COLOMBIA

DESAPARICIÓN FORZADA EN COLOMBIA: MÚLTIPLE, CONTINUA E IGNORADA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Dentro de los múltiples horrores de la tragedia humanitaria y laviolación de derechos humanos que soporta Colombia desde hace ya varias décadas, el de la desaparición forzada constituye uno de los delitos que sigue azotando este país. Un país cuya dirigencia tradicional, en su miopía y en su egoísmo, no ha sido capaz de poner fin a un inveterado conflicto interno.

Los crímenes de Estado a este nivel han rebasado con creces las dramáticas cifras de las dictaduras de Argentina y Chile reunidas. Sin embargo, son minimizadas desde el Estado, ya que son agentes suyos, con la complicidad de bandas narcoparamilitares, los responsables de esta tragedia humanitaria.

En Colombia ha alcanzado “dimensiones escalofriantes”, ha denunciado el representante de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, pues las cifras hablan por sí mismas.

Según el último informe de Naciones Unidas, 15.600 personas han sido desaparecidas presuntamente de manera forzada, de un total de más de 57.200 que figuran en el Registro Nacional de Desaparecidos.

Esas desapariciones forzadas - entre las que se cuentan más de 3.000 mujeres e igual número de menores de 20 años - fueron “cometidas por agentes del Estado y fuerzas paramilitares que colaboran con ellos”, ha dicho Salazar.

“Por décadas, miembros de la fuerza pública supuestamente cometieron graves violaciones a gran escala, incluyendo las ejecuciones extrajudiciales, que en muchos casos estaban asociadas con desapariciones forzadas”, agregó el delegado de la ONU en un foro reciente sobre búsqueda de la paz en Colombia.

Características

Este delito de lesa humanidad persiste en varios países del mundo, tras haber sido una característica habitual de la segunda mitad del Siglo XX, cuando empezó a ser cometido a gran escala en la Europa ocupada por los nazis en 1941.

Según el derecho internacional, se trata de un delito, pero muy a menudo los responsables eluden la acción de la justicia.

Amnistía Internacional explica que la desaparición forzada se da cuando una persona es detenida o secuestrada por el Estado o por agentes que actúan en su nombre y luego se niega que la persona se encuentra detenida o se oculta su paradero, apartándola así de la protección de la ley.

Es muy frecuente que las personas desaparecidas no sean jamás liberadas y que su suerte nunca llegue a esclarecerse. En muchos casos sus familias y amistades jamás llegan a saber qué les sucedió.

Sin embargo, esas personas no se desvanecen sin más. Alguien, en algún lugar, sabe qué fue de ellas. Alguien es responsable.

País récord

Son los inicios del Siglo XXI y Colombia es prácticamente el único país de América Latina donde se practica esta gravísima violación de los derechos humanos, sin que el gobierno y el Estado hayan hecho algo para reducir dicho flagelo que carcome el tejido social del país. Al fin y al cabo el Estado colombiano es cómplice de la perpetración de este delito.

"La desaparición forzada es una de las violaciones de los derechos humanos más graves que existen y Colombia, lamentablemente, sufre un récord alarmante en la comisión de este crimen", ha señalado el comisionado de la ONU, al responsabilizar de esa situación a “décadas de conflicto armado interno”.

Naciones Unidas se ha quejado de manera reiterada por la poca receptividad de parte del Ministerio de la Defensa y del Ejército a las recomendaciones que ha hecho su Oficina de Derechos Humanos para que ayuden a identificar a los desaparecidos y colaboren con la justicia.

El delegado de la ONU ha dejado en claro “la labor incansable de los familiares de los desaparecidos” para lograr avances en la lucha contra la desaparición forzada, pero igualmente ha advertido que “aún queda mucho camino por recorrer”.

Actualmente la Fiscalía General de la Nación conoce más de 26.500 casos de presuntas desapariciones forzadas. Adicionalmente existen otros 300 casos en la Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. A estos casos se suman más de 4.000 casos conocidos por las Fiscalías Seccionales.

Entre tanto la justicia penal militar tenía en diciembre de 2010 más de 500 casos de personas sin identificar presentadas como muertas en combate con queja por una posible ejecución extrajudicial. Naciones Unidas ha recomendado al Ministerio de Defensa transferir inmediatamente todos estos casos a la justicia ordinaria para que sean investigados y aclarados debidamente.

Dentro de las pocas decisiones que ha tomado la justicia colombiana respecto a la desaparición forzada sobresale la condena de un general del Ejército. Se trata, en efecto, del general Jesús Armando Arias Cabrales, acusado de la desaparición forzada de doce personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985. Una juez penal de Bogotá lo sentenció recientemente a 35 años de prisión y lo inhabilitó por 20 años para ejercer cargos públicos como máximo responsable de la operación militar para recuperar ese edificio de las altas cortes entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985.

No obstante, mientras subsista el conflicto armado y la visión mezquina de una clase dirigente que solo ve al Estado como un botín para su propio beneficio, muy difícilmente Colombia podrá avanzar en el respeto de los derechos humanos. Ni tampoco podrá terminar una tragedia humanitaria donde uno de sus múltiples flagelos, la desaparición forzada, es un delito que hiere en lo más profundo, no solo a las víctimas, sino que también carcome los cimientos de la sociedad.

Revista La Mosca, julio de 2011.

http://www.mosca.alternativnode.org/index.php/colombia/34-colombia/47-desaparicion