COLOMBIA

ENTREVISTA CON LOS INVESTIGADORES SOCIALES GLORIA HOLGUÍN Y SANTIAGO PIÑEROS DE PENSAMIENTO Y ACCIÓN SOCIAL (PAS)

“LA POLÍTICA DE TIERRAS EN COLOMBIA ES UN MONSTRUO MÁS GRANDE O MÁS TERRORÍFICO QUE EL DEL EXTRACTIVISMO MINERO-ENERGÉTICO”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La sostenibilidad de la paz en Colombia que comenzará a construirse una vez se suscriban los acuerdos de la mesa de negociación de La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc, dependerá en grado superlativo de que haya un cambio sustancial en el modelo económico del país que desde la década de los años 90 está sustentado en una profunda concepción neoliberal que se traduce en la entrega de buena parte del territorio nacional a las transnacionales para explotar recursos naturales no renovables con graves afectaciones medioambientales y socioeconómicas para las comunidades.

Si no hay un cambio de enfoque lo que se viene para Colombia es “un posconflicto con mucha violencia”, habida cuenta que la imposición de este modelo económico que tiene como sustento jurídico y político el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, prevé que sigan llegando multinacionales a explotar recursos naturales y a apropiarse de amplias extensiones de tierra, lo cual va a generar una serie de choques y confrontaciones en las regiones, pues de lo que se trata es de imponer “una forma de control territorial”. A esta dramática conclusión llegan los investigadores sociales Gloria Holguín Reyes y Santiago Piñeros Durán, quienes hacen parte del equipo interdisciplinario que elaboró el documentado Informe Sombra de las operaciones de Glencore en Colombia (http://bit.ly/1nNkqfi), auspiciado y editado en diciembre de 2015  por la organización Pensamiento y Acción Social (PAS) y el Grupo de Trabajo Suizo-Colombia (ASK).

Este informe se concentra en denunciar, utilizando fuentes públicas y oficiales del Estado colombiano, lo que solo una transnacional como Glencore, cuya casa matriz está en Suiza, viene impactando negativamente con su actividad carbonífera en el departamento del Cesar, situado en la zona noreste del país, en aspectos como  medio ambiente, derechos humanos, laborales, tributarios y reasentamientos involuntarios.

“Lo denominamos informe sombra porque se trata de un informe alterno al que presenta la empresa desde 2010. Lo que hicimos fue tomar los mismos aspectos sobre los que ellos informan y evaluar fuentes oficiales de manera detallada para identificar graves impactos de la actividad de la empresa que nos son reportados por ellos en sus informes y que afectan a las comunidades y traen pérdidas al país en su conjunto. Además, porque nos dimos cuenta que Glencore es una empresa que opera en la sombra, casi nadie sabe quién es o qué hace aunque lleva 20 años en Colombia”, explica Santiago Piñeros.

Las comunidades que habitan los territorios donde Glencore realiza su actividad de explotación carbonífera han venido siendo muy gravemente afectadas, lo que constituye un ejemplo contundente de la manera cómo las transnacionales minero-energéticas en este caso, están fracturando a las poblaciones desde el punto de vista social y medioambiental.

La investigación da cuenta además de hallazgos tan relevantes sobre los impactos de la extracción de carbón que hace Glencore en el centro del Cesar tales como la suscripción de acuerdos secretos con el Ministerio de Defensa, entre 2007 y 2013, por un monto promedio de 250.000 dólares para construir un batallón ubicado dentro de una mina, que por ese mismo tiempo estuvo involucrado en ejecuciones extrajudiciales. El informe también identifica la implementación por parte de Glencore de prácticas de contratación que promueven la discriminación y la desigualdad, el incumplimiento en las órdenes de reasentar a las comunidades afectadas, la producción de contaminación del aire por encima de los niveles permitidos, el contagio de ríos y la desviación de sus cauces, daños ambientales no cuantificados e irreversibles, y cuantiosas sanciones tributarias por dilaciones y maniobras tributarias que afectan el fisco en Colombia. Se denuncia, igualmente que entre 2007 y 2010, Glencore ha recibido diez sanciones por parte de la autoridad ambiental por un valor de 1.5 millones de dólares.

Para analizar los alcances de este minucioso informe y hacer un ejercicio de prospectiva sobre la incidencia que tiene la presencia malsana del capital transnacional en Colombia, sobre todo en un momento histórico, cuando se está ad portas de concretar acuerdos de paz con el principal grupo insurgente como las Farc, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net, invitó a dialogar a Holguín Reyes y Piñeros Durán, quienes hacen una inquietante lectura de la compleja y conflictiva realidad de este país andino que no ha logrado superar su confrontación interna que se prolonga por seis décadas y que ha generado una sociedad desestructurada.

LAS AFECTACIONES DE GLENCORE EN COLOMBIA

-       ¿Qué es PAS y que motivó la elaboración del informe?

-       Gloria Holguín Reyes (GHR): Pensamiento y Acción Social (PAS) es una ONG colombiana que fue fundada en el 2004 y surge a raíz de un grupo de personas que se reúne desde 2000 para hacer tertulias, a discutir cómo debe ser la paz en Colombia. De ahí nació la idea de crear un programa por la paz y para eso buscaron amigos aliados en Suiza y se funda el programa Suippcol que es el Programa Suizo para la Promoción de la Paz en el país y eso es lo que obliga a PAS a formalizarse. La organización tiene como misión aportar en la construcción de paz en Colombia con enfoque desde la base. Nosotros pensamos y creemos firmemente que los protagonistas del cambio social en Colombia deben ser los lideres y lideresas en todos los territorios, no tanto una política de arriba hacia abajo sino de abajo hacia arriba, y a partir de este  programa se empieza a trabajar con unas 30 comunidades, más o menos en 8 departamentos de Colombia, pensando alrededor de la paz y tratando de construir en ese momento agendas humanitarias, mesas de diálogo entre las comunidades y los actores armados. A lo largo de la implementación del programa se crean dos ejes adicionales de trabajo. Uno es seguridad y protección: pensar cómo hacer para que las comunidades que están en los territorios tengan garantías y seguridad para mantenerse en los territorios en medio del conflicto armado. A partir de este programa nosotros gestionamos con Protección Internacional en Bruselas medidas de acción para ofrecer seguridad a las comunidades. Complementario con ello trabajamos también con los suizos el programa Peace Watch Switzerland que es un proyecto de acompañantes internacionales, que son voluntarios que vienen de Suiza cada tres meses, en parejas, y ellos lo que hacen es acompañamiento a las comunidades que están en riesgo de desplazamiento. A finales del 2010 las comunidades expresaron que ellas están por la defensa del territorio y que llevan muchos años peleando con los actores armados. Pero al mismo tiempo, empiezan a aparecer nuevos actores sobre el territorio, que son las empresas. Entonces las comunidades nos comienzan a preguntar que quiénes son estos señores empresarios, que no solo están tratando de permanecer en los territorios sino que ahora no solo están en riesgo de desplazamiento por los actores armados sino que también por la llegada de unos señores empresarios que expresan que ese territorio es de ellos y que es para explotación de recursos naturales. PAS empieza a sentir la preocupación de abordar el modelo extractivista, porque estos conflictos socio-ambientales  que se generaran en los territorios se tienen que resolver si realmente queremos una paz sostenible en Colombia. Para ese momento, 2010, nuestros aliados, el grupo de trabajo Suiza-Colombia, nos propone hacer una investigación sobre las operaciones de Glencore en Colombia y nosotros vemos esa alianza como una oportunidad para crear otro eje de trabajo en la organización que es el de Territorios y Derechos Humanos, enfocado a abordar los conflictos socio-ambientales que existen en los territorios por procesos extractivos. Por esta razón, no creemos que pueda haber una paz sostenible y duradera en Colombia si no se resuelven los conflictos socio-ambientales que se están generando en los territorios a partir de la actividad extractiva.

-       ¿Tras la publicación de su documentado informe han tenido algún tipo de reacción o amenazas por parte del establecimiento colombiano o por la propia Glencore?  

-       GHR: Nosotros no hemos recibido amenazas directamente, yo creo un poco por la estrategia que adoptamos de blindaje jurídico y personal. Es decir, nosotros estamos en el Cesar, por un lado investigamos a Glencore pero por otro acompañamos el proceso de reasentamiento del Hatillo, y en esos espacios, nosotros nos sentamos en mesas con Drummond, la propia Glencore y Colombian Natural Resources, acompañando a la comunidad en su negociación de reasentamiento. Desde el principio nosotros fuimos claros al señalar que estábamos investigando a Glencore, y le hemos dado mucha visibilidad a nuestra alianza internacional. Eso nos ha protegido, además porque todo el mundo sabe que estamos ahí, que estamos investigando, y las empresas saben que tenemos aliados en Holanda, Alemania, Suiza, que siempre están mandando preguntas sobre el proceso y eso es un apoyo.

-       Ustedes incorporaron en su informe la visión de Glencore y para ello debieron presentarle previamente a los directivos de esta trasnacional la investigación. ¿Cuál fue la respuesta de Glencore?

-       GHR: Bueno, esa es la otra medida que nosotros tomamos. Decidimos que para protegernos no solo de amenazas sino también de demandas, porque esa es la modalidad, una vez terminado el informe se lo enviamos al presidente de Glencore en Suiza y le pedimos una respuesta formal para publicarla, la cual de hecho aparece como anexo. En su respuesta Glencore dice que no a todas nuestras inquietudes. A grandes rasgos nos dan una respuesta de 14 páginas, que generalmente no es normal. A las ONGs siempre les responden que las van a demandar y ya está, a nosotros nos dan una respuesta tomando punto por punto del informe y lo que dicen es que todas nuestras fuentes efectivamente son oficiales pero que las malinterpretamos.

-       ¿Por qué consideran ustedes que les respondieron tan abundantemente con 14 páginas?

-       GHR: Porque todas las fuentes son oficiales. No son propias, son del gobierno colombiano: el Ministerio de Minas y Energía, la Superintendencia de Sociedades, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Ministerio de Trabajo.

-       Santiago Piñeros Durán (SPD): Creo además que en algún momento pensaron que una vez les mandamos el informe, nosotros podríamos cambiar nuestra versión. Al ser la investigación no un informe clásico de derechos humanos, sino poseer esta calidad de la que estamos hablando en el sentido de que tiene un alto porcentaje de fuentes oficiales, ellos pensaron que existía alguna pequeña esperanza de que nosotros cambiáramos el informe. La primera reacción fue: por favor no vayan a publicar esto, dennos tiempo para montar una respuesta y esperamos que después de que ustedes conozcan nuestra posición puedan cambiar la publicación y mostrar mejor lo que nosotros presentamos. Automáticamente el presidente de Glencore lo que hizo fue coger un teléfono y mandar una delegación a Colombia.

-       ¿El propio Ivan Glasenberg, presidente de Glencore, envió directamente desde Suiza a Bogotá una delegación para verificar su informe?

-       SPD: Sí, vino una delegación presidida por Glasenberg en marzo de 2015 a verificar las denuncias del informe. Lo que pasó en Glencore acá en Colombia fue que llegó el jefe máximo diciendo qué es esto, ¿por qué nadie me había avisado de esto? Eso generó, me imagino, un revolcón entre ellos. Trajeron sus abogados, redactaron la respuesta, nos la enviaron y nos dicen: por favor no publiquen. Nosotros les contestamos básicamente que no nos vamos a retractar de lo dicho en el informe. Les reiteramos que vamos a publicarlo contraponiendo nuestra visión con la de ellos y que quien lo lea saque su propia conclusión. Nuestra respuesta les molestó y por lo visto quedaron un poco sorprendidos hasta el punto que deciden hacer una misión de verificación a Colombia en la que él mismo Ivan Glasenberg en persona  vino a reunirse con nosotros.

-       ¿Glasenberg viene a Colombia para debatir personalmente el informe con ustedes?

-       GHR: Sí, después de la respuesta que nos da por escrito organizó una misión de verificación, así la llamaron ellos, con él a la cabeza que es el presidente de Glencore en el mundo y con altos ejecutivos de esta empresa. Nunca habíamos visto tantos altos ejecutivos de una transnacional juntos.

-       Es que sin exagerar se puede decir que Glasenberg es como el presidente de un país…

-       SPD: Casi, sí. Es que Glencore es como un país. Glencore casi quiebra y si ello hubiera ocurrido  Zambia se iba al diablo totalmente. Prácticamente Glencore mantenía la economía de ese país. 

-       ¿Cuál fue el resultado de la reunión entre ustedes y Glasenberg con todo su staff en Bogotá?

-       GHR: Hubo todo un debate porque nosotros les dijimos no queremos discutir el libro en Colombia porque no tenemos garantías de seguridad, lo queremos discutir en Suiza, y ellos igual hacen la misión y dicen vamos con o sin ustedes. Entonces nosotros tuvimos todo un día de discusión en Bogotá donde se habló de los asuntos ambientales y laborales.

-       ¿Ustedes consideraban que no tenían garantías para abordar la discusión con los representantes de Glencore?

-       SPD: Si, considerábamos que no teníamos garantías de seguridad, garantías en la discusión, o sea lo que pedíamos era un espacio neutro donde se genere un dialogo real: vamos a discutir esto y vamos a hacerlo con esta finalidad y ellos no nos lo planteaban así, simplemente nos decían, vengan y nos reunimos ya. También reclamábamos seguridad porque nos invitaban a reunirnos en la sede de Glencore en Bogotá. Nosotros prevenidos dijimos no hay condiciones, no queremos reunirnos porque nos van a encerrar con un poco de abogados y con cámaras de video.

-       ¿Y dónde se reunieron finalmente?

-       SPD: En el Hotel Marriott de la calle 26. A esa reunión llegó la Viceministra Minas y Energía. Nosotros les dijimos: vamos a sentarnos a discutir las condiciones del diálogo que podemos tener de ahora en adelante.

-       ¿El hecho de que llegara la Viceministra de Minas era garantía de imparcialidad, o por el contrario, estaba parcializada a favor de los intereses de la transnacional?

-       SPD: No, ella obviamente tiene un mandato de la Presidencia de la República en el sentido de defender el modelo minero. Para ella esa es la prioridad y demostró sus capacidades ese día, es muy política, pero cuando se le puso el tema técnico minero se rajó automáticamente.  A los representantes de los sindicatos les daba risa, pero obviamente a nosotros no.

-       ¿Y de PAS cuántas personas fueron a la reunión?

-       GHR: Nosotros éramos unas siete personas, dos de PAS, dos de ASK, dos o tres ciudadanos suizos y ellos unas veinte, entre presidentes de una cantidad de divisiones de la empresa, más todo el equipo de abogados colombianos dedicados al tema laboral, al tema financiero, tres dedicados al tema ambiental. Empezamos la discusión expresando básicamente lo que muestra el informe: como una cosa dice la empresa y otra muy distinta lo que denunciamos nosotros basados en lo que las propias autoridades colombianas señalan. El diálogo entonces giró en torno a que no nos diga mentirosos a nosotros sino díganle mentiroso al Estado. Los hechos están ahí. Fue una reunión de un día, desde las ocho de la mañana más o menos hasta las ocho de la noche, después llegaron los sindicalistas, entonces ellos invitaron a los trabajadores no sindicalizados, los confrontaron y los pusieron a pelear entre ellos. También en la reunión estuvo un grupo de ciudadanos suizos que estaba preocupado por lo que hace Glencore en otros países. Es que en 2014 fue el primer año en que Ivan Glasenberg pagaba impuestos a su cantón y los ciudadanos que se organizaron le dijeron que ellos iban a recibir solo la mitad de los impuestos que cancelaría porque la otra mitad la iban a destinar a trabajar con las comunidades impactadas por Glencore. Eso también fue muy fuerte para Glasenberg y su imagen pública porque lo interpretaba como que esta gente no quiere recibir mis impuestos porque dizque estoy violando derechos en otros lugares y allá se va a ir mi plata. Por eso es que los ciudadanos suizos hicieron una primera visita a Colombia a finales de 2014 y elaboraron un informe. Cuando Glasenberg organiza esta reunión en Bogotá invitó a estos ciudadanos suizos expresándoles que ellos están diciendo que él está haciendo muchos daños en Colombia y se compromete a conformar una misión de verificación con el propósito de que, sí efectivamente está generando daños, procederá a hacer los arreglos necesarios. Por eso él venía con una delegación de ciudadanos suizos que eran los que estaban en esa mesa y que actuaban como “los garantes neutrales”, informados, preocupados por lo que pasa en este país.

COMPLICIDAD DEL ESTADO COLOMBIANO CON GLENCORE

-       En Colombia, como sabemos, el aparato de justicia es inoperante, ¿cabría entonces alguna acción en el ámbito de la jurisdicción internacional frente a la nula respuesta de las autoridades colombianas respecto de la flagrante violación de derechos humanos por parte de Glencore?  

-       SPD: Eso lo hemos estudiado bastante. Nosotros lo hemos mirado como abogados con otros colegas colombianos y lo hemos analizado con organizaciones de otros países. Nos hemos sentado días completos a ver cómo es que le buscamos el quiebre para ver si tenemos una acción jurídica de carácter internacional. En este momento yo me atrevería a decir que como están las cosas, incluso hablando de otros países que no conocemos los casos tan al detalle, pero si tenemos información a través de la red con la que hacemos seguimiento a Glencore, lo más factible es una demanda por contaminación de agua en la jurisdicción suiza.

-       ¿Por qué?

-       SPD: Porque Suiza es el país que alberga la casa matriz de Glencore. Esa es una demanda muy concreta que se está mirando, depende del  caso de cada país y de las pruebas. En Suiza es difícil porque ahí uno no demanda empresas sino personas. En este caso la demanda tendría que ir contra Ivan Glasenberg o contra alguno de sus representantes y eso en materia probatoria es algo difícil. Si hablamos de violaciones de derechos humanos enmarcados en otra jurisdicción internacional es bastante complicado.  Básicamente porque en los sistemas jurídicos internacionales es fundamental que la responsabilidad de violación a derechos humanos recaiga en los Estados y no en empresas. Donde sí existen muchas posibilidades de delitos de carácter financiero, ambiental, juicios de responsabilidad fiscal entre muchas otras cosas por parte de Glencore, y que para nosotros constituye una mayor esperanza de buscar justicia es en la jurisdicción colombiana a pesar de todos los defectos que tiene. Hay muchos indicios y pruebas concretas de lo que muestra este informe de que Glencore podría ser demandado penalmente, fiscalmente, incluso disciplinariamente.

-       ¿Disciplinariamente por qué?

-       SPD: Por el tema de los convenios con el Estado colombiano.

-       Cuando tú hablas disciplinariamente, ¿se puede decir que hay una complicidad de altos funcionarios del Estado con esta transnacional suiza?

-       SPD: Definitivamente. La complicidad del Estado en los hallazgos que encontramos en la investigación para este informe es muy concreta. Una omisión tan grande del Estado en algo tan delicado como esto, uno tiene que llamarlo complicidad. 

-       ¿Hay complicidad del Estado cuando el Ejército Nacional recibe millones de recursos por parte de Glencore para mantener un batallón que se instala en una de las minas de esta transnacional?

-       SPD: Totalmente. Y ese batallón por ejemplo viola derechos humanos o la empresa viola derechos humanos, al Estado no le importa. Igual paga el mantenimiento de ese batallón. En materia fiscal está el hecho de que el mismo Estado que es el que regula las políticas mediante las cuales se hacen tantas exenciones de pagos de impuestos y regalías que después uno va a ver y resultamos es debiéndole a la empresa en vez de ésta pagándonos a nosotros, allí  también se podría ver como una complicidad. En materia ambiental igual, o en asuntos laborales. 

-       ¿Ustedes han enviado este informe a la mesa de negociaciones de paz de La Habana? ¿Consideran que este informe sería importante que se conociera en ese escenario?

-       GHR: Nosotros respaldamos todo lo que está pasando en La Habana, obviamente somos partidarios de firmar la paz; institucionalmente estamos comprometidos con ello. Pero hay una realidad y es que el modelo minero energético no se está discutiendo ahí. Este tema de las operaciones de Glencore en Colombia, viéndolo grueso, si uno toma lo de los convenios con el Estado lo puede enmarcar en violaciones a derechos humanos, lo puede meter dentro de justicia transicional, por ejemplo. Que podamos enviar el informe para que contribuya a una discusión que haya en la mesa de La Habana puede ser. Además, sí sería bueno hacerlo llegar para que vayan teniendo el panorama de lo que se viene. Porque el gobierno no quiere discutir el modelo económico en la mesa de La Habana, ni lo va a querer discutir en una posible mesa con el ELN. Sin embargo sería bueno que tuvieran en cuenta todo lo que está pasando para las reservas que tengan que hacer.

SE VIENE UN POSCONFLICTO CON MUCHA VIOLENCIA

-       Cuando afirmas que ojalá este informe lo conocieran en La Habana para que se tenga muy claro que es lo que se viene, me asalta el interrogante. ¿Qué es lo que se viene?

-       GHR: Un posconflicto con mucha violencia. Nosotros vemos que se va a venir es más violencia pero también la imposición de este modelo económico de manera más fuerte, porque básicamente con el Plan Nacional de Desarrollo ya todo está previsto para que en Colombia lo que siga pasando es la llegada de multinacionales a explotar recursos naturales no renovables y ahí va a ver un choque, un conflicto con esta ideas de restitución de tierras a las víctimas.

MODELO ECONÓMICO SUSTENTADO EN CONTROL DE LA TIERRA

-       SPD: Eso para nosotros no es solo un modelo económico sino es una forma de control territorial. 

-       Control territorial par parte de las transnacionales…

-       SPD: Aquí ese control territorial se ha alimentado históricamente y se ha aprovechado. Se puede observar en varias zonas del país donde las transnacionales tienen un control de las zonas en conflicto. El hecho de que las Farc se vayan a desmovilizar, en nuestra opinión, va a generar una crisis de control territorial. Por un lado está la posibilidad de cesación de conflicto armado, entrega de armas y todo esto, y por otro, el ‘desarrollo’ tiene que seguir y entonces van a controlar el territorio.

-       GHR: Además que si uno piensa que parte de la raíz del conflicto armado en Colombia tiene que ver con la división y el control territorial y desaparecen los actores armados, uno podría decir, bueno, hagamos la reforma y que se redistribuya el ordenamiento territorial para que sea más equitativo. Pero con este modelo lo que está pasando es que la tierra sigue siendo acaparada por unos pocos, en este caso por las transnacionales.

-       O sea, en los siglos XIX y XX Colombia ha enfrentado prácticamente su conflicto en torno de la posesión territorial. En una época eran los gamonales, los terratenientes, los narcotraficantes. ¿Hoy la nueva modalidad de control territorial son las transnacionales?

-       GHR: Claro, porque las concesiones son cantidades de extensiones de tierras muy grandes donde el uso del suelo se destina para la explotación de recursos naturales. Tiene una ventaja estratégica muy grande y es que todo el marco legal y la política económica del Estado colombiano dice que esto es lo que toca hacer.

-       ¿Esto es una acumulación por desposesión, para utilizar los términos del geógrafo inglés David Harvey?

-       SPD: Totalmente. Y peor aún, no es la única. Vienen más, nuevas formas…

-       ¿Cómo por ejemplo?

-       SPD: Como por ejemplo la Ley de Zonas de Interés de Desarrollo Estratégico (ZIDRES). Esa es una forma muy concreta de control de la tierra. Casi es una legalización de los descaros que se le ha dado al manejo de la tierra en varias zonas del país durante los últimos años. Y es además la contradicción total al acuerdo agrario de La Habana. Y va de la mano con esto. Son cosas que se enlazan como si fueran un bloque. Se engranan. O sea lo que engrana agroindustria, apropiamiento de la tierra, contaminación del medio ambiente, que va a tener un impacto directo en las comunidades. Esto es un modelo igual o más terrorífico que el del extractivismo, es un monstruo más grande.

-       Es el capital transnacional básicamente generando violencia. ¿Es decir, en esas condiciones y en ese contexto socioeconómico colombiano, no se puede ser optimista con el posacuerdo?

-       SPD: Sería interesante pensar cuál sería el papel de las empresas en el posconflicto. Por ahí es por donde podemos empezar. Además de todas las otras cosas, porque esto que tiene visos de legalidad es ilegal.

-       El capital no tiene alma, ni corazón, ni patria, sin embargo cabría esperar cierto grado de corresponsabilidad, ciertas sensibilidad de las empresas europeas compradoras de carbón, en este caso que sean conscientes a través de este tipo de informes, del impacto en violación de derechos humanos por parte de Glencore en el departamento del Cesar. ¿O esa sensibilidad empresarial no existe y es puro cuento?

-       GHR: Parte de la labor de las comunidades y las ONGs que trabajamos alrededor en este tema ha sido hacer incidencia política no solo frente a nuestros aliados sino ante los compradores. En Alemania y en Suiza, metiendo mucha presión a los compradores de carbón por este tipo de asuntos. Es hacerle entender a los ciudadanos de estos países que ese carbón que ellos compran está vulnerando derechos, y ahí empieza a haber una presión de la industria energética en Europa a la industria del carbón en Colombia. Sin embargo están los gobiernos que van detrás a seguir apoyando esa industria. Es como una falsa moral. Pero hay algo que yo te quería decir del punto anterior y es sobre acaparamiento de tierra, conflicto armado y posconflicto. En el libro hay un capitulo que es de reasentamiento involuntario. Resulta que en el 2010, el Ministerio del Medio Ambiente, por primera vez en la historia Colombia, ordena un reasentamiento involuntario de tres poblaciones por contaminación ambiental. O sea, los niveles de contaminación de aire permitidos legalmente sobrepasaron y eso pone en posible riesgo la salud humana, por esa razón el Ministerio del Medio Ambiente ordena a las empresas de carbón en la zona mover a tres poblaciones, reubicarlas. Eso en idioma sencillo quiere decir que son los tres primeros desplazamientos forzados por contaminación ambiental.

-       Por parte del mismo Estado…

-       GHR: Sí, del mismo Estado, y eso es una cosa fundamental porque para el posconflicto cuánta tierra hay que devolverle a cuántos. Entonces estamos hablando de un posconflicto donde ha habido una Ley de Víctimas, una Ley de Justicia y Paz, donde se supone que hay que devolverle tierra a más o menos 6 millones de desplazados del conflicto armado. Y muchas de esas tierras que hay que devolverle a desplazados por el conflicto están ocupadas por proyectos de desarrollo, sea carbón, sea agroindustria, sea petróleo, o están en manos de narcotraficantes. Ahora, dónde vamos a meter a esa gente y qué vamos a hacer si empezamos a desplazar a otras comunidades ya no por conflicto armado sino por contaminación. Y estos son los primeros desplazados por contaminación ambiental. 

-       Para el ELN el tema minero-energético es central, es transversal.  ¿Ustedes creen que este aspecto de la locomotora de Santos es un gran obstáculo para iniciar negociaciones de paz con esta agrupación insurgente?

-       GHR: Depende los puntos que acuerden para la agenda con el ELN, porque es muy posible que el gobierno se mantenga en que no va a discutir el modelo, va a discutir la dejación de armas y la participación política. Cuando lo logren y dejen las armas, y que todo el mundo participe, de pronto discuten el modelo, pero cuando eso ocurra el modelo ya va a estar blindado por todos los tratados de libre comercio que ha suscrito Colombia.

IMPOSICIÓN GLOBAL DEL MODELO NEOLIBERAL DE DESPOSESIÓN

-       ¿Por qué el gobierno colombiano es reacio a discutir el modelo? ¿Es una imposición global, es una imposición del neoliberalismo?

-       SPD: El gobierno colombiano se empecina en que es su modelo y no lo discute con nadie, además porque los bancos lo apoyan y otros gobiernos también, y si va a haber un tratado que vincule empresas con derechos humanos, Colombia dice no.

-       GHR: Esa posición obedece a políticas que vienen de los esquemas internacionales que se crearon al final de la Segunda Guerra Mundial. Naciones Unidas y muchas instituciones internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial del Comercio y la OCDE, a la que Colombia quiere pertenecer, que son las instituciones que dictan políticas de desarrollo para el mundo conjuntamente con los países ricos y bajo la coartada de “ayudar” a los países pobres crean los ministerios de cooperación. Como los países pobres necesitan plata el Banco Mundial le dice yo les prestó pero para ello ustedes tienen que hacer unos ajustes en su política económica y todo ese marco internacional es el que se genera a nivel global, porque no es solo Colombia sino es toda América Latina, en toda África, en toda Asia; hay una política que dice la inversión extranjera es lo que va a traer los recursos para que los países pobres se desarrollen. Ese es el cuento. Con nuestro informe se puede ver que no es cierto porque ni la plata queda, ni los trabajadores quedan, ni nada queda.

-       ¿El informe ha generado alguna reacción por parte de alguna agencia del Estado colombiano, algún ministerio, algún alto funcionario? ¿O el gobierno colombiano ha hecho mutis por el foro frente al informe?

-       SPD: El que ha reaccionado es el Ministerio de Minas.

-       ¿En favor o en contra?

-       SPD: En contra, defendiendo a Glencore. El Ministerio del Ambiente está totalmente silenciado con este tema, no quiere saber nada, este informe es una papa caliente para ellos porque son evidentes las grandes omisiones del Estado. Ahí sus responsabilidades son directas y por eso han preferido quedarse callados. El Ministerio de Minas tiene rabo de paja porque ellos son los que defienden la minería, Faltaba más que el Ministerio de Minas no saliera a defender su política energética y minera.

-       GHR: Las reacciones que hemos visto más palpables son la gira organizada por la Viceministra de Minas con el alto consejero presidencial para los Derechos Humanos y con el asesor jurídico de la ANLA junto con las tres transnacionales más grandes de Colombia que son Cerrejón, Drummond y Glencore a Europa  a donde sumaron al fiscal del Sindicato que es fuente en nuestro informe y el presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad a la que acompañamos. En esa gira lo que vimos es que ellos desmienten todas las denuncias que hacemos en el informe. En ello el alto consejero presidencial jugó un rol importante pues cogía los mapas de Colombia y decía: en estas zonas es el conflicto armado y en estas zonas es la inversión, no tiene que ver lo uno con lo otro, estamos haciendo grandes avances en reparar las víctimas y ya los paramilitares no existen, y no tiene nada que ver la industria con el conflicto armado. Por su parte, la viceministra ponía la cara a los gobiernos de Alemania y Holanda diciéndoles que la inversión tiene que seguir y que ellos tienen a todo el apoyo del gobierno colombiano para demostrar que la industria no está violentando derechos humanos sino que, por el contrario, está contribuyendo al desarrollo del país y a la construcción de paz.

-       Ustedes anuncian que van a desarrollar un nuevo informe y que ya tienen nuevos insumos para ello. ¿Qué proyección trae este nuevo informe, cuáles son los elementos novedosos?

-       SPD: Básicamente es un informe que en conjunto con otras ONGs que acompañan a comunidades afectadas por Glencore, se concentra en temas financieros, corporativos y ambientales. Va a traer casos de Perú, Argentina y Bolivia. Mencionaremos el escándalo de corrupción y sobrecostos del proyecto de ampliación de la Refinería de Cartagena (Reficar) en el que Glencore está directamente vinculada. Va a ser un informe más ejecutivo que este, con más información, estamos perfeccionando la metodología.