lunes, 21 de agosto de 2017

MANIPULACIÓN MEDIÁTICA

ENTREVISTA CON EL COMUNICÓLOGO ARGENTINO GUILLERMO MASTRINI

“EN EL ÁMBITO GLOBAL DE LA COMUNICACIÓN LA CAPACIDAD DE CONTROL DEMOCRÁTICO ES MUCHO MENOR”



POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

“El desafío que tienen hoy los movimientos sociales, los grupos alternativos, es cómo comunicar; porque la comunicación en la actualidad se está dando a través de otras maneras”, sostiene el comunicólogo e investigador argentino, Guillermo Mastrini.

En esta entrevista realizada en Bogotá, este catedrático universitario, especializado en políticas públicas de medios masivos y derecho a la información hace un detallado análisis de los alcances de la comunicación en el siglo XXI a partir de lo que ha sido la prensa durante la centuria pasada.

Autor de varios libros entre los que sobresalen Los dueños de la palabra y Los monopolios de la verdad, en coautoría con su colega Martín Becerra, Mastrini es uno de los principales referentes en Argentina y América Latina en el tema. En su país es profesor de las Universidades de Quilmes, Buenos Aires y General San Martín. Durante el segundo semestre de este año se encuentra en la capital colombiano invitado por las Universidades Javeriana y Uniminuto.

HAY QUE REPENSAR LA COMUNICACIÓN

-       La información es un derecho público que en buena medida lo están proveyendo los oligopolios privados. ¿El hecho de que una empresa privada que busca el lucro y además tener influencia política, puede garantizar efectivamente dicho derecho?


-       Yo creo que hay que entender que la gran transformación del mundo de la información se da a partir de los inicios del siglo XX cuando se mercantiliza la cultura. Hay que recordar que una vez consolidado el capitalismo que tiene sus orígenes en el siglo XVI, la cultura queda por fuera de la producción capitalista. Es decir, la reproducción del capital no incluía la cultura. La cultura necesitaba de un capital excedente que se extraía de las áreas productivas y era básicamente lo que se llamaba un capital improductivo, o sea, no generaba más capital, lo cual no habla de las particularidades de la producción cultural, que son más difíciles de transformase en mercancía que otros bienes. Pero en el siglo XX se consolida un proceso industrial de producción y una de las primeras grandes transformaciones es precisamente la prensa que pasa de un ámbito de reproducción ideológica y social a incorporar las lógicas del capital. En consecuencia, pasa de cumplir una función meramente ideológica a desempeñar también  una función económica. Desde mi punto de vista ese cambio se da a partir, centralmente, de la inclusión de la publicidad como gran fuente de financiamiento de la prensa. Antes la prensa se financiaba exclusivamente por la venta de ejemplares y aunque podía tener algún recurso publicitario era mínimo.  Cuando la prensa se empieza a financiar a través de la publicidad a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, dependiendo de los países, es una prensa ideológica, partidaria, partisana. La prensa moderna del siglo XX, sus periódicos, se van transformado en empresas que también mantienen su ideología. Lo que cambia es que lo que organiza la producción desde entonces es la búsqueda de la ganancia capitalista. Actualmente estas empresas tienen por lógica obtener el mayor beneficio capitalista posible y para ello saben que tienen que presionar a los gobiernos con el fin de obtener las mejores condiciones. Ahora bien, en relación a tu pregunta en concreto me parece que no se puede responder si no se tiene este contexto. Desde la transformación que implicó la prensa y una segunda gran transformación que es la que estamos viviendo desde fines del siglo XX, que es la digitalización, se profundiza la lógica de la mercantilización pero al mismo tiempo, el abaratamiento de los costos de producción. El abaratamiento muy significativo de la capacidad productiva hace que aparezcan un montón de proyectos vinculados a las lógicas no comerciales.

-       ¿Cómo por ejemplo?


-       Los blogs, las páginas web, es decir, hoy tenemos una enorme capacidad comunicativa. Piensa que en el siglo XIX tienes por ejemplo una prensa anarquista con una capacidad de llagada, de venta y de distribución enorme.  Una prensa no económica, no organizada económicamente, puramente ideológica. En el caso de la Argentina a principios del siglo XX la prensa anarquista vendía 20 mil ejemplares diarios. Estamos hablando de que tenías prensa ideológica que llegaba a niveles insospechados durante el transcurso del siglo XX. La mercantilización implicó la desaparición o la marginación, no desaparecieron pero quedaron marginales de esos espacios de prensa.  La digitalización los vuelve a poner, vuelve a dar la posibilidad de que estos espacios tengan, porque sus costes son alcanzables, una prensa offset, en la década del 50 era imposible para cualquier grupo social.  Hoy los grupos sociales han vuelto a tener capacidad comunicativa.


-       ¿Tú crees que internet ha contribuido en algo a democratizar la propiedad de los medios?


-       Creo que las tecnologías no por sí mismas. Las tecnologías no son neutras, depende mucho de su uso social, de su impacto y de su capacidad. En el caso particular de internet el hecho de que los códigos sean abiertos, ha permitido que esta tecnología no sea onerosa y ha posibilitado mover una mayor producción alternativa de comunicación  que no se condice siempre con un consumo. En muchos casos hay mucha más diversidad en la producción que en el consumo. El consumo sigue estando vinculado mayoritariamente a los formadores masivos de opinión. Me parece que es importante registrar que ha habido una emergencia de capacidad comunicacional superior a la que había en las décadas de la segunda mitad del siglo XX. Entonces, ahora la pregunta es ¿qué tan democrática es la comunicación en la actualidad? Yo creo que poco, pero eso nos lleva a muchas preguntas. Efectivamente hay una estructura empresarial concentrada que tiene capacidad de llegar a la inmensa mayoría de la población y estructuras alternativas emergentes que si bien tienen su peso no logran equilibrar ni contrabalancear los procesos vinculados a los grandes grupos de comunicación. Creo de todas formas sí, que hay algunas posibilidades de hacer emerger temas que antes no poseían canales como  la comunicación de los movimientos sociales que tenían mucha dificultad para trascender y ahora tienen capacidad autónoma de producir sus propios discursos. Fíjate que internet cambia en un punto las formas de intermediación. Antes para un movimiento social la única forma de trascender era a través de los medios de comunicación. Hoy puede tener sus propios medios de comunicación. No indispensablemente dependen de un tercero para trascender socialmente. Ahí hay elementos interesantes, emergentes, no contradicen que la lógica predominante sea. En cuanto al problema de la democratización de la comunicación,  creo que las estructuras siguen siendo muy importantes, y me parece también que hay que pensar otros problemas que no son los más conocidos, como por ejemplo, ¿qué es estar informado hoy? ¿Cuál es la información que está requiriendo la sociedad? Ya no es la misma información que requeríamos hace 20 o 40 años. El desafío que tienen hoy los movimientos sociales, los grupos alternativos, es cómo comunicar; porque la comunicación en la actualidad se está dando a través de otras maneras. Yo trabajo mucho con estudiantes jóvenes de 20 años que no leen el periódico, no miran la televisión, no escuchan la radio, entonces lo que quiero decir es que esa estructura que es muy grande, muy poderosa, también está siendo desafiada por nuevas formas de comunicación, lo cual no quiere decir que sean más democráticas, solo que son otras. A qué me refiero. Hoy la mayor parte del consumo informativo de los jóvenes se da a través de redes sociales. Muchas veces esas redes terminan llegando a medios de comunicación pero por lo que les recomiendan sus amigos, no por una lectura selectiva. Por eso me parece que tenemos que repensar también el consumo de la comunicación, no poner todo el peso solo en las estructuras, que insisto, no es para relativizar su influencia sino para entender que los procesos de comunicación hoy están en un proceso de cambio muy fuerte en el cual va a tener más éxito quien logre comprender las nuevas lógicas del consumo sobre todo en los jóvenes. No podemos seguir pensando la comunicación como fue cuando nosotros éramos jóvenes que era un modelo muy claro donde había muy pocos medios, donde las fuentes informativas eran muy limitadas y donde había una tradición de lectura, de tomar un periódico de complejidad informativa. Hoy la lectura es totalmente fragmentada, dispersa, entonces me parece que hay un montón de cuestiones que necesariamente hay que ver en materia de comunicación para entender esto. También se plantea un nuevo desafío y es el desplazamiento de la soberanía nacional a una comunicación de tipo global.  Es decir, los grandes formadores de opinión desde las naciones del siglo XX comienzan a ver resquebrajado su poder por la acción de grupos de carácter global que tienen mucho más poder económico pero también mucha más capacidad de incidencia y me refiero  a Facebook, a Google, porque ya no solo es por su capacidad de comunicación sino también por la utilización de la información que hacen de los usuarios, o sea, es otra forma de mercantilizar la información completamente distinta. Ya no es solo la producción de un artículo que te vendo sino la comercialización de la información que uno genera cuando navega a través de esas redes.


-       Con lo que me acabas de decir entonces cobra vigencia la frase de Marshall McLuhan, según la cual “el medio es el mensaje”…


-       No, yo no creo que el medio sea el mensaje para nada, para nada. No sé por qué llegas a esa conclusión.


-       Porque tú haces un análisis de la importancia de canales como internet, de cómo hoy se ha diversificado su utilización por parte de sectores sociales y terminas tu reflexión con la globalización de los medios…


-       Yo estoy hablando de los usos sociales de esos medios no del medio en sí, no es la tecnología la que determina. La tecnología es una posibilidad, una herramienta, pero después lo que va a determinar cómo funciona cada uno concretamente es el uso social y la apropiación que hagan distintos grupos sociales de esas posibilidades y de esas herramientas.


-       ¿Y por qué estás en contra de la frase de McLuhan?


-       Yo creo ciertamente que la frase de McLuhan se aproxima a un determinismo tecnológico que yo rechazo de plano. Considero que las tecnologías no determinan y de hecho me parece probado en la historia que hay muchas tecnologías que no tuvieron apropiación social y fueron dejadas de lado y otras que sí. En general cuando uno trata de pensar esto, lo más difícil es explicar el fracaso. Nosotros no sabemos de las herramientas tecnológicas que fueron quedando de lado porque la sociedad conoce el éxito pero no del fracaso. Es muy parecido en un punto con lo que les ocurre a los futbolistas: uno conoce a Messi pero no conoce a los miles de jugadores que quedaron en el camino para que llegara a haber un Messi. En este sentido yo creo que el determinismo tecnológico no contribuye a pensar la complejidad de la sociedad hoy. Evidentemente la tecnología, insisto, no es neutra, tiene su impacto, tiene sus condicionamientos pero también está en relación a apropiaciones que hace  de ella el usuario, la sociedad, que va poniendo en juego. Pongamos casos históricos como el teléfono. Marconi nunca pensó que el teléfono iba a ser para la comunicación interpersonal, él tenía otra idea de lo que era la comunicación telefónica.  La radio misma en sus orígenes.

-       ¿Marconi o Graham Bell?


-       Bueno Graham Bell era más el económico. Marconi era el tecnólogo.  Graham Bell tenía más interés en la comercialización, digamos. Él si fue una persona más dedicada al negocio, a la industria. En el caso de la radio en sus orígenes tampoco estuvo pensada para una comunicación punto masa.  Internet mismo en sus orígenes, tuvo un origen militar, después fue transformado en otras situaciones. Quiero decir, hay apropiaciones y derivaciones que no necesariamente están marcados por el tipo tecnológico sino desde mi punto de vista por el uso social que se le da a la tecnología.



-       ¿Quién defiende hoy el derecho del público a saber, a informarse? ¿El público está expósito en ese sentido?   


-       Creo que hay instancias donde se ha trabajado relativamente bien, digo para salir de la academia, porque la academia es un lugar cómodo y poco incidente.  Hay organismos como la Convención Interamericana de Derechos Humanos que hace un gran trabajo, con sus limitaciones por supuesto pero que ha promovido elementos de garantía del derecho a la información. No me animaría a decir que a la comunicación pero sí a la información, a criterios, a la elaboración de estándares básicos de una información más plural y diversa.


-       ¿La Unesco?


-       La Unesco mucho menos, aunque tuvo un valor en los últimos años. Desde mi punto de vista se ha hecho una relectura significativa de lo que fue el informe MacBride en los 80, en el que ahí si había un compromiso. En los años 80 había un compromiso con la democratización de la comunicación pero, ya que lo mencionas, su Convención para la diversidad cultural da elementos para una política cultural del Estado en una promoción de la diversidad y con un intento de eliminación parcial del excesivo mercantilismo. La Convención para la diversidad cultural no puede ser entendida por fuera de todo el desarrollo nacional de comercio, de las prácticas más liberales en términos culturales y de hecho toda la Convención se explica como una respuesta a eso, al auge de la OMC en materia cultural. Lo más complejo para mí en la actualidad es el distanciamiento de la sociedad con los centros de toma de decisiones en materia de comunicación que cada vez son menos y están más localizados en estas cuatro, cinco grandes empresas mundiales de comunicación global que son Google, Amazon, Facebook, Apple, Netflix, Spotify, los grandes circuladores de cultura en estos momentos a nivel global y con una capacidad de penetración nunca antes vista. Uno podría hablar del imperialismo cultural, con toda la crítica que se le pueda hacer a ese concepto respecto del cine norteamericano en la décadas del 50 y el 60, pero finalmente ese cine entraba a un territorio nacional por una aduana, los Estados ponían cuota de pantalla, es decir, había una política cultural limitativa dependiendo, había fomento a la producción nacional, ello no tiene punto de comparación con lo que es Netflix que no tiene territorialidad, que no tiene oficinas en los países, no tiene fronteras, lo mismo con Spotify. Los jóvenes hoy están escuchando la música en dos sitios que son Youtube y Spoify. Y esos lugares en términos de capacidad estatal no pueden ser regulados ni existe capacidad de incidir sobre ellos porque están fuera de tu territorialidad. Esta reconfiguración que se está dando de lo que es el territorio es una de las claves para entender el mundo hoy. Es decir, la pérdida de soberanía total y la distancia entre los centros de decisión y los usuarios. En ese escenario, por un lado hay algunas instancias y se ha generado un cierto consenso y estándares mínimos de la necesidad de la protección del derecho a la información y de la diversidad;  y por otro lado, hay una tendencia que observo con preocupación y es la del ámbito global de la comunicación donde la capacidad de control democrático es mucho menor.



-       Tú hiciste referencia al informe MacBride. Después de 37 años de su publicación y observando la gran concentración de los medios sobre todo en lo que se denomina el "mundo desarrollado", se puede afirmar que dicho diagnóstico se queda corto frente a la actual  realidad. Son 6 o 7 empresas que dominan prácticamente todo el ámbito comunicacional en el mundo. ¿Hace falta restablecer un nuevo espíritu MacBride en este momento en el que el mundo enfrenta esa obscena concentración de la propiedad mediática?


-       Si es por la idea de pensar cómo democratizar la comunicación sin duda hay que repensarla en términos de una situación y un contexto político totalmente distintos. Los diagnósticos del MacBride que fueron muy útiles y muy importantes en su momento ya no tienen ningún tipo de validez porque la situación ha cambiado totalmente, pero sí, el espíritu del informe sigue absolutamente vigente, y coincido contigo en que la concentración es peor que en los años 80. Incluso ahora con este fenómeno que se habla tanto de la convergencia, la situación tiende a agravarse porque efectivamente vamos hacia la reunión de estos mundos que tradicionalmente estuvieron separados como son los de los servicios de comunicación por un lado y los de telecomunicaciones por el otro, y ahí también hay escenarios de disputas en términos de grandes grupos de la comunicación que tienen que ver con el territorio. Aquí en Colombia, por ejemplo, han permitido que rápidamente Claro se posicione como la gran distribuidora de televisión por cable junto con AT&T que es la dueña de Directv. Por otro lado, la disputa más general entre estos grupos globales es que quieren, bajo un discurso de la libertad absoluta, la libertad del mercado, que no haya regulación. En consecuencia, tenemos por un lado, una disputa territorial, y por otro, una de carácter global,  las cuales me parecen que son los ejes de las grandes discusiones a nivel de política hoy. Y por supuesto después está cómo los movimientos sociales, los grupos alternativos inciden para colocar en esa agenda elementos, protección de datos personales, derechos al habeas data, cómo controlo y qué se hace con la información que produzco. Todo el tema por supuesto que hay que rediscutir sin duda que es el del derecho a la propiedad intelectual. Es un derecho vinculado a una etapa analógica y en la etapa digital hay que rediscutirlo completamente porque ya no sirve eso. Era una situación cuando el derecho a la propiedad intelectual estaba vinculado al control material del soporte, es decir el libro, y otra cosa es cuando el soporte se ha desmaterializado totalmente y volvemos a una época casi preanalógica que es cuando toda la producción cultural está disponible para que la consuma quien quiera. Al desmaterializarse, todos podemos acceder a la cultura en cualquier momento. Entonces, porqué sostener sistemas de propiedad intelectual restrictivos cuando estamos en un escenario de plena disponibilidad de los bienes culturales. Esto quiere decir que hay un montón de temas de la agenda que pueden y necesitan ser reincorporados y rediscutidos en el contexto de esta digitalización.

-       Hablemos de América Latina y la pregunta es esta: ¿tú consideras que en este momento coyuntural que vive el hemisferio, lo que se está dando es una disputa por el relato?

-       Bueno, lo ha habido en los últimos años. América Latina, los últimos 20 años tuvo la particularidad de que casi por única vez en su historia coincidió que hubo muchos gobiernos, yo le pongo todas la comillas que puedo, "progresistas", digamos que efectivamente uno de los méritos y logros que tuvieron estos gobiernos fue que promovieron el debate en torno de las políticas de comunicación. Podemos decir que uno de los saldos positivos sin duda es que la política de comunicación tuvo como nunca en la historia relevancia pública.  Hasta la década del noventa uno podía pensar que estos temas nunca entraban en la agenda pública, lo cual no quiere decir que no hubiera política sino que se hacía en el ámbito privado. En los últimos 20 años la política de comunicación y especialmente donde hubo gobiernos "progresistas" el tema tomó estado público, lo cual es algo notable. Ahora, creo que hay que hacer un balance crítico de esas políticas. Esas políticas tuvieron un discurso muy fuerte en términos de democratización de la comunicación, pero si uno observa el balance en los países donde esos gobiernos ya han dejado de existir, y me refiero centralmente a Brasil y Argentina, el saldo es bastante escueto. Durante uno tibio como el brasilero, nunca se planteó una reforma real, nunca lo pudo poner en la agenda; hay situaciones también entendibles, el sistema de gobierno brasilero hace que sean sistemas de alianzas políticas para poder tener mayoría en el parlamento. Esto es muy distinto en Argentina, que si bien es un sistema presidencial, en general el partido del gobierno tiene una mayoría o suele tener una mayoría, no es el caso actual. En Brasil, el Partido de los Trabajadores nunca tuvo una política de comunicación fuerte de cara a cambiar la estructura, sí ocurrió eso en Argentina y sin embargo creo que hoy cuando uno hace un balance de los 8 años de política de comunicación del kirchnerismo en relación a los medios, la estructura varió muy poco; es decir, no tuvo la capacidad de hacer. Talvez la única política que sí implicó un cambio significativo, palpable, apreciable por la sociedad en materia de comunicación en Argentina, fue el de la distribución del futbol.  La posibilidad de que la gente accediera de forma no onerosa a ‘Futbol para todos’. Ahí hubo un cambio palpable, la gente antes tenía que pagar, ya no tuvo que hacerlo. Yo me resisto a usar la palabra gratis, porque gratis en la vida creo que es el afecto nada más. Cosas gratis no hay, no hay futbol gratuito, hay maneras distintas de financiarlo. Son formas de financiamiento distribuido, creo que el concepto de gratuito se usa muy fácilmente, pero lo que quiero marcar es que esa política tuvo legitimidad social al punto que ahora, el gobierno de Mauricio Macri lo va a desarmar, a partir del próximo campeonato ya no va a haber más ‘Futbol para todos’. Sin embargo, para empezar, lo tuvo que mantener sus primeros 19 meses de gobierno porque no lo podía quitar dada la legitimidad que tenía. Pero ahora que lo va a suspender negoció con las empresas que ganaron el concurso para transmitir el futbol de nuevo pago y que recién van a empezar a cobrar después de las elecciones. ¿Por qué? Porque saben que si empiezan a cobrar antes va a tener un impacto electoral. También Macri cambió toda la Ley de Servicios de Comunicación Visual y eso no tuvo un impacto en la vida de las personas.  Por eso es que no hubo ningún tipo de reclamo. Quiénes reclamaron: la comunidad académica, los grupos minoritarios vinculados a los medios de comunicación alternativos o comunitarios, pero para la sociedad la ley no implicó un cambio sustantivo en la forma de vida. Entonces lo que quiero decir es, el discurso de la democratización de la comunicación está muy bien pero si no genera cambios palpables, no gana legitimidad. Legitimidad en el sentido de que le ofrece nuevas herramientas a la sociedad, de lo contrario son políticas construidas con pies de barro y que cualquier otro gobierno las puede cambiar de manera autoritaria como lo hizo Macri.  


-       Siguiendo con América Latina. Tu hacías referencia cuando comenzamos esta charla al hecho de que los medios siempre han defendido una postura ideológica y el periodismo tiene una esencia política por antonomasia, sin embargo lo que se observa hoy en día es que los medios se volvieron actores políticos ante el fracaso de la representación de los partidos. ¿Esa prensa hegemónica, en tu concepto, esta imbuida por lo que hoy se denomina posverdad?

-       Te voy a ser franco, ninguno de los dos conceptos me gusta: ni prensa hegemónica ni posverdad. Tendría mucho cuidado con lo de la prensa hegemónica en este sentido. Es decir, esta prensa nunca apoyó a los gobiernos "progresistas". El diario El País de Montevideo y los canales uruguayos fueron sistemáticamente opositores del Frente Amplio. El diario Clarin de Buenos Aires hizo campaña en el año 2011 totalmente en contra de Cristina, junto con sus medios de televisión y radio que son los de mayor alta audiencia. O Globo en Brasil estuvo en contra de los últimos dos gobiernos de Dilma Rousseff. Sin embargo estos gobiernos triunfaron electoralmente y triunfaron en algunos casos con amplia popularidad. Lo que quiero señalar es que hay que tener cuidado con el efecto de los medios. Yo no quiero decir que no tengan efecto pero lo que pasa es que a veces tiende a usarse eso como excusa para pensar.  Digamos, yo no creo en el receptor neutro y tonto, tampoco considero que la ciudadanía toma decisiones en base a la información que recibe y no siempre esa información es absolutamente plural y diversa, en la mayoría de casos no lo es. Pero creo también que la población se informa de otras cosas muchas más básicas  como es el precio de la leche. Es decir, la noción de hegemonía de Antonio Gramsci es una noción de conducción y yo lo que digo es que la prensa no tiene esa capacidad conductiva que se le atribuye tan marcadamente. Si fuera tan hegemónica no habría más nada que hacer porque haríamos lo que dicen los medios y hay muchas pruebas de que en múltiples ocasiones las sociedades han tomado caminos que no son los que proponían los dueños de las empresas de comunicación. No digo que no tengan incidencia.  Lo que señalo es que no necesariamente. Si la prensa fuera hegemónica no se puede explicar el 54% de los votos de Cristina Kirchner en el 2011 porque toda la prensa hegemónica estaba en contra de ella.

-       Bueno, Juan Domingo Perón lo decía: “Cuando teníamos toda la prensa en contra ganamos las elecciones y cuando la teníamos a favor perdimos”…


-       Por eso te digo, lo que me parece es que si bien hay una enorme influencia de los medios, éstos no conducen a la sociedad. Aunque no es mi especialidad, este asunto lo han estudiado mucho en capacidad de instalación de temas, se llama agenda setting, establecer marcos de referencia de lectura, el framing y montón de teorías que explican la enorme capacidad de los medios y su incidencia. Por eso creo que el concepto de prensa hegemónica no contribuye a problematizar el tema. Insisto, los medios tienen una enorme incidencia en la sociedad pero no la conducen. La sociedad ha demostrado niveles de autonomía. Así como efectivamente en términos de comunicación social tiene una enorme capacidad para instalar los temas, yo creo que como ciudadanos, en el sentido más básico de la ciudadanía política, la población también se informa de otras maneras respecto de su situación económica y social comparativa. Tiene memoria de cómo vivió y cómo vive y esa memoria no es un vacío al cual los medios le penetran y la vacían de sentido. 


-       Hace pocos meses la Unesco publicó un folleto sobre la concentración de los medios en América Latina cuyos autores Gustavo Gómez, Ángel García Castillejo y Toby Mendel van en la dirección de tu libro Los dueños de la palabra que elaboraste con Martin Becerra. La pregunta es: ¿tú crees que la estructura de la propiedad mediática hoy atenta seriamente contra las frágiles democracias de América Latina?

-       Sí, yo creo que la concentración nunca es buena. La concentración es un problema por varios motivos. En primer lugar por eso, porque hay condicionamientos a un ejercicio real del pluralismo. En segundo lugar, creo que de esto se habla bastante menos también pero porque afecta la propia capacidad crítica del ejercicio del periodismo. Cuando hay menos grupos comunicacionales en la sociedad, también los propios periodistas se sienten limitados en poder ir de un medio a otro porque finalmente todos son del mismo dueño, entonces pelearse con un grupo mediático hoy en América Latina para un periodista implica pelearse con la mitad de los medios y además, en general, estos grupos tiene prácticas cartelizadas. Entonces si un medio no contrata un periodista tampoco lo contrata el otro, lo cual hace que por una lógica de supervivencia más básica y familiar del ejercicio periodístico la capacidad crítica se haya limitado. Igual creo que dentro del ejercicio periodístico hay espacios de márgenes. Hay periodistas que asumen esto y lo viven sin contradicciones y otros que tratan de ejercitar un periodismo lo más amplio posible aun dentro de las restricciones.



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      ¿Y está afectando la frágil democracia de la región?


-       Bueno sí, lo que pasa es que creo que la democracia es afectada por muchas cuestiones, no solo por la concentración de la propiedad de los medios, esa es una de ellas.

-       Finalmente, ¿cuál crees que es el reto de lo que llaman comunicación alternativa frente a la comunicación preponderante?


-       Bueno, son muchos sin duda. Yo creo que el primero es subsistir porque es una cuestión básica, creo que hay gente que lo está haciendo muy bien. Tenemos en Argentina una experiencia interesantísima de un colectivo popular que se llama Barricada TV que ha logrado con mucho esfuerzo desarrollar su trabajo. Y es ahí donde vienen las aplicaciones virtuosas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque quien le da la licencia a Barricada TV es el macrismo, es casi una paradoja, ¿pero por qué?, porque no tenía la posibilidad de no hacerlo. No lo podía no hacer. Ahora por qué no tuvimos 500 Barricadas TV si había un gobierno progresista y hubo que esperar a que la licencia se la diera finalmente el macrismo no porque quisiera, no es porque el macrismo quiera alentar ese tipo de comunicación. Este tipo de proyectos demuestra que se puede generar sustentabilidad. Es un caso casi único, un canal de televisión digital abierta sostenido con un colectivo popular. Segundo, hay que pensar en las audiencias. ¿Qué es una audiencia de televisión hoy? ¿Le vamos a seguir hablando a la audiencia como a la televisión de las décadas del 60 o del 70? O vamos a hablar sobre un modelo donde la gente mira más Youtube que televisión.  Cuando digo la gente claramente me refiero a los jóvenes, no a la gente de 50 o 60 años que somos analógicos para ver televisión todavía. Mis alumnos, por ejemplo, no se sientan a ver televisión. Entonces, está excelente que existan estos  medios pero yo creo que justamente también ahí hay otra de las virtudes de Barricada TV en el sentido de fragmentar la programación: hacerla parte on line y parte en abierto. Por eso digo que el desafío principal hoy para los sectores comunitarios primero es ser sostenibles, generar un modelo económico que les permita la continuidad en el tiempo, eliminar las experiencias fragmentarias. Creo que hay elementos para eso hoy en el mundo de internet por la baja de costos para poder hacerlo. Y la otra cuestión es cómo me relaciono con las audiencias.  Quien no piense en las audiencias del siglo XXI va a ser un canal para gente grande y ello no es sostenible en el tiempo. De nada sirve tener las infraestructuras, tener la capacidad comunicativa, si no se tiene la capacidad de dialogo. Por eso es que hay que repensar toda la comunicación.



miércoles, 14 de junio de 2017

COLOMBIA

“EL PROCESO DE PAZ ES UN EJERCICIO VALIOSO, AFECTADO POR PROBLEMAS COMO LA FRACTURA SOCIAL QUE VIVE COLOMBIA Y LA CONFUSIÓN QUE PRETENDE GENERAR UN SECTOR POLÍTICO”: GUSTAVO GALLÓN


POR ROSA INÉS SALAZAR Y FERNANDO ARELLANO ORTIZ 


Uno de los temas cruciales en la etapa del posconflicto es, indudablemente, el concerniente al de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del acuerdo sobre víctimas.

Esta jurisdicción transitoria hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su principal objetivo es cumplir con el deber estatal de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Lo que se busca es "satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera".

Para abordar algunos de sus alcances y ciertos vacíos que algunos entendidos en la materia existen en el acuerdo que adoptó la JEP, dialogamos con el abogado, politólogo y sociólogo, Gustavo Gallón Giraldo, fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Gallón Giraldo ha jugado un rol importante en el desarrollo de este inédito como delicado tema de la justicia transicional en Colombia, habida cuenta que ha liderado demandas como la del Marco para la Paz, que tuvo al Gobierno de Juan Manuel Santos en alta tensión por sus efectos en las negociaciones con las Farc en La Habana, y en el reciente pretérito frente al fuero penal militar, la Ley de Inteligencia o la de Justicia y Paz.

El fallo de la Corte sobre ‘fast track’: una dificultad adicional para el proceso de paz

¿Considera  usted que el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el denominado ‘fast track’ pone en riesgo la implementación del proceso de paz?

En riesgo no tanto, yo creo que significa una dificultad adicional, un obstáculo que no estaba previsto. El fallo desde el punto de vista jurídico en cuanto al contenido es discutible, pero por supuesto hay que acatarlo. Es discutible porque el fallo llegó a considerar que era inconstitucional un procedimiento de discusión abreviada de proyectos de ley y de dos mecanismos que son la limitación de posibilidades de introducirle modificaciones a un proyecto de ley si no se tiene el consentimiento del Gobierno. Y en segundo término, el señalamiento de que un proyecto de ley de esta naturaleza debe aprobarse en bloque; no en discusión artículo por artículo. Esos dos mecanismos están previstos en la Constitución colombiana para otros procedimientos, en particular la ley de presupuesto y los tratados internacionales.

La Corte en una decisión, repito muy controvertible, llegó a la conclusión de que esto sí afectaba un pilar fundamental de la Constitución. Ahí hay otro tema de difícil análisis y es el de cuándo se afecta un pilar fundamental de la Constitución o no.  La Corte tiene jurisprudencia amplia al respecto. Dice que las reformas constitucionales no pueden ser declaradas institucionales en principio porque no cambian la Constitución, salvo que y por la vía de violación del procedimiento la reforma constitucional sustituya un pilar fundamental de la Constitución.  Un pilar de la Constitución es hablar de cosas mayores, es cambiar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario o de un régimen democrático a un régimen monárquico o introducir la esclavitud o cosas por el estilo. Pero un procedimiento como este no creo que tenga la magnitud de significar una sustitución de un pilar fundamental de la Constitución. Eso en cuanto al fondo del asunto, pero reitero hay que respetar las decisiones de la Corte así no se esté de acuerdo con ellas.

Hay un segundo problema que es más complicado y es que uno de los magistrados, el recién llegado a la Corte había expresado unos días antes sobre este tema verbalmente y por escrito, hay grabaciones de conferencias dictadas por él, muchas de ellas fuera del país y por consiguiente debió haberse declarado impedido. Pero no solamente no se declaró impedido, sino que modificó su forma de pensar y se expresó en contradicción con lo que había dicho y lo que había publicado. Él había afirmado sobre la justicia transicional que no era posible hablar de una sustitución de la Constitución y ahora dijo todo lo contrario.  Entonces es una doble irregularidad por decir lo menos. Creo que los tribunales habrán de aclarar en algún momento, porque esto no debe quedarse así y además es preciso que nos digan si es correcto que un magistrado se abstenga de declararse impedido o no cuando se ha pronunciado públicamente por lo menos desde el punto de vista jurídico.

Dicho lo anterior no creo que sea el fin del proceso de paz, es una dificultad no despreciable que se le añade a un proceso que tiene problemas mayores. Este es un proceso valioso que ha estado afectado por problemas como es la fractura social tan fuerte que vive Colombia y que ha sido azuzada, estimulada por un sector visceralmente opuesto al acuerdo de paz que ha logrado confundir a mi juicio a sectores importantes de la población que quizás no tendrían esa opinión en contra.  Es paradójico que el proceso de paz más cuidadoso desde el punto de vista normativo que ha existido en el país y desde el punto de vista social en la historia de Colombia, haya sido objeto de una manifestación en contra tan fuerte, en contraste con los otros procesos anteriores que han sido respaldados por la ciudadanía en su conjunto sin mayores dificultades.  Aunque por supuesto ha habido reacciones en contra, el proceso con el M-19 dio lugar al asesinato de Carlos Pizarro, etcétera, pero los procesos de paz anteriores han sido acogidos al menos formalmente y no han tenido tanta oposición como esta que se anuncia decidida a arrasar con los acuerdo. Un vocero del partido uribista que es el que está fomentando este malestar contra los acuerdo ha dicho que si ellos regresan al gobierno, harán trizas ese ‘maldito acuerdo’, refiriéndose así a una negociación que ha sido respetuosa de las obligaciones internacionales de Colombia y que pone fin a un conflicto armado de más de cincuenta y dos años.

Ante el hecho de que el uribismo anuncie que hará trizas el acuerdo si llega al gobierno en 2018, cabe preguntarse: ¿cuál es la naturaleza jurídica que tiene el mismo? ¿Hace parte del bloque de constitucionalidad?

Lo que se estableció finalmente fue que las normas relacionadas con Derechos Humanos y Derecho Humanitario si hacen parte del bloque de constitucionalidad. Además se aprobó una disposición que señala que no se puede reformar el acuerdo durante un periodo que se estableció. Lo segundo no es una garantía suficiente porque si hay una mayoría suficiente para lograr una reforma constitucional podría modificar esta última disposición que mencioné, aunque por supuesto es una talanquera importante pero no podría en ningún caso modificar la norma sobre Derechos Humanos y sobre Derecho Humanitario.

Renuncia a la persecución penal

En el punto 5 del acuerdo final se habla sobre víctimas del conflicto y en dicho componente se crea el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición, así como está el órgano de la Justicia Especial para la Paz (JEP).  ¿Cuándo procedería la renuncia a la persecución penal en la JEP? ¿Bajo qué criterios, a quién se aplicaría? ¿Cuándo y cómo se aplicaría esa renuncia a la persecución penal?

Usted toca un tema en relación al cual la Comisión Colombiana de Juristas ha levantado una discusión y se han dado unas decisiones importantes en el pasado porque antes de los acuerdos se produjo una reforma constitucional mediante la cual se aprobó el marco jurídico para la paz, que era una previsión para encuadrar o para regular la negociación entre el Gobierno y las Farc con el fin de  permitir acordar mecanismos de flexibilización de la aplicación de la justicia, lo cual estuvo bien.  Sin embargo, se fue demasiado lejos porque ese marco que es una reforma constitucional autorizó la renuncia a la persecución judicial penal en casos que el mismo señalaba en los que el gobierno podía seleccionar y priorizar. Se entendía que priorizar era colocar en un orden los determinados casos que el Gobierno y la Fiscalía les asignara mayor importancia. Seleccionar sería dividir unos casos o dividir entre aquellos que serían objeto de un tratamiento judicial y otros que no respecto a los cuales se renunciaría a esa posibilidad judicial.

Nosotros demandamos esa última parte y dijimos: esa división entre los casos, esa selección de los casos para renunciar a la persecución judicial penal no es constitucional en relación con violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario y ahí sí habría una modificación de un pilar sustancial de la Constitución, puesto que en ella los acuerdos internacionales están reconocidos. Y en esta materia las obligaciones internacionales  señalan que no se puede renunciar a la persecución judicial penal de violaciones de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Humanitario.

La Corte Constitucional nos dio la razón, la sentencia que revisó el marco jurídico para la paz lo hizo de una manera muy sutil porque no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero sí introdujo, creo que es la primera vez que lo hace, unos parámetros de interpretación constitucional. Esos parámetros de interpretación corresponden a lo que en relación con las leyes es una sentencia de constitucionalidad condicionada. Es decir, en el entendido de que debe interpretarse de la siguiente forma y eso se puede hacer, lo hace la Corte en relación con proyectos de ley, no lo puede hacer en relación con reformas institucionales.

Entonces la Corte introdujo una figura especial que fueron los parámetros de interpretación constitucional dentro del texto de la sentencia antes de la parte resolutiva. Uno de esos parámetros de interpretación constitucional como deducción de lo que dice en los considerandos anteriores es en que la implementación de los acuerdos debe tenerse en cuenta el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de juzgar en tribunales las violaciones de Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Humanitario.

Es decir, la Corte dijo es constitucional el marco jurídico para la paz, pero no lo es la renuncia a la persecución judicial penal. Sin embargo, eso está ahí, eso está vigente, pero por diversas manifestaciones, e incluso por algunas de las disposiciones reglamentarias del acuerdo de paz hemos visto que en el Gobierno y la Fiscalía, probablemente porque no se ha tomado conciencia de la imposibilidad de renunciar a la persecución judicial de las violaciones de Derechos Humanos y graves infracciones al derecho humanitario se sigue utilizando esa expresión y aludiendo a esa posibilidad.

Nosotros pensamos que eso es inconstitucional y así lo plantearemos en la Corte los próximos días en acción por la norma que se refiere a esa renuncia.  Entonces y en síntesis para responder a su pregunta: puede renunciarse a la persecución judicial penal de delitos que no constituyan violación a Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Humanitario.  ¿Cuándo? Para nosotros tendrá que ser en el momento en que la Corte considere un caso, no sé si desde el principio o si en la sentencia. Porque cuando la Corte o la Jurisdicción Especial de Paz asuma un caso tendrá una definición. Yo me inclinaría a pensar que sería desde las etapas iniciales, siempre y cuando esté confirmado que se trata de un caso que no es una violación de Derechos Humanos o violación del Derecho Humanitario, pero también puede ser después en la parte final.

Presentándose un caso en el que no haya una violación a los Derechos Humanos ni una infracción al Derecho Internacional Humanitario, ¿qué naturaleza jurídica tendría esa renuncia a la persecución penal?  ¿Estaríamos en el sentido de que se trataría de una aplicación de un principio de oportunidad o estaríamos ante otra herramienta?

Bueno, no decidieron llamarlo principio de oportunidad, o sea que de alguna manera eso no lo situaron dentro de esa institución, institución que por lo demás es muy discutible y respecto a la cual nosotros hemos también hemos hecho planteamientos aunque a la Corte Constitucional le parece que es excesiva para el margen de discrecionalidad. Pero aquí no se enmarcó esa renuncia dentro del principio de oportunidad. Yo creo que sería una institución nueva, corregida y elaborada como lo he dicho y como usted también lo ha planteado, siempre y cuando no se refiera a la violación de Derechos Humanos y de infracción del Derecho Humanitario sino una institución que correspondería a la necesidad de la imposibilidad de juzgar y de sanear jurídicamente situaciones a la terminación del conflicto armado. Yo no veo otra explicación.

¿Los efectos que esa renuncia a la persecución penal tendrían que ser tal como los ha establecido el acuerdo? ¿Pasaría a ser cosa juzgada en caso de que se tome la determinación de la renuncia a la persecución penal?

Sí, creo que pararían a ser cosa juzgada. Yo no sé bien cómo va a operar, porque en el caso de los guerrilleros tienen dos clases de conductas: unas que son amnistiables o indultables y otras que no lo son. Las que son amnistiables o indultables son los delitos políticos excluidas las violaciones a Derechos Humanos y al Derecho Humanitario, los crímenes de lesa humanidad. Pero la rebelión, sedición, asonada  y los delitos asociados a ellos son amnistiables o indultables según la etapa procesal en la cual se encuentre el asunto, de tal forma que aquellos delitos que podrían ser objeto de renuncia a la persecución judicial penal  son los vinculados a los delitos políticos. Si son infracciones al Derecho Humanitario no pueden ser objeto ni de amnistía o indulto ni de renuncia a la persecución judicial penal. En relación con agentes estatales el asunto puede ser más complicado porque el acuerdo y la implementación subsiguiente ha establecido una categoría distinta que es un tratamiento laxo a los crimines cometidos por ellos. Como los  agentes estatales no pueden ser objeto, de acuerdo a nuestra Constitución, a amnistía o indulto, se acordaron otras medidas a las cuales habrá que aplicarles parámetros semejantes salvo que la conexidad ahí no funciona tanto o que en el caso de crímenes cometidos por guerrilleros para establecer la conexidad existe un parámetro claro que es el delito político. En relación con agentes estatales no hay un parámetro claro semejante del cual pueda proyectarse la conexidad.

Si estamos hablando de conductas que no constituyen infracción ligada al Derecho Humanitario o violaciones de Derechos Humanos en el caso de agentes estatales pues puede ser objeto de ese tratamiento laxo.

Alcances de la Comisión de la Verdad

Otro de los temas que usted ha venido tratando en sus columnas periodísticas es el alcance de la Comisión de la Verdad. Si este organismo es extrajudicial, ¿cuál es su importancia? ¿Será un papel de magistratura moral, cuyo propósito es establecer un antecedente como ha ocurrido en los países del cono sur?, aunque en esos países las comisiones de la verdad de alguna otra manera han terminado siendo elementos probatorios. ¿En el caso concreto de Colombia, la Comisión que alcances tendría?

Yo creo que tendría unos alcances muy importantes. Destaco el enorme papel que puede jugar la Comisión de la Verdad en la forma como quedó diseñada, que no dudo de calificarlo de admirable porque no va a tener la carga que han tenido muchas comisiones de otras partes del mundo de meterse con la responsabilidad individual para efectos de decidir si considera amnistías o no, si declara culpables o no culpables a determinadas personas, puesto que para eso hay un tribunal especializado en esas materias. En contrapartida, la Comisión además de ocuparse de lo que ordinariamente le corresponde que es esclarecer  la verdad, lo ocurrido, y lograr el reconocimiento de las víctimas, así como de las responsabilidades por las violaciones cometidas, va a tener un papel adicional que es la de contribuir a la construcción de condiciones de convivencia hacia el futuro. Y como se hace eso, pues juntando esas tres funciones. El esclarecimiento de lo ocurrido, el reconocimiento de responsabilidades deberá hacerlo la Comisión de tal forma que sin limitarse en absoluto en cuanto a la amplitud del conocimiento de situaciones y de violación de derechos humanos en parte del territorio y asumir la gravedad que ellas hayan tenido, debe mirarlas no solamente en relación con el pasado sino en función de futuro. Propiciar a través del reconocimiento de responsabilidades efectivamente la solicitud de perdón, de parte de los responsables y un encuentro con las víctimas en la medida de lo posible. Allí donde no sea posible pues sencillamente la Comisión no podrá llegar más lejos.

Pero donde sea posible y la historia de otros países nos muestra que sí es posible, y lo que ha sucedido en Colombia en estos últimos años, también ha mostrado escenarios de reconciliación voluntarios, sinceros, genuinos en los cuales es posible. La Comisión podrá ayudar a que las personas en las regiones identifiquen formas de regulación de las relaciones hacia el futuro a partir de establecer fundamentalmente factores productivos con los cuales pueda haber un trabajo en común en la región.

Analizando el conflicto en las regiones, se va a encontrar que está realmente vinculado a un factor económico, de producción, la existencia de un recurso legal o ilegal que es objeto de una apropiación excluyente de parte de un sector y que finalmente termina generando la guerra en pequeño, en el sitio justamente por generar esa exclusión. Aquí se trataría de identificar esas fuentes de recursos y de trabajo o de generación de ingresos para la población y de actividades con el fin de poder explorar la posibilidad de unos acuerdos sociales distintos, sobre la base ya no de la exclusión sino de la colaboración, de la repartición de beneficios y del trabajo conjunto. Esto no es una utopía, algo se avanzó en esta materia luego del acuerdo de paz generado en el año 91 con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y también con el movimiento armado Quintín Lame. Se creó una comisión para la superación de la violencia como consecuencia de los acuerdos con el encargo de identificar en las zonas donde estos grupos habían actuado, la fuente de los conflictos y las posibilidades de superar estas circunstancias hacia el futuro. Además, se hicieron talleres con actores relevantes de las regiones donde se establecieron unos principios de acuerdo que lamentablemente no se llevaron a cabo porque el conflicto continuó con otros actores pero sí hubo una posibilidad, por lo menos, de tener una primera fase de entendimiento, un análisis común por actores muy distintos, muy disímiles y yo veo que la Comisión tiene en esa experiencia una posibilidad de inspiración, pero sobre todo un reto, un reto de avanzar en esa dirección, repito dándole la debida importancia al esclarecimiento de la verdad y segundo al reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas, y en tercer lugar, a la creación de condiciones de convivencia para el futuro.


La narrativa del conflicto

Uno de los elementos fundamentales en este tipo de proceso después de conflictos internos es el relato o la narrativa, habida cuenta de que la historia siempre la cuentan los ganadores. En ese sentido la experiencia española es muy dura por cuanto en la conciencia colectiva existe la idea que los héroes fueron los franquistas.  En Colombia puede suceder algo similar, sin embargo, ¿la Comisión de la Verdad puede contribuir a una nueva narrativa de nuestro acontecer histórico?

Sin duda. Y hay un antecedente importante que es la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas que fue prevista en los acuerdos, que ha sido criticada por muchos. Yo creo que muy pocos la defienden porque fue integrada por doce personas y dos coordinadores, produjo 14 informes y uno por cada miembro. Los coordinadores no se pusieron de acuerdo para sacar una versión común, entonces muchos la critican porque dicen que eso no es una comisión, no es un análisis producto de un cuerpo colectivo que adopta una visión sobre lo sucedido y es verdad en eso tiene razón. Pero en lo que no tienen razón a mi juicio y con toda consideración y con todo aprecio por quienes así piensan, es en ignorar el sentido de esa Comisión que era el de romper el hielo en relación con el tema.  ¿Cuál es la causa del conflicto?, ¿quién empezó primero?, como dicen los niños en el colegio, porque aquí la atribución de culpas es de un lado para otro y si las Farc y el Gobierno hubieran incluido eso como una actividad suya propia de interpretar ese tema o de dar su visión como uno de los pasos para llegar a la negociación todavía estaríamos discutiéndolo. 

Entonces, yo creo que de forma inteligente decidieron crear esta Comisión para decir: dejémosle esa tarea a otra gente que no tiene la función de negociar y que digan lo que consideren de la forma más libre que quieran. En las disposiciones que regulan la creación de esa Comisión se dice que se procurará una visión conjunta pero no se logró. De todas formas este ejercicio sirvió de alguna manera como un ejercicio de calentamiento para el trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad.  Y resulta que en ese ejercicio de calentamiento, al ver uno los diversos informes de los miembros se encuentran unos elementos en común y otros muy diversos, sin embargo es un punto de partida interesante desde la perspectiva analítica para que la Comisión pueda llevar a cabo su actividad. Uno de los puntos en común que aparece en casi todos los informes, con salvedad de uno o dos de los estudios, conduce al tema de la tierra como una de las causas fundamentales del conflicto.  Ahora, no es la única y en eso hay algunos autores que enfatizan más que otros.  Yo creo que la Comisión de la Verdad podrá profundizar en eso y aportar visiones distintas que enriquezcan su impresión respecto del asunto. Me parece que hay una oportunidad valiosa justamente de reescribir la historia, sin mentalidad ni de vencedor ni de vencido sino con una mentalidad más abierta y más volcada hacia el futuro como ya lo he reiterado.

Mi preocupación si es, y permítame que lo repita, que en este ambiente, como bien lo llamó un analista, de radicalización de extrema derecha, en este ambiente de fractura social tan grande que tenemos, un rechazo visceral al proceso de paz por un sector importante de la población o por lo menos por un sector que es movido por otro que es muy activo, puede tener limitaciones en cuanto la sola aceptación. Pero también en contraste con esa preocupación tengo la esperanza de que la Comisión y el proceso en general en la medida en que se vaya desarrollando, en la medida en que el tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz por un lado comience a producir sus sentencias, y la Comisión avance, por otro lado, con su trabajo en las regiones y los diálogos sociales que programen en estos talleres y demás irá haciéndole ver a mucha gente que el acuerdo de paz no es tan ‘maldito’ como alguien lo dice, no es tan repudiable sino que, por el contrario, es una contribución importante a que por fin construyamos una nación más o menos civilizada.

Oportunidad para juzgar la responsabilidad corporativa en violación de derechos humanos

Otro de los temas importantes dentro de este contexto de la Justicia Especial para la Paz es el de la responsabilidad de terceros. Ahora que usted habla de la tierra y de actores paraestatales es evidente que en Colombia hay responsabilidad de empresas transnacionales en el  financiamiento y contribución directa a armar a grupos paramilitares que han sido actores decisivos en el de despojo de propiedades rurales. Si bien es cierto la responsabilidad corporativa se encuentra en pañales, ¿usted si considera que esta legislación transicional posibilita hacer los juzgamientos a terceros involucrados en el conflicto históricamente?

Yo creo que sí y considero además que la Jurisdicción Especial de Paz es un espacio donde debe desarrollarse. Como ustedes lo saben la jurisdicción llamada de Justicia y Paz iniciada en el proceso del gobierno anterior con los paramilitares, daba lugar al recaudo de una información importante en relación con la participación de agentes no estatales, con cierto poder en el país y en las regiones y que están involucrados en el asunto. En lo referente a lo que usted ha mencionado como responsabilidad corporativa creo que hay varios casos pero creo que el más conocido es el de Justicia y Paz en Antioquia que remitió a la Fiscalía una cantidad importante de casos, once mil folios. Una cantidad muy muy grande de documentación acerca de esta responsabilidad respecto de lo cual las instituciones ordinarias de justicia en Colombia no han avanzado. La oportunidad es justamente que la Comisión Especial si lo haga, eso tiene clara relación con su mandato y creo que es uno de los aportes grandes que puede hacer y que de otra forma no se haría.  Si no funciona esta jurisdicción especial seguiremos en la misma impunidad. 

Tratamiento judicial de los falsos positivos

Finalmente, hay unos casos aberrantes de violación de derechos humanos durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe que son los mal llamados falsos positivos. ¿Es posible que a través de esta jurisdicción especial se avoque la investigación de estos casos, o es dable también que la Corte Penal Internacional, en caso de que no haya el conocimiento por parte de la justicia colombiana, termine asumiendo este tipo de casos?

La Jurisdicción Especial de Paz tiene competencia para conocer de casos cometidos con motivo del conflicto armado. Para nosotros, la Comisión Colombiana de Juristas, los falsos positivos no están relacionados con el conflicto armado, en la medida en que no se trata de actos producidos en combate, en desarrollo de las hostilidades propias de un conflicto, sino de homicidios ejecutados contra personas que no tenían nada que ver con el conflicto y que fueron falsamente mostrados como guerrilleros caídos en combate para hacer méritos falsamente, engañosamente, por parte de diversos agentes estatales, en respuesta a las exigencias de producción de resultados que hacía el Gobierno. Esa es nuestra posición y la defenderemos con fuerza ante la Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, somos conscientes de dos cosas. Primero que en la regulación sobre este tema en una de las normas se habla de vinculación directa o indirecta y se dio una definición o se utilizaron unos términos que amplía de forma inadecuada, a nuestro juicio, la noción de vinculación con el conflicto. A través de esa definición es probable que los autores de estos crímenes y sus representantes judiciales intentarán hacer ver que sí encajan dentro de esa concepción más amplia y es posible que algún funcionario judicial de pronto les dé la razón. Repito nosotros pelearemos decididamente frente a esa posibilidad judicialmente con dos objetivos, primero que las cosas se hagan como deben ser, y segundo, que si se llegan a tratar esos casos de falsos positivos en la Jurisdicción Especial de Paz de todas formas se les preste una atención acorde con su gravedad y no se les banalice.  Pero además, como usted bien lo señala, no es descartable la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en caso de que la Jurisdicción Especial de Paz asuma que los falsos positivos no hacen parte de su competencia, intervenga, porque además le está haciendo un seguimiento específico a los casos de los falsos positivos. Es uno de los cinco aspectos que este organismo internacional tiene presente en su seguimiento de la situación colombiana y por consiguiente también existe esa posibilidad.