miércoles, 14 de junio de 2017

COLOMBIA

“EL PROCESO DE PAZ ES UN EJERCICIO VALIOSO, AFECTADO POR PROBLEMAS COMO LA FRACTURA SOCIAL QUE VIVE COLOMBIA Y LA CONFUSIÓN QUE PRETENDE GENERAR UN SECTOR POLÍTICO”: GUSTAVO GALLÓN


POR ROSA INÉS SALAZAR Y FERNANDO ARELLANO ORTIZ 


Uno de los temas cruciales en la etapa del posconflicto es, indudablemente, el concerniente al de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el marco del acuerdo sobre víctimas.

Esta jurisdicción transitoria hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Su principal objetivo es cumplir con el deber estatal de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH) que tuvieron lugar en el contexto y en razón del conflicto armado.

Lo que se busca es "satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer verdad a la sociedad colombiana, contribuir a la reparación de las víctimas, contribuir a luchar contra la impunidad, adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado, respecto a hechos cometidos en el contexto y en razón de éste y contribuir al logro de una paz estable y duradera".

Para abordar algunos de sus alcances y ciertos vacíos que algunos entendidos en la materia existen en el acuerdo que adoptó la JEP, dialogamos con el abogado, politólogo y sociólogo, Gustavo Gallón Giraldo, fundador y director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Gallón Giraldo ha jugado un rol importante en el desarrollo de este inédito como delicado tema de la justicia transicional en Colombia, habida cuenta que ha liderado demandas como la del Marco para la Paz, que tuvo al Gobierno de Juan Manuel Santos en alta tensión por sus efectos en las negociaciones con las Farc en La Habana, y en el reciente pretérito frente al fuero penal militar, la Ley de Inteligencia o la de Justicia y Paz.

El fallo de la Corte sobre ‘fast track’: una dificultad adicional para el proceso de paz

¿Considera  usted que el reciente fallo de la Corte Constitucional sobre el denominado ‘fast track’ pone en riesgo la implementación del proceso de paz?

En riesgo no tanto, yo creo que significa una dificultad adicional, un obstáculo que no estaba previsto. El fallo desde el punto de vista jurídico en cuanto al contenido es discutible, pero por supuesto hay que acatarlo. Es discutible porque el fallo llegó a considerar que era inconstitucional un procedimiento de discusión abreviada de proyectos de ley y de dos mecanismos que son la limitación de posibilidades de introducirle modificaciones a un proyecto de ley si no se tiene el consentimiento del Gobierno. Y en segundo término, el señalamiento de que un proyecto de ley de esta naturaleza debe aprobarse en bloque; no en discusión artículo por artículo. Esos dos mecanismos están previstos en la Constitución colombiana para otros procedimientos, en particular la ley de presupuesto y los tratados internacionales.

La Corte en una decisión, repito muy controvertible, llegó a la conclusión de que esto sí afectaba un pilar fundamental de la Constitución. Ahí hay otro tema de difícil análisis y es el de cuándo se afecta un pilar fundamental de la Constitución o no.  La Corte tiene jurisprudencia amplia al respecto. Dice que las reformas constitucionales no pueden ser declaradas institucionales en principio porque no cambian la Constitución, salvo que y por la vía de violación del procedimiento la reforma constitucional sustituya un pilar fundamental de la Constitución.  Un pilar de la Constitución es hablar de cosas mayores, es cambiar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario o de un régimen democrático a un régimen monárquico o introducir la esclavitud o cosas por el estilo. Pero un procedimiento como este no creo que tenga la magnitud de significar una sustitución de un pilar fundamental de la Constitución. Eso en cuanto al fondo del asunto, pero reitero hay que respetar las decisiones de la Corte así no se esté de acuerdo con ellas.

Hay un segundo problema que es más complicado y es que uno de los magistrados, el recién llegado a la Corte había expresado unos días antes sobre este tema verbalmente y por escrito, hay grabaciones de conferencias dictadas por él, muchas de ellas fuera del país y por consiguiente debió haberse declarado impedido. Pero no solamente no se declaró impedido, sino que modificó su forma de pensar y se expresó en contradicción con lo que había dicho y lo que había publicado. Él había afirmado sobre la justicia transicional que no era posible hablar de una sustitución de la Constitución y ahora dijo todo lo contrario.  Entonces es una doble irregularidad por decir lo menos. Creo que los tribunales habrán de aclarar en algún momento, porque esto no debe quedarse así y además es preciso que nos digan si es correcto que un magistrado se abstenga de declararse impedido o no cuando se ha pronunciado públicamente por lo menos desde el punto de vista jurídico.

Dicho lo anterior no creo que sea el fin del proceso de paz, es una dificultad no despreciable que se le añade a un proceso que tiene problemas mayores. Este es un proceso valioso que ha estado afectado por problemas como es la fractura social tan fuerte que vive Colombia y que ha sido azuzada, estimulada por un sector visceralmente opuesto al acuerdo de paz que ha logrado confundir a mi juicio a sectores importantes de la población que quizás no tendrían esa opinión en contra.  Es paradójico que el proceso de paz más cuidadoso desde el punto de vista normativo que ha existido en el país y desde el punto de vista social en la historia de Colombia, haya sido objeto de una manifestación en contra tan fuerte, en contraste con los otros procesos anteriores que han sido respaldados por la ciudadanía en su conjunto sin mayores dificultades.  Aunque por supuesto ha habido reacciones en contra, el proceso con el M-19 dio lugar al asesinato de Carlos Pizarro, etcétera, pero los procesos de paz anteriores han sido acogidos al menos formalmente y no han tenido tanta oposición como esta que se anuncia decidida a arrasar con los acuerdo. Un vocero del partido uribista que es el que está fomentando este malestar contra los acuerdo ha dicho que si ellos regresan al gobierno, harán trizas ese ‘maldito acuerdo’, refiriéndose así a una negociación que ha sido respetuosa de las obligaciones internacionales de Colombia y que pone fin a un conflicto armado de más de cincuenta y dos años.

Ante el hecho de que el uribismo anuncie que hará trizas el acuerdo si llega al gobierno en 2018, cabe preguntarse: ¿cuál es la naturaleza jurídica que tiene el mismo? ¿Hace parte del bloque de constitucionalidad?

Lo que se estableció finalmente fue que las normas relacionadas con Derechos Humanos y Derecho Humanitario si hacen parte del bloque de constitucionalidad. Además se aprobó una disposición que señala que no se puede reformar el acuerdo durante un periodo que se estableció. Lo segundo no es una garantía suficiente porque si hay una mayoría suficiente para lograr una reforma constitucional podría modificar esta última disposición que mencioné, aunque por supuesto es una talanquera importante pero no podría en ningún caso modificar la norma sobre Derechos Humanos y sobre Derecho Humanitario.

Renuncia a la persecución penal

En el punto 5 del acuerdo final se habla sobre víctimas del conflicto y en dicho componente se crea el Sistema Integral de Justicia, Verdad, Reparación y No repetición, así como está el órgano de la Justicia Especial para la Paz (JEP).  ¿Cuándo procedería la renuncia a la persecución penal en la JEP? ¿Bajo qué criterios, a quién se aplicaría? ¿Cuándo y cómo se aplicaría esa renuncia a la persecución penal?

Usted toca un tema en relación al cual la Comisión Colombiana de Juristas ha levantado una discusión y se han dado unas decisiones importantes en el pasado porque antes de los acuerdos se produjo una reforma constitucional mediante la cual se aprobó el marco jurídico para la paz, que era una previsión para encuadrar o para regular la negociación entre el Gobierno y las Farc con el fin de  permitir acordar mecanismos de flexibilización de la aplicación de la justicia, lo cual estuvo bien.  Sin embargo, se fue demasiado lejos porque ese marco que es una reforma constitucional autorizó la renuncia a la persecución judicial penal en casos que el mismo señalaba en los que el gobierno podía seleccionar y priorizar. Se entendía que priorizar era colocar en un orden los determinados casos que el Gobierno y la Fiscalía les asignara mayor importancia. Seleccionar sería dividir unos casos o dividir entre aquellos que serían objeto de un tratamiento judicial y otros que no respecto a los cuales se renunciaría a esa posibilidad judicial.

Nosotros demandamos esa última parte y dijimos: esa división entre los casos, esa selección de los casos para renunciar a la persecución judicial penal no es constitucional en relación con violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Humanitario y ahí sí habría una modificación de un pilar sustancial de la Constitución, puesto que en ella los acuerdos internacionales están reconocidos. Y en esta materia las obligaciones internacionales  señalan que no se puede renunciar a la persecución judicial penal de violaciones de Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Humanitario.

La Corte Constitucional nos dio la razón, la sentencia que revisó el marco jurídico para la paz lo hizo de una manera muy sutil porque no declaró la inconstitucionalidad de la norma, pero sí introdujo, creo que es la primera vez que lo hace, unos parámetros de interpretación constitucional. Esos parámetros de interpretación corresponden a lo que en relación con las leyes es una sentencia de constitucionalidad condicionada. Es decir, en el entendido de que debe interpretarse de la siguiente forma y eso se puede hacer, lo hace la Corte en relación con proyectos de ley, no lo puede hacer en relación con reformas institucionales.

Entonces la Corte introdujo una figura especial que fueron los parámetros de interpretación constitucional dentro del texto de la sentencia antes de la parte resolutiva. Uno de esos parámetros de interpretación constitucional como deducción de lo que dice en los considerandos anteriores es en que la implementación de los acuerdos debe tenerse en cuenta el estricto cumplimiento de las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de juzgar en tribunales las violaciones de Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Humanitario.

Es decir, la Corte dijo es constitucional el marco jurídico para la paz, pero no lo es la renuncia a la persecución judicial penal. Sin embargo, eso está ahí, eso está vigente, pero por diversas manifestaciones, e incluso por algunas de las disposiciones reglamentarias del acuerdo de paz hemos visto que en el Gobierno y la Fiscalía, probablemente porque no se ha tomado conciencia de la imposibilidad de renunciar a la persecución judicial de las violaciones de Derechos Humanos y graves infracciones al derecho humanitario se sigue utilizando esa expresión y aludiendo a esa posibilidad.

Nosotros pensamos que eso es inconstitucional y así lo plantearemos en la Corte los próximos días en acción por la norma que se refiere a esa renuncia.  Entonces y en síntesis para responder a su pregunta: puede renunciarse a la persecución judicial penal de delitos que no constituyan violación a Derechos Humanos y graves infracciones al Derecho Humanitario.  ¿Cuándo? Para nosotros tendrá que ser en el momento en que la Corte considere un caso, no sé si desde el principio o si en la sentencia. Porque cuando la Corte o la Jurisdicción Especial de Paz asuma un caso tendrá una definición. Yo me inclinaría a pensar que sería desde las etapas iniciales, siempre y cuando esté confirmado que se trata de un caso que no es una violación de Derechos Humanos o violación del Derecho Humanitario, pero también puede ser después en la parte final.

Presentándose un caso en el que no haya una violación a los Derechos Humanos ni una infracción al Derecho Internacional Humanitario, ¿qué naturaleza jurídica tendría esa renuncia a la persecución penal?  ¿Estaríamos en el sentido de que se trataría de una aplicación de un principio de oportunidad o estaríamos ante otra herramienta?

Bueno, no decidieron llamarlo principio de oportunidad, o sea que de alguna manera eso no lo situaron dentro de esa institución, institución que por lo demás es muy discutible y respecto a la cual nosotros hemos también hemos hecho planteamientos aunque a la Corte Constitucional le parece que es excesiva para el margen de discrecionalidad. Pero aquí no se enmarcó esa renuncia dentro del principio de oportunidad. Yo creo que sería una institución nueva, corregida y elaborada como lo he dicho y como usted también lo ha planteado, siempre y cuando no se refiera a la violación de Derechos Humanos y de infracción del Derecho Humanitario sino una institución que correspondería a la necesidad de la imposibilidad de juzgar y de sanear jurídicamente situaciones a la terminación del conflicto armado. Yo no veo otra explicación.

¿Los efectos que esa renuncia a la persecución penal tendrían que ser tal como los ha establecido el acuerdo? ¿Pasaría a ser cosa juzgada en caso de que se tome la determinación de la renuncia a la persecución penal?

Sí, creo que pararían a ser cosa juzgada. Yo no sé bien cómo va a operar, porque en el caso de los guerrilleros tienen dos clases de conductas: unas que son amnistiables o indultables y otras que no lo son. Las que son amnistiables o indultables son los delitos políticos excluidas las violaciones a Derechos Humanos y al Derecho Humanitario, los crímenes de lesa humanidad. Pero la rebelión, sedición, asonada  y los delitos asociados a ellos son amnistiables o indultables según la etapa procesal en la cual se encuentre el asunto, de tal forma que aquellos delitos que podrían ser objeto de renuncia a la persecución judicial penal  son los vinculados a los delitos políticos. Si son infracciones al Derecho Humanitario no pueden ser objeto ni de amnistía o indulto ni de renuncia a la persecución judicial penal. En relación con agentes estatales el asunto puede ser más complicado porque el acuerdo y la implementación subsiguiente ha establecido una categoría distinta que es un tratamiento laxo a los crimines cometidos por ellos. Como los  agentes estatales no pueden ser objeto, de acuerdo a nuestra Constitución, a amnistía o indulto, se acordaron otras medidas a las cuales habrá que aplicarles parámetros semejantes salvo que la conexidad ahí no funciona tanto o que en el caso de crímenes cometidos por guerrilleros para establecer la conexidad existe un parámetro claro que es el delito político. En relación con agentes estatales no hay un parámetro claro semejante del cual pueda proyectarse la conexidad.

Si estamos hablando de conductas que no constituyen infracción ligada al Derecho Humanitario o violaciones de Derechos Humanos en el caso de agentes estatales pues puede ser objeto de ese tratamiento laxo.

Alcances de la Comisión de la Verdad

Otro de los temas que usted ha venido tratando en sus columnas periodísticas es el alcance de la Comisión de la Verdad. Si este organismo es extrajudicial, ¿cuál es su importancia? ¿Será un papel de magistratura moral, cuyo propósito es establecer un antecedente como ha ocurrido en los países del cono sur?, aunque en esos países las comisiones de la verdad de alguna otra manera han terminado siendo elementos probatorios. ¿En el caso concreto de Colombia, la Comisión que alcances tendría?

Yo creo que tendría unos alcances muy importantes. Destaco el enorme papel que puede jugar la Comisión de la Verdad en la forma como quedó diseñada, que no dudo de calificarlo de admirable porque no va a tener la carga que han tenido muchas comisiones de otras partes del mundo de meterse con la responsabilidad individual para efectos de decidir si considera amnistías o no, si declara culpables o no culpables a determinadas personas, puesto que para eso hay un tribunal especializado en esas materias. En contrapartida, la Comisión además de ocuparse de lo que ordinariamente le corresponde que es esclarecer  la verdad, lo ocurrido, y lograr el reconocimiento de las víctimas, así como de las responsabilidades por las violaciones cometidas, va a tener un papel adicional que es la de contribuir a la construcción de condiciones de convivencia hacia el futuro. Y como se hace eso, pues juntando esas tres funciones. El esclarecimiento de lo ocurrido, el reconocimiento de responsabilidades deberá hacerlo la Comisión de tal forma que sin limitarse en absoluto en cuanto a la amplitud del conocimiento de situaciones y de violación de derechos humanos en parte del territorio y asumir la gravedad que ellas hayan tenido, debe mirarlas no solamente en relación con el pasado sino en función de futuro. Propiciar a través del reconocimiento de responsabilidades efectivamente la solicitud de perdón, de parte de los responsables y un encuentro con las víctimas en la medida de lo posible. Allí donde no sea posible pues sencillamente la Comisión no podrá llegar más lejos.

Pero donde sea posible y la historia de otros países nos muestra que sí es posible, y lo que ha sucedido en Colombia en estos últimos años, también ha mostrado escenarios de reconciliación voluntarios, sinceros, genuinos en los cuales es posible. La Comisión podrá ayudar a que las personas en las regiones identifiquen formas de regulación de las relaciones hacia el futuro a partir de establecer fundamentalmente factores productivos con los cuales pueda haber un trabajo en común en la región.

Analizando el conflicto en las regiones, se va a encontrar que está realmente vinculado a un factor económico, de producción, la existencia de un recurso legal o ilegal que es objeto de una apropiación excluyente de parte de un sector y que finalmente termina generando la guerra en pequeño, en el sitio justamente por generar esa exclusión. Aquí se trataría de identificar esas fuentes de recursos y de trabajo o de generación de ingresos para la población y de actividades con el fin de poder explorar la posibilidad de unos acuerdos sociales distintos, sobre la base ya no de la exclusión sino de la colaboración, de la repartición de beneficios y del trabajo conjunto. Esto no es una utopía, algo se avanzó en esta materia luego del acuerdo de paz generado en el año 91 con el Ejército Popular de Liberación (EPL) y también con el movimiento armado Quintín Lame. Se creó una comisión para la superación de la violencia como consecuencia de los acuerdos con el encargo de identificar en las zonas donde estos grupos habían actuado, la fuente de los conflictos y las posibilidades de superar estas circunstancias hacia el futuro. Además, se hicieron talleres con actores relevantes de las regiones donde se establecieron unos principios de acuerdo que lamentablemente no se llevaron a cabo porque el conflicto continuó con otros actores pero sí hubo una posibilidad, por lo menos, de tener una primera fase de entendimiento, un análisis común por actores muy distintos, muy disímiles y yo veo que la Comisión tiene en esa experiencia una posibilidad de inspiración, pero sobre todo un reto, un reto de avanzar en esa dirección, repito dándole la debida importancia al esclarecimiento de la verdad y segundo al reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas, y en tercer lugar, a la creación de condiciones de convivencia para el futuro.


La narrativa del conflicto

Uno de los elementos fundamentales en este tipo de proceso después de conflictos internos es el relato o la narrativa, habida cuenta de que la historia siempre la cuentan los ganadores. En ese sentido la experiencia española es muy dura por cuanto en la conciencia colectiva existe la idea que los héroes fueron los franquistas.  En Colombia puede suceder algo similar, sin embargo, ¿la Comisión de la Verdad puede contribuir a una nueva narrativa de nuestro acontecer histórico?

Sin duda. Y hay un antecedente importante que es la creación de la Comisión Histórica del Conflicto y de las Víctimas que fue prevista en los acuerdos, que ha sido criticada por muchos. Yo creo que muy pocos la defienden porque fue integrada por doce personas y dos coordinadores, produjo 14 informes y uno por cada miembro. Los coordinadores no se pusieron de acuerdo para sacar una versión común, entonces muchos la critican porque dicen que eso no es una comisión, no es un análisis producto de un cuerpo colectivo que adopta una visión sobre lo sucedido y es verdad en eso tiene razón. Pero en lo que no tienen razón a mi juicio y con toda consideración y con todo aprecio por quienes así piensan, es en ignorar el sentido de esa Comisión que era el de romper el hielo en relación con el tema.  ¿Cuál es la causa del conflicto?, ¿quién empezó primero?, como dicen los niños en el colegio, porque aquí la atribución de culpas es de un lado para otro y si las Farc y el Gobierno hubieran incluido eso como una actividad suya propia de interpretar ese tema o de dar su visión como uno de los pasos para llegar a la negociación todavía estaríamos discutiéndolo. 

Entonces, yo creo que de forma inteligente decidieron crear esta Comisión para decir: dejémosle esa tarea a otra gente que no tiene la función de negociar y que digan lo que consideren de la forma más libre que quieran. En las disposiciones que regulan la creación de esa Comisión se dice que se procurará una visión conjunta pero no se logró. De todas formas este ejercicio sirvió de alguna manera como un ejercicio de calentamiento para el trabajo que va a hacer la Comisión de la Verdad.  Y resulta que en ese ejercicio de calentamiento, al ver uno los diversos informes de los miembros se encuentran unos elementos en común y otros muy diversos, sin embargo es un punto de partida interesante desde la perspectiva analítica para que la Comisión pueda llevar a cabo su actividad. Uno de los puntos en común que aparece en casi todos los informes, con salvedad de uno o dos de los estudios, conduce al tema de la tierra como una de las causas fundamentales del conflicto.  Ahora, no es la única y en eso hay algunos autores que enfatizan más que otros.  Yo creo que la Comisión de la Verdad podrá profundizar en eso y aportar visiones distintas que enriquezcan su impresión respecto del asunto. Me parece que hay una oportunidad valiosa justamente de reescribir la historia, sin mentalidad ni de vencedor ni de vencido sino con una mentalidad más abierta y más volcada hacia el futuro como ya lo he reiterado.

Mi preocupación si es, y permítame que lo repita, que en este ambiente, como bien lo llamó un analista, de radicalización de extrema derecha, en este ambiente de fractura social tan grande que tenemos, un rechazo visceral al proceso de paz por un sector importante de la población o por lo menos por un sector que es movido por otro que es muy activo, puede tener limitaciones en cuanto la sola aceptación. Pero también en contraste con esa preocupación tengo la esperanza de que la Comisión y el proceso en general en la medida en que se vaya desarrollando, en la medida en que el tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz por un lado comience a producir sus sentencias, y la Comisión avance, por otro lado, con su trabajo en las regiones y los diálogos sociales que programen en estos talleres y demás irá haciéndole ver a mucha gente que el acuerdo de paz no es tan ‘maldito’ como alguien lo dice, no es tan repudiable sino que, por el contrario, es una contribución importante a que por fin construyamos una nación más o menos civilizada.

Oportunidad para juzgar la responsabilidad corporativa en violación de derechos humanos

Otro de los temas importantes dentro de este contexto de la Justicia Especial para la Paz es el de la responsabilidad de terceros. Ahora que usted habla de la tierra y de actores paraestatales es evidente que en Colombia hay responsabilidad de empresas transnacionales en el  financiamiento y contribución directa a armar a grupos paramilitares que han sido actores decisivos en el de despojo de propiedades rurales. Si bien es cierto la responsabilidad corporativa se encuentra en pañales, ¿usted si considera que esta legislación transicional posibilita hacer los juzgamientos a terceros involucrados en el conflicto históricamente?

Yo creo que sí y considero además que la Jurisdicción Especial de Paz es un espacio donde debe desarrollarse. Como ustedes lo saben la jurisdicción llamada de Justicia y Paz iniciada en el proceso del gobierno anterior con los paramilitares, daba lugar al recaudo de una información importante en relación con la participación de agentes no estatales, con cierto poder en el país y en las regiones y que están involucrados en el asunto. En lo referente a lo que usted ha mencionado como responsabilidad corporativa creo que hay varios casos pero creo que el más conocido es el de Justicia y Paz en Antioquia que remitió a la Fiscalía una cantidad importante de casos, once mil folios. Una cantidad muy muy grande de documentación acerca de esta responsabilidad respecto de lo cual las instituciones ordinarias de justicia en Colombia no han avanzado. La oportunidad es justamente que la Comisión Especial si lo haga, eso tiene clara relación con su mandato y creo que es uno de los aportes grandes que puede hacer y que de otra forma no se haría.  Si no funciona esta jurisdicción especial seguiremos en la misma impunidad. 

Tratamiento judicial de los falsos positivos

Finalmente, hay unos casos aberrantes de violación de derechos humanos durante los dos gobiernos del expresidente Álvaro Uribe que son los mal llamados falsos positivos. ¿Es posible que a través de esta jurisdicción especial se avoque la investigación de estos casos, o es dable también que la Corte Penal Internacional, en caso de que no haya el conocimiento por parte de la justicia colombiana, termine asumiendo este tipo de casos?

La Jurisdicción Especial de Paz tiene competencia para conocer de casos cometidos con motivo del conflicto armado. Para nosotros, la Comisión Colombiana de Juristas, los falsos positivos no están relacionados con el conflicto armado, en la medida en que no se trata de actos producidos en combate, en desarrollo de las hostilidades propias de un conflicto, sino de homicidios ejecutados contra personas que no tenían nada que ver con el conflicto y que fueron falsamente mostrados como guerrilleros caídos en combate para hacer méritos falsamente, engañosamente, por parte de diversos agentes estatales, en respuesta a las exigencias de producción de resultados que hacía el Gobierno. Esa es nuestra posición y la defenderemos con fuerza ante la Jurisdicción Especial de Paz. Sin embargo, somos conscientes de dos cosas. Primero que en la regulación sobre este tema en una de las normas se habla de vinculación directa o indirecta y se dio una definición o se utilizaron unos términos que amplía de forma inadecuada, a nuestro juicio, la noción de vinculación con el conflicto. A través de esa definición es probable que los autores de estos crímenes y sus representantes judiciales intentarán hacer ver que sí encajan dentro de esa concepción más amplia y es posible que algún funcionario judicial de pronto les dé la razón. Repito nosotros pelearemos decididamente frente a esa posibilidad judicialmente con dos objetivos, primero que las cosas se hagan como deben ser, y segundo, que si se llegan a tratar esos casos de falsos positivos en la Jurisdicción Especial de Paz de todas formas se les preste una atención acorde con su gravedad y no se les banalice.  Pero además, como usted bien lo señala, no es descartable la posibilidad de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en caso de que la Jurisdicción Especial de Paz asuma que los falsos positivos no hacen parte de su competencia, intervenga, porque además le está haciendo un seguimiento específico a los casos de los falsos positivos. Es uno de los cinco aspectos que este organismo internacional tiene presente en su seguimiento de la situación colombiana y por consiguiente también existe esa posibilidad.



jueves, 25 de mayo de 2017

COLOMBIA

EL ESCABROSO CAMINO DEL PROCESO DE PAZ EN COLOMBIA


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ / PAXENCOLOMBIA.ORG

A raíz de un reciente fallo de la Corte Constitucional, como consecuencia de una demanda presentada por un senador del partido Centro Democrático contra la ley que adoptó el mecanismo de vía rápida conocido como fast track para la aprobación de la legislación que permita la implementación de los acuerdos de La Habana, el proceso de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y la insurgencia de las Farc vuelve a quedar en la incertidumbre, igual o peor que cuando se perdió el plebiscito sobre la aprobación de los acuerdos suscritos en La Habana, el 2 de octubre de 2016.

En medio de una explosiva bomba social por los múltiples problemas que la administración Santos no ha logrado solventar y cuya consecuencia no es más que la comprobada insatisfacción y las múltiples protestas ciudadanas, el país inaugura con esta decisión judicial un nuevo capítulo de zozobra política sobre el rumbo que tomará el proceso de paz, lo cual abre una serie de interrogantes, no fáciles de responder.

En efecto, el pasado miércoles 17 de mayo, el máximo tribunal constitucional mediante un comunicado informó que fueron declarados inexequibles dos literales del acto legislativo que creó el procedimiento especial conocido como “fast track” (vía rápida), con lo cual traslada al Congreso de la República la responsabilidad principal de aprobación de temas esenciales contenidos en el acuerdo de paz, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el desarrollo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Ley Estatutaria de Garantías de Participación Ciudadana, la reforma política y electoral, la reforma a la ley de Planeación y el desarrollo de las Circunscripciones Transitorias de Paz.

En síntesis, la Corte “tumbó” las disposiciones que establecían que los proyectos de ley solo podrían tener modificaciones en el Congreso con el aval previo del Gobierno; los cuales, además, se votarían en bloque y no cada artículo.

La revista Semana resumió de manera concreta los alcances de esta decisión judicial. “El fallo de la Corte Constitucional que limita el ‘fast track’ es manejable en lo jurídico, un gran riesgo en lo político y un golpe mortal para la confianza de las Farc en el proceso de paz”, explicó la citada publicación.

En últimas, como todo fallo de la máxima instancia constitucional tiene un trasfondo político, la incertidumbre que ha generado es muy grande en un país como Colombia caracterizado por su inestabilidad institucional y por prácticas malsanas de su dirigencia que tiene asiento en el Congreso de la República.

En cuanto a las consecuencias jurídicas del fallo hay que señalar que se mantiene vigente la esencia del mecanismo denominado fast track, cuyo propósito es el de tramitar en forma exprés leyes y reformas a la Constitución que estén orientadas a garantizar el cumplimiento de los acuerdos de paz. Además, este fallo no es retroactivo y por lo tanto aquellas normas aprobadas hasta el momento contempladas en el acuerdo de La Habana no sufrirán modificación alguna. La zozobra que se cierne es en torno a qué va a pasar con el paquete de leyes que está por aprobarse y cuyos temas son decisivos para la implementación del pacto suscrito con las Farc.

Están pendientes para estudio del Congreso, la reforma política y electoral; la ley estatutaria de fortalecimiento de las organizaciones sociales que apunta a descriminalizar la protesta social; el acto legislativo que crea 16 circunscripciones especiales de paz para dar representación a comunidades de 176 municipios que han sido los más afectados por el conflicto armado. También está pendiente la creación del Fondo de Tierras para la Paz que ha encontrado fuerte oposición en los gremios del sector agrícola que se resisten a la democratización de la propiedad rural que en un 63% es informal en el país de acuerdo con las cifras del reciente Censo Nacional Agropecuario del año 2014. Igualmente, resta por aprobar todo el paquete que desarrolla el punto referido al narcotráfico y la sustitución de los cultivos de uso ilícito.

Otro de los puntos pendientes es el que tiene que ver con el proceso de reintegración de los excombatientes de las Farc, en el que se contemplan aspectos nodales como la política del Estado colombiano para el desmonte del paramilitarismo y su reintegración económica.

La decisión de la Corte Constitucional se da a solo dos semanas de que se produzca el desarme de más de 7.000 combatientes de las Farc. Esta circunstancia sumada a las dificultades que se han presentado por parte del Gobierno para la implementación del Acuerdo Final, como los incumplimientos en las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN), la lentitud de la aplicación de la amnistía y los retrasos en el Plan Marco de Implementación, en medio además del asesinato sistemático de líderes sociales y defensores de derechos humanos, hace que la situación no solamente sea compleja sino llena de incertidumbre.

Para el exjefe negociador del proceso de paz en La Habana, Humberto de la Calle, el cuadro que muestra el actual momento de la implementación de los acuerdos es preocupante.

“El Gobierno ha señalado que la respuesta a lo ocurrido es solidificar la coalición política, y eso está bien, lo entiendo, pero no minimiza los riesgos de una discusión supremamente tortuosa y envía un mensaje que me parece grave, no solo para la guerrilla sino para la sociedad colombiana porque aquí hay un compromiso ético, y esto es más que jurídico o político. Se hizo un acuerdo con una guerrilla para desarmarla; comienza el proceso de desarme y se está implementando lo acordado. Enviar el mensaje de que la Corte va a revisar o a cambiar elementos centrales de lo que se acordó es un engaño frente al compromiso que tiene el Estado colombiano con el acuerdo de paz. Todo el Estado tiene el compromiso de cumplir con lo pactado, porque fue suscrito con el Ejecutivo, refrendado por el Congreso y siguiendo el lineamiento de la misma Corte Constitucional”, precisó De la Calle en declaraciones al diario El Tiempo.

Por su parte, la columnista de la revista Semana, María Jimena Duzán, dijo que  “hoy, con esa tesis de que la paz es un problema eminentemente jurídico, la Corte Constitucional acaba de tumbar la espina dorsal del fast track y abrió la posibilidad de que los congresistas puedan aprobar las reformas sin respetar el espíritu de lo acordado, con lo cual sobra decir que lo firmado en el (Teatro) Colón es prácticamente letra muerta. Mañana, se hará lo mismo con la ley estatutaria, pasado mañana, con la reforma al ordenamiento de la tierra, con la reforma política”.

Por lo pronto, algunos analistas consideran que es imperativo ampliar en 120 días más el proceso de la dejación de las armas por los combatientes de las Farc, así como es inevitable extender los territorios y plazos de las Zonas Veredales para rescatar el anhelo de paz de amplios sectores de la sociedad colombiana.

Las Farc, por su parte, a través de su vocero Iván Márquez, ha anunciado que toda su militancia actualmente concentrada en las zonas veredales se encuentra en asamblea permanente analizando la situación, al tiempo que su máximo comandante, Rodrigo Londoño (Timochenko), ha señalado que ahora el proceso vuelve a estar en manos del presidente Santos, quien tiene la capacidad de liderar al interior del Congreso con sus mayorías parlamentarias la implementación legal de los acuerdos de paz.

En la práctica, lo que resta por desarrollar de dichos acuerdos depende de una nueva negociación en el Congreso de la República que podrá establecer modificaciones a los textos acordados en La Habana y que de manera genérica fueron  aprobados por el Congreso ante la victoria del No en el plebiscito del 2 de octubre del año pasado.

De esta manera, el escarpado y tortuoso camino de la paz en Colombia sigue su marcha en medio de múltiples tropiezos para superar más de medio siglo de un conflicto que ha destruido el tejido social y ha desestructurado la sociedad de este país. No obstante la actual coyuntura, el Gobierno del presidente Santos está en capacidad de liderar al interior del Congreso de la República las medidas conducentes y los acuerdos políticos que permitan el desarrollo de las leyes que requieren la implementación del acuerdo de paz.

Además, los movimientos sociales y los sectores en Colombia comprometidos con la paz no solo tienen la capacidad de movilización sino que constituyen un elemento clave para monitorear el desarrollo del trámite legal que posibilite la implementación del proceso para el inicio del denominado posconflicto, llamar la atención sobre los inconvenientes  y generar alertas tempranas.






lunes, 27 de marzo de 2017

COLOMBIA

“EN EL CESAR HA HABIDO UN REMOZAMIENTO DEL PARAMILITARISMO”


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La conflictiva realidad social que se vive en el departamento del Cesar, localizado al noroeste de la geografía colombiana, está determinada en gran medida por su estructura productiva que se asienta tanto en la extracción carbonífera como en la explotación de palma africana. Estas actividades no solamente han generado un alto impacto de violencia por la disputa del dominio de territorios, sino además, una grave situación ambiental, hasta el punto que los 42 ríos y los cuerpos cenagosos del departamento están en riesgo. A ello hay que agregarle que una de las tragedias de esta región son las regalías que percibe por concepto de la explotación minero-energética porque son fuente de corrupción.

El accionar del paramilitarismo

Una de las características de dominio territorial, despojo de tierras, violencia y desplazamiento humano en el Cesar, ha sido el sistemático accionar del paramilitarismo. Si bien el grupo de autodefensa Juan Andrés Álvarez se desmovilizó en 2006, algunas de sus estructuras quedaron en la retaguardia  y se reconvirtieron en lo que actualmente se conocen como ‘Águilas Negras’, ‘Nuevas Autodefensas del Cesar’ y ‘Autodefensas Gaitanistas’.

Antonio Calvo Silva, coordinador regional de PAX Holanda en el Cesar, sostiene que de acuerdo a los reportes de las autoridades, estas estructuras mantienen un preponderante poder económico porque controlan el contrabando de gasolina, actúan en el negocio del narcotráfico, han establecido redes de extorsión así como el sistema usurario de préstamos de dinero conocido como el gota a gota. Además, tienen la pretensión de influenciar en los procesos electorales en la región.

Persecución a líderes sociales

En el Cesar, explica Calvo Silva, estas estructuras paramilitares vienen generando zozobra desde hace algunos meses en varios municipios del departamento no solo porque hacen presencia en las comunidades dejando mensajes y pintando grafitis amenazantes sino que, adicionalmente, son señaladas de presunta responsabilidad en el asesinato en los últimos meses de líderes sociales y comunitarios como Néstor Iván Martínez en Chiriguaná; Aldemar Parra del territorio afro El Hatillo; y Manuel Cantillo de la vereda Entre Ríos. Sus asesinatos tienen en común que los operativos para llevar a efecto la ejecución siguen un mismo modus operandi, que no es predecible de la delincuencia común.

Esta exacerbación de la violencia, explica el funcionario de PAX, ocurre coincidencialmente cuando los acuerdos de paz entre la insurgencia de las Farc y el Gobierno de Santos comienzan a tomar forma y como consecuencia de ello, movimientos alternativos de estirpe social surgen o se reactivan. La acción paramilitar, agrega Calvo Silva, está dirigida entonces a paralizar la acción de la sociedad civil e impedir la participación ciudadana en la zona.

En definitiva, explica, se trata es de frenar o congelar la movilización de los ciudadanos desde la base, “por eso estos liderazgos comunitarios son cercenados con una reiteración asombrosa, no obstante que las autoridades salen a decir que se trata es de ajustes de cuentas y en ese sentido hay una matriz de discurso de la Policía”.

Esta crítica situación de orden público en el Cesar obedece a que “el paramilitarismo no es cosa del pasado y la gente lo está padeciendo. Lo que ha ocurrido es que hay un remozamiento de este fenómeno”.

Gracias a denuncias de PAX ha habido cambio de actitud de transnacionales

En medio de este conflictivo panorama, Calvo Silva destaca que a raíz de las denuncias que hizo PAX Holanda respecto de supuestos vínculos de las transnacionales carboníferas que operan en el departamento como Drummond y Glencore con el paramilitarismo, sus directivos han cambiado de actitud en el sentido de rechazar en forma contundente a través de pronunciamientos públicos los asesinatos de líderes comunitarios que han venido ocurriendo en los últimos meses.

Esta es una señal de que la campaña de PAX en favor del restablecimiento de los derechos de las víctimas del paramilitarismo ha surtido efecto y está generando conciencia sobre el respeto a los derechos humanos, tan conculcados en esta región colombiana.

Acompañamiento de PAX a las comunidades

Desde hace más de tres años PAX viene desarrollando un proceso de atención a las víctimas del conflicto en la zona minera del centro del departamento del Cesar a ocho comunidades a saber: El Toco, El Caimán, La Concordia, Platanal, El Topacio, Santafé, Tucuicito, y Hato La Guajira.

Este programa de PAX Holanda que cuenta con el apoyo de Misereor de Alemania apunta a lograr justicia y reparación para las víctimas, dándoles además asesoría psicosocial tanto a nivel individual como colectivo. Igualmente y a través de investigaciones de memoria histórica se busca lograr verdad y reconciliación, así como propender por la mejora en la región en cuestión de seguridad humana y garantía de derechos humanos.


De esta manera, concluye Calvo Silva, el movimiento PAX contribuye de manera eficaz a generar condiciones en esta región del país para avanzar en el proceso de posconflicto que ahora vive Colombia. 


domingo, 5 de febrero de 2017

DEMOCRACIA

ENTREVISTA CON LA FILÓSOFA ARGENTINA LUCIANA CADAHIA


“HOY, LA BATALLA POLÍTICA SE JUEGA EN EL ÁMBITO DE LO SENSIBLE QUE CONFIGURA MODOS DE COMPRENDER Y ESTAR EN EL MUNDO”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Analizar el momento político de un mundo convulsionado y sumido en una crisis civilizatoria como consecuencia de los estragos de un modelo capitalista criminal y salvaje como el neoliberal desde la óptica de la filosofía, es provocante y a la vez estimulante. Esta grata oportunidad la tuvimos en Bogotá con una joven filósofa, investigadora social y docente universitaria de origen argentino que realizó sus estudios de maestría y doctorado en Madrid, España. Se trata de Luciana Cadahia, quien desde su particular mirada académica e investigativa se mete a dilucidar los fenómenos políticos, generando reflexiones que contribuyen no solo a elevar el debate sino que tienen la virtud de hacer repensar y sacudir a quienes se aproximen a sus ensayos y trabajos bibliográficos, respecto de la manera cómo en esta primera etapa del siglo XXI hay que refinar las tácticas y estrategias para generar hegemonía y sentido común que posibiliten avanzar en la incesante lucha por la emancipación.

Una primera sugerente observación suya es que la tarea de la izquierda hoy debe estar “orientada a producir identificaciones alternativas que ayuden a comprender los malestares desde otro lugar y comprender quiénes son los verdaderos responsables” de los problemas de las sociedades. Y por ello, agrega, la batalla política “para poder lograr una  hegemonía emancipadora, se juega en el ámbito de lo sensible, de las formas de sensibilidad que configuran nuestros modos de comprender y estar en el mundo”.        

Considera que “uno de los errores de la izquierda en general tiene que ver con desatender la dimensión de la estética y con esto no me estoy refiriendo solamente a la cuestión del arte, me refiero a la dimensión sensible y perceptiva. En la política no solamente funcionan los argumentos racionales sino que hay un componente emocional del ámbito de la sensibilidad que es el que va moldeando los esquemas de percepción de las personas y que hace que, por ejemplo, alguien pueda llegar a creer que Mauricio Macri en Argentina va a resolver sus problemas”.

Por ello sugiere a las fuerzas alternativas y de izquierda, “prestar más atención a ese ámbito de la sensibilidad, a ese ámbito si se quiere cultural porque si no pensamos la articulación entre estética, sensibilidad, cultura y política estamos perdiendo la batalla, por eso el neoliberalismo la ha venido ganando hasta ahora”.

A su paso por Bogotá, tuvimos la oportunidad de dialogar con Luciana Cadahia, quien desde 2015 se encuentra residiendo en Quito, pues es docente titular en áreas como Sociología y Teoría Política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), Ecuador.

NECESIDAD DE UN HUMANISMO PLEBEYO

-       Uno de tus últimos ensayos es muy provocativo (http://bit.ly/2jMXiM8), pues habla de la necesidad de un humanismo popular ¿Qué quieres decir con  ello?

-       Si bien voy a ofrecer una respuesta más teórica que política, me parece que este enfoque ayuda a comprender ciertas dificultades que tenemos para pensar políticamente nuestra actualidad. Tras la crítica radical de Heidegger al humanismo, el pensamiento político europeo de la posguerra asumió esa crítica como una apuesta claramente antihumanista. Al punto de considerar al humanismo como una especie de chantaje intelectual del cual la filosofía debía deshacerse. En el caso latinoamericano, esta tesis se asumió, al menos en el ámbito de la filosofía política, de manera casi acrítica. Como si este este discurso antihumanista –y sus derivados posthumano, posthistórico, etc…- nos liberase de otro de los engaños de la modernidad.  No obstante, considero que en un momento determinado a esa estrategia anti-humanista le pasan dos cosas: por un lado se vuelve reaccionaria, y por otro, le termina regalando a la derecha una serie de logros históricos, plebeyos y populares que vienen de la tradición humanista; por ejemplo, la política de los derechos humanos. Si prestamos atención a cómo la política de los derechos humanos es implementada en países  como  Argentina, para el caso de la última dictadura militar, o incluso cómo es implementada aquí en Colombia,  a  raíz del conflicto armado, te das cuenta de que hay una dimensión performativa de la humanidad, la construcción de un lugar de enunciación histórico-colectivo de base popular que nada tiene que ver con un esencialismo ahistórico o con la doble moral. Podríamos decir que  permite pensar los instrumentos jurídicos y políticos de un modo muy interesante. Por lo que se vuelve urgente pensar teóricamente esta dimensión de la praxis, es decir, acompañar estos logros políticos con construcciones conceptuales creativas y originales. Resulta un poco contradictorio celebrar ciertas políticas de los derechos humanos en nuestra región y luego asumir sin más el discurso antihumanista europeo. Es como si hubiera un resto colonizado en nuestra forma de pensar. Todo esto tampoco supone caer en un discurso antieuropeo, creo que ambos polos son estériles. Lo que hago estratégicamente es recoger la tradición humanista plebeya de Maquiavelo, del pensamiento florentino, del pensamiento italiano, una cierta recuperación de Gramsci, de Ernesto de Martino, pensador italiano de la misma época del filósofo sardo, que también retoma la necesidad de un humanismo plebeyo. No hay que olvidar que Gramsci y de Martino piensan la posibilidad de un humanismo plebeyo por los mismo años en que Heidegger está construyendo su proyecto antihumanista. Por alguna razón, el discurso de Heidegger se volvió dominante y opacó la propuesta de los pensadores italianos. Me parece interesante recoger esta tradición de humanismo plebeyo y ponerla a dialogar con nuestra propia tradición humanista del siglo XIX –como hace Sanders en su magnífico libro Contentious Republicans para el caso colombiano- y con las formas actuales de lucha política en América Latina. Creo que allí podríamos encontrar unas claves humanistas bien curiosas y capaces de articular un discurso alternativo al neoliberalismo.

-       Siguiendo con tu ensayo, señalas que hoy en día se observa con cierta impotencia cómo la gente, paradójicamente, se siente seducida por lo que causa su propia ruina. ¿Eso quiere decir que el neoliberalismo se volvió sentido común y también  una ‘religión’ puesto que  las grandes mayorías populares, terminan eligiendo a sus verdugos?

-       Sí, me parece que es importante decir dos cosas, en clave foucaultiana: los individuos en tanto sujetos estamos constituidos por el ethos neoliberal, entonces, en nuestra propia subjetividad, en nuestros esquemas perceptivos, en la manera de darle sentido a la vida, las relaciones con los otros están atravesadas por ese ethos neoliberal y es muy difícil romper con él. Las figuras del emprendedor, los libros de autoayuda, la idea de que mis logros dependen de mí y nada más, las formas de gozar con la autoproductividad constante de sí, como si siempre estuviéramos en falta y fuéramos los responsables de las formas de desigualdad que nos constituyen. Es decir, esta forma generalizada del aislamiento individual es la gran estrategia a través de la cual la derecha ha sabido apropiarse del capitalismo actual y ha sido muy hábil para jugar con esos hilos, con ese sentido común de la gente para poder persuadirla y convencerla de que ellos son la mejor elección.

-       Mencionas el alcance del ethos neoliberal, ¿entonces el desafío para los sectores de izquierda y para los gobiernos progresistas es el de construir hegemonía en términos gramscianos? ¿En medio de esta dominación neoliberal que ha generado una nueva barbarie en la humanidad, es posible ello?

-       Creo que es necesario construir una hegemonía alternativa, pero me parece que uno de los límites que ha mostrado la experiencia del progresismo latinoamericano es que esa hegemonía no se puede construir solamente a nivel nacional o plurinacional. Si bien hay que partir de allí,  es importante empezar a articular una hegemonía de carácter internacional, de lo contrario va a ser muy difícil romper con el ethos epocal que nos constituye. Y creo que hay muchos elementos existentes que podrían ayudarnos a configurar esta alternativa, unos sentidos comunes que disputen ciertos relatos y formas de la sensibilidad neoliberal. El problema es que no estamos sabiendo cómo articularlos de manera más operativa. Aunque también es cierto que estas apuestas son de largo plazo, demandan mucho tiempo. Las batallas culturales no se ganan de la noche a la mañana, sino que requieren un trabajo de sedimentación, cuyos tiempos no son los mismos que los de la política. Para el caso de Colombia, es evidente que los dispositivos mediáticos, el blindaje de la mayoría de los medios de comunicación para que surjan otras voces que disputen el sentido común, dificultan aún más la labor. Incluso siempre me ha llamado la atención la disociación entre el lenguaje y la lucidez de los movimientos sociales, ciertas prácticas artísticas y organizaciones políticas populares y el discurso de las élites mediáticas de la cultura y la política. Salvo contadas excepciones, parecieran dos países distintos. Mi inquietud siempre ha sido cómo hacer para que ese lenguaje irrumpa en los medios y revierta cierto blindaje histórico. Igualmente, me gustaría añadir algo y es que yo creo que el neoliberalismo progresista como experiencia política está en horas bajas, está en un momento de agotamiento, está engendrando otra cosa. Lo que yo no sé es qué va a pasar con este ethos neoliberal o ethos del capitalismo, pero lo cierto es que hay que aprovechar esa fragilidad para orientar las fuerzas hacia otros lugares.

-       Es evidente que, como lo que acabas de señalar, el capitalismo está en declive y ello se demuestra de manera palpable con la elección de Trump, así como en el hecho de que, como bien tú reseñas, el autoritarismo hoy es ejercido no solo por los opresores sino también por los mismos oprimidos. En el ensayo del filósofo francés Étienne  de la Boétie, “La servidumbre voluntaria” publicado en 1576, ya sentenciaba que el ser humano por su propia voluntad  termina siendo esclavo de un sistema o régimen que lo oprime. ¿Se podría decir que ese es un rasgo característico del proceso de declive del sistema capitalista?        
                       
-       A mí no me gusta pensar en términos  esencialistas, es decir, no me gusta pensar que los seres humanos inevitablemente producen su propia esclavitud, me parece que siempre es más estratégico tratar las cuestiones en términos políticos, históricos y psicoanalíticos, incluso. Creo que es importante entender que el campo de lo social es un campo de lucha de fuerzas. Volviendo a los términos gramscianos, podríamos decir que en los pueblos habitan tanto fuerzas reactivas –que son las que reproducen formas de esclavitud- como emancipadoras. Entonces, es tarea de los políticos, de los artistas, de los intelectuales, de los maestros, de los militantes, priorizar las posibilidades de las experiencias libertarias para poder potenciar las fuerzas de carácter más emancipador, sabiendo que estas contradicciones son irresolubles. Como diríamos con Hegel, la dialéctica del amo y del esclavo habita en el interior del campo social. Incluso al interior de nosotros mismos. Y el peligro es constatar cómo ciertos dispositivos de liberación del amo no son  otra cosa que la creación de nuevos amos. Quizá el error sea pensar la emancipación de esa manera. Y el trabajo del siglo XXI consista en cambiar esas coordenadas de la lógica amo-esclavo...

-       Sin embargo, ¿no crees que estamos enfrentando en este momento una forma de fascismo sofisticado?

-       Sí, claro, justamente con Chantal Mouffe tenemos esa discusión, porque ella dice que el fascismo es una forma de gobierno determinada que tuvo lugar en una época y punto, y que por lo tanto ahora no podemos aludir a este término y que tampoco sería inteligente retomar ese legado. Aunque comparto su interpretación en términos políticos, creo que el fascismo no solamente debe ser entendido como un régimen de gobierno sino también como un ethos, como una forma de relación con los otros. Y me parece que su característica tiene que ver con una forma de relación donde el otro aparece como una anomalía o como un elemento a eliminar. Ese otro puede recibir distintos nombres: puede ser un inmigrante sirio en Europa; un inmigrante boliviano en Argentina; un inmigrante venezolano en Colombia; o por lo contrario, pueden ser los homosexuales, o los campesinos. Ese otro puede tener distintas identificaciones pero en todos los casos se lo asume como la anomalía que me impediría ser sí mismo. Creo que esa es la lógica o la forma de ser fascista que está operando hoy y me parece que se ha dado una articulación sumamente perversa a raíz del Brexit en Inglaterra; el triunfo de Trump en los Estados Unidos; el posible triunfo de Marine Le Pen en Francia; y tiene que ver con el hecho de que sectores populares en condiciones de extrema debilidad han identificado que sus problemas están relacionados con un otro que debe ser excluido. Y ante eso me parece que no es inteligente despreciar a los pueblos y acusarlos de fascistas. La izquierda lleva mucho tiempo asumiendo el lugar de la conciencia lúcida o juez supremo que condena el accionar de sus pueblos. Hay que cambiar de registro. Es necesario diferenciar la habilidad de los políticos para producir esas identificaciones entre el malestar colectivo y la lógica fascista de un otro a erradicar y las formas de malestar colectivo que produce el capitalismo financiero. Detectar ese matiz nos ayudará a comprender las estrategias fascistas de ciertos actores políticos y nos ayudará a construir una sensibilidad más cercana a las necesidades de la gente, a nombrar con ellos y desde ellos esos dolores colectivos. Un ejemplo de esta estrategia fascista la encontramos acá mismo, en Colombia, como acaba de hacer Vargas Lleras al decir que los “venecos” –en tono despectivo- son los responsables del incremento de la delincuencia en Colombia. Su estrategia es calcada a la de Trump. Por eso, la tarea de la izquierda hoy no puede seguir siendo la de quienes acusan por todos lados y no consiguen ni sumar votos ni construir hegemonía, por el contrario, tiene que ir orientada a producir identificaciones alternativas que ayuden a comprender los malestares desde otro lugar y comprender quiénes son los verdaderos responsables de sus problemas. Y esto no se hace solamente desde un partido político, son necesarios otros actores que asuman la importancia de esta pedagogía desde el ámbito de los medios, el arte, la cultura, las instituciones, la militancia y las organizaciones sociales.

-       ¿Qué papel juega en  los procesos de emancipación y en los proyectos progresistas el elemento de la cultura popular? Hago esta pregunta porque tú rescatas al antropólogo italiano Ernesto de Martino que trabajó las formas de sensibilidad…

-       Me interesa mucho el trabajo de Ernesto de Martino así como el de Jesús Martin-Barbero, que es un español exiliado que ya es colombiano. Me parece que uno de los errores de la izquierda en general tiene que ver con desatender la dimensión de la estética y con esto no me estoy refiriendo solamente a la cuestión del arte, me refiero a la dimensión sensible y perceptiva. En la política no solamente funcionan los argumentos racionales sino que hay un componente emocional del ámbito de la sensibilidad que es el que va moldeando los esquemas de percepción de las personas y que hace que, por ejemplo, alguien pueda llegar a creer que Mauricio Macri en Argentina va a resolver sus problemas. Es decir, ahí no está operando un elemento racional puro -más aún, creo que esta forma de entender la racionalidad es una patraña, puesto que, como diría Schiller, existe una razón sensible, no razón a secas- sino que también participa la dimensión sensible, que es algo que se va cocinando en la cultura. Por eso es importante trabajar esa dimensión, la dimensión de la sensibilidad, porque es a partir de esa comprensión de una razón sensible, donde las pasiones y los afectos tienen lugar de manera irreductible, donde las emancipaciones pueden activarse. Entonces, la labor de los políticos de la tradición de izquierda, de la tradición populista tanto en América Latina como en Europa, es prestar más atención a ese ámbito de la sensibilidad, a ese ámbito si se quiere cultural porque si no pensamos la articulación entre estética, sensibilidad, cultura y política estamos perdiendo la batalla, por eso el neoliberalismo la ha venido ganando hasta ahora. Si bien en Podemos de España asumen explícitamente este problema todavía hay inconvenientes para generar algo así como una “vanguardia popular”. Y creo que deberíamos recoger y reactivar esa simbiosis entre estética y política del primer constructivismo en Rusia, la impresionante apuesta cultural de México en el populismo de Lázaro Cárdenas o en la primera época de la Revolución cubana.  En estos ejemplos que menciono tuvo lugar algo que todavía no hemos sido capaces de reactivar en ninguna de las propuestas progresistas, populistas o de izquierda actuales.


-       ¿En ese sentido coincides con Chantal Mouffe en que  es necesario movilizar  las pasiones y los afectos en política?

-       Me parece que es algo necesario e inevitable. Una de las grandes conquistas de la socialdemocracia europea o esta forma de socialdemocracia en Colombia tiene que ver con el siguiente supuesto: la política civilizada es una política que habría logrado neutralizar los afectos y por lo tanto sería una política de la desafección en donde simplemente estarían operando los argumentos racionales. Pero esta creencia es una gran ficción porque, en el momento en que la desafección política tiene lugar, la gente deja de conectar con la política y canaliza hacia otros lugares esa dimensión afectiva y colectiva en estallidos que muchas veces pueden llegar a ser muy peligrosos y contraproducentes. En ese sentido coincido con Chantal y añadiría algo más, y es que en toda la tradición del pensamiento político las pasiones han tenido un papel muy importante. Por citar algunos ejemplos, en autores como Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes, Schiller o Toqueville el papel de las pasiones y los afectos es central. El problema es que cierto punto de vista liberal de las ciencias políticas y la sociología contemporánea, como muy bien advirtió Schmitt, dejó de pensar en esta clave y  se abocó a un corpus teórico excesivamente racionalista –con una noción muy empobrecida de la racionalidad, vale resaltar-. Por eso, los estudios del populismo y la democracia radical no son una anomalía teórica, sino que reintroducen, de manera novedosa y desplaza, algo que había sido muy importante para el pensamiento político.        

-       ¿O sea, en buena medida la guerra política de acuerdo con tu respuesta, se juega en el ámbito de la estética? 

-       Hoy quizá tenga más sentido decir que la batalla política, para poder lograr una  hegemonía emancipadora, se juega en el ámbito de lo sensible, de las formas de sensibilidad que configuran nuestros modos de comprender y estar en el mundo. 

-       Tú hablas del populismo republicano. ¿Con este término a que quiere aludir?

-       Bueno, es un poco la misma estrategia que con el humanismo, y curiosamente viene de la Italia florentina.  Lo primero que podría decir es que existen muchos estigmas alrededor del populismo y sobre todo del populismo latinoamericano. Por otro lado, suele hacerse una contraposición entre populismo y republicanismo. El populismo se lo asocia con ausencia de instituciones y a los partidos republicanos como los defensores de las mismas. Así, habría un juego entre gobiernos populistas y antiinstutucionalistas y gobiernos republicanos institucionalistas. Y esto me parece que no se ajusta a la verdad. En primer lugar es necesario comprender que no existe una identificación entre partidos republicanos  y la defensa de las instituciones –Macri y Trump son dos buenos ejemplos-. En segundo lugar, habría que preguntarse qué tipo de instituciones construye el republicanismo. Porque sabemos que existe una tradición de republicanismo oligárquico, cuyas instituciones sirven para marcar una frontera entre unos pocos -privilegiados- y los muchos. Pero también existe una tradición de republicanismo plebeyo, cuyas instituciones están al servicio de las mayorías, es decir, garantizan el derecho a tener derechos. Y creo que esta última forma de republicanismo tiene grandes afinidades con el populismo. Por decirlo de forma esquemática, han sido los populismos realmente existentes los que construyeron instituciones y ampliaron derechos en América Latina.

-       ¿El ejemplo típico podría ser en ese sentido el peronismo?

-       Puede ser el peronismo, puede ser Lázaro Cárdenas en México, también Getulio Vargas en Brasil, y si pensamos todo lo que ha sido la transformación andina de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Lo que ha tenido lugar en estas experiencias son procesos constituyentes, lo primero que hacen es crear constituciones plurinacionales, entonces esa es la gran paradoja porque para desacreditarlos salen a decir que son autoritarios y anti-institucionalistas pero la primera acción que hacen es crear un nuevo orden constitucional para reconocer a los sectores históricamente excluidos. No hay más republicano que ese gesto y sin embargo se los suele tildar de gobiernos autoritarios, anti-institucionalistas, etc.

-       Estoy ante una filosofa de la historia. Walter Benjamin dice que la historia debe servir de factor de revolución para encender desde el pasado la chispa de la esperanza. ¿Concuerdas  con Benjamin en ese sentido?
           
-       Claro que concuerdo con Benjamin, y cada  vez que paseo por la Carrera Séptima en Bogotá lo único que viene a mi mente es la experiencia irresuelta del 9 de abril de 1948.