viernes, 29 de julio de 2011

COLOMBIA


LA VIL COPIA DEL GOBIERNO DE SANTOS DEL PLAN BOLONIA PARA IMPONER MODELO DE ÁNIMO DE LUCRO A UNIVERSIDAD PÚBLICA


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ


Desde hace más de 20 años cuando el entonces presidente César Gaviria Trujillo (1990-94) abrió de par en par las puertas de Colombia para imponer el criminal modelo neoliberal, buena parte de sus nefastas políticas que atentan contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, han sido impuestas por las instituciones multilaterales de crédito (léase Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional), los intereses corporativistas de las poderosas transnacionales o por el gran capital financiero especulativo internacional.


Los gobiernos colombianos de las últimas dos décadas se han caracterizado por ser obsecuentes y aplicados en la puesta en marcha de las recetas del Consenso de Washington. Mandatarios de la catadura de Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos Calderón se han distinguido en América Latina por promover y aplicar al pie de la letra las malhadadas medidas que impone el neoliberalismo y han profundizado el modelo.


Por eso no hay que sorprenderse que el gobierno de Santos esté impulsando con vehemencia una reforma universitaria para imponer a cómo dé lugar que las instituciones públicas de educación superior trabajen con ánimo de lucro.


Según el torcido argumento de la ministra de Educación, María Fernando Campo, quien viene de representar el sector mercachifle de Bogotá, el ánimo de lucro posibilitará a la educación pública colombiana ampliar la cobertura.


Para el gobierno neoliberal de Santos, la ampliación de la cobertura y el mejoramiento en la educación universitaria requiere de una adecuada financiación mediante el aporte de la inversión privada, por cuanto que, según su criterio, el Estado colombiano no está en capacidad de hacerlo, pues debe preocuparse por sostener la guerra interna, para lo cual el Estado invierte la escandalosa cifra del 6% de su Producto Interno Bruto (PIB).


En su afán por favorecer los intereses del gran capital, el gobierno pretende adoptar en la reforma universitaria figuras como las instituciones con ánimo de lucro, las sociedades por acciones y los contratos de asociación con el propósito de distribuir dividendos, al tiempo que prevé mecanismos para proteger los intereses de los inversionistas como la insolvencia empresarial.


De esta manera, en Colombia como ha ocurrido con el derecho a la salud, la educación es considerada como una mercancía transable. Es criterio de la elite gobernante de este país que solo tenga acceso a la universidad quien pueda pagársela. Por eso es que el aporte de la nación a las universidades públicas se ha mantenido congelado desde la década de los años 90 en 0.4% del PIB con tendencia a decrecer en los próximos años.


Vil copia del Plan Bolonia


La propuesta neoliberal infame, por decir lo menos, del gobierno de Santos de convertir a la educación en un negocio para los grandes capitalistas, no es más que una vil copia del Plan Bolonia que fue impulsado en la Unión Europea en 1998 y que constituye la antítesis del saber.


En efecto, dicho Plan tiene como antecedente el informe elaborado por la Mesa Redonda de los Empresarios Europeos que agrupa a representantes de transnacionales como British Telecom, Siemens, Nestlé, L`oreal, Renault, entre muchas otras, y cuya visión es adaptar la educación superior a los intereses de la empresa privada, satisfaciendo las demandas del mercado.


En su interesante libro El dominio mediático (2010), la sicóloga clínica mexicana y maestra en literatura Blanca Montoya, se detiene a explicar los alcances de este Plan Bolonia de corte neoliberal al señalar que su objetivo es el de desmantelar la universidad pública para privatizarla y mercantilizarla:


“Dentro de la lógica de reducir los presupuestos dedicados a la educación porque el capitalismo ha adelgazado a los Estados, se plantea que la educación sea financiada por las cuotas que los alumnos tendrán que pagar y la ‘inversión’ de las empresas privadas, con lo cual la educación deja de ser un derecho para convertirse en un negocio y deja de ser libre para sujetarse a la visión empresarial. Esta inversión de las empresas se da por dos vías: a) se adueña de espacios universitarios simplemente porque ellas son quienes los pagan, y, b) se adueñan de los estudiantes mediante becas-préstamo, las cuales son pagadas por el alumno una vez que termina su carrera convirtiéndose en su esclavo por veinte años o más”.


Las argumentaciones de sus promotores –añade Blanca Montoya- tienen la visión empresarial capitalista:

  • Se reduce el porcentaje de financiación pública pues se pretende que sean las propias universidades y no el Estado las que se encarguen cada vez más de su propia financiación.


  • Se produce una homogenización y reducción del número de titulaciones actualmente existentes, así como las maestrías y un encarecimiento del crédito de matrícula (subida de cuotas). Los grados serán más generales, mientras que las maestrías serán más específicas y están enfocadas al mercado.


  • Se pondera el título universitario por su relevancia dentro del mercado laboral.


  • Se pretende ir más allá de las necesidades del mercado de trabajo y estimular una mentalidad “emprendedora”.

  • La universidad se vuelve productora de trabajadores al servicio del mercado. Ya no se trata de desarrollar y transmitir conocimientos de aplicación social sino para incrementar el negocio de los capitalistas.


De esta manera, el gobierno de Santos profundiza las desigualdades en Colombia. La educación que debe ser un factor de equidad y de acceso a las oportunidades no tendrá connotación de derecho ciudadano sino simplemente un rentable negocio para unos pocos. Pero además, se fomenta la discriminación social habida cuenta que solo podrán gozar de educación de calidad los sectores más pudientes porque las grandes mayorías no podrán pagarla.


Así las cosas, lo cierto es que esta reforma universitaria que impulsa el gobierno en Colombia no tiene otro fin que adecuar este sector del conocimiento a los leoninos tratados de libre comercio con Estados Unidos y Colombia y entregárselo a los pulpos financieros. Algo muy similar a lo que ocurre en Chile, donde las fuerzas pinochestistas encabezadas por el presidente Sebastian Piñera han privilegiado que las transnacionales de la educación se queden con las universidades.


La gestión de Santos en materia educativa tiene la impronta de la oligarquía colombiana y de los sectores más retardatarios en el sentido de privilegiar la educación para unos pocos “elegidos” con el fin único de mantener su supremacía y, de esta forma, poder controlar y subyugar a las grandes mayorías del pueblo, a las que buscan por todos los medios someter a la ignorancia.


Al fin y al cabo, el establecimiento colombiano y su actual representante en el poder político, Juan Manuel Santos, saben que el acceso al conocimiento posibilita a los pueblos su emancipación. Su propósito, en consecuencia, es el de detener el progreso y avance de la población para seguir detentando su hegemonía decadente, corrupta y criminal.


NEOLIBERALISMO


ENTREVISTA CON LA CONSULTORA EN DERECHOS ANCESTRALES, GLADYS JIMENO SANTOYO


“EN COLOMBIA CON LOS PROYECTOS EXTRACTIVISTAS MINERO-ENERGÉTICOS, LOS HORRORES APENAS ESTÁN COMENZANDO”


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ


La tragedia humanitaria en Colombia se puede agravar si no se le pone límites a las ambiciones económicas de las transnacionales de la megaminería y los proyectos de explotación de recursos energéticos que no solamente van arrasar con el medio ambiente sino que atentan contra la vida misma. La advertencia es de la consultora en derechos de comunidades y territorios ancestrales, Gladys Jimeno Santoyo.


No obstante el propósito del capital financiero especulativo internacional para desplazar a buena parte de las comunidades indígenas, afrodescendientes y gitanas y adueñarse de sus respectivos territorios, la Constitución colombiana dispone de instrumentos jurídicos para enfrentar esta seria amenaza.


En efecto, la figura constitucional del derecho a la consulta previa y al consentimiento libre e informado que tienen las minorías étnicas respecto de los megaproyectos, constituye hoy en día un tema crucial en Colombia, más cuando el modelo neoliberal impulsado desde hace más de 20 años se centra fundamentalmente en la extracción y explotación de los recursos naturales como base de la economía.


La consulta previa, explica Jimeno Santoyo, está dirigida “a proteger el derecho ancestral sobre el territorio y las costumbres de las comunidades afrodescendientes, pueblos indígenas y gitanos. Muchos de los territorios de estas comunidades en Colombia buscan ser controlados por transnacionales para aprovecharse de su riqueza y pretenden con la complicidad del Estado de que los derechos de usufructo les sean cedidos. Esta es la encrucijada”. Por ello, agrega en forma categórica: “o el país permite un desarrollo libre a los proyectos minero-energéticos o les coloca unos límites para garantizar la supervivencia de los grupos étnicos dentro de sus territorios y con su cultura”.


Sicóloga de la Universidad Nacional de Colombia y consultora en la elaboración de análisis de política sobre megaproyectos mineros en territorios indígenas, Gladys Jimeno ha asesorado a la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Presidencia de la República y el Ministerio del Interior, entre otras entidades públicas. Es autora de diversos ensayos y artículos de prensa.


Dada la magnitud del impacto negativo que empieza a tener el modelo extractivista que han impulsado con ahínco los gobiernos de Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos y que de seguro afectará aún más la tragedia humanitaria que vive Colombia, el OBSERVATORIO SOCIOPOLÍTICO LATINOAMERICANO WWW.CRONICON.NET, dialogó con esta experta en el tema.


TRANSNACIONALES USAN CONFLICTO ARMADO PARA BENEFICIO DE SUS INTERESES


- ¿En Colombia se ha cumplido con rigurosidad la consulta previa a las comunidades indígenas, afrodescendientes y rom en el caso de los megaproyectos como lo exige la Constitución?


- Con rigurosidad en ningún caso, o en muy pocos. Las consultas que han tenido alguna rigurosidad se han debido básicamente al esfuerzo de funcionarios de los Ministerios del Interior y del Medio Ambiente que tienen un conocimiento, una responsabilidad y una visión, pero no han respondido a una política pública. Yo diría que la política pública silenciosa después de cuatro años de expedida la Constitución cuando se inició la primera consulta previa oficialmente bajo el Convenio 169 de la OIT fue la de los Uwa en 1994. Entre ese año y 1999 se hizo un primer esquema con muchas discusiones, signado por muchísimos conflictos, mediados por las primeras sentencias de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y por fallos de algunos jueces sobre tutelas que ponían los grupos étnicos contra el Estado. A partir del año 2000 la posición de los diferentes gobiernos ha sido que la consulta hay que minimizarla, hay que dejarla que sea manipulable por la institucionalidad y por los intereses empresariales.


- ¿Ha habido mucha manipulación por la parte institucional y empresarial?


- Muchísima y sobre todo, lo más grave, han sido las prácticas de mala fe.


- ¿Cómo por ejemplo?


- Hay prácticas que configuran mala fe, u otras como por ejemplo, usar el conflicto armado a favor de intereses privados. Hay casos comprobados como los de la Drummond y Chiquita Brands que utilizaron grupos armados ilegales, pero no son las únicas empresas que optan por estoas prácticas, se puede hablar también de lo que ocurre en el sur de Bolívar con el uso de la minería. Hay una cultura oculta de las empresas de utilizar el contexto de violencia local para presionar a las comunidades a fin de que no se opongan a los proyectos extractivos en los territorios. Por eso amenazan, acorralan, aterrorizan a comunidades, líderes y organizaciones sociales. Esa es la historia en el Congo y está siendo la historia en Colombia.


- Es una forma de violentar los derechos humanos…


- Claro, porque la consulta previa es un mecanismo que también es un derecho, además es un espacio y un proceso de diálogo interétnico e intercultural entre las comunidades indígenas, afrodescendientes, gitanas o rom, y el consentimiento del que se empieza a hablar ahora es otro derecho. Esos derechos apuntan a garantizar la integridad étnica, cultural, territorial, y la pervivencia de esas comunidades, lo cual es de interés nacional.


- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) habla del consentimiento libre e informado por parte de las comunidades cuando van a ser afectadas con la ejecución de megaobras de gran impacto. ¿En Colombia esa figura está incorporada en la legislación?


- El consentimiento libre previo e informado si está en la Constitución colombiana, lo que ocurre es que está dicho de otra manera. Cuando la Carta Política habla de que los grupos étnicos tienen el derecho a autodeterminarse y autogobernarse se está asimilando esta figura de la que habla la OIT que está ganando terreno en el sentido de ser respetada en medio de los múltiples conflictos.


- ¿El modelo extractivista que en el caso colombiano es una imposición del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial está atentando contra la pervivencia de estas comunidades ancestrales?


- Sí, atenta en la medida en que no sean reconocidos los derechos que tienen estas comunidades a pervivir. Para pervivir hay unos mecanismos que estableció el Convenio 169 de la OIT que ratificó y avanzó.


- Si bien existen los mecanismos jurídicos, el modelo neoliberal los está violando y eso se ve con la locomotora minera y de agronegocio del gobierno de Santos, por ejemplo…


- Sí, pretende desconocerlos, pero creo que la resistencia que hay es más fuerte de lo que se espera y se quiere. Yo considero que va a haber muchos procesos en los que se hará respetar la pervivencia de las comunidades.


- ¿Qué le hace pensar eso?


- Cómo veo yo la situación. El Estado colombiano ha sido históricamente patrimonial, es decir está acostumbrado a depender de familias, de empresas, en definitiva, de intereses privados nacionales e internacionales. Las políticas y el modelo económico se enmarcan dentro de una hegemonía global de creer que la sociedad de mercado y el sistema capitalista son los únicos posibles y que hacia allá hay que dirigirse y someterse. La realidad es que la diversidad nuestra nos indica otra cosa. Aquí subsisten modelos de economía de premercado y de mercado no capitalista. Sin embargo, el poder económico tanto nacional como internacional está ligado al poder político del Estado, y yo diría algo más, la mayoría de los Estados hoy en día se pliegan a ese poder económico y determinan las políticas de acuerdo a las visiones e intereses empresariales. En consecuencia, la relación Estado-empresa frente a las comunidades es de por sí asimétrica y desequilibrada. Entonces, el diálogo por el respeto a los derechos es inequitativo y ello constituye un problema para la aplicación de los procesos de consulta y consentimiento libre, previo e informado. Esa prepotencia del poder da lugar a malas prácticas como la cooptación de sectores de las comunidades y la desinformación a las mismas en el momento de poner en marcha un proyecto.


- La puesta en marcha de estos proyectos como los de megaminería, por ejemplo, no solamente causan depredación del medio ambiente sino desplazamiento humano, lo cual atenta también contra la pervivencia de las comunidades y sus territorios…


- Sí, claro, es una violación a los derechos humanos concretamente a vivir en un ambiente sano o al derecho al agua. Pero no solamente eso, es que un proyecto extractivista de recursos atenta contra las fuentes de trabajo, aunque la empresa que desarrolla el proyecto dice que genera miles de empleos. Pero es una verdad a medias: genera por ejemplo, mil empleos pésimamente mal remunerados, pero desplaza nueve mil.


- ¿A las comunidades en Colombia les queda el derecho a la resistencia y a la desobediencia civil frente a los embates de este modelo criminal del neoliberalismo?


- Yo creo que sí, a las comunidades étnicas les queda el derecho a la resistencia y también a optar por formas más activas de consolidación de sus vidas. Por sentencias internacionales un megaproyecto que desplace a comunidades enteras ya no es posible a menos que se cuente con el consentimiento de éstas. Ese ya es un estándar que sentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que lo acogió la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, y lo ha señalado en tres sentencias nuestra Corte Constitucional al precisar que el modelo capitalista tiene unos límites.


- Pero si no se pone límites al modelo extractivista en Colombia se puede agravar la emergencia humanitaria que está padeciendo el país…


- Sí se puede agravar, más aún cuando el gobierno de Álvaro Uribe entregó al país, lo regaló, y si a eso se añade el fenómeno de la corrupción en distintos niveles, nacional y regional, Colombia está es ante un campanazo que debe sacudir la conciencia.


- ¿El Plan de Desarrollo del gobierno de Juan Manuel Santos atenta contra los derechos humanos?


- Completamente porque atenta contra la vida, y porque no tiene límites en lo ambiental y en los derechos de las comunidades campesinas agrarias. Las comunidades tienen derecho a escoger un modelo agrario diferente a la inserción del modelo del libre mercado. En el gobierno de Uribe se ferió el país; en los gobiernos anteriores se lo adecuó legislativamente para el modelo extractivo, y al gobierno de Santos le corresponde echar a andar la maquinaria. Aquí apenas los horrores están empezando.


miércoles, 20 de julio de 2011

COLOMBIA


DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA: MÚLTIPLE, CONTINUA E IGNORADA


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ


Dentro de los múltiples horrores de la tragedia humanitaria y laviolación de derechos humanos que soporta Colombia desde hace ya varias décadas, el de la desaparición forzada constituye uno de los delitos que sigue azotando este país. Un país cuya dirigencia tradicional, en su miopía y en su egoísmo, no ha sido capaz de poner fin a un inveterado conflicto interno.


Los crímenes de Estado a este nivel han rebasado con creces las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas. Sin embargo, son minimizadas desde el Estado, ya que son agentes suyos, con la complicidad de bandas narcoparamilitares, los responsables de esta tragedia humanitaria.


En Colombia ha alcanzado “dimensiones escalofriantes”, ha denunciado el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, pues las cifras hablan por sí mismas.


Según el último informe de Naciones Unidas, 15.600 personas han sido desaparecidas presuntamente de manera forzada, de un total de más de 57.200 que figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos.


Esas desapariciones forzadas - entre las que se cuentan más de 3.000 mujeres e igual número de menores de 20 años - fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboran con ellos”, ha dicho Salazar.


“Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas”, agregó el delegado de la ONU en un foro reciente sobre búsqueda de la paz en Colombia.


Características


Este delito de lesa humanidad persiste en varios países del mundo, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del Siglo XX, cuando empezó a ser cometido a gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941.


Según el derecho internacional, se trata de un delito, pero muy a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.


Amnistía Internacional explica que la desaparición forzada se da cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentra detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.


Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. En muchos casos sus familias y amistades jamás llegan a saber qué les sucedió.


Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable.


País récord


Son los inicios del Siglo XXI y Colombia es prácticamente el único país de América Latina donde se practica esta gravísima violación de los derechos humanos, sin que el gobierno y el Estado hayan hecho algo para reducir dicho flagelo que carcome el tejido social del país. Al fin y al cabo el Estado colombiano es cómplice de la perpetración de este delito.


"La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen", ha señalado el comisionado de la ONU, al responsabilizar de esa situación a “décadas de conflicto armado interno”.


Naciones Unidas se ha quejado de manera reiterada por la poca receptividad de parte del Ministerio de la Defensa y del Ejército a las recomendaciones que ha hecho su Oficina de Derechos Humanos para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia.


El delegado de la ONU ha dejado en claro “la labor incansable de los familiares de los desaparecidos” para lograr avances en la lucha contra la desaparición forzada, pero igualmente ha advertido que “aún queda mucho camino por recorrer”.


Actualmente la Fiscalía General de la Nación conoce más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. Adicionalmente existen otros 300 casos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A estos casos se suman más de 4.000 casos conocidos por las Fiscalías Seccionales.


Entre tanto la justicia penal militar tenía en diciembre de 2010 más de 500 casos de personas sin identificar presentadas como muertas en combate con queja por una posible ejecución extrajudicial. Naciones Unidas ha recomendado al Ministerio de Defensa transferir inmediatamente todos estos casos a la justicia ordinaria para que sean investigados y aclarados debidamente.


Dentro de las pocas decisiones que ha tomado la justicia colombiana respecto a la desaparición forzada sobresale la condena de un general del Ejército. Se trata, en efecto, del general Jesús Armando Arias Cabrales, acusado de la desaparición forzada de doce personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Una juez penal de Bogotá lo sentenció recientemente a 35 años de prisión y lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos como máximo responsable de la operación militar para recuperar ese edificio de las altas cortes entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.


No obstante, mientras subsista el conflicto armado y la visión mezquina de una clase dirigente que solo ve al Estado como un botín para su propio beneficio, muy difícilmente Colombia podrá avanzar en el respeto de los derechos humanos. Ni tampoco podrá terminar una tragedia humanitaria donde uno de sus múltiples flagelos, la desaparición forzada, es un delito que hiere en lo más profundo, no solo a las víctimas, sino que también carcome los cimientos de la sociedad.


Revista La Mosca, julio de 2011.


http://www.mosca.alternativnode.org/index.php/colombia/34-colombia/47-desaparicion