COLOMBIA

ENTREVISTA CON EL INVESTIGADOR SOCIAL JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ D.

“SANTOS Y ESTABLECIMIENTO COLOMBIANO ASPIRAN CON EL PROCESO DE PAZ DESMOVILIZAR A LA INSAURGENCIA NO SÓLO MILITAR, SINO POLÍTICA E IDEOLÓGICAMENTE PARA BLOQUEAR CUALQUIER POSIBILIDAD DE CAMBIO”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

El propósito del neoliberal gobierno de Juan Manuel Santos, representante de lo más rancio de la oligarquía colombiana con el proceso de paz que está en plena marcha con la insurgencia de las FARC y el que está por comenzar con el ELN es muy claro: desmovilizar a estas guerrillas no solo militar, sino política e ideológicamente, y de esta manera asimilarlas al decadente establecimiento o cooptarlas para bloquear cualquier posibilidad de cambio en Colombia. Esta interesante lectura la hace un “colombianólogo” que ha aprovechado su sólida formación en Ciencias Sociales para estudiar pormenorizada y minuciosamente la conflictiva historia socioeconómica de este país andino gobernado desde su emancipación por una elite de derecha fundida en un corrupto bipartidismo liberal-conservador que hoy por simples afanes electorales se ha travestido en varios seudo partidos con signo neoliberal, la mayor parte de los cuales con proceder mafioso, y cuyo único propósito es esquilmar las arcas del Estado para el beneficio concupiscente de sus maleantes dirigentes.

José Antonio Gutiérrez Dantón, un activista e investigador social venido del Cono Sur que reside en Dublín, la capital irlandesa, comprometido con el trabajo de los movimientos sociales y populares de América Latina, es un estudioso a fondo de la realidad colombiana. Por esa razón le cae muy bien el calificativo de “colombianólogo”, no solo porque se ha metido en los entresijos del devenir histórico del país sino que lo ha recorrido, lo ha palpado, viviendo temporadas, pulsando la opinión de dirigentes políticos, sociales y comunitarios, y siendo testigo directo de sus horrores y también de sus cualidades.

Sus trabajos periodísticos y bibliográficos se caracterizan por su agudeza en el análisis y su seriedad en las denuncias. En varias oportunidades su ágil pluma la ha utilizado para denunciar el terrorismo de Estado en Colombia y la complicidad (y/o cooperación) de los Estados Unidos y la Unión Europea en la comisión de este tipo de crímenes.

En Irlanda coordina un centro de solidaridad con América Latina; es colaborador de varias publicaciones internacionales; y es autor del libro Problemas y Posibilidades del Anarquismo (en portugués, Faisca ed., 2011) y coordinador del trabajo bibliográfico Orígenes Libertarios del Primero de Mayo en América Latina (Quimantú ed. 2010).

Dado su amplio conocimiento de la realidad colombiana y el hecho de que viene siguiendo en detalle el proceso de paz entre el gobierno de Santos y la insurgencia de las FARC, y el que se avizora con el ELN, el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano www.cronicon.net lo invito al siguiente diálogo periodístico.

COMPROMETIDO Y SOLIDARIO CON LAS LUCHAS SOCIALES DE COLOMBIA

-       ¿Un latinoamericano venido del Cono Sur como usted, por qué se interesó en un país de la conflictividad y complejidad social, política y económica como Colombia?

-       Fue en un comienzo por cosas personales. Tengo lazos personales, de amistades, proximidades políticas, familiares con Colombia. Conocer gente, lazos que se van tejiendo y después acá en Irlanda, conocer colombianos con quienes entablamos un trabajo solidario y desde entonces que ha sido venir trabajando el tema. Trabajándolo en espacios de incidencia y en todo el tema solidario, trabajándolo desde la investigación social comprometida, trabajándolo porque uno entiende la importancia que tiene Colombia para toda Nuestra América. Conocer a Colombia es amarla y amar sus luchas, amar esa Colombia profunda, esas mil comunidades que se descuelgan por las laderas del Andes en su fase agónica, que aparecen como hongos en medio de la selva. Conocer la historia de Colombia es solidarizarse con el sufrimiento de su pueblo pero también con su resistencia. Quien conozca el horror que se ha vivido en Colombia de la mano de una estrategia sistemática y constante de represión y despojo a la población sobretodo rural, no puede cerrar sus ojos. Colombia es uno de los últimos Estados oligárquicos, con la clase dominante más sangrienta del hemisferio, y sin embargo, en medio de esa descomposición, los de abajo han logrado construir nichos de resistencia, experiencias de poder popular donde se alcanza a entrever lo que Colombia podría ser. Hay una Colombia hermosa que espera nacer y uno trata de aportar su granito de arena para facilitar su parto.

-       ¿Irrumpe una nueva realidad política territorial con la inserción de las Farc a la legalidad del Estado colombiano?

-       Eso está por verse. En el proceso de paz, que depende en última instancia del terreno concreto de la lucha de clases, nada está escrito en las estrellas, ni es irreversible ni nada es fatal. De por sí, el proceso de paz es un proceso político muy importante, pero aún no está resuelto. Faltan cosas y algunas de grueso calibre, como concluir la discusión sobre la tierra, refrendación y mecanismos de implementación de los acuerdos. En el tema de tierra quedan en el congelador temas claves como la concentración y extranjerización de tierras. Está también el tema del desmonte del paramilitarismo y la doctrina de seguridad militar, así como el qué hacer con ese ejército hipertrofiado y contrainsurgente que se ha hinchado como un tumor en la estructura del Estado en más de medio siglo de guerra. También es clave el tema de si habrá o no Asamblea Constituyente, porque de ser así, no sería sencillamente que las FARC se incorporen a la legalidad del Estado, sino que ayudarían a crear una nueva legalidad. La implementación no es tampoco algo menor, porque ya vemos que el gobierno borra con el codo lo que escribe con la mano. Ya han comenzado problemas de cómo interpretar los alcances de los acuerdos y esto es algo que se puede agudizar a medida que el acuerdo final se vaya concluyendo…, esto sin mencionar el problema clave de si el gobierno cumplirá lo pactado, dará garantías a la participación legal de los insurgentes y un largo etcétera… Todo eso está por verse, nada está inconcluso y depende de cómo se resuelvan las contradicciones y los asuntos pendientes si irrumpirá una nueva realidad o no. De más está decir que el Estado y la oligarquía no quieren que irrumpa una nueva realidad, quieren mantener el statu quo a sangre y fuego y, de hecho, profundizar el modelo neoliberal-rentista-extractivista. Para ellos, la negociación de paz es una apuesta por mantener precisamente ese modelo y facilitar la penetración de capital inversionistas en la agroindustria, el extractivismo y en menor medida, servicios. Dependerá de los sectores populares, de su lucha y de su organización, si ese nuevo escenario se materializa o no, que es la apuesta de los sectores en resistencia contra el modelo. Acá nada se solucionará mágicamente con una firma. Por eso la importancia de buscar los puentes entre las demandas populares y los temas de negociación en La Habana, y entender que, así como las luchas populares fortalecen las demandas populares en la mesa de negociación, lo que se va acordando en la mesa, y cómo se acuerde, también tiene un impacto en la movilización popular, el tipo de acuerdo que va quedando pactado, puede ayudar a movilizar o a desmovilizar al pueblo. Esto dependerá de cómo se resuelvan las contradicciones del proceso, que de por sí es muy contradictorio.

PULSIONES DE LA IZQUIERDA COLOMBIANA

-       ¿Es viable que si la insurgencia de las Farc al transformarse en movimiento político pueda tener posibilidades de consolidación cuando el sistema electoral corrupto y hegemónico colombiano es un obstáculo para la concreción de verdaderas alternativas de poder?

-       La izquierda colombiana se mueve entre dos pulsiones, por así decirlo. Por una parte, está el Polo que cuestiona ante todo la exclusión política, y que busca una inclusión, es decir, ampliar el reparto de la torta que ya existe. Ese ha sido el discurso tradicional de raigambre liberal, que cala mucho en ciertos espacios. Por otra parte, está la pulsión transformadora, que no busca ya repartir un poco más equitativamente la torta, sino que busca otra cosa, construir una realidad política y económica distinta. No es que nítidamente se pueda distinguir a unos de otros, porque por lo general se trata de un asunto de énfasis. En general, cuando la izquierda ha logrado espacios dentro del edificio del poder, sea en gobiernos locales u otros espacios, salvo muy contadas y honrosas excepciones, sus prácticas no se han diferenciado mucho de las de los políticos tradicionales. Sea por el peso de la tradición o por mero oportunismo, muchas veces la izquierda en el poder ha terminado reproduciendo los vicios liberales, los vicios conservadores. No han sido tan distintos, y eso quizás no es casual, porque las estructuras políticas que nos gobiernan están construidas para reproducirse y perpetuar el orden vigente. Tienden al conservadurismo y por eso es que romper con ese ciclo implica un esfuerzo transformador consciente y una vigilancia permanente, pues la inercia nos lleva a reproducir caudillismos, clientelismos, roscas, corruptelas y a forzar a las masas a la pasividad mientras la política sigue siendo el patrimonio de los pocos escogidos, o electos. Respecto al tema de las FARC-EP, es necesario aclarar que no se trata de su transformación en movimiento político, porque ya lo son. Las FARC-EP son un movimiento político-militar que se propuso hace más de medio siglo, por medio de la combinación de formas de lucha, disputar el poder a la oligarquía colombiana. Eso es la definición de la política por excelencia. Hay que evitar visiones normativas puestas en boga por ciertos sociólogos franceses de que política y violencia son extremos opuestos; históricamente están enlazados y la construcción misma de los Estados modernos ha sido un proceso violento. La violencia, monopolizada por la clase dominante y utilizada de forma dizque “legítima” en contra de la movilización popular cuando la lucha de clases se agudiza es prueba de que el ejercicio de lo político no es necesariamente antagónico con la violencia. Pero volviendo al tema, las FARC-EP no solamente son un movimiento político por sus aspiraciones y definiciones, sino por su misma práctica. Ningún otro sector de la izquierda colombiana, y hablo de la izquierda legal, ha tenido un impacto tan profundo en el país. Las FARC-EP han sido responsables de muchas iniciativas de democratización desde los años 80, partiendo por la elección directa de alcaldes y gobernadores, han planteado al debate muchos temas que tienen que ver con territorialidades, con el campesinado, con los indígenas, con la participación política, con la soberanía alimentaria, con la política económica, temas que, no debemos engañarnos, no se estarían discutiendo hoy de no ser por la lucha insurgente y por el proceso de paz que se ha conquistado mediante la lucha. El espacio que tengan para defender estos elementos transformadores, que coexisten con los elementos tendientes a la inclusión en lo que ya existe, dependerá, en gran medida de la capacidad que tenga el pueblo consciente de consolidar ese espacio. Su consolidación, como todo en este proceso, no será ni casual ni accidental. Por eso preocupa ver un cierto reflujo y desgaste del movimiento popular, pues solamente la vitalidad de las luchas sociales es lo que puede garantizar que ese espacio se consolide y que se imponga la pulsión transformadora, que no será un proceso ni corto, ni fácil, y el cual enfrentará, con toda certeza, los incumplimientos del Estado y la violencia del bloque en el poder.

-       ¿Dada la penetración territorial de las Farc se podría prospectar que su consolidación política va a comenzar en las regiones?

-       Colombia es, de por sí, un país de regiones, que no ha transitado ni siquiera un siglo de los primeros intentos tibios por articular internamente su economía y su estructura política. Las FARC-EP han construido poder y han construido legitimidad en muchas zonas de la geografía colombiana, por lo general coincidentes con las llamadas “zonas rojas”. Eso no es secreto para nadie. No parten de cero, sino con un sólido acumulado político en zonas muy específicas, entre una base social de apoyo precisa, humilde, pero real y con mucha decisión, aunque los medios de masas y propaganda lo nieguen. Es lógico que en esas zonas donde la población las conoce y ellas conocen a la población, la insurgencia pueda comenzar a consolidar su proyecto político, que es algo que vienen haciendo ya desde hace décadas, en medio de aciertos y errores. Cómo se va a armonizar ese tejido social que se ha construido en décadas de disputarle la hegemonía el Estado, con las exigencias de la incorporación de los insurgentes a la legalidad, es un asunto muy delicado que requerirá de ingeniería de alto nivel. Además, entendiendo que la participación política no es, y no puede ser solamente, visto como el tema electoral. Es un asunto mucho más profundo que eso, que implica procesos de empoderamiento, participación y deliberación a todos los niveles. Cómo convertirán esas experiencias locales en gérmenes para articular una nueva visión de país en la práctica, superando la desagregación y las brutales contradicciones internas e inter-regionales, ese es el desafío.

EL ESTADO NO PUEDE TERMINAR OCULTANDO SU RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

-       ¿En su opinión, cuáles son los pros y los contras de la jurisdicción especial para la paz que se acordó entre el gobierno de Santos y las Farc?

-       Lo primero, es decir que aún no se conoce el texto acordado, salvo por el comunicado conjunto que se difundió con ocasión de la visita del presidente Santos y del comandante Timoleón Jiménez a La Habana. En general, lo positivo es el cambio de énfasis de la justicia punitiva a la reparación. La sociedad ya ha sido demasiado castigada con el conflicto como para necesitar seguir sacando ojos y dientes. Dicho esto, es importante que la reparación sea vista en un sentido amplio –es decir, mediante la creación de una sociedad con niveles mínimos de justicia social. Es decir, que no solamente se restituyan predios, sino que se dé tierra al campesinado junto con una nueva política agraria que dé respaldo al campesinado familiar en su proyecto de construcción de territorio y no, como ocurre ahora, se subsidie solamente a los grandes cacaos de la agroindustria que están forrados en plata. En este sentido, me preocupa mucho el anuncio del gobierno de expropiar a los campesinos de los Llanos del Yarí, de zonas del Caquetá y del sur de Tolima, bajo el argumento que sus tierras o sus viviendas son de la “guerrilla”. Eso va a contravía del espíritu de lo que se está negociando, que es que la reparación salga de los sectores que realmente se han enriquecido con la guerra y de compromisos por parte del Estado. Pero la reparación, y eso es algo que incluso lo dijo en un momento de constricción el comandante paramilitar HH, es, en realidad, permitir que se regenere el tejido social ahí donde lo violentaron atrozmente con paramilitares y con consolidación militar. Hay otro componente que también es muy importante, y fue otro de los puntos muy peleados por la insurgencia. Ese tema es la verdad. No solamente se avanzó en la constitución de una Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas que, desde diferentes y contradictorios ángulos, hizo aporte para ir desmontando y dejando sin piso la ideología que se impuso desde el uribismo, de que las grandes responsables de todos los males del universo eran las FARC-EP. Aparecieron, en relatos de carácter oficial, historias de persecución política, de campesinos sin tierras enfrentados a la violencia de la ley y de los matones a sueldo, de la influencia nefasta de los EEUU en la sangría colombiana que mostraron un relato muy diferente a lo que repiten incesantemente los medios en la última década. En esta ocasión también el énfasis dado a la verdad es una deuda pendiente que el establecimiento tiene con la sociedad colombiana y que es condición fundamental de una reparación y reconstrucción de tejido social. Subsisten muchas dudas, como si por ejemplo los crímenes de Estado como los llamados falsos positivos quedarán bajo este tribunal especial o no. Hay que recordar también que la fuerza pública se ha igualado ante este tribunal como equivalente a la insurgencia, lo que los beneficia enormemente, pues ellos nunca se declararon ni en rebelión ni desconocieron la legalidad vigente. Queda por ver si la rebelión terminará siendo juzgada en este tribunal o si, como dijera el escritor William Ospina, el Estado terminará ocultando su responsabilidad histórica por la violencia, y posando de víctima que absuelve y perdona a su hijo pródigo. Queda por ver los alcances que tenga el juicio a civiles que han estado detrás de violaciones y crímenes atroces, y si quedarán blindados expresidentes o no. Pero todo esto es especulación porque no conocemos el acuerdo, más allá de un comunicado muy parcial que se ha prestado para interpretaciones contradictorias.

-       Si el “gobierno no ha desparamilitarizado la sociedad” colombiana como bien anota el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, y no obstante los manidos anuncios del decrépito y corrupto establecimiento de que dará todas las garantías a la insurgencia en el proceso de reintegración, ¿se corre el riesgo de que se repitan magnicidios como el de la Unión Patriótica?

-       Claro que sí, y los síntomas están por todas partes. Todos los días prácticamente escuchamos de dirigentes sociales capturados, asesinados, amenazados. El problema real, como siempre lo hemos dicho, no es si la insurgencia deja o no las armas. El problema es que la oligarquía deje de practicar el terrorismo de Estado y la guerra sucia. De momento eso no se ve. Y el paramilitarismo sigue vivo, y sigue haciendo lo único que sabe hacer. Es un tema que debe ser abordado de lleno y sin mojigatería, dejar de hablar de Bacrim y afrontar la realidad, y es que tanto en sus orígenes como en su diario accionar, el paramilitarismo está íntimamente ligado al Estado. Es por tanto un tema ante el cual Santos no se puede lavar las manos cual Pilatos.

LA OLIGARQUÍA ESPERA QUE LA INSURGENCIA SEA ASIMILADA

-       Desde su óptica, un país con estructuras sociopolíticas ultraconservadoras como Colombia que predica el unanimismo, el consenso, que rechaza de plano la polarización política por considerarla peligrosa y desestabilizadora, ¿estaría en condiciones de aceptar una alternativa de claro rasgo socialista como las Farc, una vez renuncie a la lucha armada?

-       Yo creo que, así como están las cosas, no. La oligarquía espera que la insurgencia sea asimilada. Esa es su esperanza. Buscan desmovilizarla no sólo militarmente, sino política e incluso ideológicamente. Si las FARC-EP intentan forjar una alternativa socialista sin el recurso a la lucha armada, no espero que la institucionalidad lo acepte fácilmente. Por eso es que la lucha por consolidar ese espacio político para una alternativa es una lucha muy dura. Es una lucha que, es tremendo decirlo, costará sangre. No porque el pueblo lo elija, sino porque el Estado tiene armas y tiene la disposición de utilizarlas ante el menor cuestionamiento a los privilegios de la casta dominante. Que las FARC-EP renuncien a la lucha armada no significa que el Estado vaya a hacerlo. En muchas comunidades hay verdadero nerviosismo de qué pasará cuando los “muchachos” ya no estén…, qué va a pasar con las tierras, las multinacionales que vienen por los recursos, y muchos otros problemas para los cuales, de una u otra manera, la insurgencia hasta este momento ha sido un cierto dique de contención. Es una realidad que debe ser afrontada y denunciada. Con la paz se vienen nuevas batallas, que se pelearán desde otras lógicas y con otras herramientas por parte del pueblo, pero seguirán siendo batallas. El conflicto de clases que está en la raíz del “otro” conflicto, aparecerá al desnudo tras el proceso de paz. El Estado puede hacer espacio para figuras polarizantes como Uribe, pero no puede aceptar la lucha transformadora. Es un Estado paquidérmico, autista, que ha sido totalmente impermeable a las demandas populares en más de medio siglo. Cualquier cambio que puede concebir, son cambios aún más hacia la derecha. Es difícil que los cambios necesarios para conquistar ese espacio se logren en unos meses o incluso en unos años. No podemos hacernos ilusiones y pensar que ahora sí la oligarquía va a jugar limpio. La oligarquía no va a dar por las buenas lo que no ha dado en medio siglo por las malas. Pero dependiendo de cómo se desenvuelvan las contradicciones del proceso de paz, se estará en una posición más o menos favorable para asumir la lucha por conquistar ese espacio, para luchar por esa alternativa. Solamente la fuerza organizada del pueblo es una barrera en contra del terrorismo. Esa es la única garantía, ni las mejores leyes del mundo, ni las instituciones más perfectas podrán servir de freno a la violencia de los de arriba. Solamente la fuerza organizada del pueblo será una barrera contra esa violencia, y será el espacio que, dependiendo de su fuerza, pueda garantizar el espacio para una alternativa. No existe ninguna otra garantía que esa.

-       El poder hegemónico del gobierno de Santos ha logrado imponerle a las Farc que negocie en los términos de sus reglas de juego, bajo el ardid de que hay que respetar el  supuesto “Estado de Derecho” y la Constitución de papel que rige en Colombia. ¿En términos de hegemonía, no le recuerda a usted al asesor de Augusto Pinochet, Jaime Guzmán, artífice de la Constitución del dictador y genocida chileno, que afirmaba que lo importante de expedir una Carta Política es que si en la eventualidad de que gane el adversario se lo amarre de tal manera que tiene que gobernar tal y como lo hace quien está detentando el poder?

-       Claro que el paralelo es pertinente, con la salvedad de que la posibilidad de ganar del adversario era mayor en el caso chileno que en el colombiano. Aun así, la oligarquía está buscando bloquear cualquier posibilidad de cambio y Santos se está encargando de apaciguar los ánimos de las élites económicas, tanto en Colombia como en el extranjero, diciendo que no habrá ningún cambio y que antes bien, las condiciones se harán más favorables para el enriquecimiento de los ricos. Del mismo modo, advierte constantemente a los insurgentes que el modelo no es negociable. Negociar en estas condiciones es una apuesta compleja y de eso está consciente todo el mundo. En el caso chileno, el problema se zanjó en que los nuevos grupos en el poder, agrupados en la Concertación, administraron el orden institucional y económico diseñado por la dictadura durante más de dos décadas y aún están en eso. No tienen un interés en transformar ese sistema, porque fueron totalmente cooptados y ese sistema los trata bien. El Partido Socialista, de socialista ya no tiene nada salvo el nombre. Y muchos en su interior piden incluso renunciar al nombre. Uno espera que en Colombia el resultado sea diferente. Este es un proceso dialéctico, sin embargo, en el que, como he insistido, nada está determinado de antemano. Es cierto que las FARC-EP no llegaron a la negociación vencidas, pero eso no significa que no puedan salir vencidas de la mesa. De igual manera, aceptar la mesa de negociación en los términos que está planteada no equivale a traición ni claudicación, precisamente porque acá no hay fatalidad por encima del proceso mismo. La negociación es, como toda negociación, un proceso, un equilibrio cambiante de fuerzas, un tira y afloje en el que influyen muchos factores estructurales, coyunturales, contingentes…, es sencillamente el reconocimiento de las potencialidades del momento, que se gestó desde la espiral ascendente en las luchas populares desde el 2008 en adelante, así como en el reacomodo político-militar que tuvo la insurgencia en ese mismo período, que dio golpes muy duros al bloque oligárquico. La insurgencia utiliza este momento para ver cómo se supera el actual ciclo de violencia, así como la oligarquía, naturalmente, utiliza este momento para ver cómo puede recomponer su hegemonía que ha sido parcialmente erosionada... pero así como se reconocen las potencialidades del momento, también se reconocen las limitaciones del movimiento insurgente, y los términos de la negociación son un claro testimonio de las enormes limitaciones que tiene, de la debilidad y fragmentación del movimiento popular, aún en medio de su repunte. Aunque haya potencialidades de momento, no podemos olvidar que los dados están cargados hacia el bloque oligárquico. Eso es un análisis objetivo, nos guste o no. Lo más preocupante es el actual reflujo y la desmovilización creciente en el campo popular, en parte para no desestabilizar al gobierno en medio de la negociación, en parte por una estrategia que ha privilegiado lo electoral por sobre otros escenarios de acción, por los desgastes de negociaciones que no han dado los frutos esperados, entre otras razones… Esto es preocupante, porque la potencialidad de cambio yace en la capacidad de movilización que tenga el sector popular. En la medida en que el pueblo se desmovilice, se fortalece la mano del gobierno y se debilita el peso que puedan tener las demandas populares en la mesa, garantizando así un resultado más conservador para el acuerdo final, que quizás ni siquiera satisfaga la demanda de una reforma agraria, por humilde que sea.  

FALTA CONCRETAR METODOLOGÍA DE NEGOCIACIÓN CON EL ELN

-       ¿En su concepto qué hace falta para que las negociaciones entre gobierno y ELN comiencen formalmente?

-       Al igual que con otros temas de esta entrevista, le respondo con las opiniones que me he formado con lo que conozco, que es en base a documentos públicos, pues carezco acceso a fuentes privilegiadas de alto nivel en ambas negociaciones. Lo que entiendo, es que las negociaciones están trabadas porque ha habido dificultades para ponerse de acuerdo sobre la metodología de negociación, que el ELN, al parecer, propone que sea mucho más abierta y participativa que la que se está realizando ahora con las FARC-EP, negociando algunos puntos con participación directa de movimientos sociales y comunidades afectadas. Hay que recordar que para el gobierno la participación social es un tabú, no solamente porque la oligarquía colombiana es fundamentalmente anti-democrática, sino porque además busca evitar que el contexto de las negociaciones sirva para despertar esa vocación transformadora en el pueblo colombiano, y para evitar que la insurgencia tienda puentes políticos con la sociedad. Prefieren tenerlos en cuarentena en La Habana, o en Ecuador en el caso del ELN, y evitar situaciones como las que se vivieron con las audiencias en El Caguán. Los espacios de participación, como los foros sobre cuestión agraria, participación política, víctimas, entre otros, fueron aceptados por el gobierno a regañadientes. Fueron, en realidad, resultado de la presión de las FARC-EP, lo que hace que por mínimos que hayan podido ser, por insuficientes que muchos crean que hayan sido, también hayan sido muy significativos a la vez. Es importante señalar que el ELN es un movimiento guerrillero con su propia trayectoria, con su propio acumulado, con su propia lógica, y con su propio proyecto de país, que responde a demandas específicas de sectores que no necesariamente están representados en las FARC-EP. En este sentido, no puede entenderse, como parece que lo entiende el gobierno, la negociación con los “elenos” como un asunto menor, que se solucionará rápido, que es algo así como un apéndice de la negociación con las FARC-EP. Lo mínimo que se le debe exigir al gobierno es seriedad en esta negociación, porque en ella se resuelven aspectos importantísimos del futuro de Colombia. Tampoco debemos olvidar que el EPL aún existe en una zona del país y que también son un acumulado aparte que debe ser considerado en una negociación.

LECTURAS PARA LA RECONCILIACIÓN

-       Todos  los signos indican que este proceso de paz va a llegar a buen puerto por la voluntad política demostrada por las partes. ¿Qué elementos esenciales, en su opinión, debe revestir el posacuerdo para que una vez silenciados los fusiles, la reconciliación entre colombianos deje de ser una quimera?

-       Primero que nada, me gustaría señalar que hay dos lecturas para la reconciliación, una como experiencia humana y otra en un sentido estrictamente político. La reconciliación no se le puede imponer a las comunidades. Es una elección personal, humana, que no se puede exigir sino que se puede dar o no, y eso no es excusa para no buscar mecanismos para superar el actual momento. Lo que debemos buscar es la justicia y la no repetición, y eso sí que es algo que debemos exigir. Hay cosas, en un nivel estrictamente político, que no podrán reconciliarse y eso es parte de la política. La negociación misma se da mediante el choque de dos visiones de Colombia radicalmente distintas: los acuerdos a los que se llegan no superan esta contradicción vital, aunque reflejen el equilibrio de fuerza entre las partes, el cual es favorable al establecimiento. Los intereses de clase que están en pugna en Colombia, como en cualquier otra parte del mundo, no son reconciliables y es importante señalar esto, pues la lucha de clases no es una mera ideología, ni la decisión consciente de determinados sectores, sino que la dinámica fundamental mediante la cual se mueve el capitalismo y cualquier sociedad de clases que haya existido. Esta pugna de intereses es un motor fundamental de la historia, que a diferencia de lo profetizado por los pitonisos del neoliberalismo, no se ha acabado. Segundo, creo importante precisar lo que queremos decir cuando se dice que la voluntad política está siendo demostrada por las partes. La voluntad política está condicionada por lo que se quiere obtener de este acuerdo. Cuando surgen interpretaciones contradictorias entre las partes a partir de un acuerdo que sigue siendo secreto, como ocurrió con el reciente acuerdo sobre justicia, hay razones para estar cauteloso. No hay que olvidar que el Estado colombiano, y en particular el gobierno de Santos, tienen un récord de compromisos que no sólo no cumple, sino que se burla del pueblo e implementa políticas exactamente contrarias a lo que pactó. Como dice el dicho, aparte de ladrón, bufón. Queda por ver, además, si los fusiles del gobierno se silencian, pues parece que los de la insurgencia sí se silenciarán, y existe bastante presión sobre ellos para este efecto, incluso de los países de izquierda latinoamericanos. Yo no creo, sin embargo, que el gobierno por sí solo vaya a cumplir, ni creo que a la “comunidad internacional” le vaya a preocupar mayormente que no le cumplan a la insurgencia, pues tienen demasiados intereses económicos estratégicos puestos en Colombia, y no harán ningún escándalo mientras Santos les cumpla a ellos –facilitando por ejemplo la inversión en el área minero-extractiva. Por lo que he podido conversar con gente vinculada a la cooperación europea, parece que todo el mundo sabe que Santos no va a cumplir, que los acuerdos serán constantemente pasados por alto y que habrá niveles de violencia en contra del movimiento popular que calificarán de “aceptables”, como los que existen hoy en Guatemala. Y están contentos con esta perspectiva. Partiendo de esa base, que no se puede confiar en la buena voluntad de Santos porque históricamente la oligarquía ha carecido de esa buena voluntad, hay que entender que el acuerdo que salga de estas negociaciones puede plantear un mínimo que unifique algunas demandas básicas para el movimiento popular. Pero, como hemos dicho, el gobierno por sí solo no las cumplirá. Lo único, y en esto hay que ser majadero, que puede lograr que ese acuerdo se cumpla, sino totalmente sí en gran medida, es la fuerza organizada del pueblo. Y para eso el pueblo tiene que entender la importancia que este acuerdo de paz tiene para sí y para su futuro. No debemos olvidar nunca que el acuerdo de paz es un primer paso en una lucha transformadora, no es el punto de llegada. Con pactar un acuerdo de paz que refleje el equilibrio de fuerzas entre las partes -actualmente desfavorable para el sector popular, pero susceptible de cambiar según la explosividad del escenario político colombiano-, que refleje las potencialidades pero sobre todo las limitaciones, no tiene por qué renunciarse a perseguir la construcción del socialismo, de la sociedad emancipada, sin clases, ni la apuesta por la revolución social. Es sencillamente aceptar que ese camino es más largo y enrevesado de lo que uno quisiera. El cuidado está en no confundir lo táctico con lo estratégico, en no confundir las limitaciones del momento con el techo máximo que debe tener nuestra imaginación política. Ese fue el problema de procesos de paz anteriores, y los desmovilizados terminaron más papistas que el Papa, a veces en posiciones ultra-conservadoras y aferrados a la Constitución del 91 como si fueran las tablas de Moisés. Cualquier acuerdo que salga de la actual coyuntura, debe ser superado por la historia y el pueblo debe prepararse para superarlo, así como para defender ese mínimo logrado de los ataques de los reaccionarios que no se cruzarán de brazos. Nada menos que ese acuerdo, pero sí seguir aspirando a mucho más, creo que eso es lo más importante. No abandonar la lucha transformadora de una realidad que seguirá siendo injusta y a la que hay que seguir resistiendo con los medios más apropiados para el momento.