MÉXICO

A CASI UN SIGLO DEL INFAME TRATADO DE BUCARELI: LA ENTREGA VERGONZOSA DE MÉXICO A ESTADOS UNIDOS

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La historia de América Latina está plagada de traición y entrega de la soberanía de varios de sus países a las codiciosas y humillantes pretensiones de Estados Unidos. Ahora que en 2023 se cumplirá los 100 años de la suscripción del infame Tratado de Bucareli, es preciso reseñar la vergonzosa entrega de México por parte del presidente Álvaro Obregón Salido en 1923 a Washington.

El propósito felón del mandatario mexicano fue el de beneficiar de manera desmedida a los Estados Unidos para poder contar con su apoyo en un tiempo en el cual las disidencias políticas postrevolución empezaban a complicar su gobernabilidad.

Estados Unidos, entre tanto, lograba concesiones para obtener cuantiosas reparaciones económicas que alegaba por los supuestos impactos negativos que le había propinado el proceso revolucionario mexicano a sus empresas, así como importantes posibilidades de negocio en las áreas energética e industrial, a cambio de reconocer al gobierno de Obregón.

El Acuerdo o Tratado de Bucareli, conocido con esa denominación por la ubicación de la casa en el barrio céntrico de Ciudad de México que lleva ese nombre, y en la que se realizaron las 19 reuniones entre los plenipotenciarios de los dos gobiernos,  consistió en dos Convenciones de Reclamaciones, una Especial y otra General. Los compromisos “extraoficiales” del gobierno de Obregón se encuentran en las actas de las conversaciones, actas cuidadosamente redactadas para evitar efectos políticos indeseables.

Históricamente se ha propalado la versión de que en ese descarado pacto se contemplan algunas cláusulas confidenciales, entre ellas que el mismo tiene vigencia de un siglo.

En consecuencia, en el año 2023 termina el Tratado de Bucareli el cual constituye un acto infame, hecho con desprecio, vileza y maldad contra el pueblo de México.

¡Adiós soberanía mexicana!

Obregón estaba urgido de ser reconocido por Washington, habida cuenta que había llegado a la presidencia mediante golpe militar. Para entonces era inquilino de la Casa Blanca, el republicano John Calvin, quien designó como representante del gobierno estadounidense para negociar el Tratado de Bucareli a George Summerlin, mientras que por México actuaba Alfredo Pani. Ambos estamparon sus firmas en dicho tratado, cuyas cláusulas eran tan infames que no fue aceptado por los Congresos de ambos países. Así que quedó como un trato de “buenos caballeros” el cual fue publicado en el Periódico Oficial el 26 de febrero de 1924.

Estados Unidos aprovechó para esquilmar todo lo que pudo a la nación mexicana mediante este vergonzante acuerdo. En primer término exigió el pago de indemnización a los ciudadanos norteamericanos por los supuestos daños causados en sus propiedades e instalaciones a raíz de la Guerra de Revolución de 1910 a 1921, pidiendo en tono de reclamo todas las ganancias no obtenidas por las empresas norteamericanas en ese periodo. El Estado mexicano pagó una suma millonaria que nunca se publicó.

Washington además solicitó la abolición del artículo 27 de la Constitución Política mexicana que estipulaba la soberanía sobre las riquezas del subsuelo y litorales. Estados Unidos exigió también que dicha norma constitucional no fuera retroactiva para las petroleras norteamericanas.

Asimismo, dicho Tratado prohibió a México producir la maquinaria para sus propias industrias, pues todo sería comprado a los Estados Unidos. De ahí la explicación del porqué Pemex nunca pudo adquirir su maquinaria para la perforación y menos para refinación de crudo.

Era la época en que la aviación mexicana estaba incursionando con éxito en la fabricación de los primeros aeroplanos, siendo pionera en América Latina, pero ante la imposición norteamericana, debió suspenderse. En adelante, todo lo concerniente a la industria aeronáutica se debería adquirir directamente con las compañías estadounidenses dedicadas a este ramo.

En lo relativo a la educación, Estados Unidos impuso que a los niños y jóvenes mexicanos se les prohibiera el acceso a la ciencia, a la tecnología y a los procesos industriales. En consecuencia, México se vio en la penosa necesidad de implementar una metodología mediocre de enseñanza básica y superior. Cuando un educador como Gabino Barreda, primer director de la Escuela Nacional Preparatoria, intentó plasmar el positivismo científico del filósofo francés Auguste Comte, se le vinieron encima tanto la jerarquía de la Iglesia Católica como los conservadores en el poder. Por ello se considera que los mexicanos han tenido que enfrentar un atraso en la enseñanza de 100 años y de 50 en el ámbito tecnológico.

En contraste, Washington abría las puertas de sus universidades a los jóvenes de la élite social mexicana que quisieran educarse con los últimos avances científicos, no obstante la consiguiente estigmatización social y la actitud de traición a la patria.

El Tratado de Bucareli determinó también condiciones especiales para la inversión, estableció salarios bajos, con lo cual generó déficit en cuanto a seguridad alimentaria y pobreza extrema en las clases marginadas.

Un partido político a imagen y semejanza del Tío Sam

El Tío Sam no contento con haberle robado la mitad del territorio a la nación mexicana durante el siglo XIX, y logrado las múltiples y sustanciales concesiones gracias a un pérfido dictador como Obregón mediante el mencionado “acuerdo de caballeros”, tras bambalinas ideó e impulso también un partido político que sirviera a sus mezquinos intereses. Así se formó en 1929 el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Se le denominó “revolucionario” para fingir una causa de rebeldía, aunque aminorada por la palabra “institucional” para denotar un supuesto respeto por el gobierno, acepciones que irán acompañadas por el escudo y bandera nacionales.

Al PRI se le precisaron cuatro obligaciones:

 

1.- Realizar y vigilar las elecciones.

 

2.- Salir siempre ganador en las justas electorales, para lo cual se utilizaría el mecanismo del fraude en caso de ser necesario.

 

3.- Evitar a todo trance la llegada al poder de la oposición.

 

4.- Permanecer en el poder hasta el término del Tratado de Bucareli (es decir por el lapso de un siglo) y vigilar que su Congreso aprobara todas las iniciativas que favorezcan al capital norteamericano.

Consecuente con esa visión abyecta y cipaya, el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-18) impulsó una leonina reforma energética en 2013, en virtud de la cual entregó no solo la empresa petrolera estatal Pemex a las compañías transnacionales norteamericanas sino que adicionalmente les concedió la exploración y explotación del Golfo de México.

Narcotráfico, violencia y miedo

Tras esta política entreguista tanto del PRI como del Partido Acción Nacional (PAN) que gobernó dos sexenios con presidentes impresentables y corruptos de ultraderecha como Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, sobrevino para México una crítica situación social imbuida por el narcotráfico y el crimen organizado que trajo como consecuencia la violencia y la amenaza sobre la seguridad ciudadana.

De esta manera, se extendió un estado de miedo y zozobra sobre la población mexicana que sirvió además para encubrir los abusos y los delitos de corrupción cometidos por los gobiernos tanto del PRI como del PAN.

Una historia prolongada de corrupción

En la crisis sistémica de México, Washington siempre ha estado presente sacando partido. Varios mandatarios gobernaban no para los intereses de los mexicanos sino de Washington, así por ejemplo, en 1968, el presidente Gustavo Díaz Ordaz (1964-70), con el pretexto de combatir al comunismo y para agradarles a sus patrones, no tuvo el menor empacho de masacrar a millares de jóvenes estudiantes que pedían una mejor educación e instalaciones adecuadas para el proceso formativo.

Dice Jean François Boyer en su obra La guerra perdida contra las drogas que al inicio del gobierno de Miguel de la Madrid (1982-88), el Estado mexicano no disponía de fondos presupuestales para el funcionamiento del gobierno, habida cuenta que su antecesor José López Portillo saqueó las arcas público para invertir en España, por orden directa de Washington. Ante la crisis económica, le sugieren al presidente de la Madrid que obtenga recursos vía narcotráfico, cobrándoles a los carteles el 20% del valor de toda la droga que ingrese a Estados Unidos. De esta manera, México se convierte en un narco-estado poniendo en riesgo la seguridad y la integridad de toda su población.

Así, todas las fuerzas de seguridad federal, estatal y municipal fueron involucradas en el negocio sucio del narcotráfico. Además, comenzó la financiación de campañas políticas y el surgimiento del Cartel de Tijuana que comandaban los Arellano Félix.

Durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) el negocio del narcotráfico logra un gran auge de la mano de su hermano Raúl, prostituyéndose aún más el poder político. Durante este sexenio se suscribe el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, una prolongación del Tratado de Bucareli, vendiendo a precio mínimo todas las empresas públicas, triangulando su compra con dinero extranjero. Inclusive, el asesinato del aspirante presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, fue un problema de dinero sucio proveniente del tráfico de estupefacientes con Raúl Salinas.

En toda esta crisis de empobrecimiento social mexicano, la perversión institucional, la prostitución del poder político por parte del PRI y PAN, el saqueo de las arcas públicas, está la mano corrupta y corruptora de Estados Unidos que busca que se cumpla lo pactado en el Tratado de Bucareli a costa del sacrificio de la sociedad mexicana. Las pérfidas reformas promovidas por el gobierno de Peña Nieto cierran con broche de oro toda esta estafa.

Escisión de partido de izquierda fragmenta espectro político en Colombia, posibilitando reinvención del establecimiento para elecciones en 2022

 

    Senador Jorge Enrique Robledo; expresidente Juan Manuel Santos; y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ /

El frágil proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc concretado en los acuerdos suscritos en 2016, no obstante que no han sido implementados por la obstinación de la ultraderecha liderada por el cuestionado exmandatario Álvaro Uribe Vélez, dejó prácticamente sin discurso al denominado establishment que históricamente ha gobernado a Colombia.

Un establecimiento corrupto, decadente, caracterizado por su tesitura de derecha y obsecuencia frente al hegemón estadounidense que durante los 200 años que ha expoliado el aparato estatal colombiano, ha gobernado dividido aunque logrando cimentar eso sí una malhadada estructura endogámica.

Se puede sintetizar que esa estructura amalgamada por los partidos tradicionales Liberal y Conservador que se han repartido al Estado como botín durante el decurso político colombiano devino a finales del siglo XX en un régimen mafioso que por un lado se alío con los carteles del narcotráfico, y por otro, terminó sofisticando la “acumulación por desposesión” para usar el término ilustrativo del geógrafo británico David Harvey, al poner en marcha el criminal modelo económico neoliberal, con el cual se ha desconocido casi por completo los derechos sociales al pueblo colombiano, expoliando la riqueza del país.

Si bien en líneas generales el establecimiento colombiano ha tenido una constante si se quiere ideológica en el sentido de privilegiar los intereses del gran capital y de los terratenientes, la defensa del statu quo, su adscripción a la doctrina réspice polum (mirar hacia el norte) que no es otra que la sumisión frente a Estados Unidos, formulada en el primer tramo del siglo XX por un conservador místico pero al mismo tiempo codicioso como Marco Fidel Suárez que fue canciller y presidente de la República, su tránsito en pos de esquilmar a la nación y aprovecharse de manera criminal del aparato del Estado, lo ha hecho de manera dividida, fragmentada.

En efecto, a finales de los años 50 y después de varias décadas de un enfrentamiento fratricida, liberales y conservadores acordaron lo que se puede catalogar como una ‘dictadura pactada’ que denominaron Frente Nacional, en virtud de la cual se repartieron el poder entre ambos bandos durante 16 años (1958-1974), excluyendo de manera absoluta del acceso a los cargos de elección popular y puestos del Estado a todo sector político o individuo que no perteneciera a una de esas dos banderías. Se entronizó, en consecuencia, el pensamiento único y a toda voz discordante o disidente se la estigmatizaba y proscribía. Es en ese periodo en que nacen las guerrillas, no solo por la exclusión política sino por las inequidades sociales y la negativa de la dirigencia política bipartidista a realizar las reformas estructurales que requería en ese entonces y que sigue reclamando ahora la sociedad para mitigar la desigualdad obscena que exhibe la nación colombiana.

Cuando se creía que el país tendría un nuevo amanecer con la expedición de la Constitución de 1991, el bipartidismo (sustento del establecimiento) que se fraccionó en varios sectores políticos de derecha y ultraderecha se vio contaminado por la influencia del narcotráfico, pues varios de sus más connotados dirigentes terminaron pactando con los capos de los carteles de Cali, Medellín y el norte del Valle, entre otros.

De la derecha ‘light’ a la ultraderecha recalcitrante

Tras el escándalo de ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial del mandatario Ernesto Samper Pizano (1994-1998), logra llegar al poder un heredero de una casa política del conservatismo, el locutor de noticias del telediario de propiedad de su familia, Andrés Pastrana Arango, quien había sido alcalde de Bogotá, cargo que ocupó sin pena ni gloria. Con el discurso de consecución de la paz con la insurgencia de las Farc se instala en la Casa de Nariño, empero el proceso de negociación fue un total fracaso, en parte porque este gobierno conservador jugaba con las cartas marcadas: mientras proclamaba su intención de concretar un acuerdo con el grupo guerrillero, al mismo tiempo, entregaba de manera descarada la soberanía del país a Washington suscribiendo un vergonzoso proyecto contrainsurgente, disfrazado bajo la falacia del combate contra el narcotráfico, conocido con la denominación de Plan Colombia.

La frustración y desilusión que generó en la sociedad colombiana el gobierno de un fatuo mandatario conservador como Pastrana Arango, dio lugar a la irrupción de un dirigente de la ultraderecha proveniente de un departamento ultraconservador como Antioquia, de donde venía de ser gobernador: Álvaro Uribe Vélez.

De una derecha ‘light’, caracterizada por su estulticia, Colombia pasó a ser gobernada por un representante genuino de la ultraderecha, líder de esa clase emergente surgida gracias a los oscuros negocios y las tratativas con los nuevos ricos, los terratenientes tradicionales, y los caciques electoreros de las regiones.

Como defensor acérrimo del terrateniente premoderno que logró acumular poder económico y su representante político más genuino, Uribe Vélez, se consolidó como el líder más importante de la ultraderecha en Colombia, logrando imponer a su pupilo Iván Duque Márquez como mandatario para el periodo presidencial 2018-2022, cuya principal tarea es hacer “trizas” el acuerdo de paz suscrito entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la entonces insurgencia de las Farc.

Un acuerdo de paz como éste que proyecta una reforma rural integral enfocada a democratizar el acceso a la tierra en Colombia, (elemento causal de la violencia en este país), garantizar mínimos derechos a los sectores de oposición y la reparación a las víctimas del conflicto (léase devolución de tierras despojadas por paramilitares a millares de campesinos) va en contravía de los intereses que defiende un dirigente político premoderno con concepción feudal como Uribe.

La ultraderecha y el establecimiento colombiano se quedan sin narrativa

Este controvertido dirigente antioqueño con demostrados nexos con el narcotráfico e impulsor de las bandas paramilitares logró obtener audiencia y consolidar su liderazgo gracias a que cabalgó sobre la necesidad de la mano dura contra la insurgencia y su propósito de guerra arrasada, discurso que amplios sectores de la sociedad colombiana apoyaron y aún respaldan. Además su mensaje pendenciero vino a complementar la narrativa contrarrevolucionaria que el establecimiento colombiano instauró por más de medio siglo.

Con el proceso de paz el Gobierno de Santos sin proponérselo puso en cuestión ese relato, de ahí que Uribe al retornar al poder en 2018 con su pupilo Iván Duque busque “hacer trizas” no sólo el Acuerdo, sino reintroducir la idea de que en Colombia nunca hubo conflicto sino un ataque terrorista.

Para desgracia del uribismo y la ultraderecha, el proceso de paz borró de tajo la narrativa que había construido el cuestionado exmandatario y es por eso que el Gobierno de Duque trata de reinstalar ese relato.

Al rescate del caduco establecimiento que se quedó sin discurso

Así como el uribismo se quedó sin discurso y el descrédito del Gobierno de Duque cada día crece de manera exponencial, además porque se comprobó que para ganar las elecciones presidenciales recurrió a la compra de votos en varias regiones del país, gracias a aportes de algunos de sus aliados narcotraficantes, el resto de sectores que hacen parte del establecimiento colombiano también se encuentran huérfanos de narrativa.

Esos sectores del establishment se caracterizan porque están en franca oposición a Duque y por supuesto, contra el cuestionado expresidente Uribe, actualmente en prisión domiciliaria. Coinciden, eso sí con el uribismo, en que adversan con ahínco al líder de los sectores alternativos, el actual senador Gustavo Petro Urrego, quien en la segunda vuelta presidencial de 2018 obtuvo más de 8 millones de votos.

Para enfrentar tanto al uribismo como a Petro, estos sectores del establecimiento que son conservadores y de clara estirpe neoliberal se autocalifican de “centro” y propalan la matriz según la cual Colombia se encuentra “polarizada” y por lo tanto hay que buscar una “tercera vía”, como diría el exprimer ministro británico y criminal de guerra Tony Blair.

A Petro lo etiquetan para estigmatizarlo como de “extrema izquierda” y por supuesto al uribismo lo tildan de “fascista” (que es en definitiva lo que es) para “vender” la idea según la cual lo que requiere el país es una alternativa de “centro” que despolarice el ambiente político y se retorne a la posibilidad del “entendimiento” o la “unidad nacional”, falacias que la derecha ha convertido desde 1930 en eslóganes electorales que les ha dado resultado para espoliar los recursos del Estado por parte de la coalición gobernante de turno.

En ese supuesto “centro” político que se disfraza de “socialdemocracia”, la cual para el caso europeo terminó traicionando sus principios y convirtiéndose en una tendencia más de la derecha (como lo explica de manera muy atinada el autor anglo-paquistaní Tariq Alí en su libro El extremo centro), se ubican en primer término el expresidente neoliberal Juan Manuel Santos; los potenciales aspirantes presidenciales de corte neoconservador Sergio Fajardo Valderrama, exgobernador de Antioquia y exalcalde de Medellín; Alejandro Gaviria Uribe, exministro de Salud y actual rector de la Universidad de los Andes (el principal centro de estudios privado del país de corte neoliberal y propalador del enfoque hegemónico estadounidense); la alcaldesa de Bogotá, Claudia López Hernández; el partido Alianza Verde con uno de sus principales líderes el exguerrillero del M-19, exministro y exgobernador de Nariño, Antonio Navarro Wolf, hoy autoconvertido en moderado; el exnegociador del proceso de paz y exministro Humberto de la Calle Lombana; y varios exdirigentes del Partido Liberal que se desafiliaron al terminar controlado por el impresentable expresidente César Gaviria Trujillo, padre del neoliberalismo en Colombia.

Los líderes del denominado “Centro” político en Colombia: el senador del MOIR, Jorge Enrique Robledo; la alcaldesa de Bogotá, Claudia López; y el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo.

A este sector que buscan darle consistencia político-electoral poderes fácticos como el Grupo Empresarial Antioqueño, industriales de la caña de azúcar del Valle del Cauca, y no pocos medios tradicionales de comunicación, se va a terminar uniendo el supuesto sector de izquierda Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR) que lidera el senador del partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo Castillo.

El MOIR terminó siendo “un oportunismo de derecha”, se lamenta Omar Ñáñez Camacho, uno de los fundadores de este mini-partido que “hoy parasita el Polo Democrático”, una colectividad de clara estirpe de izquierda.

Este movimiento fundado en 1969 por Francisco Mosquera Sánchez, destaca en su proceso histórico dos etapas, señala Ñáñez Camacho. La primera que va desde su creación en la ciudad de Medellín hasta 1977 cuando se involucra a fondo en las luchas sociales del país, reivindicando los derechos de la clase obrera y exhibiendo un claro discurso de izquierda. De ahí en adelante, agrega este exdirigente de esa formación política, hay un retroceso, pues se convierte en un palo en la rueda de todo proceso unitario de las fuerzas alternativas de Colombia, haciéndole el juego a la derecha.

Al llegar el MOIR como tendencia al Polo Democrático Alternativo no obstante que era minoría, logra controlar el aparato del partido y paulatinamente solidificarse como el principal sector, con una votación sin precedentes en su historia electoral. En los comicios de 2018 esta tendencia le aporta al Polo dos senadores y un representante a la Cámara, gracias al liderazgo de Robledo.

Para la segunda vuelta de los comicios presidenciales de ese año, el MOIR al no clasificar su candidato, el conservador Sergio Fajardo, optó por el voto en blanco y rechazó de plano apoyar la aspiración alternativa de Petro.

Giro a la derecha

Si se tiene en cuenta que para el MOIR, un grupo político de extracción maoísta, el sujeto político en Colombia para avanzar en la transformación socioeconómica del país reside en la burguesía nacional, es comprensible que ahora gire a la derecha y vaya a engrosar este sector que se disfraza de “centro” con miras a enfrentar el reto electoral de 2022.

Para ello, y no obstante ser mayoría al interior del Polo, ha entrado en negociaciones con sus actuales compañeros de partido para determinar los términos de la escisión del mismo, una figura que contempla la ley electoral, habida cuenta que el MOIR, al igual que su socio político, Sergio Fajardo, se niegan a ir a una consulta popular con Petro para la escogencia del candidato presidencial del sector alternativo en la próximas elecciones.

Además, Robledo, quien ya anunció su precandidatura presidencial no encontró respaldo alguno a su aspiración al interior del Polo Democrático, pues todos sus colegas congresistas que lideran distintas tendencias o están con Petro, caso el senador Iván Cepeda, o impulsan la idea de realizar una consulta abierta para la escogencia del aspirante presidencial, para la cual incluso, han invitado a participar a sectores del autodenominado “centro” como liberales y el partido Alianza Verde.

El expresidente Juan Manuel Santos, tras bambalinas, aspira a contribuir a que se consolide la tendencia del “Centro” , en la que figurarán varios de sus allegados políticos.

Recomposición del espectro político

Si el Congreso Nacional del Polo Democrático que se tiene previsto convocarlo para antes de finalizar el presente año oficializa la escisión del partido, para lo cual se ultiman las negociaciones internas, el espectro político colombiano para los comicios tanto parlamentarios como presidenciales del 2022, verá surgir una nueva fuerza que si bien está signada por ideología de derecha, tendrá un barniz de progresista con el aporte del MOIR. Se catalogará de “centro” y tendrá posibilidades de llegar a la segunda vuelta en la carrera por la Presidencia. De esta manera, el establecimiento colombiano que adversa tanto al uribismo como a Petro, logra reinventarse, aunque habrá que esperar con qué narrativa se presenta, pues a una sociedad que apenas estará saliendo de las consecuencias de la pandemia no se le puede salir con el argumento de que el país está polarizado entre dos extremos y que el camino es el de los “tibios”, es decir, el del centro. Además que camuflarse bajo la etiqueta de “centro” es un infundio y un oportunismo para acercarse o a la derecha o a la izquierda de acuerdo con las circunstancias. En la Ciencia Política hasta ahora no ha sido posible definir el “centro”.

Históricamente, como dice el profesor español y cofundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, no hay referente de quien haya muerto por una causa política, gritando: ¡Viva el centro!

La narrativa del centro       

Lo interesante de la reinvención del establishment colombiano mediante su infundio de que mediante la opción centrista va a sacar de la profunda crisis institucional y moral en que se encuentra el país con un aliado como el MOIR y en el que seguramente confluirá el sector que lidera Juan Manuel Santos, (quien de paso podrá lograr financiación internacional de George Soros para este nuevo actor político), será conocer su narrativa. Es decir, la propuesta programática que le presentará a una sociedad desesperanzada y maltratada socioeconómicamente como la colombiana. Ya no solo basta con ofrecer la implementación de los acuerdos de paz que el Gobierno de Duque ha dejado en el congelador sino que deberá anteponer argumentos para contrarrestar la propuesta de amplio calado social que viene planteando Gustavo Petro con temas esenciales entre otros como la implementación de una Renta Básica Universal; la transición de combustibles fósiles por energías renovables para mitigar el impacto de la crisis climática; la puesta en marcha de una reforma pensional y de salud; la garantía de la gratuidad en la educación en todos sus niveles y el mejoramiento en su calidad; y la implementación de la reforma agraria integral, actualmente aplazada.

Se abre entonces otro capítulo en la intrincada y pugnaz realidad política colombiana que tendrá su punto culminante en 2022 cuando se elija al nuevo inquilino de la Casa de Nariño.

 

 

 

 

NEOLIBERALISMO

LAS EXPECTATIVAS DE AMÉRICA LATINA FRENTE A LA AGENDA POST-PANDÉMICA DEL EXPOLIADOR Y DESVERGONZADO CAPITAL FINANCIERO INTERNACIONAL

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ /

Nuevamente América Latina queda a la expectativa de la última movida del expoliador y cínico capital financiero internacional, cuya camarilla  nucleada en el poderoso Foro Económico Mundial (World Economic Forum) que cada año, en la última semana de enero, se reúne en la localidad suiza de Davos, en el sentido de que, ante la pandemia del Covid-19, ha determinado presentar en 2021 una agenda que busca salvaguardar el fracasado sistema capitalista, cuyos operadores mundiales son directamente responsables tanto de la crisis socioeconómica, climática como sanitaria por la que atraviesa actualmente el planeta. 

Secundado por del depredador Fondo Monetario Internacional (FMI) y de organismos rapaces que congregan gánsteres económicos como el Club Bilderberg y la Fundación Rockefeller, el Foro Económico Mundial (FEM) quiere reinventar el horizonte del capitalismo para, a través de una nueva agenda de acciones, continuar asaltando a la humanidad, como lo ha venido haciendo a través de los “Big Money” (léase bancos, fondos de pensiones, entidades financieras e inversoras de alcance global), con la complicidad de los Estados que en su gran mayoría han adoptado el modelo neoliberal.

Frente a la propuesta de agenda de los buitres financieros, América Latina no puede quedar a merced de lo que terminen imponiendo estos despojadores planetarios, por lo que se hace prioritario y urgente que los sectores denominados progresistas, o de izquierda, los movimientos sociales y los gobiernos que en la región le apuesten a un nuevo horizonte una vez superada la crisis generada por la emergencia sanitaria, comiencen a debatir una serie de temas que permitan anteponerlos a las pretensiones de nuevo despojo de los globalistas neoliberales que han malgobernado el mundo, llevándolo a una crisis civilizatoria.

El coronavirus está permitiendo clarificar los debates y esclarecer las pugnas que estaban planteadas veladamente. Queda, sin embargo, sacar las conclusiones adecuadas y aprovechar el contexto para actuar rápidamente. El reto para las fuerzas progresistas de la región es hacer una lectura pertinente de las tendencias en desarrollo.

Expectativas para Latinoamérica

Varios analistas coinciden en que la pandemia es una oportunidad para transitar hacia un mundo algo más justo recuperando las funciones del Estado, cercenadas por un modelo económico criminal como el neoliberal que ha condenado a la mayoría de la humanidad a la miseria, la depredación ambiental, ahondando las inequidades sociales, convirtiendo la vida humana en una vil mercancía en beneficio de unos pocos.

En lo que concierne a América Latina, amplio sectores aspiran a que luego de los rigores de la pandemia, los países del hemisferio tengan la posibilidad de entrar por la senda del Estado de Bienestar en términos de acción y de consenso social y político. La realidad, en contraste, de ninguna manera es halagüeña frente a tan legítima aspiración, por cuanto lo que demuestra la crisis vírica es que mientras buena parte de la economía mundial se hunde, los gigantes de la economía digital se expanden aceleradamente con dos tendencias muy firmes: ganancias extraordinarias de corto plazo y concentración monopólica. Además, se consolida el desarrollo de un capitalismo de vigilancia. Ello deja en evidencia la existencia y profundización de un campo de tensión entre la dinámica técnica-económica y las ingentes necesidades, así como las dificultades por lograr el desarrollo social.

Una nueva agenda para afianzar el despojo y el control global

En medio de la emergencia planetaria, el Foro de Davos a través de dos de sus más representativos e inescrupulosos voceros como el príncipe Carlos de Gales y el empresario alemán, integrante del Club Bilderberg, Klaus Schwab, fundador de esa cofradía de la especulación y la usura que se reúne en la mencionada ciudad helvética anualmente, anunciaron la realización de una ‘cumbre gemela’ en la que se presentará la nueva agenda de la ‘élite’ gobernante y financiera, bautizada con el nombre de El gran reinicio.

Para estos delincuentes financieros de cuello blanco se trata de reiniciar o ‘resetear” el mundo, como cuando se paraliza un computador, de ahí la alegoría, una vez las naciones superen la crisis sanitaria. De esta manera, buscan pasar a la ofensiva y sentar las bases de lo que será el mundo post-pandémico para continuar sus actividades de pillaje, ampliamente conocidas y así perpetuar el despojo y el control global.

En un lenguaje edulcorado, Schwab escribió un artículo periodístico publicado en el portal web del FEM el pasado 3 de junio que tituló Ahora es el momento de un "gran reinicio", en el que de manera ladina plantea la necesidad de invertir la lógica neoliberal retornando al fortalecimiento de los Estados, a la regulación fuerte de los mercados y a la aplicación de un sistema tributario en virtud del cual los potentados contribuyan más para equilibrar las obscenas desigualdades sociales en el mundo.

Aunque el FEM viene repitiendo demagógicamente que su propósito es impulsar la equidad y el progreso de la humanidad, construyendo “los fundamentos del sistema económico y social para un futuro más justo, sustentable y resiliente", en esta oportunidad su narrativa la quiere disfrazar con un lenguaje ciber-fármaco-ambientalista, aludiendo a su muy controvertida "Cuarta Revolución Industrial". Dentro de ese contexto, estos aprovechadores económicos se enfocan también a promover el debate sobre la crisis climática, aunque siguen hablando de “catástrofes naturales” para evitar referirse a los efectos depredadores de un sistema como el capitalista, para lo cual buscan escarbar cómo sería una economía “descarbonizada”.

Necesidad de una contra-agenda de los países víctimas del neoliberalismo

Ante la agenda farmacológica, cibernética y financierista del Foro de Davos que hay que analizar cuidadosamente entre líneas y develar sus calculadas intenciones, es preciso que el mundo marginado y en vías de desarrollo genere una contra-agenda. Ojalá se pudiera reeditar una especie de Foro Social Mundial, con el suficiente peso específico intelectual para darle una respuesta por parte de los pueblos víctimas del neoliberalismo a estos gánsteres financieros. Se trata, en consecuencia, como ya lo han señalado algunos analistas del campo progresista, de formular una propuesta en que si bien se planteé la necesidad de devolverle los fueros al Estado, revirtiendo el mal llamado libre comercio, acabando con las privatizaciones de los bienes comunes y estructurando un sistema tributario equitativo, también se aborden asuntos de gran trascendencia, entre otros como la condonación de la deuda externa, el tratamiento a las migraciones, la utilización de la inteligencia artificial, el acceso democrático a la información, la cibervigilancia global y la garantía a la soberanía alimentaria de los pueblos y a una Renta Básica Universal para todo ciudadano.

El reto, entonces, es que los pueblos, ojalá desde América Latina, se preparen y asuman el debate que han planteado los expoliadores económicos y timadores financieros para que no continúen tomando por asalto y estafando a la humanidad.