LA RESPONSABILIDAD DE
TERCEROS DE LAS TRANSNACIONALES COMO ACTORAS DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA
POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ
La
reparación efectiva de las víctimas del inveterado conflicto interno colombiano
constituye aspecto fundamental de las negociaciones de paz entre el gobierno de
Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc. Pero tal responsabilidad, a la
luz del derecho internacional y de los acuerdos a que se han llegado en la mesa
de negociación de La Habana, no solo debe recaer en los principales actores
generadores de violencia en Colombia: el Estado, la guerrilla y las bandas
paramilitares, sino que necesariamente tiene que ampliarse a terceros que son
cómplices y articuladores de delitos de lesa humanidad, como varias empresas
transnacionales que se han aprovechado de la confrontación armada y del
histórico debilitamiento institucional de este país andino para consolidar sus
negocios corporativos vía fractura social y territorial.
El capital transnacional, como en
buena parte del mundo y particularmente en América Latina, ha jugado papel
funesto y criminal en el proceso de la expansión del capitalismo, y por supuesto
Colombia ha sido un botín a lo largo de su intrincada historia para sus
protervos y codiciosos propósitos con la complicidad directa de la elitista
clase dirigente. Baste recordar la masacre de las bananeras en el recóndito
municipio de Ciénaga, en el departamento del Magdalena, en el norte del país, a
finales de la década de los años 20 del siglo pasado, por parte del Ejército
colombiano que estaba al servicio de la United Fruit Company (hoy Chiquita
Brands) para complacer sus intereses económicos.
La historia en Colombia se ha
repetido como tragedia, pues al despuntar el siglo XXI, su clase dirigente como
en la época de la matanza en la región bananera del Magdalena, ha continuado
poniendo a órdenes del capital transnacional el aparato estatal y los recursos
naturales del país con consecuencias humanitarias y medioambientales funestas
en las comunidades y territorios, hasta el punto que se puede afirmar que
varias empresas multinacionales han sido actores del conflicto interno, por lo
general, apoyando bandas paramilitares que les han posibilitado ampliar su
dominio económico y territorial, en lo que el geógrafo inglés David Harvey, ha
denominado “acumulación por desposesión” (http://bit.ly/1TPbNiF).
EMPRESAS MINERO-ENERGÉTICAS COMO INSTIGADORAS DE VIOLENCIA Y APROVECHADORAS
DEL CONFLICTO INTERNO
Caso paradigmático de cómo el
capital transnacional se ha beneficiado en forma directa del conflicto interno
colombiano es el de algunas empresas minero-energéticas, acusadas por la
comisión de supuestos delitos de lesa humanidad. El muy documentado informe El lado oscuro del carbón (http://bit.ly/1N5J2F8) elaborado
y editado por PAX Holanda en septiembre de 2014, denuncia la estremecedora ola
de violencia desatada en el departamento del Cesar, en el noreste del país, por
grupos paramilitares que actuaban con el aparente apoyo y complicidad de las
trasnacionales mineras Drummond y Prodeco.
Con base en cifras oficiales, dicha
investigación que puede calificarse como el informe del horror, realizado por
solicitud explícita de las víctimas, hace un cálculo conservador durante el
periodo comprendido entre 1996 y 2002 y establece que en esta región
carbonífera colombiana los paramilitares con la supuesta colaboración
financiera y logística de las citadas empresas transnacionales cometieron no
menos de 2.600 asesinatos selectivos, ejecutaron masacres en las que murieron
unas 500 personas, e hicieron desaparecer a más de 240 habitantes de la zona,
generando más de 59 mil desplazamientos forzados, con lo cual, además, se
produjo un fenómeno de apropiación ilegal de tierras.
El informe de PAX es además un
relato de lo que constituye la acumulación por desposesión que al decir de Harvey,
Colombia es el país paradigmático de este fenómeno de saqueo y latrocinio. Se
trata, como bien lo ha reseñado el sociólogo portugués Boaventura de Sousa
Santos, de la “apropiación, casi siempre ilegal y violenta, y siempre con
recurso a mecanismos extraeconómicos (políticos, coercitivos), de la tierra, de
los recursos naturales y de la fuerza de trabajo necesarios para sostener la
reproducción ampliada. Esos mecanismos han incluido históricamente el despojo
colonial, la esclavitud, la coerción política, la violencia paramilitar, la
ocupación extranjera para controlar los recursos naturales y las poblaciones”.
(1)
El accionar de estas
transnacionales se enmarca además dentro de lo que la socióloga argentina
Maristella Svampa ha denominado el “Consenso de los Commodities” (http://bit.ly/1paNYo4) para explicar la
segunda fase del modelo neoliberal en América Latina y que en Colombia durante
el gobierno de Juan Manuel Santos se ha dado en llamar “la locomotora minera”.
Esta es una segunda etapa, explica Svampa, porque la primera, el Consenso de
Washington, estaba consagrada sobre todo a la privatización de los servicios
públicos y de los recursos naturales, y ahora se apunta a la ola de
desposesión.
Esta fase de profundización del
modelo neoliberal en Colombia ha venido a agravar el conflicto interno por la
ola de desplazamiento humano, desposesión de tierras, explotación laboral,
asesinatos selectivos y, en general, violación de derechos humanos. En este
contexto las transnacionales que explotan recursos minero-energéticos en el
país han generado toda una tendencia cuyos alcances “es la prevalencia de los
intereses corporativos sobre los públicos, en cuanto a la evolución del
territorio, de la economía y de las sociedades locales, explica el geógrafo
brasileño Milton Santos (1947-2001). “Dentro de ese cuadro –agrega- la política
de las empresas –esto es, su policy- aspira y consigue, mediante un governance, tornarse política; en verdad
una política ciega, pues deja la construcción del destino de un área entregada
a los intereses privados de una empresa que no tiene compromisos con la
sociedad local”. (2)
POSIBILIDAD DE QUE TERCEROS ACTORES DEL CONFLICTO RESPONDAN
En un país como Colombia,
caracterizado por la desviación del papel del Estado y por la profunda
concepción neoliberal de su modelo económico, así como por el “secuestro” de
amplios gobiernos locales por mafias políticas y corporativas, genera amplias
expectativas y no pocas dudas el horizonte del proceso de paz con la
insurgencia de las Farc y, por supuesto, si las buenas intenciones respecto de
la reparación de las víctimas del conflicto, llegarán a buen puerto.
La expectativa por parte de
organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos radica en la
posibilidad cierta o remota que se abre con este proceso en el sentido de si
los terceros responsables en la comisión de delitos de lesa humanidad van a
responder a las víctimas. Las negociaciones en La Habana mediante dos acuerdos
abren tal posibilidad.
En efecto, el Acuerdo sobre las
Víctimas del Conflicto (3) y el que crea una Jurisdicción Especial para la Paz
(4) apuntan en esa dirección por cuanto su objetivo es “contribuir a luchar
contra la impunidad”, dándoles garantías jurídicas a “quienes participaron de
manera directa o indirecta en el conflicto armado” para que asuman sus
responsabilidades penales.
Además, la Jurisdicción Especial
para la Paz tendrá competencia sobre agentes del Estado y otros responsables
directos o indirectos del conflicto, como financiadores o colaboradores de los
grupos armados ilegales.
En este sentido, la competencia
de dicha Jurisdicción alcanza a quienes no han combatido, pero que, por
ejemplo, han financiado grupos paramilitares, como es el caso concreto de
varias transnacionales que operan en territorio colombiano, teniendo en cuenta
también “las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los
derechos económicos”.
Se establecen, igualmente, “medidas
de reparación integral para la construcción de la paz” que “buscan asegurar la
reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución,
la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición; y la reparación
colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados
por el conflicto y más vulnerables, en el marco de la implementación de los
demás acuerdos”.
Queda por verse si se llama a
responder jurídicamente a los terceros responsables en el conflicto colombiano,
de lo contrario las víctimas y las organizaciones activistas de derechos
humanos no tendrán otra vía que la de acudir a la justicia penal internacional.
Lo complejo de este tema es que
en la sociedad colombiana hay víctimas directas e indirectas de este prolongado
conflicto armado.
En el imaginario colectivo del
país no se relaciona “el conflicto armado con la falta de garantías en materia
de derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos que afectan
al grueso de la población colombiana”. (5)
Y es que como lo señala el
antropólogo Arturo Escobar, "el posconflicto en Colombia no se puede
construir con las categorías tradicionales de desarrollo y representación
políticas que fueron precisamente las que generaron el conflicto" (http://bit.ly/1YCCsyl). Al fin y al cabo, como
lo sostuvo recientemente en Bogotá, en la Universidad Nacional, el politólogo y
sociólogo argentino Atilio Boron, “paz y neoliberalismo en Colombia son
incompatibles”.
NOTAS
1.- De Sousa Santos, Boaventura.
Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una epistemología
del Sur, Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2011.
2.- Santos, Milton. Por otra
globalización. Del pensamiento único a la conciencia universal, Convenio Andrés
Bello, Bogotá, diciembre 2004.
3. Acuerdo sobre las Víctimas del
Conflicto: http://bit.ly/1TNx20n
5.- Girón, Ortiz Claudia;
Vidales Bohórquez, Raúl. El rol reparador y transformador de la memoria en: Memoria,
Silencio y Acción Psicosocial, Ediciones Cátedra Libre, Bogotá, octubre 2010.
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