CENTROAMÉRICA

ENTREVISTA CON LA DIPUTADA DEL FMLN, NIDIA DÍAZ, SOBRE EL PROCESO DE PAZ  EN EL SALVADOR

“SI NO SE RESUELVEN PROBLEMAS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE LA POBLACIÓN, A LA LARGA SE CREA EL CONFLICTO ARMADO NUEVAMENTE”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Para que un proceso de paz como el que se desarrolla en Colombia pueda salir adelante es imprescindible el involucramiento de la población que tiene que estar vigilante de la  aplicación efectiva de los acuerdos que se suscriban entre el gobierno y la insurgencia, e igualmente es de suma importancia garantizar la participación política de la gente, los movimientos populares y de las fuerzas políticas. Ello dentro de una concepción política de generar condiciones de democracia integral, en el sentido de “que si no se resuelven los problemas económicos y sociales a la larga se crea el conflicto nuevamente”, explica la cofundadora del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)  y actual diputada de El Salvador, María Marta Concepción Valladares Mendoza, más conocida por su nombre de combate, Nidia Díaz.

Con la experiencia que le da haber luchado desde hace más de cuatro décadas en su país en diversas trincheras: desde la lucha popular a la militar, desde la cárcel a la diplomacia rebelde, desde la guerra a la negociación de paz, desde la montaña al  parlamento, Díaz reflexiona sobre las implicaciones que ha tenido el posconflicto en El Salvador, luego de suscrito los acuerdos entre el gobierno de ultraderecha de Alfredo Cristiani y la insurgencia del FMLN, hace aproximadamente un cuarto de siglo.

Durante el seminario internacional organizado por el Foro de Sao Paulo para analizar los avances de reconciliación política en Colombia, realizado recientemente en Bogotá, dialogamos con esta experimentada dirigente y diputada sobre los avatares del proceso de paz en El Salvador y la accidentada aplicación de los acuerdos.

ENTRE LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA Y LA TRANSICIÓN NEOLIBERAL

-       ¿Cómo fueron los primeros años en materia de posconflicto en El Salvador? ¿Los acuerdos fueron cabalmente cumplidos por los gobiernos de derecha para su implementación?

-       El posconflicto inicia hace 24 años con toda la voluntad política, la implementación de esos acuerdos que fueron verificados durante más de 10 años por las Naciones Unidas a través ONUSAL, después directamente por la Secretaría General, y posteriormente para su fortalecimiento a través del PNUD en proyectos dirigidos a consolidar la institucionalidad mediante un mecanismo nacional que se llamó Comisión Nacional para la Paz (Copaz), integrado por todos los partidos políticos que tenían representación legislativa en la Asamblea y cuya tarea era desarrollar leyes derivadas de la reforma constitucional que se  había producido a raíz de los acuerdos de paz. Lo más importante es que hubo dos transiciones durante estos años. Hubo una primera que fue precisamente la transición democrática, el cumplimiento de los acuerdos que traía implícito una reforma política con el objetivo de fortalecer un Estado democrático de Derecho para lo cual se crearon instituciones y medidas que se desprendían también de los acuerdos de paz. Y otra transición que era la neoliberal que había comenzado en 1989 con el Consenso de Washington. El Partido Arena gobernó 18 años de los 24 que tenemos y en ese lapso se profundizó la confrontación o la separación de esas dos transiciones. La transición democrática que estaba acorde a los propósitos de instalar un país sustentado en el respeto a los derechos humanos y las garantías sociales, y la transición económica que era contraria al espíritu de los acuerdos que perseguían democratización de la economía y que además contradecía los postulados de la Constitución de la República del año 83 que habíamos reformado a raíz de los acuerdos. A la vuelta de 18 años ya nosotros no valorábamos cuanto más, cuanto menos, sino si aquellos propósitos que tuvimos al empezar toda esa negociación basada en acuerdos de paz se estaba cumpliendo. De un país democrático, un país respetuoso de derechos humanos, un país en reconciliación como aspirábamos, encontramos uno, cuando se da el triunfo del FMLN en junio de 2009, con  un índice de -3.6% en economía. De país productivo pasamos a ser importador de granos básicos, con muchos despedidos de trabajadores, con una crisis social increíble en salud, educación, vivienda, desempleo, y empezando a desarrollarse la crisis mundial capitalista. Entonces, lo primero que hacemos nosotros tras un proceso de concertación sobre un programa de gobierno fue rescatar los acuerdos de paz y proponernos a implementarlos sobre la idea básica de un modelo de desarrollo social más justo y así empezó todo ese proceso con el FMLN. Nosotros dedicamos los cinco años del gobierno de Mauricio Funes a hacer una reforma social. En los siete años que llevamos gobernando no nos hemos dejado presionar por el Fondo Monetario Internacional para quitar subsidios, para despedir gente, para implementar impuestos regresivos o mucho menos para olvidar los proyectos sociales, al contrario, hemos mantenido todo esto.

-       La gran conclusión por lo que relata es que ha sido un proceso de posconflicto lleno de contradicciones…

-       Claro, porque como reitero con una economía en decrecimiento con -3.6% en todos esos años, los pobres se habían vuelto más pobres y los ricos más ricos. Cuando nosotros asumimos teníamos que darle vuelta a toda esa situación y ya en el segundo gobierno del FMLN, el primer objetivo es reactivar la base productiva del país, continuar con la reforma social y garantizar la seguridad del pueblo pero el problema de la inseguridad es estructural, viene de raíz, porque la misma situación de pobreza y de injusticia social genera la conflictividad a nivel social y se presta para altos niveles de delincuencia, a la cual se suma el crimen organizado, el narcotráfico. A ello hay que agregar que en los últimos años ha irrumpido la derecha como factor de desestabilización. No es un problema que lo vamos a resolver de un día para otro. El presidente Salvador Sánchez Cerén ha continuado lo que Mauricio Funes comenzó en cuanto a la recuperación de la memoria, es decir, esclarecimiento de verdades porque el gobierno de Alfredo Cristiani (1989-1994) rechazó el informe de la Comisión de la Verdad y dio una ley de amnistía total que permitió la absoluta impunidad.

-       Si bien ningún país o ninguna organización puede dar consejos o sugerencias en materia de negociaciones de paz, sin embargo con el proceso de Colombia hay una coincidencia: en este país andino el gobierno es de derecha y constituye una plataforma para la profundización del modelo neoliberal como ocurrió en El Salvador hace 25 años. ¿Qué horizontes pueden abrirse en Colombia teniendo esta similitud con El Salvador y qué perspectivas le ve a la etapa del posacuerdo una vez que se llegue a firmar la paz entre el gobierno y las Farc?

-       Para mí la clave es la voluntad política que se tenga para cumplir con lo que se pacta y eso pasa también porque una vez el presidente Santos firme los acuerdos con las Farc, sea cual sea el gobierno que llegue los tiene que cumplir. En segundo lugar, crear un involucramiento de la población que tiene que estar vigilante de la aplicación de los acuerdos y dar garantía para la participación política de la gente, los movimientos populares y las fuerzas políticas. Por otro lado, no olvidar que la democracia es integral, económica, social y que si no se resuelven los problemas económicos y sociales a la larga se crea el conflicto nuevamente, dependiendo como se apliquen las soluciones reales. Por eso es importante abordar seriamente el problema del desarrollo económico y social. Lo otro que es importante es que nunca hay que ocultar la verdad de lo que sucedió, hay que fomentar una cultura de paz permanentemente para que la gente se vuelva constructora de paz y no fomente la violencia. Igualmente, no se puede mantener una paz basada en la impunidad y poner mucha atención a la verificación de los acuerdos, sobre todo al compromiso, que no debe ser de palabra sino que tenga una base legal. Esa base legal es la refrendación de los acuerdos que se convierten en ley y de esta manera se puedan aplicar.