martes, 18 de noviembre de 2008

COLOMBIA


MAGNITUD DE LAS DESAPARICIONES FORZADAS EN COLOMBIA

DESASTRE HUMANITARIO


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

En Colombia se ha configurado un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur, durante las dictaduras militares de ingrata recordación en el periodo de la Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. Nadie en el gobierno responde por la responsabilidad política de esta tragedia de inmensas proporciones.


La magnitud de las desapariciones de los jóvenes del municipio colombiano Soacha por parte de las Fuerzas Armadas, denunciadas en su momento por la Secretaria de Gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, que desencadenó días después la histórica purga castrense al ser llamados a calificar servicios 27 militares y provocó la renuncia del comandante del Ejército, apenas es la punta del Iceberg, pues las consecuencias de todo orden se darán a corto, mediano y largo plazos.

El primer coletazo fue el informe preliminar que emitió la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Navi Pillay, quien estuvo en Colombia durante ocho días enterándose de la tragedia humanitaria que vive este país, al señalar que existen indicios graves y contundentes que demuestran “la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en esta nación latinoamericana por parte de las fuerzas de seguridad”. Este reporte es de suma gravedad por cuanto se sindica a las Fuerzas Militares colombianas no de “hechos aislados” sino de una estratégica “sistemática” en la comisión de delitos de lesa humanidad. De esta manera, queda en entredicho la legitimidad de la denominada política de “Seguridad Democrática”, del presidente Uribe.


Así mismo, Colombia se encuentra ahora en la mira de la comunidad internacional, más aún cuando el nuevo gobierno de Obama en Estados Unidos pondrá énfasis en la defensa de los derechos humanos y las garantías sociales. Las repercusiones internacionales apenas se empiezan a sentir. Al pronunciamiento de la señora Pillay, se suma el anuncio de Washington a través de su embajador en Bogotá, William Brownfield, en el sentido de retirar la asistencia táctica y económica a tres unidades militares.


Pero seguirán habiendo más efectos: en el curso de los próximos meses la Fiscalía comenzará a emitir órdenes de captura contra oficiales y suboficiales en retiro o en servicio activo, involucrados directa o indirectamente en desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, la Procuraduría procederá en materia disciplinaria. Y las denuncias de las organizaciones de víctimas y de derechos humanas se harán escuchar tanto en Europa como en Estados Unidos.


Y es que las cifras de investigaciones penales y disciplinarias son verdaderamente aterradoras. A octubre de 2008, la friolera de 2878 miembros de la fuerza pública están siendo procesados disciplinariamente por homicidio y otros 763 están vinculados penalmente por “falsos positivos”, eufemismo utilizado para no aludir directamente a los términos asesinato o desaparición.

Todos los informes de las ONG de derechos humanos tan estigmatizadas por el gobierno de Uribe, coinciden en señalar que las ejecuciones extrajudiciales no han sido de civiles dados de baja en combate sino que, por el contrario, son crímenes deliberados, fuera de combate y con una estrategia sistemática: jóvenes reclutados en su mayoría por ex paramilitares que habrían recibido recompensa del Ejército por colaboración para exhibirlos como bajas en combate, por los cuales, tanto oficiales como suboficiales han obtenido beneficios.


A lo anterior hay que agregar que según el paramilitar alias H.H., las fosas comunes fueron ideadas por miembros del Ejército para no dejar tanto muerto desperdigado.

De esta manera se ha configurado en Colombia un régimen del terror de mucha similitud a los que asolaron el Cono Sur durante las dictaduras militares de ingrata recordación en plena Guerra Fría, mediante el mortífero Plan Cóndor. No obstante, nadie en el gobierno de Uribe responde por la responsabilidad política de esta tragedia humanitaria de inmensas proporciones.


GENOCIDIO COLOMBIANO


Las cifras que muestran los informes tanto de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos, (CCEEU) como de la Misión Internacional sobre ejecuciones extrajudiciales en diversas regiones colombianas, permiten colegir que estamos en presencia de un genocidio de tamañas proporciones. Dichos análisis cuantitativos dan cuenta de que “desde julio de 2002 hasta diciembre de 2007, se habían registrado por lo menos 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales atribuibles directamente a la Fuerza Pública, frente a 669 casos registrados entre enero de 1997 y junio de 2002”. Así mismo, estos informes señalan que en “los últimos 18 meses trascurridos entre enero de 2007 y el 30 de junio de 2008 han sido más graves en materia de ejecuciones extrajudiciales, según los registros de las organizaciones que conforman la Mesa de Ejecuciones Extrajudiciales de la CCEEU. En este período hemos registrado que 535 personas perdieron la vida a causa de ejecuciones extrajudiciales directamente atribuibles a la Fuerza Pública. Quiere decir que en estos 18 meses una persona perdió la vida cada día victima de una ejecución extrajudicial. Esto significa un aumento de casi el doble de los hechos registrados durante el período comprendido entre el 1 de junio de 2002 y el 30 de junio de 2007 (en el cual se registraron 1.122 casos de ejecuciones extrajudiciales, es decir, una víctima cada dos días) y del triple con relación al período anterior a la posesión del actual Gobierno comprendido entre enero de 1997 y junio de 2002”.


Los departamentos en donde se registra el mayor número de presuntas ejecuciones extrajudiciales durante el último semestre son: Norte de Santander (67 víctimas, 12.4% de los casos) y Antioquia (65 víctimas, 12% de los casos) lo que representa la cuarta parte de los casos denunciados y es también muy elevada en los departamentos del Meta (46 casos, 8.5%), Huila (42 casos, 7.8%), Putumayo (38 casos, 7%), Cauca (35 casos, 6.5%). La mayoría de las víctimas son varones jóvenes, durante este período el 58.1% de las víctimas fueron menores de 30 años y dentro de este grupo el 8.1% eran niños.


Por lo regular, registra el estudio, las víctimas fueron hombres y mujeres pertenecientes a sectores populares, la mayor parte de ellos campesinos (56.7/% de las víctimas), seguido de líderes sociales, que durante estos últimos 18 meses, aumentaron de manera preocupante pasando de 3.8% a 14% de todos los casos y también se incrementaron la desaparición de indígenas que pasaron del 3.5% al 5.3%.


CARTEL DE LAS RECOMPENSAS

Un componente central de la “Seguridad Democrática” es el pago de recompensas a los informantes, así como el poner precio a todo resultado positivo en la guerra que el gobierno libra contra la guerrilla. Esta práctica se elevó a política de Estado a través de la directiva 029 de noviembre 17 de 2005, expedida por el entonces ministro de la Defensa, Camilo Ospina, en la cual se estableció una tabla de estímulos económicos por todo logro en los operativos militares.


La directriz contempla el pago desde $3´815.000 hasta cinco mil millones de pesos por los cabecillas de las organizaciones armadas al margen de la ley, de acuerdo con su importancia y de los hechos que hayan planeado y ejecutado. A todo se le puso precio desde un computador recuperado en acción militar y que este en buen estado hasta un avión pasando por armas, hombres dados de baja, etc.Gracias a esta controvertida directiva ministerial, se creó al interior de las Fuerzas Militares un cartel de las recompensas y es en buena medida, según coinciden varios analistas, la causante de muchos de los crímenes reportados en los últimos dos años. La plata sale de una partida secreta que maneja el Ministerio de Defensa y cuenta con aportes del gobierno norteamericano.


domingo, 5 de octubre de 2008

COLOMBIA



EXCELENTE NEGOCIO PARA LOS ESPECULADORES EXTRANJEROS

EN COLOMBIA SE BUSCA SEGUIR PRIVATIZANDO PARA FINANCIAR LA GUERRA

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

- Todo gasto de guerra es insostenible y Colombia está destinando casi el 7% de su producto interno bruto en el conflicto, con unos impactos muy grandes en inversión social e infraestructura.

El proceso de privatización de los principales activos públicos en los países de América Latina impuesto por el FMI, el Banco Mundial y Washington, ha constituido un excelente negocio para los grandes especuladores financieros internacionales, pero una gran pérdida para los pueblos de este hemisferio, dado que no obtuvieron ningún beneficio.

La conclusión es del ex viceministro de Minas y Energía y actual director del Departamento de Economía de la Universidad Central, Diego Otero Prada, quien ha realizado en el último año una pormenorizada investigación sobre los efectos de las privatizaciones en Latinoamérica, Colombia y Bogotá, en lo relacionado con la Empresa de Energía de la capital de la República.

Este ingeniero eléctrico de la Universidad de los Andes con doctorado en Economía de la Universidad de Pensilvania en diálogo con Tela para Cortar sostuvo que en el caso colombiano, el gobierno de Álvaro Uribe quiere terminar de privatizar lo poco que queda del patrimonio público “porque necesita más plata para financiar la guerra y poder cubrir el déficit presupuestal”.

Sin embargo, añadió, “todo gasto de guerra es insostenible y Colombia está destinando casi el 7% de su producto interno bruto en el conflicto, tenemos más soldados que Brasil, con unos impactos muy grandes en retraso de políticas públicas, inversión social e infraestructura”.

Ello hace que la situación para el gobierno colombiano no sea para nada alentadora respecto de la sostenibilidad de su proyecto bandera, la “seguridad democrática”, pues según Otero Prada, “no queda mucho por vender y los activos más rentables que quedan como ISA e ISAGEN, porque es muy difícil que terminen privatizando por completo a Ecopetrol, pueden tener un valor aproximado a 6 mil millones de dólares, unos 11 billones de pesos y anualmente estamos gastando en el conflicto alrededor de 28 billones de pesos. Esos recursos podrían contribuir a financiar el presupuesto de guerra por unos dos años, ¿y después qué?”, se pregunta.

En cuanto a los recursos que el país recibe del gobierno norteamericano por concepto del Plan Colombia, este investigador afirma que los mismos (unos 600 millones de dólares anuales) muy poco aportan a los altos costos que demanda el conflicto interno.

“El Plan Colombia – dice-, se puede acabar y no pasa nada. Lo que ocurre es que este Plan militar Estados Unidos lo mantiene para seguir teniendo injerencia en el país”.


EX ALCALDE MOCKUS FERIÓ LA EEB

La privatización de las empresas públicas en Colombia al igual que en el resto de Latinoamérica no es más que un descalabro para los intereses nacionales, sostiene Otero Prada. Caso patético es la venta de la Empresa de Energía Eléctrica de Bogotá (EEB) en el año de 1997 por parte de la administración neoliberal del entonces alcalde Antanas Mockus al grupo español-chileno Enedesa-Enersis. Esta operación financiera, explica, fue “un truco súper ingenioso porque con un mínimo capital se apropiaron de una empresa que se vendió por debajo de su precio real. Para ello se financiaron de créditos externos y capital colombiano porque utilizaron la hidroeléctrica de Betania para lograr un empréstito de 500 millones de dólares. A los seis meses de adquirida la Empresa de Energía la descapitalizaron en más de 500 millones de dólares, lo cual constituye una recuperación de lo que invirtieron”.

Si bien la EEB tenía un problema de deuda por concepto de generación de energía, la solución era vender este ítem y quedarse con la distribución, lo cual no se hizo. Prueba fehaciente de que la privatización de esta empresa pública de los bogotanos no era necesaria es que en 1998 se produjo la primera descapitalización. Además, el consorcio chileno-español beneficiado de este gran negocio “no ha invertido un solo centavo desde ese año, por lo que la capacidad instalada ha disminuido en 454 MW en siete años”, ello demuestra, afirma Otero, “que su interés es meramente rentista y se hace necesario pasarle cuenta de cobro por la alta responsabilidad política que le cabe al ex alcalde Mockus”.


FRENO A MODELO NEOLIBERAL

Pese a tantos perjuicios generados por las políticas de este modelo expoliador del Consenso de Washington, “la negra noche neoliberal” como diría el presidente ecuatoriano Rafael Correa, está pasando en América Latina.

Otero Prada sostiene que afortunadamente en este hemisferio el modelo está cambiando “gracias a la llegada de gobiernos progresistas y a la fuerte presión de los sectores sociales y populares”.

En algunos casos como Venezuela, Bolivia y Argentina no solamente el proceso de privatizaciones se paró sino que se está revirtiendo, en buena hora. Porque no ha sido justo con estos pueblos, dice Otero, que tras un largo esfuerzo de 40 o 50 años por consolidar empresas públicas, una elite tecnocrática latinoamericana aliada con los intereses del gran capital transnacional haya terminado feriando por debajo de su precio real estos activos nacionales, desplazando el trabajo de obreros y profesionales, flexibilizando sus condiciones laborales, desintegrando sectores productivos y afectando negativamente la inversión, la balanza de pagos y las tarifas de los servicios públicos. No obstante aún quedan rezagos del nefasto modelo neoliberal como Colombia, Perú, México, Chile y algunos países centroamericanos.

miércoles, 20 de agosto de 2008

MEDIOS


EL PERIODISMO DEBE CONTRIBUIR A LA EMANCIPACIÓN DE LOS PUEBLOS: CARLOS MONSIVÁIS


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Provocador, incisivo, con una alta dosis de humor negro, Carlos Monsiváis, el escritor mexicano considera que pese a la “pesadilla del neoliberalismo”, América Latina hoy va por un sendero de unidad y es optimista por los procesos políticos que están viviendo pequeños países como Paraguay y Ecuador. En contrate, es desalentadora la visión que tiene de su país: “México –afirma-, vive una atmósfera sombría que tiene a su sociedad bajo una sensación de fragilidad síquica que no se merece”.

Monsiváis, periodista, investigador social, ensayista y narrador es reconocido internacionalmente por su amplia cultura, su curiosidad universal, su eficaz escritura y su capacidad de síntesis que le han permitido desentrañar los aspectos fundamentales del acontecer socioeconómico y político de México tanto del pasado como del presente.
En una charla ofrecida en Bogotá, en el Centro Cultural "Gabriel García Márquez" del Fondo de Cultura Económica (FCE), el intelectual mexicano habló ampliamente sobre la crónica en América Latina y aprovechó para lanzar unas cuantas puyas y algunos comentarios irónicos sobre la realidad política latinoamericana.


En ese sentido, dijo, hoy la metáfora ha sido convertida por algunos jefes de Estado en cifras y estadísticas.

"Ningún informe que yo haya oído tiene una metáfora. Todos creen que las metáforas son las cifras, las encuestas. Como el 90 por ciento de la opinión me apoya, entonces soy un mesías. Una cifra de pronto les parece el cómo de la poesía", subrayó.
Le parece un contrasentido que la derecha siga ganando elecciones cuando ha perdido todas sus causas y sus ideas están en desuso. “La derecha –explicó-no ha podido ganar ni una sola batalla cultural: ha perdido todas, desde su oposición a la minifalda hasta su reciente andanada contra el condón. Pero cómo puede ser que en las batallas culturales la derecha pierda y en la vida política, no. Este es uno de los enigmas que vivimos”.

Guerra incierta de los medios

Sobre la situación del periodismo y la coyuntura política latinoamericana, TELA PARA CORTAR dialogó con Monsiváis.

- ¿El periodismo que es un género literario puede contribuir a la emancipación de los pueblos concretamente en América Latina?

- Específicamente sí, ha contribuido y debe seguir contribuyendo, lo que ya no es un espacio literario en lo básico, sobre todo en el diarismo, ya son otros criterios absolutamente respetables, pero ya no literarios, pues esto se ha trasladado en parte a las revistas y a los libros. Pero si el periodismo escrito no contribuye no se que pasa, porque la televisión ciertamente no está contribuyendo.

- ¿Cuál es su análisis del periodismo latinoamericano en la actual coyuntura donde prima el factor tecnológico y la comunicación instantánea?

- Las publicaciones están en una guerra incierta con Internet y la televisión, por lo que ahora los periódicos quieren ser blogs, están hartos de su situación impresa y se sienten virtuales. Todos los directores de periódicos que conozco se sienten al frente de un blog y no de un diario.

- Los medios de comunicación se volvieron actores políticos y ello genera manipulación. ¿Cómo observa usted este fenómeno?

- Es una realidad tan abrumadora que ni siquiera tiene caso discutirla. Hay manipulación mediática.

- No obstante, hay ascenso de los denominados sectores progresistas en América Latina…

- Pero no en los medios electrónicos que siguen siendo controlados por el neoliberalismo.

- Usted se ha ocupado de analizar la evolución de la crónica en Latinoamérica. ¿Cuál es su percepción ahora al despuntar el siglo XXI?

- El género de la crónica requiere espacios y las publicaciones no lo tienen, lo mismo ocurre con el reportaje. Las crónicas se están yendo cada vez a las revistas y a los libros. Están pensadas para libros, no son resultado de la contingencia ni de la literatura bajo presión y en la actualidad tienen un alto componente político porque relata desgracias como el narcotráfico, nuevas costumbres, movimientos de liberación, entre otros temas.

- ¿Cómo observa el acontecer sociopolítico de América Latina?

- Es un hecho que estamos cada vez más unificados lo queramos o no, o lo percibamos desde nuestros orgullos nacionales o no. Creo que el neoliberalismo ha sido la peor pesadilla para América Latina y aquí incluyo al narcotráfico que en sus procedimientos es igual.

- ¿Y que opina de la irrupción de gobiernos de izquierda en varios países latinoamericanos?

- Depende de cada país, no se puede generalizar. Espero mucho del nuevo presidente del Paraguay, Fernando Lugo; así como de Rafael Correa en el Ecuador, ojalá puedan cumplir con el programa prometido.

- ¿Cuál es la percepción que tiene de la coyuntura sociopolítica en su país, México?

- México vive una atmósfera sombría que tiene a su sociedad bajo una sensación de fragilidad síquica que no se merece, a causa de los secuestros y el narcotráfico. Hay un ánimo convulso y hay una sensación de fragilidad síquica, que no es admisible. Lo que me queda claro es que no se puede seguir así.

sábado, 16 de agosto de 2008

Conflicto colombiano


ENGAÑO A LA OPINIÓN PÚBLICA


OPERACIÓN JAQUE O EXITOSA MANIPULACIÓN DE LA INFORMACIÓN

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ


Definitivamente el gobierno de Uribe actúa bajo la peligrosa y antiética consigna de que el fin justifica los medios con tal de derrotar a cualquier precio a la insurgencia. Secuestró primero en territorio venezolano al dirigente guerrillero Rodrigo Granda; violó soberanía ecuatoriana para bombardear el campamento de Raúl Reyes; y ahora utilizó el emblema de la Cruz Roja Internacional y suplantó una ONG internacional y el canal internacional Telesur para hacer aparecer la famosa Operación Jaque como una hazaña militar. Y para completar, en el nivel interno emplea el cohecho para lograr sus propósitos reeleccionistas. Sabe que después que ha cometido semejantes errores sale a pedir perdón y asunto concluido. Porque el mandatario colombiano tiene muy claro que para sus propósitos políticos, “es mejor pedir perdón que pedir permiso”.
Si el gobierno pagó por la liberación de los secuestrados o sobornó a guerrilleros para tal efecto, está en todo su derecho, pero no es ético mostrar un arreglo como una hazaña militar, mediante todo un espectáculo mediático que no ha sido más que la manipulación tanto de la información como de la opinión pública, en lo cual son expertos el propio Uribe, el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, y el nuevo canciller Jaime Bermúdez.

Si bien el arte de la guerra al decir del milenario estratega militar chino Sun Tzu se basa en el engaño al enemigo y el derecho internacional en materia de conflictos autoriza el empleo de ciertas maniobras dirigidas a engatusar al contrario como el camuflaje, las añagazas y las falsas informaciones, prohíbe terminantemente el de la perfidia, que no es más que el quebrantamiento de la buena fe.

Y aunque los defensores del gobierno aducen que lo único que importa es que Íngrid Betancourt y 14 secuestrados más recuperaron la libertad y eso es lo que en últimas cuenta, en la guerra no todo se vale, porque ésta es una actividad humana y por lo tanto está sujeto a la ética. Por eso es que están proscritas las armas químicas y biológicas, la tortura y los malos tratos a prisioneros, al igual que lo está el uso de emblemas humanitarios para engañar al enemigo. No por simple respeto a un organismo como la Cruz Roja sino por consideración a la humanidad, habida cuenta que para atender un herido o enfrentar una calamidad social, es imperativo que el símbolo de esta institución no solamente sea creíble sino que garantice la imparcialidad entre los bandos enfrentados.

TRIUNFALISMO PELIGROSO

Aunque nadie ha puesto en discusión el logro de la liberación de los secuestrados, sí es muy criticable los métodos utilizados y el aprovechamiento politiquero y mediático que se ha hecho de esta operación. En primer término, el triunfalismo desmedido por parte del gobierno y los altos mandos militares que ya hablan del “fin del fin” de las FARC. Como consecuencia de ello, se desecha la posibilidad de contar en lo sucesivo con mediadores internacionales. Pero, además, mecanismos políticos como el intercambio humanitario, la mediación internacional, el uso de emblemas privativos de ONG humanitarias, todos ellos encaminados a obtener una salida política negociada del conflicto, terminaron siendo pisoteados a un costo ético que aún no se ha calculado y que tarde o temprano la comunidad internacional pasará cuenta de cobro.

SUPLANTADOS TELESUR, ECUAVISA Y GLOBAL HUMANITARIA

No era casual ni gratuito que los militares encargados de la operación llevaran chalecos con emblemas de la Cruz Roja. Estaba previsto utilizarlos como también lo hicieron con los nombres del canal internacional Telesur y el canal ecuatoriano de televisión Ecuavisa, a través de falsos periodistas que se hicieron pasar como corresponsales de ese medio de comunicación, así como suplantaron el nombre de Global Humanitaria, una organización no gubernamentel real con sede en Barcelona. Por eso es que el vocero de esta organización, Andrés Torres, solicitó explicaciones al gobierno de Uribe para aclarar la indebida utilización de los datos de su registro en la Generalitat de Cataluña.

EL PAPEL DEL COMANDO SUR Y EL MOSSAD

Aunque el ministro de Defensa Juan Manuel Santos y los altos mandos militares en un claro engaño a la opinión pública fueron reiterativos en que esta misión fue “de total factura nacional”, lo que ha salido a la luz es que la Operación Jaque fue planificada por el Comando Sur de los Estados Unidos y el Instituto de inteligencia y operaciones especiales de Israel, conocido como el Mossad.

En efecto, satélites espías norteamericanos ImageSat ayudaron a ubicar a los rehenes y los militares colombianos instalaron varios equipos de vigilancia de video proporcionados por Estados Unidos, que pueden hacer acercamientos y tomas panorámicas operadas a control remoto a lo largo de ríos, única ruta de transporte a través de densas zonas selváticas. Aviones de reconocimiento piloteados por norteamericanos interceptaron conversaciones por radio y teléfono satelital de los guerrilleros y emplearon instrumentos electrónicos que pueden penetrar el follaje de la selva, admitieron el embajador William Brownfield; el portavoz del Consejo de Seguridad estadunidense, Gordon Johndroe; el jefe del Comando Sur, almirante James Stavridis; quienes reconocieron al unísono que el gobierno de Bush proporcionó “ayuda específica” (información en tiempo real) para la operación.

La participación de los servicios secretos israelíes como el Mossad y el Shin Beht también fueron claves. En particular, la confirmación de la presencia en Colombia del general retirado Israel Ziv; del ex jefe de la Brigada Givati; del ex oficial Gal Hirsh; del ex director del servicio de investigación de la inteligencia militar, Yossi Kuperwasser; y de la firma de seguridad israelí Global.

También resulta curioso que la operación militar se haya producido horas después de que el candidato republicano John McCain, haya arribado a Cartagena donde fue recibido por el presidente Uribe. Al decir de analistas como Noam Chomsky, sin duda se trataba de una estratagema política para sacar provecho en la contienda presidencial norteamericana que aventaja el aspirante demócrata Barack Obama.

“Parece probable que el gobierno norteamericano, que según todos los informes sabía los pasos con anticipación, haya notificado a McCain de manera que éste pudiera sacar algún provecho electoral y que su visita a Colombia estuviera planeada para ganar capital político”, sostuvo Chomsky.


LA PERFIDIA

Dice el DIH en el Protocolo I Adicional a los Convenios de Ginebra:Artículo 37: Prohibición de la perfidia1. Queda prohibido matar, herir o capturar a un adversario valiéndose de medios pérfidos. Constituirán perfidia los actos que, apelando a la buena fe de un adversario con intención de traicionarla, den a entender a éste que tiene derecho a protección, o que está obligado a concederla, de conformidad con las normas de derecho internacional aplicables en los conflictos armados. Son ejemplos de perfidia los actos siguientes: a) simular la intención de negociar bajo bandera de parlamento o de rendición; b) simular una incapacitación por heridas o enfermedad; c) simular el estatuto de personal civil, no combatiente; y d) simular que se posee un estatuto de protección, mediante el uso de signos, emblemas o uniformes de las Naciones Unidas o de Estados neutrales o de otros Estados que no sean Partes en el conflicto.

El Código Penal colombiano en su artículo 43 define así la perfidia:

“El que con ocasión y en desarrollo de un conflicto armado y con el propósito de dañar o atacar al adversario, simule la condición de persona protegida o utilice indebidamente signos de protección como la Cruz Roja o la Media Luna Roja… u otros símbolos de protección contemplados en tratados internacionales ratificados por Colombia, incurrirá, por esa solo conducta, en prisión de tres años y multa de cincuenta a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes”.

lunes, 7 de julio de 2008

Conflicto colombiano



ENSAYO


EL MOVIMIENTO SOCIAL ATRAVESADO POR LOS RIGORES DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

La persecución a la dirigencia sindical, a los líderes sociales y a los activistas de derechos humanos, pero sobre todo el asesinato y desaparición de varios de ellos, constituye la alarmante situación que enfrentan diariamente los movimientos sociales en Colombia. Esta crítica situación de permanente amenaza y zozobra se debe en buena medida a los efectos que viene tendiendo el ya inveterado conflicto armado interno colombiano, por un lado, y por otro, a las políticas neoliberales que en este país se implementaron a partir de la década de los años 90 y que han tenido su mayor esplendor durante los dos últimos gobiernos: el de Andrés Pastrana y el de Álvaro Uribe Vélez, quien logró en 2006 su reelección para un segundo mandato.

En lo que va corrido de 2008 se han reportado 25 asesinatos de sindicalistas y el panorama para el sector sindical es de suma gravedad puesto que no solo desde el gobierno se promueve en forma sistemática la precariedad laboral y la tercerización de la contratación de trabajadores, sino que a diario sus representantes y voceros perseguidos y amenazados de muerte.

Las cifras de la Escuela Nacional Sindical respecto de la persecución, homicidios y hostigamientos a las organizaciones y líderes sociales de las centrales obreras hablan por si solas: entre 1986 y 2007 se produjeron 42 allanamientos ilegales a sedes sindicales; 207 atentados, 144 desapariciones forzadas, 1399 desplazamientos forzados, 549 detenciones arbitrarias, 2570 homicidios, 163 secuestros y 43 casos de tortura.

Gracias al proceso de privatización de las empresas públicas y al modelo neoliberal, hoy en día en Colombia los trabajadores sindicalizados representan apenas el 4.7% del total de la fuerza laboral que asciende a 18 millones de personas, de las cuales cerca del 60% labora en la informalidad y, por ende, no cuentan con seguridad social.

Pero por si el ámbito sindical la cosa es preocupante, los sectores indígenas y afrodescendientes de Colombia vienen afrontando persecución y desplazamiento de sus tierras por parte de los escuadrones de paramilitares que les arrebatan sus tierras para cultivos de palma africana asupicadas por empresas transnacionales que tienen el aval del gobierno del presidente Uribe.

LOS EFECTOS DEL CONFLICTO

Los diversos movimientos sociales que en la década del 70 tuvieron alguna influencia en Colombia se fueron diezmando por la política de criminalización de la protesta ejercida por parte del Estado. Por eso hoy en este país el movimiento social prácticamente ha sido diezmado y su presencia se reduce a las organizaciones sindicales e indígenas que buscan alzar su voz ante las inmensas presiones y amenazas de que son objeto.

El gobierno de Uribe ha satanizado el movimiento social vinculándolo con la guerrilla de las FARC, o simplemente deslegitimándolo. Lo considera como un enemigo interno, siguiendo los mismos parámetros de la doctrina de la Seguridad Nacional de hace aproximadamente 40 años y cuyos elementos ha recogido en una versión renovada que denomina “Seguridad Democrática”.

CRISIS SOCIAL ATRAVESADA POR EL CONFLICTO

Colombia se ha convertido en punto de referencia necesario tanto para los países vecinos como Ecuador, Perú, Venezuela, Panamá y Brasil por los efectos que está teniendo su conflicto armado, así como para los Estados Unidos. Al fin y al cabo los Estados Unidos tienen un interés geopolítico en Colombia y por eso no es gratuito que el gobierno de Bush como el Congreso norteamericano se hayan interesado por ampliar el Plan Colombia para intervenir en asuntos de seguridad nacional. En tal sentido dicho Plan no está concebido solamente para combatir el narcotráfico sino también a los grupos guerrilleros que Washington los tiene catalogados de terroristas.

Y es que como lo señalan expertos militares y politólogos, la historia enseña "que no hay un conflicto en el mundo detrás del cual no exista un interés geopolítico".

En contraste con los intereses norteamericanos, la Unión Europea se ha opuesto al Plan Colombia porque conoce de los oscuros intereses que se esconden detrás de él.

En efecto, tras el Plan Colombia se esconden millonarias partidas en dólares que han ido a irrigar a la industria bélica de los Estados Unidos y a varias campañas de los políticos gringos que aprobaron en el Congreso este proyecto de guerra y muerte gracias a que recibieron grandes partidas económicas de las empresas de mercenarios que hicieron cabildeo para que se lograra su viabilización.

EL ASCENSO DE URIBE Y SU POLÍTICA DE MANO DURA

Como consecuencia del rompimiento del proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por parte del entonces presidente Pastrana el 20 de febrero de 2002, el discurso belicista del candidato en esa época Álvaro Uribe Vélez fue ganando mayor validez: En gran medida porque la metodología de negociación utilizada fue mal concebida, habida cuenta que el propio gobierno aceptó negociar con las FARC en medio del conflicto. Esta circunstancia permitió al grupo guerrillero demostrar su fortaleza tanto militar como política en la mesa de negociaciones y debilitó paulatinamente al gobierno debido a que como éste en el plano interno no tenía mayores acciones que mostrar prefirió ceder a todos los requerimientos y presiones de las FARC.

El fallido proceso de paz dejó en claro que el gobierno de Pastrana tenía voluntad política de paz pero carecía de estrategia para negociar, mientras que las FARC no demostraron mayor voluntad de paz, pero si buena estrategia para negociar.

Esta coyuntura favoreció ampliamente la postura de mano dura preconizada durante la campaña electoral por Uribe Vélez y la población colombiana cansada y exasperada de la degradación del conflicto prefirió ese discurso dándole la victoria en primera vuelta el 26 de mayo de 2002 a este dirigente antioqueño, defensor a ultranza de las políticas neoliberales y con posiciones políticas de ultraderecha.

El presidente Uribe Vélez tan pronto como asumió la Presidencia dictó sendos decretos para declarar el estado de Conmoción Interior (estado de guerra), al tiempo que inició una política soterrada pero sistemática contra todos los organismos defensores de derechos humanos por considerarlos cómplices de la insurgencia colombiana.

Así mismo ha buscado involucrar directamente a los ciudadanos en el conflicto armado para que a través de millonarias recompensas delaten a quienes consideran sospechosos, con lo que está a punto de desatarse una verdadera cacería de brujas, como en los mejores tiempo de los regímenes totalitarios.

Sin embargo, esta política de Uribe de mano dura y de tierra arrasada no es la primera vez que se pone en marcha en Colombia. Más de una docena de gobiernos anteriores han experimentado la misma estrategia de la salida militar y todos han fracasado.

MAYOR INTERVENCIÓN DE EE.UU.

Y es que pese a que las Fuerzas Armadas colombianas son las mejor dotadas y entrenadas en Latinoamérica y cuentan con excelentes recursos tecnológicos suministrados por el Pentágono, no han demostrado mayor eficacia en su lucha contrainsurgente, pues en todos los años que llevan enfrentando a grupos guerrilleros como las FARC o el ELN han sido incapaces de doblegarlos o disminuirlos. Todo lo contrario, en la medida en que el conflicto armado se ha intensificado, estos grupos han crecido aún más militar y financieramente.

Aunque parece que los colombianos en este sentido no han aprendido la lección, el hecho de que hayan llevado al poder a Uribe Vélez, un disidente liberal de ultraderecha que cuando fue gobernador de Antioquia privilegió a los grupos paramilitares y auspició la creación de bandas privadas de vigilancia que se conocieron con el nombre de Convivir, tiene el claro mensaje de que amplios sectores sociales desesperados por la degradación del conflicto buscan una salida de fuerza al costo que sea.

Obviamente que esta situación dará pábulo a una mayor intervención de los Estados Unidos en el conflicto colombiano, pero Uribe Vélez es un presidente entregado y genuflexo a los dictados de Washington, igual o aún más que su antecesor Andrés Pastrana. Al fin y al cabo quienes respaldan a Uribe creen que el apoyo gringo es definitivo, sin tener en cuenta las verdaderas intenciones del Departamento de Estado: poner orden y disciplina en Colombia a cualquier precio no con miras a solucionar los graves problemas de su población sino a crear condiciones necesarias para lograr incrustar a este país en el modelo rentable de la globalización norteamericana.

Dentro de la estrategia de Estados Unidos y de los planes de Uribe Vélez está el de involucrar a la región latinoamericana en el Plan Colombia para contener los efectos del conflicto colombiano.

MIRADA RETROSPECTIVA

El Estado colombiano, al iniciar el tercer milenio, es una ficción. Arrinconado y sustituido en sus funciones por organismos paraestatales como guerrilla y grupos paramilitares, el Estado a duras penas puede cumplir su tarea de garantizar los más elementales derechos de la sociedad. Y peor aún, ante el escalamiento del conflicto armado y sus dramáticas consecuencias, es muy probable que lo que queda de Estado en Colombia, termine en una situación tan precaria que pierda toda capacidad de negociación con los grupos insurgentes y se exacerbe la confrontación.

Aspecto central de las preocupaciones de la sociedad contemporánea y de las democracias es la legitimidad de sus instituciones políticas por cuanto que los actos humanos son legales cuando se ajustan a la ley y las instituciones son legítimas cuando hunden sus raíces en la confianza del consenso colectivo.

La legitimidad debe asegurar que las instituciones respondan a las circunstancias sociales de la época con el fin de que sean instrumentos idóneos de gobierno y puedan brindar cauces transparentes a las distintas expresiones de la sociedad en su aspiración colectiva de mejorar sus condiciones de vida.

Históricamente se puede señalar que el Estado de Derecho en Colombia, aunque ha sido puramente formal, se ha visto signado por los siguientes factores: no han sido recurrentes en el país los golpes de Estado de tipo militar, el bipartidismo liberal-conservador, muy desgastado, anquilosado y corrupto, ha sido el canal político inadecuado de representación mayoritaria por el que ha fluido aparentemente la opinión pública; el consenso político ha sido fundamental en la aprobación de las reformas constitucionales a partir del malhadado experimento del Frente Nacional.

Pero ha sido un consenso entre las élites. Un consenso exclusivo y excluyente, por lo que el sociólogo francés Alain Touraine sostiene que uno de los principales problemas de Colombia es que la oligarquía no ha tenido una apertura nacional popular. Como no ha habido espacios para lo que se ha querido denominar “populismo” o mejor, irrupciones populares como sí las hubo en Argentina con Perón, México con Cárdenas, Chile con Allende, Perú con Velasco Alvarado, Venezuela con Hugo Chávez, Bolivia con Evo Morales, Ecuador con Rafael Correa, en Colombia esta carencia se ha reflejado en la irrupción de microempresas electorales corruptas que terminaron reemplazando a los partidos políticos tradicionales, y en la aparición de grupos contestatarios que, en la mayoría de los casos, han optado por la vía armada.

Para bien o para mal, los gobiernos calificados de populistas en América Latina han dado escape en algún momento de su devenir histórico a las presiones sociales, habida cuenta que es un hecho de que los sectores medios y bajos de la población han tenido la oportunidad de manejar las riendas del poder, que la hayan desaprovechado o no, es otro cuento. En cambio en el caso colombiano, esa marginación de los sectores populares y los movimientos sociales configuró fenómenos de corrupción como el clientelismo político, el contrabando y el narcotráfico que a lo largo del siglo XX provocaron gran parte de la movilidad social y la aparición en la década de los 60 de los grupos guerrilleros.

Esta es una razón fundamental para que hoy en día el supuesto Estado colombiano se encuentre erosionado al enfrentar un poder paraestatal constituido por las organizaciones insurgentes que dominan políticamente gran parte del territorio nacional y se disputen con las autoridades estatales la capacidad de mando y conducción sobre los asuntos de determinado municipio o región.

Para ubicarnos históricamente en el tema, se puede afirmar sin temor a equivocarse que Colombia está en el intento de construir un sistema regido por las pautas del Estado de Derecho. Lo que tenemos ahora es un remedo, algo caricaturesco de Estado de Derecho.

En este momento Colombia enfrenta varias contradicciones sociales y políticas por encontrar una ruta civilizada que permita determinar su desarrollo. Empero, cuenta con varias lecciones que le han dejado su tortuoso pretérito que, infortunadamente, no ha sido capaz aún de corregir. Ese es su reto, pues en la medida en que corrija los yerros del pasado, y los diferentes actores del conflicto armado colombiano asuman conductas de tolerancia y de respeto por las diferencias del otro, así como haya concesiones y se busque por la vía del consenso nuevos derroteros de organización política y económica, comenzará a florecer no solamente un nuevo país sino que se empezarán a darse los elementos para que tenga sentido y validez el Estado de Derecho.

Por lo tanto se hace necesario echar una mirada sobre lo que ha sido el lastre histórico de Colombia que no ha permitido consolidar su frágil y casi inexistente democracia.

CARENCIA DE PROYECTO POLÍTICO

Una de las primeras reflexiones que se pueden sacar al revisar la intrincada historia colombiana es que, en gran medida, la inexistencia de Estado de Derecho en este país se debe a un problema cultural y, por ende, sociológico dado su fraccionamiento social que no ha permitido enfrentar oportunamente sus problemas y, por el contrario, ha pospuesto demasiado tiempo la reflexión sobre su destino.

La imposición y las vías de hecho han sido factores determinantes, con demasiada frecuencia en el proceso republicano de Colombia. La excepción ha sido que se respeten las reglas de juego para imponer un proyecto político de alcance nacional. Se puede establecer que casi nunca se ha jugado limpio y que no siempre se ha respetado el orden legal existente. A ello hay que agregarle que la clase dirigente ha tenido al Estado como un botín para sacar el máximo provecho de él, pero jamás ha pensado en el bien común. Por eso es que desde la época de la Independencia se ha frustrado en forma sistemática la posibilidad de romper con los viejos esquemas coloniales.

No hubo desde el comienzo de nuestra vida republicana la solidez de un liderazgo que nos encauzara o nos impusiera una escala de valores y un modelo respecto de nuestros deberes para construir una patria medianamente justa para impedir que Colombia fuera un país donde se aniden las injusticias, las atrocidades y los cinismos.

En este país no hay sentido de Estado, por cuanto que las grandes mayorías de colombianos no tienen nada que agradecerle a la organización institucional porque en vez de ser instrumento para “defender vida, honra y bienes” de los ciudadanos, en muchas ocasiones se convierte en instrumento de violencia y en violador de los derechos fundamentales.

Desde los albores de la República y hasta la mitad del siglo XX la sociedad colombiana pese a sus grandes contradicciones se dejó influenciar por decisivos factores de poder como la Iglesia Católica que en forma nefasta intervino en la educación y en el proceso de culturización del país.

Como consecuencia de esa falta de identidad cultural y de ese fraccionamiento social, Colombia ha transitado su proceso histórico en medio de la guerra civil no declarada. Durante el siglo XIX se instalaban y se derrocaban presidentes gracias al conflicto armado y del mismo modo se imponían constituciones a la medida del líder militar o político de turno.

Así los colombianos entramos al siglo XX, pero la guerra llegó a tal degradación que el conflicto bélico de mediados de esta centuria que se conoce con el apelativo de la Violencia con mayúscula, se configuró como un enfrentamiento con amplios ribetes de fanatismo porque estaban en pugna dos sectas partidistas: la conservadora y la liberal.

Lo triste de esta etapa de confrontación partidista de los años cincuenta es que, como lo afirma el escritor William Ospina en su ensayo “Colombia: el proyecto nacional y la franja amarilla”, fue protagonizada por liberales pobres y conservadores pobres, mientras los poderosos de ambos partidos aprovechándose de su ignorancia los azuzaban y los financiaban no por una causa altruista sino para aprovecharse del botín del Estado. Para tal objetivo no importaba usar la fuerza de manera dramática sacrificando la vida de sus propios siervos, que nunca cayeron en cuenta de que simplemente eran utilizados por sus jefes y patrones.

En medio de una guerra no declarada que asolaba a pueblos y ciudades sobrevino el magnicidio del líder popular Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, sin lugar a dudas la fecha más aciaga de la historia colombiana del siglo pasado no sólo porque ese día se rompió definitivamente el endeble hilo conductor del orden social, sino porque vino a confirmar de modo dramático, y si se quiere dantesco, la magnitud de la descomposición y fractura de ese tejido social del país.

Entre 1946 y 1965 Colombia se vio sumida en una orgía de sangre que marcó la desventura de su destino. Pero lo más criticable y asombroso aún es que la clase dirigente que precipitó al país a ese horror sea la misma que continúa ostentando el poder. No es necesario, entonces, desgastarse en disquisiciones para demostrar el fracaso del bipartidismo y de la élite gobernante, pues solamente es preciso mirar cuál es el país que nos legaron y ver el país que tenemos.

MIOPÍA DEL BIPARTIDISMO

De esta manera entramos al nefasto experimento del Frente Nacional, otro de esos “inventos jurídicos” de nuestra clase dirigente que trajo consigo los mayores males para la sociedad colombiana de comienzos del siglo XXI. Males que sumados a los que esta Nación traía acumulados desde la Independencia nos dio como resultado un país hundido en la desolación, la impotencia y la desesperanza, como el que tenemos ante los ojos del mundo.

El sistema del Frente Nacional surgió como mecanismo para deponer en mayo de 1957 al dictador militar Gustavo Rojas Pinilla, quien había derrocado al régimen conservador fascista encabezado por el presidente Laureano Gómez Castro el 13 de junio de 1953.

La dirigencia liberal-conservadora viéndose desplazada por el régimen militar de Rojas se ingenió la manera de “tumbarlo” y bajo el pretexto de la conciliación entre los partidos que históricamente se habían enfrentado en forma violenta convino en alternarse el poder por espacio de 16 años, entre 1958 y 1974. Pero no solamente el partido liberal y el partido conservador se turnaron exclusivamente la Presidencia de la República sino que, además, se repartió milimétricamente la burocracia entre militantes de estas dos colectividades. En consecuencia, quienes no pertenecían a una de estas banderías políticas se les negaba el derecho de ingresar a los distintos órganos y ramas del Estado, así como no podían postularse a ningún cargo de elección popular, proscribiendo toda posibilidad contradicción, privilegiando de esta manera el unanimismo.

Como el Frente Nacional cerró todo intento de oposición legal, tal como ocurre en las peores dictaduras, surgió la oposición ilegal que se sustenta en el uso de las armas, la cual ha crecido hasta tal punto que se ha adueñado de más de la mitad del país y a la que los Presidentes de la República deben hacer concesiones de todo tipo a ver si se digna entrar en negociaciones de paz.

Pero es el mismo Estado colombiano corrupto e ineficaz el que, paradójicamente, ha forzado a muchos campesinos a integrar los movimientos insurgentes porque no ven posibilidades de futuro dentro de una sociedad a todas luces injusta que debería posibilitar su desarrollo como individuos en condiciones de igualdad. Por lo menos en la subversión tienen presente y pueden sobrevivir al día - día en un país donde sólo queda rincón para la desesperanza y la muerte.

El sistema paritario del Frente Nacional cerró, igualmente, el acceso a la riqueza a las clases medias, impulsándolas a estas a abrirse campo económicamente acudiendo a actividades ilícitas como el contrabando y el narcotráfico. Es el Estado, también en este caso, que cierra las posibilidades económicas a sus capas sociales más desfavorecidas, las cuales no pueden desarrollarse dentro del marco de la democracia económica y para sobrevivir se ven abocadas a buscar su supervivencia por la vía de la ilegalidad.

Definitivamente el Frente Nacional engangrenó el de por sí incipiente sistema político del país no solamente porque prohibió la oposición legal, acabó con el marco de la democracia económica y gobernó para la élite plutocrática del país, sino porque convirtió al Estado en un nido de corrupción y en una madriguera de saqueadores de los bienes públicos, amparados por un bipartidismo liberal-conservador que no admitía fiscalización alguna.

Terminado el experimento aciago del frentenacionalismo Colombia siguió gobernada mediante régimen de Estado de Sitio (estado de guerra), con lo que ello implica para la institucionalidad del país, pues según coinciden los tratadistas este estado de excepción si bien está contemplado en la Constitución se puede semejar a un régimen marcial. Pero, además, durante el gobierno del presidente Julio César Turbay Ayala (1978-1982) se aumentaron aún más las atribuciones del ejecutivo para manejar el orden público con el llamado Estatuto de Seguridad que era un conjunto de normas draconianas que permitían al gobierno en sus niveles nacional, departamental y municipal procesar e imponer las penas, pasando por alto el poder judicial.

En medio de esa erosión institucional se llegó a la Constituyente de 1991 que se mostró como el elíxir a las dolencias nacionales y por eso no importó saltarse el ordenamiento constitucional vigente.

Sin embargo pocos años después de haberse promulgado la nueva Carta Política, el Estado en Colombia sigue amenazado por múltiples factores como la guerrilla, el narcotráfico, el paramilitarismo, la delincuencia organizada, la corrupción, la concentración de la riqueza y del poder y aunque si bien es cierto en este país hay elecciones y libertad de prensa eso no quiere decir que haya democracia y, por ende, impere el Estado de Derecho. No, lo que ocurre en Colombia es que en medio de una guerra no declarada se busca por las partes en conflicto una redistribución pactada del poder político, económico, social y regional, donde las élites locales cedan posiciones reales porque no hay otra alternativa para empezar a construir un concepto de Nación.

Pero para llegar a esa redistribución pactada del poder, sin cometer los pecados del Frente Nacional que lo monopolizó en reducidísimos grupos, el país debe recorrer un buen trecho en medio de la confrontación armada y aún es incierto si una negociación entre el establecimiento y las fuerzas insurgentes llegue a puerto seguro.

Por todo lo anterior no es posible hablar de Estado de Derecho en Colombia, habida cuenta que desde que nació la República lo único que ha habido es exclusión y toma del poder mediante la triquiñuela y los sistemas fraudulentos.

Además el llamado establecimiento que ha manejado el poder no ha sido capaz de imponer un proyecto político nacional coherente y de largo aliento, sino que ha gobernado fraccionado en gran parte por su mezquindad de querer aprovecharse de todo el botín para sí. Y cuando ha llegado a consensos, caso Frente Nacional, es porque esa élite ha visto que peligran sus intereses.

Desde antes de la Constitución de 1863, pasando por la de 1886 para llegar a la de 1991, Colombia se ha caracterizado por ser un país con disfraz de democracia y un modelo caricaturesco de Estado de Derecho. La democracia y el Estado de Derecho en este país son meramente conceptos virtuales y la realidad demuestra que en estas materias prácticamente todo está por construir.

CARACTERÍSTICAS DE LA INSURGENCIA ARMADA

Colombia inicia el tercer milenio en forma muy similar a como comenzó el siglo XX. En medio de la guerra llamada de los Mil Días y bajo un gobierno de ultraderecha el país recibió el amanecer del año 1900 y terminó la centuria bajo los rigores de un conflicto irregular que si bien no divide a la Nación pero la tiene sumida en el horror y la desesperanza, dirigida, así mismo, por un mandatario con tintes autoritarios.

Pero la postración del país en sus instituciones y, por ende, en su desarrollo político, económico, social y cultural se debe en gran parte a que los colombianos no han podido superar los lastres del pasado a los que hay que agregar los nuevos fenómenos y contradicciones al interior de la sociedad.

El conflicto armado que vive Colombia tiene razones históricas y sociológicas que hacen que sus características se diferencien de las que han enfrentado el resto de países del continente latinoamericano.

La primera razón es de carácter histórico y tiene que ver con el hecho de que la guerrilla colombiana a diferencia de los otros países de este continente no fue exclusivamente una reacción inspirada por la revolución cubana, sino que su origen es más profundo y se remonta a la situación de violencia vivida a mediados del siglo XX por la confrontación entre liberales y conservadores, la cual, igualmente, puede considerarse como la prolongación de las guerras sangrientas que a lo largo del siglo XIX enfrentaron estos bandos partidistas.

La represión y el monopolio absoluto del poder por parte del bipartidismo impidieron desarrollar un proceso democrático en Colombia, por lo cual irrumpió la oposición armada que vio en esta vía un mecanismo válido para presionar y hacerse escuchar.

Una segunda razón que explica el alcance que ha logrado la guerrilla en cuatro décadas de lucha armada que tiene al país en una encrucijada, es su estrategia de alguna manera exitosa para desarrollar su proyecto político y militar, lo que le ha permitido la toma sistemática y progresiva de más de 500 municipios colombianos, en los cuales la subversión gobierna o cogobierna gracias a su gran poder de intimidación.

Otro elemento importante que ha contribuido a la desarticulación del Estado colombiano es el narcotráfico que con el fenómeno de la guerrilla han terminado constituyendo un binomio. Binomio que en forma permanente pone en riesgo la fragilidad institucional de Colombia. A ello hay que añadirle la expansión de los grupos de autodefensa o paramilitares que, ante la debilidad del Estado, buscan sustituirlo para enfrentar a la subversión, escalando como es obvio, cada día más el conflicto, en una guerra feroz por “conquistar” y someter el mayor número de regiones del país. Lo que está en juego, pues, es el dominio territorial de las diferentes zonas geográficas colombianas por parte de la guerrilla o de los paramilitares.

Y, finalmente, otra razón de la profunda crisis de este país obedece a la debilidad y corrupción del propio Estado que no ha tenido estrategia alguna para enfrentar con decisión los distintos fenómenos de una sociedad en permanente ebullición como es la colombiana.

Desde la década de los 80, cada Presidente llega con un nuevo plan de paz en el bolsillo que la guerrilla consiente de su poder, desdeña y termina burlándose del gobierno de turno.

Con una situación de esta magnitud muy difícilmente se puede concebir una organización de Estado en Colombia, pues las cifras son contundentes: según la edición de la prestigiosa revista norteamericana Time de septiembre de 1998, la insurgencia domina “casi la cuarta parte de la población colombiana y su territorio abarca un tercio del país de sus 1025 municipios. Colombia corre el peligro de acabar dividida en tres partes con fronteras delimitadas por sus montañas geográficas. Las guerrillas marxistas dominan en el sur, el Gobierno controla la zona central y los grandes centros urbanos. Mientras los grupos paramilitares conocidos como Unión de Autodefensas de Colombia de extrema derecha y apoyados por el ejército, han tomado gran parte del norte”. [1]

Pero el análisis de este artículo es concluyente cuando sostiene que el gobierno colombiano al tratar de negociar con los más de veinte mil guerrilleros (entre Farc y ELN) “se enfrenta a un gobierno rival de facto, al que las débiles fuerzas armadas no pueden controlar”.

Lo que existe en Colombia es un país con una organización estatal virtual, pues no hay nación como tal y el concepto de Estado apenas subsiste para quienes habitan los centros urbanos más importantes. La situación en tal sentido es dramática: hace mucho tiempo que el mal llamado Estado colombiano perdió el monopolio de la fuerza; el tejido social se halla desintegrado por cuanto que la guerra interna ha dejado más de un millón y medio de desplazados por la violencia que se encuentran al abandono de su suerte; el debilitamiento de los mecanismos de justicia es alarmante, pues casi el 98 por ciento de los delitos quedan en la impunidad.

A lo anterior se suma el fraccionamiento de la élite gobernante, más conocida con el apelativo de establecimiento que muy similar a los inicios de la República, sigue dividida por sus ambiciones de poder.

Una redistribución negociada del poder con los movimientos insurgentes puede contribuir a iniciar un proceso democrático que permita construir en Colombia un Estado de Derecho, donde la oposición política civilizada sea posible y se puedan dirimir las diferencias y las controversias políticas por medios institucionales respetando las reglas de juego y el orden jurídico vigentes.

Sin embargo no se puede vislumbrar una negociación de redistribución del poder y de construcción de un nuevo Estado a mediano plazo por las múltiples circunstancias adversas que rodean un proceso como éste.

Lo cierto es que distintos gobiernos se han visto abocados a negociar políticamente y en vano con la subversión porque el establecimiento y su élite dirigente no fueron capaces de construir país y como se llegó al fondo de la crisis, se han visto obligados a ceder y a intentar a un costo muy alto legitimar el modelo de Estado que se ha contemplado en las distintas Constituciones que ha tenido Colombia, las cuales, infortunadamente, no han pasado de ser letra muerta y por eso las consecuencias nefastas están a la vista.

COLOMBIA, PAÍS APARENTE

Luego de este deshilvanado análisis se puede colegir que en Colombia lo que se ha pretendido mostrar como “Estado de Derecho” se ha montado sobre la presunción de la ilegalidad que desde luego conlleva la presunción de corrupción en el manejo del Estado.

La intrincada historia colombiana nos muestra que el Derecho y las leyes no han sido instrumentos que garanticen la igualdad, los derechos de los ciudadanos y la libertad, sino que, por el contrario, han sido mecanismos de dominación para la preservación de privilegios.

Lo anterior lo demuestra el hecho de que “los gobernantes no ven la Constitución como un orden superior al cual deben estar sometidos, sino como un instrumento de gobierno susceptible de manipulaciones hábiles para alcanzar los objetivos requeridos”. [2]

La manipulación de la ley y con ella la ilegalidad han servido para la redistribución política y económica de quienes han manejado y manejan el Estado. Por eso es que han surgido fenómenos como la oposición armada, el narcotráfico, el paramilitarismo que constituyen expresiones claras de una realidad política al margen del derecho constitucional del sufragio y al margen del monopolio de la fuerza por parte del Estado.

Esto es un síntoma significativo de que la precaria legitimidad que aún conservan los partidos tradicionales y con ellos el caricaturesco Estado colombiano se derive de su capacidad de movilizar unas votaciones que aparentemente refrendan su representatividad, cuando para la obtención de los sufragios se recurre a prácticas que con frecuencia están por fuera de la ley. Para nadie es extraño en un país como Colombia la existencia de prácticas como el fraude electoral, la compra de votos, el clientelismo, la utilización de auxilios parlamentarios para la financiación del proselitismo político. Algo así como que la legitimidad del poder se deriva de la burla de la legalidad que ese mismo poder defiende.

En Colombia cínicamente se ha querido vender la idea y se ha convertido en lugar común decir que pese a los embates de la subversión, del narcotráfico o de los paramilitares no se ha logrado poner en jaque a las instituciones y que el Estado ha logrado salvaguardarlas, cuando la realidad es abismalmente distinta puesto que mientras para los que afirman que la dignidad del Estado sigue imperturbable, la sociedad se desmorona, el descontento crece y las injusticias se incrementan.

Lo que sucede es que en este país el funcionamiento del Estado y de su aparente legalidad se sucede al margen del comportamiento de la sociedad.

¿Pero por qué esta situación casi ancestral? No hay duda, el problema institucional de Colombia que no ha logrado superar los lastres del pasado, es de índole cultural. Si se da un vistazo a nuestros orígenes como República, se podrá observar cómo durante la campaña de la Independencia se fusiló a la gente más distinguida del Nuevo Reino de Granada, lo cual produjo al país un daño enorme, porque siendo pocas las personas que sabían leer y escribir, que tenían conocimientos avanzados y que poseían capacidad de organización, esa guerra las exterminó y sin esa élite nos quedamos con un material humano que difícilmente manejaban situaciones. El fusilamiento del sabio Caldas, por ejemplo, constituyó una catástrofe como episodio cultural, tanto que existe una placa en Madrid, en la que España pide perdón por haberlo sacrificado. Estos episodios de violencia son probablemente los que determinaron un estilo en manejo del gobierno.

Además la violencia desde ese entonces tiene la característica de ser una lucha por el poder y por sobre todo las guerras civiles nunca han tenido en Colombia una reivindicación social. Y en ninguna de las confrontaciones armadas ganaron los de arriba o los de abajo, siempre ganó el establecimiento. Ese establecimiento quedó dominado por los ricos minoritarios sobre unos pobres mayoritarios.

El proceso histórico colombiano es un lastre que el país no ha podido superar, por eso en alguna oportunidad Nelson Mandela señaló que “la experiencia enseña que las naciones que no enfrentan el pasado se ven atormentadas por él por generaciones”.

Y es precisamente el hecho de no haber podido enfrentar objetivamente los problemas que se fueron acumulando del pasado que Colombia no solamente está sumida en una crisis institucional y de valores sino, que además, se ha constituido en un país problema para la región latinoamericana.

Este país comienza el siglo XXI sin haber superado gran parte de los yerros del siglo XX. Lo cual ha conducido a que prácticamente el Estado esté en vías de extinción. Su principal función, la de servir de mecanismo para resolver los conflictos e impartir pronta justicia es ya más declarativa que real. El ablandamiento producido por unas leyes transaccionales en gran medida ha sido un factor de violencia. El régimen jurídico en apariencia es respetado por todo el mundo y, al mismo tiempo, irrespetado por todos, en un balance de actitudes rígidas y blandas que nos conduce a algo muy grave que es la impunidad.

Frente a la creciente impunidad y la poca confianza y credibilidad que ofrece el aparato judicial, la justicia se ha privatizado ya porque se acude a tribunales particulares de arbitramento o ya porque se acuden a las vías de hecho para hacer justicia por propia mano.

SIN LUZ AL FINAL DEL TÚNEL

Ahora bien de la evolución política de este país se puede concluir también que Colombia aún no ha madurado como Nación, ya que su proceso republicano es prácticamente nuevo, pues no alcanza los 200 años de haberse emancipado de España. Y al fin de cuentas es un país sin un gran legado histórico.

Los países europeos, por ejemplo, para haber llegado donde están no solamente tienen un portentoso pasado histórico, sino que, además, han enfrentado múltiples guerras internas y diversos conflictos entre ellos. Solamente en el siglo XX protagonizaron dos guerras mundiales y una nación como España fue víctima de la llamada guerra civil que dejó alrededor de un millón de muertos.

Infortunadamente el postulado marxista según el cual “la violencia es la partera de la historia” cobra vigencia en la realidad colombiana y es posible que para alcanzar la convivencia ciudadana y con ella la organización de un Estado de Derecho real y no virtual ni aparente como ocurre en la actualidad, los colombianos debamos recorrer otro trecho en medio de la angustia y la desesperanza que dejan los muertos.

Si bien no es fácil advertir una luz al final del túnel respecto del futuro colombiano, ello no quiere decir que para superar la desinstitucionalización y el alto grado de violencia como consecuencia del conflicto armado interno, la sociedad y sus gobernantes adopten una actitud pasiva frente a su realidad. Por el contrario es urgente reinventar una nueva organización estatal.

Lo que Colombia requiere para enfrentar su crisis de injusticia social y violencia generalizada es una pedagogía de los valores, porque en el fondo su problema es de tipo cultural. Por lo tanto es necesario volver a recuperar los sentidos, los elementos esenciales de la convivencia, en primer término, el respeto por la vida humana. Porque en este país se ha perdido la noción entre el bien y el mal y eso se puede observar casi a diario. Cuando asesinan a un niño, por ejemplo, la preocupación es si el delito lo cometieron los narcotraficantes o los guerrilleros y no la muerte misma del infante, que es la pérdida del concepto básico de la vida, al fin y al cabo allí reside la estructura de la paz.

Esa pedagogía de los valores supone la construcción de un nuevo país, mediante la construcción de sociedad en la que opere un cambio de mentalidad y adquiera una mayor identidad nacional y cultural. Para ello es necesario que la actual sociedad, enferma y sumida en una crisis de valores adquiera una conciencia clara de lo que quiere, de a dónde quiere llegar y cómo lograrlo. Esto por supuesto no se conseguirá de un día para otro, habida cuenta que es todo un proceso que demorará años porque para que haya un cambio de mentalidad se debe propender por un mayor grado de democratización del poder político y económico y con ello mayor igualdad de oportunidades.

Lo que la nueva sociedad colombiana tiene que buscar es la preeminencia de aquellos valores éticos y principios ciudadanos que deben ser acatados por todos sus miembros en el marco de un verdadero Estado de Derecho. Ante la profundidad de la crisis de la sociedad colombiana, esos valores rectores en toda la geografía nacional son, fundamentalmente, tres: el derecho a la vida bajo cualquier circunstancia, la aplicación de la justicia en derecho como responsabilidad indelegable del Estado, y el monopolio de la fuerza a cargo del mismo Estado para la preservación de la ley.

Cuando se haya reconstruido el tejido social se podrá empezar a hablar de democracia y de un proyecto de Nación que permita construir un real Estado de Derecho, entonces esa pedagogía de los valores tendrá plena vigencia porque operará un nuevo estilo de vida en el hogar, en la escuela, en el colegio, en la universidad, en el sitio de trabajo, cuyos principios se infundirán a través del ejemplo de los ciudadanos.

Sólo cuando se produzca un cambio de estructuras en la erosionada organización social colombiana se podrá volver por el rescate de la tabla de valores que se ha refundido y en ese escenario se alcanzará la paz y la convivencia ciudadana. En ese momento es posible pensar en erigir un Estado Social de Derecho como concepto de organización garantista de un país que ha encontrado su proyecto de Nación y su destino. Y será en ese escenario si se quiere iluso, hipotético, quijotesco o utópico, cuando Colombia tendrá una segunda oportunidad sobre la tierra como en la crónica novelada del Nobel de Aracataca.


[1] “El sabor del poder”, artículo periodístico en la revista Time, Septiembre 25 de 1998. Volumen 1, Nº 27, página 5

[2] López Caballero, Juan Manuel. Antimemorias del revolcón, Editorial Planeta, Bogotá, 1994, página 144

Conflicto colombiano




Ecos del pronunciamiento de Hugo Chávez

Conflicto colombiano sirve de pretexto para deslegitimar gobiernos progresistas de Latinoamérica


- La confrontación armada no solamente tiene unas consecuencias funestas para el desarrollo social de los colombianos sino que está afectando el proceso de integración de Suramérica.

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Mucho se ha especulado en torno del pronunciamiento del presidente venezolano Hugo Chávez en el sentido de que la vía armada no tiene en este momento viabilidad en América Latina, y la necesidad de que las FARC no solo liberen a los secuestrados en su poder sino que busque los medios para lograr una salida política al conflicto colombiano.

Chávez no ha pedido nada diferente de aquello por lo que claman muchos otros militantes de la izquierda latinoamericana y demanda buena parte de la opinión pública, pues las dimensiones que ha adquirido el conflicto colombiano han terminado siendo un excelente pretexto para que los que desean la perpetuación de la violencia (léase Washington) puedan seguir con sus políticas de guerra y de provocaciones contra los gobiernos progresistas de los países del hemisferio latinoamericano. Y de paso, está sirviendo como excusa para que el presidente Álvaro Uribe busque también perpetuarse en el poder.

Si bien las FARC son el resultado de un movimiento de autodefensa campesina y reivindicación social que irrumpió como consecuencia en primer término de la violencia partidista de los años 50, y por la miopía del Estado colombiano de no fomentar el impulso y el desarrollo social en las áreas rurales y de negarse a generar las condiciones para ejecutar una reforma agraria que Colombia nunca ha realizado, su lucha armada podría desembocar en una gran oportunidad para el país si, como afirman varios analistas, entiende las nuevas circunstancias que están rodeando la coyuntura política de América Latina y busca las condiciones nacionales e internacionales para plantear una salida negociada que posibilite la concreción de las grandes reformas socioeconómicas tantas veces aplazadas.

A eso le apuesta Chávez, quien si se dan unos pasos previos como la liberación de los secuestrados, se compromete a organizar las condiciones internacionales para dar impulso a un nuevo proceso de paz en Colombia.
El conflicto interno de esta nación no solamente tiene unas consecuencias funestas para el desarrollo social de sus habitantes sino que viene afectando el proceso de integración de los países latinoamericanos que apunta hacia la construcción de un mundo multipolar, de colaboración política y económica entre los gobiernos y los pueblos. Por eso es que en la vecindad se propende por la paz en territorio colombiano, porque de ella depende también el avance en complementariedad y solidaridad.

Superando el conflicto se ganaría en democracia

Dos referentes de la izquierda latinoamericana consultados por Tela para Cortar, como son el sacerdote Francois Houtart, profesor en la Universidad de Lovaina de Camilo Torres Restrepo, actualmente director del Centro Tricontinental, secretario ejecutivo del Forum Mundial de Alternativas y miembro del Consejo Internacional del Foro Social Mundial de Porto Alegre, así como el sociólogo argentino Atilio Borón, ex secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), coinciden en señalar que si Colombia supera el conflicto habría amplias posibilidades para que sectores de izquierda como el Polo Democrático Alternativo desde el poder impulsen procesos de transformación para enfrentar esquemas económicos inicuos como el neoliberalismo.

“El problema de la lucha armada como una forma de resistencia o de una vía para tomarse el poder se debe siempre juzgar en el entorno del momento. En primer término quiero señalar que no descarto que en ciertas coyunturas la lucha armada sea legítima, lo digo por experiencia, por cuanto yo participé activamente en la resistencia armada de Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial y nadie podrá discutir la legitimidad de nuestra causa. Lo importante no es caer en una acción puramente pacifista, ni tampoco en un fundamentalismo a favor de la lucha armada. En cuanto al conflicto en Colombia considero que en el actual entorno la resistencia armada no es la solución. Creo que la salida al problema colombiano es la organización del pueblo a través de la consolidación de una fuerza social con vocación política que luche contra el modelo neoliberal”, sostiene el profesor Houtart.

Por su parte, Atilio Borón considera que si en Colombia “no hubiera una guerrilla que arroje sombras sobre la confiabilidad política de un partido de izquierda democrática como el Polo y complique el diseño de su estrategia y su táctica para conquistar las grandes mayorías de Colombia, las perspectivas de su consolidación serían mucho más promisorias. El problema es que la guerrilla, sobre cuya legitimidad original no tengo duda alguna, es un factor que hoy le brinda un magnífico pretexto a los sectores de derecha para descalificar cualquier propuesta de la izquierda. Esto la obliga a un muy difícil equilibrio, sobre todo en el contexto de la violencia que impera en Colombia: por una parte, a tomar distancia del grupo insurgente, cuyos objetivos y estrategia de lucha no comparte; por la otra, a rechazar el argumento de la derecha que equipara la guerrilla al bandolerismo rural, y afirmar, en cambio, la necesidad de una comprensión de las razones de fondo que dieron origen a la insurgencia guerrillera. Esto es, denunciar que su génesis encuentra su justificación en el anacronismo y el inmovilismo resultantes de las políticas del Frente Nacional y que la persistencia de la lucha armada en Colombia es el reverso de la medalla del fracaso de la democracia en este país”.

Por eso es que el concejal de Bogotá por el Polo Democrático, Roberto Sáenz, quien ha tenido notoriedad en los últimos días por ser hermano del nuevo comandante de las FARC, “Alfonso Cano”, ha señalado que es prioritario “entrar en un proceso de paz, porque este es otro holocausto inútil” que no permite construir democracia en Colombia.

Al fin y al cabo como lo sostiene el filósofo venezolano Carlos Kohn la violencia pasa por una modificación cualitativa a saber: “que el sentido de la convi­vencia, la necesidad cada vez más imperiosa de humanizar a la socie­dad en general, es obra de un diálogo existencial que ha surgido sobre la domesticación de los conflictos particulares; y el proyecto social, que explica lo existente y visualiza el futuro del cuerpo político”.

sábado, 5 de julio de 2008

Conflicto colombiano



Crónica de la Guerra

LOS EMBERA KATÍOS, VÍCTIMAS DEL FUEGO CRUZADO


Debieron desplazarse a Bogotá para visibilizar su cruda realidad ante el país.

POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

En medio de dos fuegos se debaten alrededor de 700 indígenas embera katíos de la comunidad Conondo del resguardo Tamí, en el municipio chocoano de Bagadó, desde hace más de dos años cuando comenzaron los incruentos combates de los actores del conflicto. La situación en esa población rural a 80 kilómetros de Quibdó es de permanente zozobra, pues las tropas adscritas al Batallón Alfonso Manosalva Flores combaten contra tres grupos insurgentes: el frente 34 de las FARC, el frente Manuel Hernández del ELN y un grupo disidente de esta organización subversiva llamado Ejército Revolucionario Guevarista. El panorama en esa región “es de miedo, desprotección y hambre”, afirma en diálogo con CRONICÓN.NET, Avelino Arce, líder de esa comunidad aborigen.

Debido a los constantes enfrentamientos entre militares y guerrilleros, los indígenas enfrentan una alarmante situación porque no pueden sacar desde hace tres meses sus productos agrícolas ni adquirir sus provisiones, dado que el Ejército tiene bloqueada la vía que conduce a Santa Cecilia, el último corregimiento de Risaralda que limita con el Chocó.

Esta comunidad indígena del suroccidente chocoano se encuentra abandonada a su suerte, no cuenta con servicios de salud ni educación, menos con infraestructura básica en materia de servicios públicos y el conflicto armado les ha arrebatado su tranquilidad y también su hábitat.

Mientras la guerrilla instala minas antipersonales en buena parte del resguardo donde esta comunidad siembra sus cultivos de pan coger, el Ejercito montó campamentos de combate dentro de las cabeceras del resguardo y se abastece arrebatándoles a los indígenas los productos agrícolas y los animales que ellos cultivan y cuidan, con lo cual encontró una excelente fuente de provisión.

Comienza el drama

Alfonso Manukama Arce, gobernador del cabildo relata que en Conondo se vivía en tranquilidad y sosiego hasta cuando el 19 de diciembre de 2005 irrumpieron la cotidianidad de los indígenas cuatro ruidosos helicópteros que bajaron de las alturas y de los cuales salieron una gran cantidad de soldados armados hasta los dientes que comenzaron a requisar los ranchos, pisotear los sembrados y a maltratar de palabra y de obra a la comunidad, acusándola de ser cómplice de la subversión.

El ventarrón y el ruido que producían los helicópteros artillados generaron estupor entre varios indígenas, sobre todo en los niños, que buena parte de ellos huyeron despavoridos monte adentro.

La orden era perentoria: acabar a como dé lugar el frente 34 Aurelio Rodríguez de las FARC que opera en esa región chocoana. Si bien la guerrilla merodea “nuestro resguardo nunca nos ha causado daño”, coinciden en señalar los líderes Arce y Mankuama.

Tres meses después, el 12 de marzo de 2006 en horas de la tarde, el Ejército volvió a Conondo donde protagonizó un fuerte combate con la guerrilla en medio de la población indígena que atemorizada buscaba refugio. El resultado: siete aborígenes heridos y un niño muerto, así como la destrucción de una docena de viviendas. A partir de ese día los bombardeos desde los helicópteros no han parado y simultáneamente los indígenas también deben soportar los atropellos de la Policía. En efecto, el sábado 26 de mayo de 2007, mientras la comunidad preparaba el desayuno el ESMAD (Escuadrón Móvil Anti Disturbios) de la Policía arrinconó frente a las aguas del río San Juan a varios niños y adolescentes indígenas, entre ellos a Gloria Inés Arce de 6 años de edad, quien está desaparecida aunque se presume que se ahogó como consecuencia de la brutalidad policial. En esos hechos también fueron victimas de las acciones policiales una niña de tan sólo seis meses que murió por efecto de los gases lacrimógenos y tres mujeres emberas katíos que estaban embarazadas fueron afectadas por los gases, hasta tal punto que llegaron en muy malas condiciones a sus viviendas y después abortaron.

Se rebotó la copa

La paciencia de este resguardo indígena ante los atropellos y las injusticias de la fuerza pública no se pudo contener más. El hecho que rebosó la copa fue el pasado 14 de mayo cuando el Ejército incrementó el número de hombres en el resguardo. La soldadesca llegó maltratando a los pobladores, revisaron a la fuerza sus ranchos, tumbaron enseres, techos y arrasaron con todos sus cultivos. Su propósito era capturar guerrilleros y encontrar material bélico, por cuanto que hacía unos pocos días las FARC se habían tomado el corregimiento chocoano de San Marino y el Ejército tenía militarizada la zona. Sin embargo, no encontraron absolutamente nada y luego de los destrozos que causaron se fueron lanzándoles amenazas en el sentido de que si no desalojaban el resguardo continuarían los bombardeos.

En medio de tanto atropello y humillación y al hecho de que la guerrilla retuviera a un indígena del resguardo para sacarle información, la comunidad decidió movilizarse para denunciar a la fuerza pública por su proceder y solicitar al gobierno nacional reparación por los daños ocasionados. Por esa razón, entre el 28y 29 de mayo 134 indígenas embera katíos, llegaron al la Terminal de transportes de Bogotá, entre ellos 91 menores de edad, para visibilizar su cruda realidad ante el país. Es la primera vez en muchos años que Bogotá recibe un éxodo de tales proporciones. Pese al drama, el Gobierno Nacional a través de la Oficina de Acción Social se negó a reconocerlos como desplazados de la violencia porque el informe de que rindió el Ejército no acepta los desmanes cometidos. En contraste, la atención que recibieron fue gracias al Gobierno Distrital del alcalde Samuel Moreno Rojas y la Personería a cargo de Francisco Rojas Birry.
Secretaría de Gobierno lidera atención y custodia
Ante esta crisis humanitaria y la despreocupación por parte del Gobierno Nacional, la Secretaría de Gobierno de la capital a cargo de Clara López Obregón, determinó ejecutar un Plan de Manejo Unificado con la colaboración de otras entidades del Distrito como la Personería, el IPES, Misión Bogotá, Secretaría de Salud, y Secretaría de Integración Social, la Cruz Roja Colombiana y Corabastos, para coordinar las acciones que permitan atender en forma digna a estos colombianos indígenas víctimas del conflicto y buscar los mecanismos para que puedan retornar a sus tierras.

La Secretaría de Gobierno trabaja como garante para que Acción Social de la Presidencia de la República se comprometa en la reparación a estos compatriotas por los daños ocasionados en su territorio por parte de la fuerza pública y puedan retornar a su resguardo en mejores condiciones socioeconómicas y de seguridad, comenzando por la desmilitarización de su resguardo.

viernes, 13 de junio de 2008

NEOLIBERALISMO


La batalla ideológica en Colombia contra el TLC la ganamos, afirma

“EN AMÉRICA LATINA HAY UNA SITUACIÓN DE REBELDÍA QUE BUSCA ENFRENTAR AL NEOLIBERALISMO”: JORGE ENRIQUE ROBLEDO


POR FERNANDO ARELLANO ORTIZ

Para el senador colombiano del progresista partido Polo Democrático Alternativo, Jorge Enrique Robledo Castillo, el reto de los países latinoamericanos es claro: “no pueden hacer otra cosa que resistir, pues si nos doblegamos renunciaremos para siempre a resolver nuestros problemas seculares”.

Pero, al mismo tiempo, agrega, es prioritario e indispensable para enfrentar el malhadado modelo económico del “libre comercio”, insistir “en la integración entre todas las naciones, sin excepción alguna, pero empezando por las vecinas y las latinoamericanas y, eso sí, para lograr intercambios de beneficio recíproco que se fundamenten en el respeto mutuo y en el más celoso respeto de las soberanías nacionales, y con el objetivo también de proteger y fortalecer los mercados internos de cada país, porque de su vigor depende el éxito en lucha contra la pobreza”.

Robledo es un destacado dirigente de la izquierda colombiana que ha liderado una tenaz lucha contra las políticas neoliberales impuestas en Colombia desde la década de los 90 y un contundente opositor al Tratado de Libre Comercio (TLC) que la bancada republicana de los Estados Unidos quiere imponer a Colombia con plena anuencia del gobierno derechista de Álvaro Uribe Vélez pero que, por una serie de factores políticos, no ha podido aún aprobarse en el Congreso norteamericano.

En ese sentido este congresista colombiano ha sido un vehemente defensor de la soberanía nacional y ha dado en los últimos ocho años una serie de debates en el Senado, en la prensa, en los foros y en la academia, que ha permitido a amplios sectores de la opinión pública nacional asimilar los efectos perniciosos y los riesgos que se ciernen para la economía de Colombia si se aprueba el TLC.

A Robledo, un arquitecto de profesión, que buena parte de su vida se la ha pasado en la Universidad ejerciendo la docencia en temas socioeconómicos, le ha servido su amplia experiencia de profesor para explicar en forma didáctica y coherente a los colombianos los alcances del neoliberalismo y su sustento: el mal llamado “libre comercio”, un artilugio que utilizan sus defensores para que los países subdesarrollados abran sus economías, mientras que, en contraste, las grandes potencias las mantienen cerradas, aplicando políticas proteccionistas y subsidiando su producción.

La conjunción de docencia, investigación y política es el sustento de la trayectoria del senador Robledo, quien antes de acceder a una curul en el Senado de Colombia, fue el impulsor del Movimiento de Salvación Agropecuaria que organizó como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales que devastaron el sector rural colombiano.

En 2002 llegó por primera vez al Congreso, destacándose por haber asumido desde un principio una posición nacionalista y, fundamentalmente, por defender los intereses de los pequeños y medianos agricultores. En 2006 fue reelegido al Senado por el Polo Democrático Alternativo, obteniendo un apreciable apoyo electoral.

Por ser un referente en Colombia de la lucha contra el modelo económico inicuo e inequitativo imperante, CRONICÓN.NET lo invitó a reflexionar sobre la coyuntura latinoamericana y colombiana.

INMENSA CORRIENTE ANTIGLOBALIZACIÓN

-Hoy en América Latina se habla de Socialismo del siglo XXI, dado el ascenso de sectores de izquierda en varios países del hemisferio. ¿En un país como Colombia, atravesado por el conflicto armado, que connotación tiene el denominado Socialismo del siglo XXI?

-Yo pienso que lo que hay en América Latina con independencia de las denominaciones, porque cuando se trata de categorías sociales hay que empezar por definirlas y no quiero meterme en ese enredo, es una evidente e inmensa corriente antioneoliberal, antiglobalización y antiimperialista contra Estados Unidos. Ahora que cómo llamamos eso no creo que importe, lo cierto y el hecho concreto es que hay una situación de rebeldía que busca enfrentar al neoliberalismo, a las privatizaciones, a la apertura, a los tratados de libre comercio, o sea al imperialismo.

-En medio de esta rebeldía contra el neoliberalismo, ¿considera usted que en los países donde gobierna la izquierda ha irrumpido un nuevo modelo económico, pese a que el economista norteamericano Albert Hirschmann y el presidente ecuatoriano Rafael Correa coinciden en afirmar que no hay que casarse con modelos?

-Eso tampoco está muy claro, lo que se presenta es una especie de fuerza nacionalista y avanzar hacia un nuevo modelo económico digamos con franqueza que no es nada fácil porque estamos hablando de unos países enfrentados a una dominación imperialista muy grande y un poder de Estados Unidos invencible, o sea que hay es una especie de tanteo, viendo haber qué forma va a poder tomar el asunto y por supuesto muy ajustado a las realidades nacionales, no es lo mismo un país que otro. Lo cierto es que los pueblos están buscando salidas y en ese proceso aún no hay claridad.

-¿El Polo Democrático Alternativo está planteando un modelo económico para Colombia sustentado fundamentalmente en qué?

-Lo que el Polo debe proponer si lo que se trata es de enfrentar al neoliberalismo, son cuatro puntos que por supuesto se dicen más fácil de lo que se logran y que tiene que ver con la defensa de la producción, el trabajo, la democracia auténtica y la soberanía. De esos cuatro aspectos debe salir la solución a los problemas colombianos y ya en los detalles se verá cómo abocarlos. Pero es que si un país no tiene producción, no tiene trabajo en el sentido de desarrollarlo y protegerlo, no tiene democracia auténtica y no cuenta con soberanía, no tiene nada, y el primero de todos los pleitos es soberanía nacional. O sea que el gobierno que represente al pueblo colombiano debe tomar las determinaciones que considere convenientes al interés nacional, así no le guste a los Estados Unidos, o sean contrarias a las recetas del Fondo Monetario Internacional.

- Si bien Estados Unidos ha logrado concretar en los últimos años tratados de libre comercio con Chile, Perú y Centroamérica, se le cayó el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y no logró imponer los TLC con Ecuador y Bolivia; y el de Colombia está embolatado. ¿A que atribuye usted ese descalabro?

-Uno puede darle muchas interpretaciones a los distintos gobiernos que llamamos de izquierda en América Latina, pero si hay un común denominador y es que los pueblos están rebelados contra el neoliberalismo. Pueda que no se sepa muy bien cuál es la solución, puede que los pueblos no sean muy conscientes de las circunstancias y las desigualdades, pero hay un sentimiento y es que la gente no quiere neoliberalismo. Y cuando digo la gente me estoy refiriendo al pueblo raso y a sectores de las burguesías, puesto que hay que ser muy cipayo como burgués, o muy ignorante o muy pusilánime, o las tres al mismo tiempo, para aceptar este tipo de cosas. Ahora qué va pasar, no sé, pero la rebeldía del pueblo si es muy clara.

-Usted que como congresista recorre con mucha frecuencia las diversas regiones de la geografía colombiana, ¿considera que en los sectores sociales y populares si hay conciencia de la amenaza y el peligro que representa el TLC con Estados Unidos?

-Yo diría que esta batalla ideológica contra el TLC la ganamos y reclamo este triunfo para el Polo y para toda la izquierda, así terminé habiendo tratado de libre comercio con Estados Unidos. ¿Por qué digo que la ganamos? Porque logramos hacer el más grande debate sobre economía en la historia de Colombia en torno a esto. Aquí nunca había habido una propuesta económica que tuviera el debate que originó este tema, y nunca había habido una política económica con más repudio ciudadano como el que ha generado el TLC y puede que al final lo terminen imponiendo, pero aquí hubo un momento en que las encuestas nos pusieron 50% de favorabilidad y eso es un triunfo muy grande de toda esta corriente democrática del país porque lo pusimos en líos al gobierno. Es más, en buena medida ¿por qué el TLC no está aprobado?, porque fue tan duro el debate en algún momento y tal la debilidad del gobierno que tuvieron que alargar y alargar bregando a mejorar la correlación de fuerzas internas en Colombia y cuando tomaron la decisión de irse por la calle del medio se les había desbaratado el calendario en Estados Unidos. Pero el punto crucial es que cuando van al Congreso norteamericano llegan un año y medio tarde por la resistencia ciudadana, eso demuestra que hay un avance muy grande en la conciencia de muchos sectores del pueblo colombiano y todo esto en medio de un montaje ideológico y del gobierno de Uribe que es tan habilidoso en el engaño, o sea que la labor que hicimos fue excelente.

- ¿Usted considera que gane quien gane en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos el tema del libre comercio se vuelve a poner dentro de la agenda de la Casa Blanca o la situación económica norteamericana de estancamiento no lo va a permitir?

- El imperialismo es una política bipartidista y de Estado en los Estados Unidos y por lo tanto a mí no me sorprendería que terminaría aprobándose el TLC con Colombia, pero también es cierto que hay una serie de factores y va a depender mucho del resultado electoral. Si los demócratas ganan Congreso y Presidencia se puede embolatar la aprobación, aunque hay que decir que antes de noviembre no habrá TLC de ninguna manera. Me parecería muy extraño si ganan los demócratas que haya tratado en el corto plazo, porque les queda muy difícil oponerse durante la campaña y una vez obtienen la victoria aprobarlo. Dependerá también en gran medida lo que ocurra con la economía norteamericana. Si la economía estadounidense sigue hacia abajo y se agudiza una crisis social eso va a contar bastante porque cada vez el ciudadano corriente norteamericano vincula su pobreza y su desempleo con el libre comercio y ahí hay una liebre que podría saltar.

- ¿Cuál es el análisis que usted hace de la coyuntura económica colombiana?

- El crecimiento económico del 6 o 7 por ciento del producto interno es nominalmente bueno, pero se necesita más que eso, y por muchos años, para sacar a Colombia de la pobreza. El otro hecho evidente es que es un crecimiento concentrado en tres o cuatro grandes negocios y negociantes: banca, exportaciones, buena parte de ellas de minería y petróleo; sector inmobiliario grande que mueve plata del narcotráfico, pero eso al pueblo no le llega en proporciones suficientes para que haya un cambio en la situación social del país. De conjunto las cosas no cambian porque el modelo económico y su modo de concentración de riqueza de transnacionales, de capital financiero, de parasitismo, de bajar salarios a los trabajadores, de subir impuestos a los pobres y de bajárselos a los monopolios, constituye un modelo absolutamente antisocial en lo económico y en lo político. Es un modelo de extrema derecha de lo más reaccionario que se pueda concebir.

- ¿A que se puede atribuir el hecho de que pese a la denominada parapolítica y a los procedimientos non sanctos utilizados para obtener la reelección presidencial, Álvaro Uribe Vélez sigue manteniendo altos niveles de popularidad, acaso a la manipulación mediática y a una bien montada estrategia de marketing político?

- Yo diría que hay tres hechos: uno que está sobre la base de todo, un cierto crecimiento de la economía. Mi teoría es que a Andrés Pastrana los colombianos no lo quieren no tanto es por el Caguán sino porque la gente durante su gobierno perdió la casa, el carro, la finca, el empleo, los salarios y ello termina asociándolo con el fracaso de la zona de distensión y con la guerrilla. Esto le cambia las cosas a Uribe porque durante su mandato ha habido más plata y si bien al pueblo no le llega en grandes cantidades algo le llega y las capas medias se benefician y eso genera expectativas favorables. Un segundo hecho es que Colombia está hasta la coronilla del secuestro, de la extorsión, de la violencia, llevamos medio siglo en este conflicto y Uribe pueda que no resuelva ese problema pero lo intenta y mucha gente le premia eso y se siente identificada con su lenguaje de descalificación, así eso no sea muy útil. Y hay un tercer asunto que hay que reconocerle y es que Uribe es un manipulador como yo creo que no se recuerde en la historia de Colombia, porque es un inescrupuloso absoluto, no tiene escrúpulos para nada, para tergiversar, falsificar, mentir, comprar conciencias. Esos inescrupulosos absolutos resultan ser muy fuertes a la hora de engañar, lo que ninguno de los demagogos de Colombia, y este es un país de demagogos y manipuladores, se ha atrevido hacer, todo lo ha podido hacer Uribe y eso le ha dado mucha fuerza.

- Un poco a lo Fujimori…

- No, a lo Goebbels, es que este es un inescrupuloso absoluto, hace lo que tenga que hacer para conseguir su propósito: miente, engaña… Por ejemplo, esa cosa de los consejos comunitarios solo en una mente enferma se le puede ocurrir que esa es una manera de engañar a la gente, incluso a un costo personal altísimo en el sentido del desgaste que eso le significa.

- ¿La parapolítica y la “Yidispolítica” no terminará carcomiendo por si sólo al régimen uribista?

- Eso y todo, ahí hay un desgaste, así no se exprese de manera inmediata, pero lo que se puede decir es que hay como un bomba de agua o de aire llenándose, son muchas las cosas que van llenando eso y la parapolítica y la “Yidispolitíca” contribuyen muchísimo a eso, pero además es todo: la politiquería, la corrupción, las mentiras, las maniobras, los problemas económicos de la gente. Aquí no hay ningún reloj de la desgracia nacional que se haya parado, todo eso está sumando. Ahora, cuándo suma tanto que puede producir un quiebre, un cambio de calidad en la situación cualitativamente, eso es lo que nadie sabe.

- Pero no hay mal que dure cien años…

- Sí, yo creo que eso es así, y hay una cosa para echarle ojo y es la economía que se está deteriorando y eso puede resentir uno de los fundamentos del régimen.

- Usted ha señalado que uno de los retos del Polo Democrático es generar mayor movilización y protesta sociales. ¿En esto el Polo está rezagado porque le falta mayor acción política para liderar los procesos sociales y sacudir la opinión nacional?

- Al Polo también lo afecta la confusión nacional. Ningún partido por bueno que sea, y el Polo es bastante bueno, es inmune a las corrientes que cruzan la sociedad. Si la sociedad colombiana está desmovilizada, confundida, eso a nosotros nos afecta y nos hace más difícil jugar nuestro papel. Dicho eso, también hay que señalar que hay cierta confusión al respecto. Cuando al Polo lo creamos, todos coincidimos en que este no es un partido parlamentario y ese es uno de sus valores, pero a ratos en los hechos pareciera que se le da demasiada preponderancia a dos cosas que son importantes pero que no pueden ser las únicas y es a la labor parlamentaria y ahí me refiero a los congresistas, concejales, diputados; y dos, a la presencia en los medios. Y lo que tiene que ver a la movilización social creo que no la estamos estimulando lo suficiente. Y cuando hablo de movilización me refiero a todo lo que ello concierne: el número de volantes que repartimos, el número de marchas que convocamos, el número de conferencias que dictamos, el entusiasmo que le ponemos a todas estas actividades, ahí creo que nos quedamos bastante cortos.

- ¿Cuál es el reto del Polo Democrático Alternativo en este momento de confusión para Colombia, pero simultáneamente cuando se recibe la solidaridad de diversos sectores políticos y sociales de izquierda de América Latina?

- El primer reto del Polo es mantener el rumbo de izquierda de esta nave, porque es evidente que el uribismo está haciendo un esfuerzo inmenso por corromperlo, por mellarle el filo, por convertirlo en una izquierda de bolsillo, adocenada, una izquierda uribista, ese es el principal problema que tenemos. Si perdemos eso, estamos muertos y el propósito del uribismo y en general de la derecha colombiana contra el Polo en ese sentido es absolutamente evidente.

- ¿Usted cree que el uribismo en lo que le resta de gobierno va a tener actitudes retaliatorias contra la gente del Polo por sus posturas progresistas e ideológicas?

- Sí, así va a hacer, es más, con actiudes macartistas. ¿Por qué el uribismo ataca tanto al Polo y el propio Uribe? Nos acusan de ser de la guerrilla y saben que eso no es verdad. Yo suelo decir que nos atacan por lo que no somos, por lo mucho que nos odian, por lo que si somos. Si este partido no fuera un partido antiimperialista, si no reivindicáramos soberanía nacional, producción, trabajo, antineoliberalismo, no nos acusarían de guerrilleros sino que nos tratarían con guante de seda, porque nuestro pleito con Uribe es programático. Si el Polo llega a arrear sus banderas esté seguro que nadie volverá a decir que somos amigos de la guerrilla o infundios de estos.