemos más soldados que Brasil, con unos impactos muy grandes en retraso de políticas públicas, inversión social e infraestructura”.

Ello hace que la situación para el gobierno colombiano no sea para nada alentadora respecto de la sostenibilidad de su proyecto bandera, la “seguridad democrática”, pues según Otero Prada, “no queda mucho por vender y los activos más rentables que quedan como ISA e ISAGEN, porque es muy difícil que terminen privatizando por completo a Ecopetrol, pueden tener un valor aproximado a 6 mil millones de dólares, unos 11 billones de pesos y anualmente estamos gastando en el conflicto alrededor de 28 billones de pesos. Esos recursos podrían contribuir a financiar el presupuesto de guerra por unos dos años, ¿y después qué?”, se pregunta.

En cuanto a los recursos que el país recibe del gobierno norteamericano por concepto del Plan Colombia, este investigador afirma que los mismos (unos 600 millones de dólares anuales) muy poco aportan a los altos costos que demanda el conflicto interno.

“El Plan Colombia – dice-, se puede acabar y no pasa nada. Lo que ocurre es que este Plan militar Estados Unidos lo mantiene para seguir teniendo injerencia en el país”.


EX ALCALDE MOCKUS FERIÓ LA EEB

La privatización de las empresas públicas en Colombia al igual que en el resto de Latinoamérica no es más que un descalabro para los intereses nacionales, sostiene Otero Prada. Caso patético es la venta de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) en el año de 1997 por parte de la administración neoliberal del entonces alcalde Antanas Mockus al grupo español-chileno Enedesa-Enersis. Esta operación financiera, explica, fue “un truco súper ingenioso porque con un mínimo capital se apropiaron de una empresa que se vendió por debajo de su precio real. Para ello se financiaron de créditos externos y capital colombiano porque utilizaron la hidroeléctrica de Betania para lograr un empréstito de 500 millones de dólares. A los seis meses de adquirida la Empresa de Energía la descapitalizaron en más de 500 millones de dólares, lo cual constituye una recuperación de lo que invirtieron”.

Si bien la EEB tenía un problema de deuda por concepto de generación de energía, la solución era vender este ítem y quedarse con la distribución, lo cual no se hizo. Prueba fehaciente de que la privatización de esta empresa pública de los bogotanos no era necesaria es que en 1998 se produjo la primera descapitalización. Además, el consorcio chileno-español beneficiado de este gran negocio “no ha invertido un solo centavo desde ese año, por lo que la capacidad instalada ha disminuido en 454 MW en siete años”, ello demuestra, afirma Otero, “que su interés es meramente rentista y se hace necesario pasarle cuenta de cobro por la alta responsabilidad política que le cabe al ex alcalde Mockus”.


FRENO A MODELO NEOLIBERAL

Pese a tantos perjuicios generados por las políticas de este modelo expoliador del Consenso de Washington, “la negra noche neoliberal” como diría el presidente ecuatoriano Rafael Correa, está pasando en América Latina.

Otero Prada sostiene que afortunadamente en este hemisferio el modelo está cambiando “gracias a la llegada de gobiernos progresistas y a la fuerte presión de los sectores sociales y populares”.

En algunos casos como Venezuela, Bolivia y Argentina no solamente el proceso de privatizaciones se paró sino que se está revirtiendo, en buena hora. Porque no ha sido justo con estos pueblos, dice Otero, que tras un largo esfuerzo de 40 o 50 años por consolidar empresas públicas, una elite tecnocrática latinoamericana aliada con los intereses del gran capital transnacional haya terminado feriando por debajo de su precio real estos activos nacionales, desplazando el trabajo de obreros y profesionales, flexibilizando sus condiciones laborales, desintegrando sectores productivos y afectando negativamente la inversión, la balanza de pagos y las tarifas de los servicios públicos. No obstante aún quedan rezagos del nefasto modelo neoliberal como Colombia, Perú, México, Chile y algunos países centroamericanos.