sábado, 24 de octubre de 2009


NEOLIBERALISMO DEBILITÓ EL ESTADO Y LA DIVISIÓN TRIPARTITA DEL PODER: CARLOS ARIEL SÁNCHEZ

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La globalización neoliberal trajo como consecuencia el debilitamiento de la concepción clásica de la división tripartita del poder, proclamada en el siglo XVIII por Montesquieu. Se puede afirmar, en consecuencia, que esa teoría hizo crisis con trascendentales repercusiones en el desenvolvimiento del Estado-Nación, sostuvo en su conferencia dentro del marco de la Cátedra Orlando Fals Borda, el registrador nacional del Estado Civil de Colombia, Carlos Ariel Sánchez Torres.

El motor de la globalización, explicó, es el capitalismo global y el mundo unipolar y ello exige que los Estados sean menos fuertes. Es decir, tengan menos regulación para que los capitales financieros se puedan mover libre y fácilmente.

En ese sentido, señaló el conferencista, los fenómenos económicos y políticos producidos a raíz de la caída del muro de Berlín cambiaron la naturaleza tradicional del Estado que fue el eje de poder entre los siglos XVIII y XX.

Sánchez Torres se ha destacado por ser un investigador en Derecho Público. Abogado de la Universidad del Rosario, se especializó en Derecho Comercial en la Universidad de los Andes; obtuvo el título de Doctor en Derecho en la modalidad cum laude en la Universidad de Navarra (España); luego cursó una especialización en Derecho Público Comparado en la Universidad de Turín (Italia), y una especialización en Derechos Humanos en el Instituto de Derechos Humanos de la ESAP. Ha sido docente universitario por más de veinte años y en el ámbito público se ha desempeñado como magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, contralor de Bogotá, consejero y presidente del Consejo Nacional Electoral. También ha sido profesor invitado en las Universidades de Urbino, Italia y Alfonso X el Sabio, España, en el programa de Doctorado en Derecho para Ibero-América. Desde diciembre de 2007 se viene desempeñando como Registrador Nacional del Estado Civil.

Liberalización y reformas al Estado

En la década de los años 90 prácticamente en toda América Latina y por recomendación de lo que se conoció como el Consenso de Washington que formuló el modelo neoliberal se realizaron una serie de reformas para reformar el Estado, haciéndolo más pequeño, y se introdujeron al mismo tiempo, los principios del libre mercado.

Bajo la denominación de Reformas al Estado se viabilizaron las privatizaciones de las empresas públicas sobre todo las de servicios públicos; se eliminaron las barreras comerciales en los países so pretexto de mejorar la “productividad y la competencia”; se acabó con el control de cambios monetarios para facilitar la la circulación de los capitales financieros conocidos como “golondrina; y se introdujeron gabelas para los sectores empresariales vinculados con el capital especulativo, como por ejemplo, la precarización del derecho al trabajo, disminuyendo en forma ostensible los derechos laborales.

Sánchez Torres al analizar las consecuencias de este modelo en Colombia sostiene que si bien en la Constitución de 1991 se introdujo una importante Carta de derechos fundamentales, también se adoptaron los principios tutelares del modelo neoliberal cuya esencia es el libre mercado, con lo cual se debilitó el concepto de Estado-Nación, al disminuir sus funciones.

Sin embargo y pese a que este modelo que hizo agua en el mundo capitalista busca por todos los medios que el Estado disminuya en forma ostensible su papel regulador, en Colombia en algunos aspectos como el de los servicios públicos ha habido una inflación respecto de la expedición de normas, afirma el Registrador.

En materia de seguridad social, pensiones y salud, por ejemplo, hay una gran cantidad de leyes y decretos reglamentarios. Igual ocurre en el poder ejecutivo en el que para abocar los asuntos de servicios públicos se llenó de comisiones reguladoras: para la energía, para el agua, para el gas, la televisión, etc.

“Colombia es muy dada a que sus Presidentes expidan decretos con fuerza de ley”, señala Sánchez y recuerda el medio siglo en que vivió el país en estado de sitio, durante buena parte de la vigencia de la Constitución de 1886.

Al mismo tiempo, hizo énfasis en que estas reformas que se implementaron para adoptar el modelo de libre mercado terminaron igualmente debilitando al Congreso de la República y dando mayor capacidad de poder al ejecutivo que, por lo general, termina por cooptar a los legisladores para lograr mayor capacidad de manipulación política. Lo que algunos equivocadamente llaman “gobernabilidad”.

Y en el caso del poder judicial, señala Sánchez Torres, se ha terminado en “el gobierno de los jueces”. En Colombia, explica, los jueces gobiernan a través de las tutelas o los fallos modulados o condicionados que emite la Corte Constitucional.

“La finalidad de Montesquieu con la división tripartita de poderes era lograr el equilibrio de los mismos para evitar la corrupción y garantizar la libertad”, señala este experimentado catedrático universitario, pero ello era dable hasta bien entrado el siglo XX. Ahora, en contraste, frente a los múltiples cambios históricos esta tesis se ha hecho deleznable, precisa.

Transición constitucional

Para ampliar algunas consideraciones expuesta en su conferencia, dialogamos con el profesor Carlos Ariel Sánchez.

- ¿El fenómeno conocido como globalización ha generado un debilitamiento definitivo del concepto del Estado-Nación?

- Si hay un debilitamiento, no diría definitivo porque son ciclos históricos, pero si es mucho más débil el Estado-Nación que hace cien años. En el caso colombiano hace cien años estábamos consolidando el Estado-Nación en el gobierno de Rafael Reyes que centralizó todo el poder, ahora vemos que fuerzas externas como consecuencia de la globalización han erosionado aunque no destruido sectores importantes como la soberanía, la justicia y los temas comerciales.

- ¿Frente al colapso y el fracaso del neoliberalismo es imperativo que se genere en el mundo una propuesta sobre nuevos roles para el Estado?

- Exactamente, habrá la necesidad de que en cuestiones en que el mercado no funciona, no satisface y es un fracaso, tiene el Estado que volver a asumir un rol activo para enfrentar las situaciones en las cuales el libre mercado no responda.

- Usted ha señalado que como consecuencia de la globalización el Estado ya no es la última instancia en aspectos económicos, comerciales e inclusive judiciales. ¿Sin embargo en temas como violación de derechos humanos y jurisdicción internacional, por ejemplo, no hay ahí un avance para la humanidad?

- Sí, eso está bien. Esto lo que demuestra es que la globalización tiene tanto aspectos positivos como negativos, el hecho de que en temas como el de violación de derechos humanos no se agote el papel del Estado es muy positivo.

- ¿Hacia dónde cree usted que se puede encauzar una nueva teoría sobre los roles del Estado en el siglo XXI?

- Yo diría que se está viviendo una transición teórica de Constituciones. En América Latina, los casos de Venezuela, Ecuador, Bolivia, demuestran que existe una tendencia a reivindicar el concepto de soberanía popular para construir desde ahí simple y llanamente una democracia. Estamos en medio de una tendencia a vivir en una democracia más plebiscitaria que representativa y eso tiene riesgos.

- Ante el debilitamiento de los órganos legislativos aparecen en el plano político los medios de comunicación como verdaderos factores de poder, echando mano de la manipulación para satisfacer sus intereses. ¿Ese no es un fenómeno de la globalización?

- Sí, eso está ocurriendo con los medios de comunicación, pero yo creo que la sociedad civil puede ser más influyente y más fuerte porque hay formas de comunicación que puede utilizar, que no son controlados por el Estado, como es el caso de Internet que debe ser destacado.


Bogotá, Octubre de 2009

domingo, 18 de octubre de 2009

GLOBALIZACIÓN


JORDI BORJA, URBANISTA CATALÁN EN DIÁLOGO CON CRONICÓN

“HAY QUE REPLANTEAR LOS DERECHOS CIUDADANOS PORQUE SE QUEDARON CORTOS”

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

El modelo neoliberal a través del “perverso mercado financiero” encontró en las urbanizaciones un excelente negocio de inversión especulativa que generó la gran crisis capitalista al comenzar el siglo XXI y que explotó con las denominadas hipotecas basura en Estados Unidos. Por ello, se hace prioritario elaborar alternativas de modelos de desarrollo urbano distintos al de la ciudad como negocio y, simultáneamente, “reinventar los derechos ciudadanos” porque se quedaron cortos para responder a las demandas sociales, afirmó el sociólogo, urbanista y abogado catalán, Jordi Borja.

Al abrir la Cátedra Orlando Fals Borda promovida por la Administración Distrital de Bogotá, La Registraduría Nacional del Estado Civil, la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Corporación Viva la Ciudadanía, el especialista español hizo un completo análisis sobre los desafíos de la participación ciudadana y la necesidad de generar nuevas propuestas de modelos urbanos en los que haya una simetría entre las políticas públicas y los requerimientos sociales.

Borja ha alternado su trabajo de investigación y docencia con la actividad política y la consultoría. En su larga trayectoria profesional se ha desempeñado como diputado al Congreso de Cataluña, vicealcalde de Barcelona, director de la Maestría de Políticas y Proyectos Urbanos de la Universidad de esa ciudad y ha participado en la elaboración de planes estratégicos y proyectos de desarrollo urbano de varias urbes europeas y latinoamericanas. Entre los libros que ha publicado se destacan Local y Global: la gestión de las ciudades en la era de la información (Taurus Ediciones, 1997) en colaboración con Manuel Castells, y La ciudad conquistada (Alianza Editorial, 2003). Este científico social es, en resumen, uno de los urbanistas españoles más importantes y de mayor proyección a nivel mundial.

LA CIUDAD COMO ESPACIO DEMOCRÁTICO

Uno de los elementos esenciales en los procesos democráticos es la participación ciudadana, que para Borja no se debe confundir con movilización social, sino que consiste en crear un escenario que permita una simetría entre los ciudadanos que expresan sus demandas y aspiraciones y las instituciones gubernamentales encargadas del diseño y ejecución de las políticas públicas. De esta manera se logrará responder a las necesidades de las comunidades.

Y es que la ciudad es parte fundamental de la solución a la crisis de modelo económico generado por el neoliberalismo que con su desmedido propósito rentístico dejó todo al albur del mercado. “Los gobiernos locales son más eficaces en la solución de los problemas porque están más cerca de las realidades”, explica.

Para avanzar hacia ciudades más democráticas, Borja plantea la necesidad de que los sectores sociales e intelectuales radicalicen su crítica y sus actitudes de resistencia frente a lo que él denomina la “ideología del miedo” que se expresa mediante la construcción de conjuntos cerrados que atentan contra el uso de los espacios públicos.

Es un crítico de los complejos arquitectónicos ostentosos porque generan segregación y desigualdad. Aunque es consciente de lo avanzado de su planteamiento no duda en proponer que habrá necesidad de avanzar en la “municipalización del suelo urbano”, pues “¿es lícito la propiedad privada del suelo?, se pregunta. “El suelo como el agua, la energía, el aire, son bienes naturales de la humanidad que no pueden ser propiedad privada”, responde.

Ante las actuales circunstancias del capitalismo, el urbanista catalán considera indispensable para lograr mayor justicia social que las plusvalías urbanas se reviertan en un alto porcentaje a solventar las necesidades de las comunidades.

“Hacer ciudad es el respeto por la dignidad de las personas”, garantizando en forma real y efectiva sus derechos, colige.

MULTICULTURALISMO E INTEGRIDAD


Para enfatizar sobre estos tópicos el Observatorio Sociopolítico Latinoamericano WWW.CRONICON.NET abordó al profesor Jordi Borja.

- Usted ha señalado que estamos en la primera fase del multiculturalismo en las ciudades. ¿Por qué?

- Históricamente ha existido el mito de que en las ciudades la gente tenía unos mismos comportamientos, compartía unas pautas culturales, por lo tanto las sociedades eran compactas, homogéneas, en las que se tenían unos mismos valores, una misma religión, eso es exagerado, pero si que es cierto que en nuestra época por efectos de la globalización y los mercados financieros se han producido unas migraciones importantes y mucho más diferenciadas, porque proceden de diversas partes del mundo. Esto no es un problema porque las ciudades siempre han sido muy integradoras y multiculturales. De otro lado, los que vivimos en la ciudad también hemos adquirido comportamientos culturales de otros lugares porque hemos viajado o por efectos de los medios audiovisuales, por eso creo que todos somos un poco multiculturales. Yo creo que ahora las ciudades son en buena medida más multiculturales que antes porque sus habitantes también lo son individualmente.

- El sociólogo alemán Ulrich Beck habló de la necesidad de “pensar globalmente y actuar localmente”. ¿Tras el fracaso total del neoliberalismo se puede seguir planteando ese presupuesto?

- Usted atribuye esa frase a Ulrich Beck, pero él la ha copiado de movimientos sociales que la utilizaron mucho antes que aparecieran en sus escritos. Sí, se puede decir ello, pero también se puede decir lo contrario. Las dos cosas valen porque cada realidad local, cada ciudad es una identidad en sí misma, tiene una especificidad y una cultura propias no solo generadas por la historia sino por el presente. Para defender la identidad local también tenemos que actuar globalmente porque en cada ámbito local recibimos los efectos de procesos globales.

- ¿O sea, podríamos hablar de un término nuevo como la “glocalización”?

- Sí, ese es un término que yo utilicé por primera vez hace unos quince años, junto con otras personas. Hay una dialéctica en torno a lo global y lo local permanente. Por eso reitero lo que manifesté anteriormente: hay que pensar tanto global como localmente.

- ¿Cuál es el desafío de la participación ciudadana hoy en día en los procesos políticos y de gobierno?

- La participación supone una relación entre unos ciudadanos que tienen derechos, demandas y reclamos, y unas políticas públicas que instituciones más o menos democráticas promueven. Entonces, la participación es el punto de encuentro cuando se generan escenarios en que coinciden unos y otros. Para esto, las políticas públicas y los derechos ciudadanos deben tener una cierta simetría para que haya efectiva respuesta. En estos momentos creo que hay que replantear las políticas públicas urbanas puesto que nos han llevado a situaciones catastróficas; y hay que replantearse los derechos de los ciudadanos porque los clásicos como los derechos civiles, políticos, sociales como el derecho al empleo, por ejemplo, no son suficientes. En una época de precarización del empleo y del trabajo, pues debe haber derecho al salario ciudadano, derecho a la formación continuada. El derecho a la vivienda cuando se crean conjuntos a kilómetros de donde hay un tejido social, una oferta cultural, ya no es suficiente. Hace falta vivir en un tejido urbano, tener accesibilidad, contar con equipamientos, movilidad, espacio público, etcétera. Por lo tanto, el desafío de la participación es el de reinventar los derechos ciudadanos y elaborar alternativas de modelos de desarrollo urbano distintos.

- ¿Es lo que usted denomina Derecho a la Ciudad?

- Exactamente, es el Derecho a la Ciudad, sobre el que hemos escrito varios autores como David Harvey, Habitat International Coalition, entre otros, y que constituye uno de los grandes temas de nuestra época.

Bogotá, octubre de 2009.